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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura del Congreso del Estado emitió las leyes de Educación y de Educación Superior del Estado, en armonización de las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión, se informa a través de un comunicado oficial.

El pleno del Congreso aprobó este día, por mayoría, los dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Educación; en el caso de la Ley de Educación estatal, actualiza el marco jurídico y lo adecua a lo establecido en la nueva reforma educativa, con la participación activa de las y los educandos, madres y padres de familia, tutoras o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Abroga la Ley de Educación estatal, publicada el 22 de abril de 2014, así como disposiciones de leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones generales.

La nueva ley ratifica la educación indígena (Capítulo VI) con el que se garantizan los derechos educativos y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, atendiendo un punto de acuerdo aprobado por el pleno y propuesto por la diputada Eufrocina López Velasco.

El decreto establece en el articulado transitorio que la Secretaría de Educación Pública deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general en un plazo no mayor a 180 días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este decreto.

En la discusión en lo general, el diputado Julio Cervando Higuera señaló que los capítulos de la educación indígena y el de la educación inclusiva contienen articulado que han sido declarados como inconstitucionales en la Ley General de Educación, por lo que el proyecto decreto que se pone a consideración es  inconstitucional, además de señalar que no existió consulta previa a los sectores, por lo que  solicitó a la presidencia de la mesa directiva sometiera a consideración de la asamblea que se regresara el dictamen a la comisión dictaminadora y finalmente consignó su voto en contra.

La diputada María Guadalupe Moreno Higuera consignó su voto a favor, señalando que la ley que se votó es un instrumento legal progresivo que pone al centro del debate público el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles, con especial énfasis en la educación básica y media superior, considerando que la educación superior cuenta con su ley especial, pero que además reconoce como un elemento esencial el proceso educativo a las maestras y a los maestros que desarrollan una labor sustancial del Estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, diputado José María Avilés Castro, se refirió a dos puntos: en respuesta al diputado Higuera, confirmó que la existencia de una resolución de la SCJN a dos capítulos de la Ley General de Educación, sin embargo, puntualizó que a través de la propia representación en este congreso de la diputada López, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, la comisión recibió propuestas para que fueran incluidas en la ley. “Esperaremos el resultado de la corte mientras tanto creo que no podemos privar de que el Estado de Baja California Sur tenga una ley adecuada a lo que establece el nuevo modelo educativo la nueva relación del sistema educativo las obligaciones y los derechos para los padres de familia y respetar los derechos y las tradiciones y la educación para los grupos prioritarios”, dijo.

Por otro lado, señaló un rumor y postura irresponsable y atentadora contra el Congreso del Estado que planteó que esta ley eliminaba el derecho de los maestros para la cuantía de los quinquenios que están establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, “La Ley de Educación tiene un objeto distinto a lo que establece la normativa los derechos de las y los trabajadores en el término laborales; la misma ley establece textualmente en su Título Quinto Artículo 83 Fracción novena “Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables” es decir, establece claramente la cuantía de los quinquenios que no son tocado en absoluto sino al contrario aquí se manifiesta el respeto”, declaró Avilés Castro.

Fue aprobada la Ley de Educación Superior

En el caso de la Ley de Educación Superior, establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se actualizará el reglamento interior de la autoridad educativa estatal.

Así también, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la autoridad educativa estatal convocará para la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur deberá emitir y adecuar los acuerdos, reglamentos y lineamientos y demás disposiciones de carácter general, en tanto que los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto continuarán hasta su conclusión.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Ley de Educación para Baja California Sur que se someterá a votación para su aprobación este jueves 25 de abril, es una ley espejo que armoniza y actualiza el marco legal estatal en la materia; no contraviene los derechos laborales del magisterio, afirmó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, diputado José María Avilés Castro, a través de un comunicado oficial.

El legislador precisó que el Artículo 73 constitucional establece que la Federación tiene la atribución para modificar y lo único que se hace en las entidades es armonizarla en los mismos términos.

Expresó que la Ley de Educación para BCS establece los principios generales para el derecho a la educación, los tipos y modalidades a los que deberá sujetarse este sistema educativo, actores que deberán participar, la revalidación de estudios y el reconocimiento de validez oficial para los particulares que la imparten, entre otros.

El  Presidente de la Comisión de Educación recalcó que la ley en su Título Quinto “De La Revalorización de las Maestras y los Maestros” en su Artículo 89 reconoce textualmente “Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables”, es decir, el Congreso del Estado reconoce lo que ya está establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, específicamente, lo relativo al Artículo 41 de los quinquenios, que hoy en su legítimo movimiento están demandando las maestras y los maestros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso del Estado participa en la Primera Reunión Interinstitucional de las Comisiones de Justicia de los Congresos Locales y Federal (Cocifam) convocada por el Senado de la República, en la que legisladores y legisladoras analizan la armonización del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se informa a través de un comunicado oficial.

En esta reunión parlamentaria dirigida por la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, se prepara a las legislaturas estatales para el reto de armonización que tendrán los estados para reformar el código, el cual se considera una aportación histórica del Congreso de la Unión y congresos locales a la vida cotidiana de los mexicanos, indicó el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado.

Comunicó que en las próximas semanas los congresos locales deberán iniciar el proceso de armonización legislativa, luego de la instalación de una comisión nacional y las comisiones regionales.

Precisó que el nuevo código plantea como asunto esencial la  oralidad, lo que exige nueva infraestructura con salas físicas, así como la digitalización de los procesos, por lo que debe analizarse el impacto presupuestal que representará para el Estado.

Entre otras modificaciones de la armonización legislativa destacan la supletoriedad, la sustitución de expedientes físicos, el priorizar la conciliación y lo que implican reformas constitucionales.

De acuerdo al Artículo segundo, la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor gradualmente, en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027.

En el caso de las entidades federativas, el código entrará en vigor en cada una de éstas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027.

FOTO: Archivo.La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputación permanente recibió iniciativa con proyecto de decreto por la cual se crea la Ley de Educación Superior para el Estado de Baja California Sur propuesta por los diputados José María Avilés Castro, Paz del Alma Ochoa Amador y María Luisa Trejo Piñuelas, de la Comisión de Asuntos Educativos, derivado de las reformas a los Artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.

La presente iniciativa, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial, implica la obligatoriedad de garantizar una cobertura universal en educación, pues se reconoce la responsabilidad para garantizar el acceso a todas las personas a la educación, desde el nivel inicial hasta el tipo superior, priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La propuesta establece el carácter reglamentario de la Ley respecto a la materia de educación superior reconocida en el Artículo 3° de la Constituciónde los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 10 de la Constitución de Baja California Sur. También mandata la obligatoriedad de la educación superior para el Estado e indica la obligación de las autoridades federales y locales a proporcionar medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Educativo, José María Avilés Castro, fue quien dio lectura a la iniciativa, precisando que tendrá como objetivos: I. Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de Baja California Sur, de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; II. Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo, ético y económico del país y de Baja California Sur, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social, que pongan al servicio de la Nación, del Estado y de la sociedad sus conocimientos.

III. Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior en el Estado y los municipios que lo integran; IV. Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior en Baja California Sur; V. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior con visión de Estado; VI. Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior; y VII. Regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para regular la educación impartida por el Estado y los particulares, este martes, la diputación permanente recibió una iniciativa con proyecto de decreto para crear la nueva Ley de Educación para Baja California Sur. La propuesta implica una educación democrática, nacional, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, promoviendo el respeto al interés general de la sociedad e inculcando los conceptos y principios de las ciencias ambientales, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.

Desde esa óptica, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la denominada Nueva Escuela Mexicana.

El presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, José María Avilés Castro, fue quien dio lectura a la iniciativa, precisando que tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo estatal, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad, acorde a lo que se plantea la nueva escuela mexicana.

“La educación se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno”, acotó desde tribuna el legislador.

Los iniciadores de la nueva ley de educación son el diputado José María Avilés Castro; María Paz del Alma Ochoa Amador y María Luisa Trejo Piñuelas, presidente y secretarias, respectivamente, de la Comisión de Asuntos Educativos de esta XVI legislatura.

El documento precisa que es obligación de las y los sudcalifornianos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria cursando la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Establece que la educación además de obligatoria será: universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; determinado que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, ordena la instrumentación de políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos para su análisis y dictaminación.