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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, realizó este día una proposición con punto de acuerdo  con el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal a hacer una consulta pública sobre el proyecto Santuario del Tío Checo que pretende instalarse en la Sierra de la Laguna.

Proponen que se realicen consultas públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y en las zonas rurales aledañas a la Sierra de la Laguna sobre la posible autorización del proyecto.

Se busca, además, solicitarle a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que se niegue cualquier permiso, autorización o solicitud que atente contra la Sierra de la Laguna, o que pongan en riesgo la disponibilidad y calidad del vital líquido, en razón de su importancia ambiental y de la evidente escasez de agua en Baja California Sur.

“Investigadores especialistas del Cibnor han advertido que la introducción de fauna sin un análisis multidisciplinario puede alterar gravemente el equilibrio ecológico del ecosistema y generar impactos difíciles de revertir”, señaló Olivas Parra.

Por lo que, en atención a lo antes señalado, la diputadaOlivas Parra, consideró necesario y urgente disipar dudas, que las autoridades en materia ambiental escuchen a la ciudadanía e informen los elementos técnicos del proyecto, a fin de que la sociedad esté debidamente informada sobre aquello que pudiera afectar su entorno.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra promueve un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado llame a la Semarnat y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para que nieguen cualquier autorización o solicitud que atente contra áreas naturales de Baja California y Baja California Sur, y pongan en riesgo la disponibilidad del agua.

La legisladora se pronunció para que las dependencias federales del ramo ambiental, prioricen  la protección del derecho humano del acceso al agua potable de la población del municipio de Mulegé, el cual ve amenazado su acceso al agua potable por el proyecto minero El Arco que pretende instalarse en el Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios.

Durante la sesión de la Diputación Permanente del 3 de febrero, Olivas Parra estableció en su propuesta que se exhorte a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, a la Conanp y a la Conagua, para que  consulten públicamente y realicen un análisis de viabilidad jurídica de protección ambiental, y uso y aprovechamiento sustentable del agua, ante el impacto ambiental que provocaría el proyecto y la evidente escasez de agua en BCS.

La Diputada del PT advirtió sobre la magnitud de la empresa que busca instalar una de las minas más grande del mundo, con una capacidad de hasta 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro al año; explotaría un tajo a cielo abierto en una superficie de poco más de 50 mil hectáreas, dentro del Valle de los Cirios, por un lapso de 50 años.

Estaría ocupando en su proceso de lixiviación el 50% del agua del acuífero de El Vizcaíno, más de 9 millones de metros cúbicos de agua, acuífero que en este momento está en equilibrio, es decir no tiene un solo litro más para concesionar.

Afirmó que el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios establece limitantes que no cumple dicho proyecto, como lo son las técnicas tradicionales bajo esquemas de sustentabilidad.

La propuesta fue turnada a comisiones unidas del Agua y de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa mediante la cual busca poner fin a la impunidad concebida por el miedo de muchas personas, principalmente de mujeres, que no denuncian actos de violencia de los cuales son víctimas, o bien, cuando solicitan apoyo de las autoridades y una vez atendida la solicitud, optan por otorgan el perdón, en muchas de las ocasiones por amenazas, lo que imposibilita la acción del Estado.

La promovente añadió que, de igual modo se busca ampliar las penas en una mitad en su mínimo y máximo, cuando la víctima: sea menor de edad, incapaz de comprender el significado del hecho; sea una persona con discapacidad o adulto mayor o mujer en estado de embarazo; así mismo, dentro de las consecuencias para quien violente en el ámbito familiar se le castigue con la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, como el derecho de pensión alimenticia.

Lo anterior en atención al informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 con corte al 30 de septiembre de 2025, en el que BCS ocupa el sexto lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con una tasa de 388.36 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa nacional de 159.26; el tercer lugar en la tasa de lesiones dolosas contra mujeres; el quinto lugar en la tasa de violencia familiar; y el décimo tercer lugar en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Por último, la promovente subrayó que la violencia familiar tiene consecuencias graves en la salud física, psicológica y social de las víctimas; además, la violencia familiar puede tener un impacto generacional, ya que los niños que son testigos de la violencia en el hogar tienen un mayor riesgo de experimentar violencia en sus propias relaciones y de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Por tanto, consideró crucial abordar la violencia familiar y proporcionar apoyo a las víctimas para prevenir las graves consecuencias.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para reducir la tasa de mortalidad y prevenir la aparición de casos de cáncer de próstata, la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, con el objetivo de que la Secretaría de Salud establezca acciones preventivas y pruebas gratuitas de antígeno prostático.

La legisladora advirtió en tribuna que, lamentablemente, en Baja California Sur —como en el resto del país— sólo un porcentaje mínimo de hombres mayores de 45 años se realiza algún tipo de prueba para detectar este padecimiento, por lo que consideró necesario incentivar esta práctica a fin de evitar muertes innecesarias por falta de un diagnóstico oportuno.

Destacó que la importancia de la prueba de antígeno prostático radica en que, si se realiza a tiempo, permite diagnosticar el cáncer en sus fases iniciales, cuando es mayoritariamente curable. Por el contrario, cuando se detecta en etapas avanzadas, se reducen de manera significativa las tasas de supervivencia. Recordó que el cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres en México, y que la prevención y el diagnóstico temprano son factores decisivos para salvar vidas.

Olivas Parra puntualizó que se trata de una prueba sencilla, que consiste en un análisis sanguíneo para medir el nivel de concentración en la sangre del antígeno prostático, una sustancia producida por la próstata.

Su propuesta adiciona el artículo tercero de la Ley de Salud de Baja California Sur, para establecer entre las funciones de la Secretaría de Salud el:

“Establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y fortalecimiento de programas de detección oportuna de cáncer; para el caso de la población masculina se difundirá ampliamente la necesidad de que se realicen periódicamente la prueba de antígeno prostático a partir de los 40 años de edad”.

De acuerdo con la iniciativa, esta prueba deberá aplicarse de forma gratuita a las personas que acudan a las unidades de salud del Estado, reforzando así la detección oportuna del cáncer de próstata y la prevención de muertes evitables.