La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de BCS aprobó el pasado jueves el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se reforma el Artículo 343 del Código Penal estatal, para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos quirúrgicos estéticos practicados de manera indebida.

La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas Parra, la cual plantea incorporar como conducta sancionable la realización de procedimientos quirúrgicos de orden estético en personas menores de edad cuando no se cuente con la autorización expresa de madres, padres o tutores, y cuando dichos procedimientos no tengan fines estrictamente reconstructivos para mejorar la calidad de vida.

El dictamen aprobado determina que, en los casos en que se pretenda autorizar una cirugía de esta naturaleza en una persona menor de edad, deberá acreditarse legalmente el ejercicio de la patria potestad o tutela, además de contar con un dictamen médico que justifique la necesidad del procedimiento y un dictamen psicológico que certifique que la persona menor de edad posee la madurez física y emocional suficiente para comprender sus implicaciones y riesgos.

Olivas Parra precisó que lo que se busca con la reforma aprobada es que el Poder Legislativo cierre cualquier espacio de riesgo, prevenir abusos y garantizar una mayor tutela del interés superior de la niñez, particularmente ante intervenciones que pueden comprometer la integridad física, emocional y el desarrollo de las y los menores.

El dictamen y análisis estuvo a cargo de dicha Comisión integrada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, presidente; Fernando Hoyos Aguilar, secretario; y Sergio Guluarte Ceseña, secretario.

En el régimen transitorio se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, se precisa que los procedimientos penales iniciados con anterioridad continuarán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro expresó su respaldo a una reforma que fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes ante procedimientos médicos de riesgo y recordó que dicha reforma está fundamentada en el caso de “Melany”, la cual busca garantizar mayor seguridad y bienestar para la niñez sudcaliforniana.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, realizó este día una proposición con punto de acuerdo  con el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal a hacer una consulta pública sobre el proyecto Santuario del Tío Checo que pretende instalarse en la Sierra de la Laguna.

Proponen que se realicen consultas públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y en las zonas rurales aledañas a la Sierra de la Laguna sobre la posible autorización del proyecto.

Se busca, además, solicitarle a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que se niegue cualquier permiso, autorización o solicitud que atente contra la Sierra de la Laguna, o que pongan en riesgo la disponibilidad y calidad del vital líquido, en razón de su importancia ambiental y de la evidente escasez de agua en Baja California Sur.

“Investigadores especialistas del Cibnor han advertido que la introducción de fauna sin un análisis multidisciplinario puede alterar gravemente el equilibrio ecológico del ecosistema y generar impactos difíciles de revertir”, señaló Olivas Parra.

Por lo que, en atención a lo antes señalado, la diputadaOlivas Parra, consideró necesario y urgente disipar dudas, que las autoridades en materia ambiental escuchen a la ciudadanía e informen los elementos técnicos del proyecto, a fin de que la sociedad esté debidamente informada sobre aquello que pudiera afectar su entorno.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra promueve un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado llame a la Semarnat y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que nieguen cualquier autorización o solicitud que atente contra áreas naturales de Baja California y Baja California Sur, y pongan en riesgo la disponibilidad del agua.

La legisladora se pronunció para que las dependencias federales del ramo ambiental, prioricen  la protección del derecho humano del acceso al agua potable de la población del municipio de Mulegé, el cual ve amenazado su acceso al agua potable por el proyecto minero El Arco que pretende instalarse en el Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios.

Durante la sesión de la Diputación Permanente del 3 de febrero, Olivas Parra estableció en su propuesta que se exhorte a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, a la Conanp y a la Conagua, para que  consulten públicamente y realicen un análisis de viabilidad jurídica de protección ambiental, y uso y aprovechamiento sustentable del agua, ante el impacto ambiental que provocaría el proyecto y la evidente escasez de agua en BCS.

La Diputada del PT advirtió sobre la magnitud de la empresa que busca instalar una de las minas más grande del mundo, con una capacidad de hasta 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro al año; explotaría un tajo a cielo abierto en una superficie de poco más de 50 mil hectáreas, dentro del Valle de los Cirios, por un lapso de 50 años.

Estaría ocupando en su proceso de lixiviación el 50% del agua del acuífero de El Vizcaíno, más de 9 millones de metros cúbicos de agua, acuífero que en este momento está en equilibrio, es decir no tiene un solo litro más para concesionar.

Afirmó que el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios establece limitantes que no cumple dicho proyecto, como lo son las técnicas tradicionales bajo esquemas de sustentabilidad.

La propuesta fue turnada a comisiones unidas del Agua y de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa mediante la cual busca poner fin a la impunidad concebida por el miedo de muchas personas, principalmente de mujeres, que no denuncian actos de violencia de los cuales son víctimas, o bien, cuando solicitan apoyo de las autoridades y una vez atendida la solicitud, optan por otorgan el perdón, en muchas de las ocasiones por amenazas, lo que imposibilita la acción del Estado.

La promovente añadió que, de igual modo se busca ampliar las penas en una mitad en su mínimo y máximo, cuando la víctima: sea menor de edad, incapaz de comprender el significado del hecho; sea una persona con discapacidad o adulto mayor o mujer en estado de embarazo; así mismo, dentro de las consecuencias para quien violente en el ámbito familiar se le castigue con la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, como el derecho de pensión alimenticia.

Lo anterior en atención al informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 con corte al 30 de septiembre de 2025, en el que BCS ocupa el sexto lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con una tasa de 388.36 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa nacional de 159.26; el tercer lugar en la tasa de lesiones dolosas contra mujeres; el quinto lugar en la tasa de violencia familiar; y el décimo tercer lugar en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Por último, la promovente subrayó que la violencia familiar tiene consecuencias graves en la salud física, psicológica y social de las víctimas; además, la violencia familiar puede tener un impacto generacional, ya que los niños que son testigos de la violencia en el hogar tienen un mayor riesgo de experimentar violencia en sus propias relaciones y de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Por tanto, consideró crucial abordar la violencia familiar y proporcionar apoyo a las víctimas para prevenir las graves consecuencias.