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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Ley Alina”, la cual tiene como propósito garantizar justicia para las mujeres que se defienden de la violencia, evitar su criminalización y reconocer la legítima defensa como una reacción humana ante un peligro real, y no como un delito.

La propuesta se inspira en el caso de Alina Narciso Tehuaxtle, una mujer policía que fue sentenciada a 45 años de prisión tras defenderse de su pareja agresor. Después de permanecer más de 3 años en prisión, fue liberada en 2023, al comprobarse que actuó en un contexto de violencia de género y en defensa de su vida.

La iniciativa plantea reformar el Código Penal del Estado con el objetivo de establecer que se presuma la legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando una mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o se encuentre en riesgo de sufrirla.

Asimismo, se propone que no se considere exceso en la defensa si la mujer actúa en un estado de miedo, terror o confusión que afecte su capacidad de racionalizar la respuesta o los medios empleados. También se establece que las autoridades deberán juzgar estos casos con perspectiva de género y enfoque inter seccional, y que el mismo criterio se aplique cuando una persona actúe en defensa de una mujer en peligro.

Esta iniciativa ya ha sido aprobada en estados como Baja California y Tamaulipas, y presentada en entidades como Chihuahua, Estado de México y la Cámara de Diputados federal.

Con esta iniciativa, se busca contribuir al cierre de brechas de desigualdad, erradicar la violencia contra las mujeres y brindar herramientas jurídicas que protejan a quienes han sido víctimas y han actuado en defensa propia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Baja California Sur con el objetivo de reconocer y sancionar legalmente el acoso laboral y el acoso laboral por razón de género.

La propuesta busca que este tipo de conductas ya no queden impunes y tengan consecuencias legales claras, aun cuando no tengan connotación sexual.

La iniciativa se fundamenta en leyes nacionales e internacionales que promueven el derecho a un trabajo libre de violencia, especialmente para las mujeres. Además, se apoya en datos recientes que evidencian la magnitud del problema: casi el 44% de las personas profesionistas han sufrido acoso laboral, y muchas de ellas han tenido que renunciar por estas situaciones.

Actualmente, el Código Penal de BCS solo contempla sanciones para el acoso y hostigamiento de tipo sexual, pero deja fuera otras formas de violencia laboral como humillaciones, burlas, sobrecarga de trabajo, exclusión o discriminación por razón de género. Por ello, la diputada propone crear un nuevo capítulo que incluya dos artículos: el 196 Bis y el 196 Ter.

El artículo 196 Bis definiría el acoso laboral general y establecería sanciones de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 300 UMA. En tanto, el artículo 196 Ter abordaría el acoso laboral por razón de género, con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de hasta 500 UMA.

La iniciativa también contempla agravantes. Si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o si el agresor es un servidor público o candidato a un cargo de elección popular, las sanciones podrían aumentar a 3 a 8 años de prisión, además de multas mayores y la inhabilitación o retiro de candidatura.

La reforma aplicaría tanto en el sector público como en el privado, y en trabajos formales e informales. Entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputa Karina Olivas Parra presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a Profepa en BCS, Semarnat y Ayuntamiento de La Paz, a que atienda las denuncias presentadas por ciudadanos en relación a las dunas de “San Sebastián” del municipio de La Paz, por posibles daños ambientales debido a la construcción de un desarrollo inmobiliario.

Argumentó que las dunas son la primera defensa con que cuenta el municipio de La Paz contra los temporales, ya que conforman una barrera natural que protege todo lo que hay detrás de ellas, como poblaciones, campos de cultivo y humedales; por lo que, su importancia ambiental se centra en su función como un reservorio de arena permitiendo que las playas se regeneren de forma natural, además de albergar una gran biodiversidad con especies específicas que son únicas de estos ecosistemas.

Por lo que a fin de proteger una zona sumamente valiosa para la comunidad todosanteña, así como para evitar lo sucedido en las zonas de los Cerritos y El Pescadero donde las dunas fueron derribadas para la construcción de ambiciosos proyectos inmobiliarios de manera irregular, “como representante popular y defensora de las causas ambientales, traigo a esta honorable asamblea la denuncia popular y preocupación ciudadana con el objeto de exhortar a Profepa y Semarnat que son estas entidades las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y proteger el medio ambiente”, afirmó en tribuna.

Olivas Parra precisó que, si bien las dunas están protegidas por el sub Programa de Desarrollo Urbano, de acuerdo con los vecinos de la zona, la inmobiliaria a través de estrategias legales ha buscado evitar el requisito de la manifestación de impacto ambiental, simulando que el proyecto es una vivienda unifamiliar, cuando se ha fraccionado el proyecto para hacerlo especulativo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso tipificar el delito de turismo sexual en la legislación estatal, mediante una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, que adiciona el Artículo 169 Bis, enmarcado en el delito de “Corrupción de menores con fines de turismo sexual”.

Actualmente, el Código Penal sudcaliforniano sólo contempla el delito de corrupción de menores, en tanto que el turismo sexual infantil se encuentra tipificado en el Código Penal federal y varios Estados de la república han legislado al respecto.

“Es el momento en que el Estado de Baja California Sur actualice su legislación Penal en esta materia”, afirmó la legisladora al presentar la iniciativa. Y es que explicó que el tipo penal vigente representa un modo abierto en el cual, podría o no, encuadrarse la figura del “turismo sexual”, y dado que la conducta resulta muy lesiva para la sociedad, se debe especializar en un tipo penal agravado, en el cual se castigue a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado para practicar turismo sexual (Artículo 169 Bis).

La propuesta establece pena de prisión de 8 a 16 años y multa de 500 a mil quinientas días, “a quienes ingresen al territorio del Estado con la finalidad de realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, actos de desnudo corporal con fines lascivos, prácticas sexuales reales o simuladas con las personas a que hace alusión el párrafo que antecede con una sanción corporal y pecuniaria debe ser mayor que la del tipo penal básico de corrupción de menores”.

Olivas Parra afirmó en tribuna que su iniciativa no sólo busca proteger a niñas, niños y adolescentes, sino también, busca mejorar la imagen del sector turístico, fomentando un turismo responsable y ético que fortalezca la confianza de los visitantes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para fortalecer las funciones y atribuciones y reforzar su capacidad para diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas, políticas públicas, relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diputada Karina Olivas Parra propuso hoy, elevar a Secretaría de las Mujeres al actual Estatal al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES).

Con una iniciativa con proyecto de decreto, presentada este jueves, la legisladora de la bancada del PT afirmó que pretende asegurar que estas políticas reciban el apoyo y la atención necesarios para hacer una diferencia significativa en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, mejorando así, la prestación de servicios públicos y la implementación de políticas públicas o acciones afirmativas.

En su disertación detalló que, al transformarse en la Secretaría de las Mujeres se formalizaría el cambio de naturaleza jurídica del organismo descentralizado integrándolo como una nueva dependencia dentro del Poder Ejecutivo del Estado.

Esta transición implica una reestructuración, potencialización y redefinición de sus funciones, importancia, responsabilidades y recursos presupuestales.

“Buscamos brindar las herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos en la lucha por abatir las violencias, eliminar las desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en Baja California Sur”, dijo Olivas Parra.

Y es que, desde su óptica, se logrará una mayor coordinación interinstitucional en la toma de decisiones gubernamentales y la ejecución de acciones; mejor coordinación entre las distintas dependencias, optimizando recursos y esfuerzos para lograr un impacto en el diseño y aplicación de sus políticas públicas; y mayor capacidad de operar programas asistenciales, brindando apoyo directo a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad.