FOTO: Archivo.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves pasado, el Procurador de Justicia de Baja California Sur, acudió al Congreso del Estado, para cubrir con el requisito de la farsa protocolaria del desglose del Tercer Informe de Gobierno. Como era de esperarse, fue una simulación intrascendente, que aprovecharon algunos diputados para su lucimiento personal. Para leer la comparecencia del Procurador, DA CLIC AQUÍ.

Se supone que el Procurador comparece para desglosar la información proporcionada por el Gobernador estatal, pero en realidad lo que hace es repetir verbalmente la información estadística —que ya obra en poder de los diputados—, leyendo sus apuntes, sin aprovechar para la presentación, los costosos recursos de proyección audiovisual con que cuenta el recinto legislativo, lo que hace tediosa y poco objetiva la comparecencia.

Lo más grave es que el Procurador se limita a dar cifras y cuantías, sin abordar la verdadera problemática que implica la procuración de justicia en BCS. Es ocioso que acuda este funcionario a repetir lo que ya enunció el Gobernador. Lo que a nosotros nos interesa es conocer el quehacer oficial en el terreno de los hechos, las limitaciones, carencias, expectativas reales y el avance en los programas de acción, pero en lugar de eso, escuchamos cifras alegres, porque lo que llaman informe de gobierno, sólo es un compendio estadístico que se compila para justificar presupuestos y permitir el lucimiento personal del Gobernador en el ostentoso ejercicio de culto al ego que refieren como informe de gobierno.

Durante el evento, escuchamos de los diputados algunas interrogantes brillantes y oportunas, pero el sentido se perdió en algunas de ellas, cuando fueron planteadas tras un oscuro preámbulo desplegado por los cuestionantes, más preocupados por lucirse ante los medios presentes, que en escuchar la respuesta del compareciente.

Lo que no se dijo en la comparecencia, fue que a nivel nacional seguimos en los primeros lugares en robo a casa habitación, extorsión, agresiones sexuales y violencia contra la mujer; que la cifra negra está al alza; que el mercado de objetos robados opera impunemente; que el narcomenudeo no ha disminuido; que los expedientes que se judicializan están en un cuello de botella, porque no se ha sabido coordinar esa dinámica con el poder judicial del Estado; que existen disparidades en los criterios de judicialización; y que permiten altos índices de impunidad.

Tampoco se habló de las enormes carencias que enfrenta la procuración de justicia en el Estado, donde el común denominador entre su personal es la falta de experiencia, salarios inferiores a la media nacional, lo que es alarmante y propicia corruptelas, pues vivimos en zona cara; la falta de insumos y la pobre oferta en el aporte pericial por la falta de expertos en diversas materias, que son clave para la debida acreditación del hecho delictivo. En algunas agencias, los litigantes deben llevar hojas para que les impriman las copias que por ley les deben ser entregadas.

La mayor carencia es la falta de capacitación. En los últimos 12 años se han dejado de ejercer más de mil millones de pesos del presupuesto federal etiquetado para el rubro, porque la Procuraduría ha sido sistemáticamente mal administrada y sólo se ocupan de gastar en vehículos e insumos en los que se pueda beneficiar al proveedor a modo, por aquello de los moches.

Sería importante que se asignara —etiquetado—, un recurso significativo dedicado exclusivamente a la capacitación del personal.

Prevención en abandono

En otro orden de ideas, es imposible esperar que la labor de prevención del delito, esté en manos exclusivamente del servidor público. Es imperativo involucrar a la sociedad civil en actividades efectivas tendientes a mejorar la seguridad y prevenir el delito. Todas las universidades del Estado imparten la Licenciatura en Derecho, lo que representa un enorme caudal de recursos humanos que podrían participar en programas de prevención del delito y cultura de la seguridad. Contamos con 300 estudiantes de criminología en la Entidad, que en dos años estarán manejando un Uber o atendiendo la segunda caja de un Oxxo, cuando podrían desde este momento, incorporarse a programas efectivos en este tema.

Necesitamos mejorar los salarios del personal, y a hacer la capacitación un ejercicio permanente. Y si nos ponemos exigentes, es necesario:

• Que se homologuen los salarios del personal, con el de las instancias federales del ramo.
• Que se blinde la procuración de justicia en BCS, convirtiendo la Institución en una entidad totalmente independiente de la injerencia del gobernador en turo, con patrimonio  propio y plena autonomía administrativa.
• Que se cree el Instituto Estatal de Ciencias Forenses con autonomía presupuestal y administrativa.
• Que se incorpore a todos los programas de estudio de enseñanza media y superior en el Estado,  materias relacionadas con la seguridad y la prevención del delito.

—

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

También te podría interesar Terrorismo de Estado en BCS

La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local “elegirán” al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, “nuestros” diputados cumplirán con la farsa protocolaria y “elegirán” al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.

