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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa mediante la cual busca poner fin a la impunidad concebida por el miedo de muchas personas, principalmente de mujeres, que no denuncian actos de violencia de los cuales son víctimas, o bien, cuando solicitan apoyo de las autoridades y una vez atendida la solicitud, optan por otorgan el perdón, en muchas de las ocasiones por amenazas, lo que imposibilita la acción del Estado.

La promovente añadió que, de igual modo se busca ampliar las penas en una mitad en su mínimo y máximo, cuando la víctima: sea menor de edad, incapaz de comprender el significado del hecho; sea una persona con discapacidad o adulto mayor o mujer en estado de embarazo; así mismo, dentro de las consecuencias para quien violente en el ámbito familiar se le castigue con la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, como el derecho de pensión alimenticia.

Lo anterior en atención al informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 con corte al 30 de septiembre de 2025, en el que BCS ocupa el sexto lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con una tasa de 388.36 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa nacional de 159.26; el tercer lugar en la tasa de lesiones dolosas contra mujeres; el quinto lugar en la tasa de violencia familiar; y el décimo tercer lugar en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Por último, la promovente subrayó que la violencia familiar tiene consecuencias graves en la salud física, psicológica y social de las víctimas; además, la violencia familiar puede tener un impacto generacional, ya que los niños que son testigos de la violencia en el hogar tienen un mayor riesgo de experimentar violencia en sus propias relaciones y de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Por tanto, consideró crucial abordar la violencia familiar y proporcionar apoyo a las víctimas para prevenir las graves consecuencias.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para reducir la tasa de mortalidad y prevenir la aparición de casos de cáncer de próstata, la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, con el objetivo de que la Secretaría de Salud establezca acciones preventivas y pruebas gratuitas de antígeno prostático.

La legisladora advirtió en tribuna que, lamentablemente, en Baja California Sur —como en el resto del país— sólo un porcentaje mínimo de hombres mayores de 45 años se realiza algún tipo de prueba para detectar este padecimiento, por lo que consideró necesario incentivar esta práctica a fin de evitar muertes innecesarias por falta de un diagnóstico oportuno.

Destacó que la importancia de la prueba de antígeno prostático radica en que, si se realiza a tiempo, permite diagnosticar el cáncer en sus fases iniciales, cuando es mayoritariamente curable. Por el contrario, cuando se detecta en etapas avanzadas, se reducen de manera significativa las tasas de supervivencia. Recordó que el cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres en México, y que la prevención y el diagnóstico temprano son factores decisivos para salvar vidas.

Olivas Parra puntualizó que se trata de una prueba sencilla, que consiste en un análisis sanguíneo para medir el nivel de concentración en la sangre del antígeno prostático, una sustancia producida por la próstata.

Su propuesta adiciona el artículo tercero de la Ley de Salud de Baja California Sur, para establecer entre las funciones de la Secretaría de Salud el:

“Establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y fortalecimiento de programas de detección oportuna de cáncer; para el caso de la población masculina se difundirá ampliamente la necesidad de que se realicen periódicamente la prueba de antígeno prostático a partir de los 40 años de edad”.

De acuerdo con la iniciativa, esta prueba deberá aplicarse de forma gratuita a las personas que acudan a las unidades de salud del Estado, reforzando así la detección oportuna del cáncer de próstata y la prevención de muertes evitables.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Buscando dar mayor seguridad a los automovilistas de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas Parra, propuso una iniciativa en materia de sanción de colisión vehicular simulada con fines de extorsión, que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”.

En ese sentido, propone reconocer la figura del “accidente simulado con fines de extorsión”, como una modalidad criminal autónoma; incorporar como agravantes el ejercer violencia contra las víctimas, actuar en pandilla o cuando se perpetre en contra de personas en situación de vulnerabilidad; y prever el pago de la reparación del daño, no solo material, sino moral.

La legisladora de la bancada del PT, arguye que Baja California Sur, enfrenta una amenaza creciente, una de las más peligrosas y recurrentes en zonas urbanas, es la que la ciudadanía ha denominado como “monta choques”, la cual consiste en provocar o simular accidentes de tránsito para extorsionar a las víctimas con amenazas, presiones o engaños; es decir, se trata de una forma de criminalidad organizada que mezcla elementos de fraude, extorsión, coacción y violencia psicológica, todo bajo el disfraz de un “hecho de tránsito”.

Son los denominados “montachoques”, que operan generalmente en células o grupos organizados, los cuales incluso pueden llegar a simular ser agentes de tránsito, ajustadores de aseguradoras o servidores públicos. Incluso, han llegado a retener personas contra su voluntad para forzarlas a pagar o entregar documentos, si bien estos casos apenas empiezan en nuestra entidad, en el interior de la república es pan de cada día.

En la mayoría de los casos, las víctimas de esta conducta, son mujeres que viajan solas, adultos mayores, jóvenes y turistas, a quienes se perciben como blancos fáciles por su perfil vulnerable.

Operan bajo una mecánica premeditada, un vehículo colisiona o simula haber sido impactado por otro automóvil, de forma leve o incluso sin contacto físico;  los ocupantes del auto provocador increpan al conductor víctima, a quien acusan de provocar el accidente; después, aparecen supuestos testigos o cómplices disfrazados de ajustadores, quienes amenazan con llamar a la policía, “retener” el vehículo o levantar cargos judiciales y  en este contexto de presión, miedo e incertidumbre, la víctima accede a entregar dinero o firmar documentos sin comprender el alcance legal de sus actos.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión Puntos Constitucionales y de Justicia, implica adicionar que un artículo 352 Bis al Capítulo II denominado “Ataque a la Seguridad del Tránsito Vehicular”, que contempla delitos como el “ataque a la seguridad del tránsito vehicular y la conducción en estado de ebriedad”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XVII Legislatura de Baja California Sur aprobaron dos importantes iniciativas en materia de combate y erradicación de diferentes tipos de violencia contra la mujer; se trata de la “Ley Melanie” que previene y castiga la violencia en el noviazgo y de la “Ley Monse” que penaliza casos de encubrimiento de familiares o amigos de responsables de los delitos de feminicidio y homicidio.

La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidió con la promotora de ambas iniciativas de reformas al Código Penal estatal, la diputada Karina Olivas Parra.

La iniciativa de la “Ley Melanie” busca prevenir y castigar la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra la mujer. Fue equiparada al delito de violencia familiar, en su Artículo 202, evocando el postulado de que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler.

Este paso legislativo fortalece al marco jurídico estatal, ya que se suma a la armonización vigente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo quinto, donde se reconoce como un tipo de violencia familiar.

En el caso de la “Ley Monse”, la comisión dictaminadora observó viable la propuesta que armoniza el Código Penal de BCS con la reforma que hizo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Código Penal federal en octubre de 2022.

Se elimina de las excusas absolutorias en los casos de encubrimiento de un responsable de feminicidio u homicidio, es decir ni parejas, familiares, ni amigos u otra persona a fin, será eximido de responsabilidad penal como ocurría con la legislación anterior a la reforma penal.

“Estamos mandando un mensaje muy claro a la sociedad sudcaliforniana de que estamos ocupados en fortalecer el marco jurídico que permita a las mujeres su desarrollo pleno, y libre de violencia. Pero al mismo tiempo de que habrá un castigo”, estableció el dictamen.