FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para complementar la legislación de la recientemente aprobada tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, propuso reformar el Artículo 201 del Código Penal para el Estado.

Puntualizó que la reciente tipificación representa un avance legislativo en la materia, ya que quedó mejor normado el tipo penal, sin embargo, apuntó que el complemento de la reforma que propone, que se refieren al delito de violencia familiar, desvinculan al delito de violencia familiar, es decir, de todas las agravantes existentes y de la persecución por querella de parte o de oficio en caso determinado.

La redacción actual del párrafo cuarto del Artículo 201 del Código Penal establece que: “Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, casos en los cuales se perseguirá de oficio”, se lee en el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Mientras que la propuesta de adición del Artículo 201 Bis indica que “Los delitos a que se refieren los artículos anteriores se perseguirán por querella, excepto cuando se cometan con la participación de dos o más personas, con el uso de armas de fuego o punzocortantes y se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo o se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o según corresponda, cuando esta última:”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su dictamen correspondiente.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con base en una solicitud de particulares, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado presentó una iniciativa para contemplar en la legislación estatal, delitos que cometen personas jurídicas, entre ellos corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, robo de vehículo, fraude y delitos ambientales, entro otros.

Aunque la petición de la ciudadana Ana Berta Sandoval Ojeda y el ciudadano Juan Manuel Urquidez Rangel no presentaba las formalidades de una iniciativa ciudadana, la comisión estimó necesario hacer las reformas y adiciones que correspondan al Código Penal para el Estado, por lo que a través de un dictamen sometido a consideración del Pleno, se cumplió con la obligación de dar respuesta a la petición de particulares, sirviendo como iniciativa con proyecto de decreto.

«Consideramos que se trata de un asunto importante, y que es necesario hacer en su caso las reformas y adiciones que sean necesarias al Código Penal estatal, a fin de contemplar el catálogo de delitos por los que las personas jurídicas serán responsables penalmente en acatamiento al Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales», puntualizó en tribuna el presidente de la comisión, diputado José María Avilés Castro.

La propuesta adiciona un Artículo 29 Bis y un Artículo 283 Bis al Código Penal para el Estado, para establecer que delitos cometidos por personas jurídicas a quienes se les podrán imponer consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los delitos: de corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho (artículo 169), tráfico de influencia (artículo 283), cohecho (artículos 284), tráfico de personas menores de edad (artículo 194), robo de vehículo (artículo 228 Bis), robo equiparado de vehículo de motor (artículo 228 Ter), fraude (artículo 239) y fraude específico (artículo 241), encubrimiento por receptación (artículo 256), operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 263), ocupación o invasión de área ambiental (artículos 365), cambio ilícito del uso de suelo (artículo 366), depósito ilícito de residuos (artículo 367), extracción ilícita de materia ambiental (artículo 368), provocación de incendio  (artículo 369), tala ilícita, (artículo 370) y delito ambiental genérico (artículo 371). Así mismo en artículo 283 Bis contempla el delito de tráfico de influencias equiparado.

La propuesta fue remitida por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su respectivo análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado tiene, desde hoy, la encomienda de analizar la iniciativa con proyecto de decreto que propone dar uniformidad y coherencia normativa para acceder a diversos cargos públicos relevantes como: el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; Auditoría Superior del Estado; Secretario de Despacho; Procurador General de Justicia; Fiscal Anticorrupción; Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que el diputado José María Avilés Castro presentara este martes 18 de junio una iniciativa que implica reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así como otros ordenamientos que integran el marco jurídico de la Entidad.

La propuesta homologa en todos los casos la exigencia de que sean ciudadanas o ciudadanos mexicanos por nacimiento, evitando que una ciudadana o ciudadano mexicano por naturalización, es decir un extranjero, pueda acceder a cualquiera de esos cargos públicos.

La intención de homologar para todos los casos el requisito de la residencia efectiva en el Estado con que se debe contar antes de la designación para cualquiera de esos cargos públicos, se sugiere que sean como mínimo dos años de residencia previa.

Y es que actualmente, en la Constitución Política del Estado se establecen las bases normativas para acceder a diversos cargos públicos relevantes cuya forma de designación o elección no emana de forma directa de la voluntad popular, esto es, no existe de por medio un proceso electoral, tal como es el caso de quienes aspiren a ejercer el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, titular de la Auditoría Superior del Estado, Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia, Fiscal Anticorrupción, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Durante su intervención en tribuna, el legislador explicó que hizo una comparación sobre los requisitos que hoy en día se establecen para cada uno de los cargos referidos, advirtiendo que no guardan coherencia normativa respecto de dos requisitos básicos que son: la ciudadanía y la residencia efectiva en el Estado antes de la designación. A manera de ejemplo, nuestra constitución federal, al día de hoy, contempla como requisito para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ostentar la calidad de ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento.

Otro de los fines que persigue la iniciativa de la bancada de Morena, es establecer que la edad mínima requerida para ser miembro del Consejo de la Judicatura y titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea de 30 años, homologando así dicho requisito con el que ya se exige actualmente para quienes aspiren a ser comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o para quienes pretendan ser titular de la Auditoría Superior del Estado.

En adición, los miembros o integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no sean magistradas o magistrados del Tribunal Superior de Justicia el requisito de la edad mínima sea como ya se señaló anteriormente, de 30 años, ajustándose también como consecuencia de esto a cinco años como mínimo el requisito de la antigüedad del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). “Es tiempo de mujeres, no solamente porque la elección electoral fue histórica, sino también porque se pusieron en juego dos proyectos de nación: el de la derecha que defendió hasta el último momento y sigue buscando pretextos para no vivir el duelo de una derrota aplastante que el pueblo de México les otorgó el pasado domingo, y el que el pueblo de México y Baja California Sur refrendó: el camino de la transformación, el de ver por los de abajo, el de quitar privilegios y el de combatir la corrupción”, expresó el diputado José María Avilés Castro, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la XVI Legislatura del Congreso del Estado.

Por primera vez había la posibilidad de que una mujer se convirtiera en presidenta de México, que dos mujeres contendieron y finalmente el pueblo de México decidió que después de 200 años de vida independiente, una mujer ocupara la máxima magistratura del país; en este caso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, externó en la tribuna legislativa en sesión de este martes.

Ejemplificó que también el Congreso del Estado es mayoritariamente compuesto por mujeres así como las presidencias del Tribunal Electoral Federal, del Instituto Nacional Electoral, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura son presididas por mujeres.

El legislador destacó el nivel de participación de votantes que en país fue de 57 millones de mexicanas y mexicanos, con un 61% de participación ciudadana, así como en Baja California Sur fue de alrededor de 290 mil sudcalifornianos y un 53% de participación.

Afirmó que el triunfo no fue de las candidatas y candidatos que contendieron, si no de la gente.“Tiene que convertirnos en personas más humildes. No podemos llenarnos la boca de soberbia; este triunfo no es de quienes participaron como candidatos, eso entiéndanlo muy bien todos, no es de quienes fueron candidatos, es un triunfo del pueblo de México, de quienes aún nos dan esa segunda oportunidad y refrendan la confianza a la transformación”.

Finalmente consideró que se debe aprovechar este bono democrático para hacer mejor las cosas: para combatir mayormente los vestigios de corrupción, para atender los problemas de seguridad, para fortalecer el sistema de salud y para mejorar la educación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso Estado rechazó en punto de acuerdo presentado por la diputada Alejandra Sandoval Bastida, al considerar no contar con los fundamentos y estadísticas suficientes que sustentaran lo solicitado en materia de pobreza extrema en Mulegé y Loreto, se informa a través de un comunicado oficial.

El punto de acuerdo buscaba exhortar al titular del Ejecutivo estatal para realizar gestiones ante el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para que considerara integrar dentro de sus indicadores para la definición y medición de la pobreza, violencia y victimización, así como para que el presupuesto de los programas y políticas sociales fuesen suficientes para Mulegé y Loreto.

No obstante, en su intervención el diputado José María Avilés Castro consideró que lo expresado por la diputada iniciadora, es una opinión, es una expresión, ya que no presentó ninguna evidencia empírica, ni técnica, que pueda sustentar el dicho.

Dijo que durante más de 40 años se desatendieron los índices de pobreza por parte de gobiernos, ante lo que son insuficientes los 3 y 6 años de las actuales administraciones estatales y federal para atender el tema de pobreza, “pero esto no quiere decir que no se esté atendiendo y trabajando por abatir la pobreza en la entidad”, expresó en la discusión del tema.

En cuanto a los señalamientos planteados por Sandoval Bastida en relación a los métodos y criterios del CONEVAL, fue puntual al indicar que no hay lugar para el exhorto toda vez que, existe ya una metodología muy rigurosa para definir los indicadores, “no se tienen los sustentos necesarios para poder decir que no se están realizando acciones que atiendan el tema de pobreza, ni tampoco para solicitar al CONEVAL que agregue o quite indicadores de medición, si no tenemos la metodología o los criterios suficientes como para poder enviar un documento de esa naturaleza”, concluyó.