Centro de Justicia Penal en La Paz. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Está dando resultados positivos la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS? ¿Qué nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos corregir?

Es evidente que las autoridades estatales no están interesadas en realizar una evaluación objetiva y honesta del avance y alcances del NSJP. Ha quedado claro que se prioriza la simulación y se antepone el interés de grupo al interés de la colectividad en el Estado. Basta para ello considerar la forma en que se acallaron las protestas durante la comparecencia del Procurador ante el Congreso. Atestaron el recinto legislativo con acarreados que al son de las matracas y al conteo de las lideresas, vitorearon o abuchearon según así les fueron indicando.

Te podría interesar Cuestionemos al Procurador de Justicia de BCS

La farsa se cumplimentó con los cuestionamientos a modo, formulados por los diputados del bloque mayoritario, siempre fieles a la subordinación que la componenda con el ejecutivo les impone.

Enfrentamos entonces una visión plagada de cifras alegres y estadísticas maquilladas, que permiten el lucimiento de los actores oficiales, pero que nos impiden conocer la realidad de los hechos.

Por tanto, si queremos una lectura objetiva y cierta, deberemos realizar el ejercicio desde la trinchera ciudadana. Desde nuestra perspectiva, habremos de analizar punto a punto los aspectos relevantes de la reforma.

¿Cómo podemos participar en el ejercicio de evaluación? Simple. Eligiendo alguno de los siguientes puntos, realizar un análisis, una crítica y una propuesta, y enviarla a la siguiente dirección electrónica: letrasbcs@gmail.com para que sea compilada y presentada en el Foro Ciudadano Sobre Seguridad Pública que organiza “Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana” A.C., Organización No Gubernamental que preside Víctor Martínez de Escobar.

No hay mayores requisitos que los marcados en la Constitución para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de petición: presentar su evaluación y propuesta por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Es todo.

Esperamos su participación para hacer de este ejercicio una plataforma de participación ciudadana que contribuya al mejoramiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BCS.

OBJETIVOS DE LA REFORMA PENAL

• Reducir el índice de impunidad;
• Que la víctima sea reparada en el daño causado;
• Que se respeten en todo momento los Derechos Humanos, tanto del imputado como de la víctima u ofendido;
• Dar rapidez y seguridad jurídica a los procedimientos penales;
• Contar con resoluciones judiciales justas;
• Recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones del sistema de justicia penal.

CAMBIOS

En procuración de justicia

• Se concede valor preponderante a la prueba técnica y científica en el proceso de investigación criminal;
• Se descarga de tareas administrativas al Ministerio Público para que concentre su actuación especializada en la función investigadora;
• Se incorpora con responsabilidad directa a la policía ministerial en las investigaciones y con tareas complementarias a la policía preventiva;
• Se establecen esquemas eficientes para la coordinación policial;
• Se garantiza la autonomía técnica y científica de los servicios periciales;
• Se prevé la supervisión judicial de la actuación del Ministerio Público para garantizar los derechos del imputado;
• Establece un modelo de justicia alternativa diferente al sistema punitivo tradicional.
• Dicho sistema se actualiza mediante un procedimiento simplificado para la solución de conflictos, cuyo seguimiento está a cargo de personal multidisciplinario, suficientemente habilitado en técnicas de negociación, mediación y conciliación.

En administración de justicia

1. 1. Consagra la oralidad y publicidad de los juicios penales, lo que ayuda a prevenir y evitar la burocracia que acumula expedientes, haciendo posible que el juez dicte sentencia en un plazo no mayor de un año;
2. 2. Incorpora el procedimiento abreviado ante el juez de garantía, el cual facilita las condiciones para que se pueda dictar sentencia en un término breve, siempre y cuando se logre el consenso de las voluntades del Ministerio Público y la defensa del imputado;
3. 3. Destaca que la prueba privilegiada en el proceso penal es la técnica y científica, lo que constituye la mejor garantía para evitar que las partes con habilidades retóricas puedan manipular con sus argumentaciones al juzgador.

En el sistema penitenciario

1. 1. Se establece la creación de jueces de ejecución de penas, capacitados para asegurar el cumplimiento de las sanciones y para proponer programas de readaptación especialmente para cada área.
2. 2. Se crea la figura de jueces de vigilancia que supervisan el orden, la disciplina, y el respeto a los Derechos Humanos dentro de los CERESOS, lo que coadyuva a eliminar el autogobierno que suele darse al interior de estos centros.

Comparecencia del Procurador Erasmo Paleón Alamilla Villeda. Fotografías: J. R. Fernández.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un hombre ya mayor, moreno, alto, delgado, de vestimenta humilde, interrumpió ayer la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, ante los diputados, por la muerte de su hijo y la amenaza sobre otro; les dijo de frente, que aunque “no lo quería hacer público”, buscaba una audiencia debido a que habían asesinado a su hijo hacía cuatro años y el asesino estaba libre; al ser ignorado, se dirigió a nadie en particular, al público sentado en el ala izquierda de la sala, y soltó el llanto diciendo que apenas antier habían intentado matar a su otro hijo, quien estaba amenazado.

No parecía falsa su tragedia, ni su llanto, como el de otra mujer sobre el barandal, increpando a cada momento a los diputados y al Procurador de Justicia de BCS sobre un familiar desaparecido. Ellos fueron dos de los escasos ciudadanos que se manifestaron ayer en la tarde en la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS en el Congreso del Estado; el resto de los asistentes, un centenar sentados desde hacía rato —varias mujeres con niños, y algunos ancianos—, parecían justo eso: un público, uno ideal para aquel talk show de “Laura en América”.

La mayor parte del público lucía indiferente, incluso, enfadado, es más, algunos se fueron sin entender de qué se trataba; algunos picando su celular, otros comiendo; por el ala derecha unas mujeres con matracas, donde una a otra le decía “tú me dices cuando” hacer el ruido: la indicación era cuando hubiera algún grito en contra de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero no hubo demasiados; alguno por allá, perdido, cuando el diputado Joel Vargas Aguiar cuestionó la ausencia del Gobernador y del Secretario de Gobierno, “¡por que le sacan!”, se escuchó, mientras el diputado Edson Gallo Zavala, presidiendo la mesa, dijo que en el caso del segundo era por una justificación médica.

También podría interesarte “Inevitable” que surja la narcoliteratura en BCS: Eduardo Antonio Parra

Este martes, sólo un par de minutos antes de las 5:00 de la tarde —hora prevista para la comparecencia—, Alamilla Villeda había ingresado al recinto, pero lo retuvieron a esperarse —quizá había que esperar a alguien impuntual, quizá había que darse más importancia— porque el evento dio inicio media hora después. Era innegable que había un poder de convocatoria: rendir cuentas sobre una estremecedora situación de inseguridad en Baja California Sur es importante; el tema no hubiera dado lugar a sonrisas, pero las hubo, justo en las caras de los diputados, como Alfredo Zamora García, y otros más al presentar a las autoridades, para quienes hubo ¡aplausos! ¿Aplaudir qué? No podemos precisarlo, pero sí se notaba la consigna de sonar las palmas al mencionar al diputado panista.

La misma tardenoche de ayer se comentó en redes sociales sobre esos “acarreados” que, supuestamente, por 100 ó 200 pesos —o por una cena con tacos—, llenaron la sala para ‘acolchonar’ los reclamos de ciudadanos dolientes e inconformes, quienes realmente fueron pocos, y además invisibles. La barandilla en el Congreso del Estado parecía separar a “los de allá”, a los que reclamaban, simples mortales, y “los de acá”, los funcionarios que ejercían la pantomima de una comparecencia tibia, con la claridad de los números de la inseguridad puesta sobre la mesa y las respuestas que parecían dejarlos conformes. Ejecuciones sin control, desaparecidos, aumento de robos y los primeros reportes de secuestros: todo se dijo, pero tras el espectáculo de ayer, no parece cambiar absolutamente nada.

La pregunta más lógica, la más evidente, la hizo la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, sobre por qué decir que se avanza en el tema de seguridad, cuando en lo que va del año han habido más ejecuciones que en doce meses de los años precedentes. Sin perder la compostura, ni su correcto pronunciamiento, pues parecía sentirse bien cobijado, el Procurador de Justicia de BCS repitió lo que había dicho anteriormente, sobre la “complejidad” de trabajar en ese tipo de delitos, y que hacía falta más coordinación entre todas las corporaciones.

“Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para querellarse y menos aún para formular imputaciones, en los pocos de los que hay testigos del evento criminoso no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos”, había dicho en su comparecencia. Al responder a la diputada, tácitamente dijo lo mismo, subrayando la complejidad que resulta resolver la ola de violencia y ejecuciones ligadas al narco.

Alrededor de una hora que duró la comparecencia, no parece haber provecho o cambio alguno. La cosa queda exactamente igual. Lo que habría de llamar más la atención de quien esto escribe, es el desdén a los pocos manifestantes, familiares de muertos o desaparecidos, quienes pidieron hacer preguntas pero cuyas peticiones eran aplastadas por las voces al micrófono de los legisladores, quienes, simplemente, no los veían ni escuchaban, sin embargo, entre tantos cuestionamientos e indignación que fueron a perderse en el aire, transcribo lo que una mujer arrojó a los diputados: “¿necesita que sea su familiar para que se le desaparezca y puedan hacer algo?”, a lo que siguió el silencio, y de nuevo, se retomó la función.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Debido a la presión social generada a partir el incremento en la incidencia delictiva en BCS, y a las confusiones y decepciones que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha generado en el ánimo de la ciudadanía, resulta urgente llamar a cuentas al Procurador de Justicia de BCS. Es imperativo que nos explique las causas que han ocasionado los pésimos resultados de su gestión, y sobre todo, es impostergable la decisión a cargo del Congreso local, respecto a la reiterada solicitud ciudadana de remover del encargo al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

La fecha de la comparecencia llegó y finalmente el Procurador habrá de comparecer ante nuestros diputados y tendrá que explicar el porqué de lo que él mismo denomina como “magros” resultados.

También te podría interesar Le pegamos al gigante minero

La asistencia del citado funcionario ante los representantes populares, puede ser una farsa protocolaria, una simulación, un simple formulismo para cumplir un requisito procedimental, o bien puede ser una invaluable oportunidad para cuestionar al funcionario y exigirle una explicación precisa y sin cifras alegres, de la realidad que atraviesa la procuración de justicia en nuestro Estado.

Habría que solicitar entonces a nuestros diputados, que asuman con seriedad su responsabilidad de representación popular, y a nombre de la ciudadanía, cuestionen al compareciente, evitando las vaguedades y los términos generales, y se atiende en sus cuestionamientos a puntos específicos, precisando y acotando en sus interrogantes, tanto las causas como los efectos de cada uno de los planteamientos que se formulen.

Inseguridad, impunidad, aumento de la criminalidad, abusos de autoridad, serían tópicos a priorizar. Bajo tales presupuestos, habrá que plantear entre otras, las siguientes cuestiones:

—Los largos periodos de espera en las unidades de atención inmediata, y la negativa sistemática a dar acceso a la carpeta de investigación tanto a defensores como víctimas. Se requiere cita previa, y sólo se permite consultar la carpeta si es en presencia del Agente del Ministerio Público. Eso se traduce en pérdida de tiempo para todos los involucrados, y para el Agente del MP que tiene que descuidar sus labores, cuando no es requisito legal que esté presente cuando los interesados consulten la carpeta de investigación.

—La falta de atención oportuna a las víctimas de delito, pues por regla general no se brinda atención adecuada, ni médica ni psicológica, lo que se traduce en re victimización y malestar para quienes sufren las incidencias delictivas.

—La falta de preparación y capacitación de los agentes de policía investigadora.

—La falta de un protocolo de entrevistas, que permitan a los policías de investigación realizar su labor con mayor eficacia y precisión.

—El reducido número de peritos en materias que resultan recurrentes en las investigaciones.

—La evidente falta de preparación y profesionalismo de los fiscales a su cargo.

—La reiterada práctica de delegar al poder judicial la toma de decisiones en asuntos de alto impacto.

—La falta de actos de investigación en la integración de las carpetas de investigación.

—La solicitud y obtención sistemática de ampliación de los plazos de investigación complementarios, con el único objeto de prolongar la prisión preventiva de los imputados en casos de encarcelamiento oficioso.

—La carencia de protocolos de investigación aplicables a los diversos tipos de delito.

—La falta de preparación de testigos, previo a su comparecencia a la audiencia de juicio.

—La falta de control y seguimiento de la agenda de citación de los testigos de cargo.

—La falta de preparación de las audiencias, lo que provoca una recurrente improvisación en el desarrollo de las mismas, con resultados negativos para los intereses de la sociedad.

—La falta de lineamientos generales necesarios para lograr la aplicación de los criterios de oportunidad. Esta carencia se traduce en un incremento de la carga de trabajo, en detrimento de la eficiencia en el servicio.

—La falta de unificación de criterios para determinar la libertad de los presentados en la etapa de investigación.

—La inadecuada aplicación de criterios de equidad en los procedimientos abreviados.

—Los cambios constantes de personal de investigaciones, que provoca enormes molestias y retrasos a los denunciantes, que cada vez que le cambian de fiscal en su caso, tiene que repetir prácticamente todo su planteamiento.

—Las quejas recurrentes del personal de la Procuraduría, respecto a los bajos sueldos, la falta de estímulos, los horarios y cambios de adscripción constantes e indiscriminados.

Estos temas, a groso modo, dan pie a una serie de cuestionamientos dirigidos a precisar las causas por las cuales no está funcionando el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y sobre todo, llevar a los diputados a un ejercicio de responsabilidad en su representatividad, que les permita ratificar o remover al actual titular de la procuración de justicia en el Estado.

Si sólo van a oír cifras fantasiosas y alegres, seguidas de excusas y pretextos, entonces la comparecencia será una burla y una farsa. Si cuestionan al funcionario y le exigen explicaciones y sobre todo, soluciones, entonces valdrá la pena el ejercicio.