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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Uno de los mayores desafíos para combatir el robo a negocios en Baja California Sur no radica únicamente en detener a los responsables, sino en evitar que el delito ocurra. Las autoridades reconocen que la prevención resulta más compleja conforme crecen las ciudades y aumenta la actividad económica. En municipios como Los Cabos y La Paz, donde diariamente abren cientos de establecimientos comerciales y circulan miles de personas, mantener presencia policial permanente en todas las zonas resulta materialmente imposible. Las propias estadísticas muestran esta concentración territorial. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2026 se iniciaron 138 carpetas de investigación por robo a negocio, mientras que Los Cabos y La Paz concentraron la mayor parte de las denuncias por delitos de robo en sus distintas modalidades, reflejo del peso económico y demográfico que ambos municipios tienen dentro del Estado.

Especialistas en seguridad pública señalan que este tipo de delitos suele estar vinculado con factores de oportunidad. Comercios con escasa iluminación exterior, ausencia de cámaras de videovigilancia, manejo de efectivo durante horarios nocturnos, personal reducido o locales ubicados en colonias con poca vigilancia se convierten en objetivos más atractivos para los delincuentes. En muchos casos, los responsables aprovechan apenas unos minutos para ingresar, sustraer mercancía o dinero y abandonar el lugar antes de que llegue una patrulla. Las corporaciones policiacas han respondido mediante estrategias de proximidad social, patrullajes focalizados y coordinación entre la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C4 y el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de imágenes han permitido esclarecer diversos casos y obtener mayores elementos de prueba para integrar carpetas de investigación. Sin embargo, las autoridades reconocen que la tecnología, por sí sola, no sustituye la presencia preventiva en las calles.

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Otro obstáculo importante es la llamada cifra negra. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de los delitos cometidos en Baja California Sur no llegan a denunciarse formalmente. Muchas víctimas consideran que el trámite implica pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones o estiman que el daño económico no justifica iniciar un procedimiento penal. Esta situación limita la capacidad de las autoridades para identificar patrones delictivos, asignar recursos policiales y perseguir penalmente a los responsables. Para los comerciantes, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida inmediata de mercancías. Cada robo representa inversiones adicionales en cámaras de seguridad, alarmas, reforzamiento de puertas, contratación de vigilancia privada y pago de pólizas de seguro más costosas. En pequeños negocios familiares, una sola sustracción puede significar la pérdida de semanas completas de ingresos, afectando incluso el pago de salarios o la reposición de inventarios.

Los organismos empresariales también advierten que la percepción de inseguridad influye en la confianza para invertir. Aunque Baja California Sur mantiene indicadores delictivos inferiores a muchas entidades del país, el comercio organizado considera indispensable fortalecer la prevención para evitar que el crecimiento económico sea acompañado por un incremento sostenido de los delitos patrimoniales. En Los Cabos, por ejemplo, representantes empresariales han señalado que el robo a negocio continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, aun cuando no se observe un incremento acelerado en las cifras oficiales. No obstante, las autoridades sostienen que existen resultados alentadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que durante 2025 los delitos patrimoniales presentaron reducciones en distintos rubros, incluido el robo a negocio, que disminuyó alrededor de 2 % respecto al año anterior. Asimismo, destacó el incremento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, recuperación de vehículos y aseguramiento de objetos robados como parte del fortalecimiento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Sin embargo, la disminución porcentual no elimina la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. El acelerado crecimiento demográfico de Baja California Sur obliga a ampliar continuamente el estado de fuerza policial, incrementar la capacitación de los agentes, modernizar el equipamiento tecnológico y consolidar sistemas de inteligencia criminal capaces de anticipar los movimientos de grupos dedicados al robo patrimonial. Otro reto consiste en fortalecer la coordinación con los municipios. Las policías preventivas son la primera línea de respuesta ante una llamada de emergencia, mientras que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Policía de Investigación. Cuando esta coordinación funciona de manera eficiente, aumentan las posibilidades de detener a los responsables en flagrancia o recuperar los bienes sustraídos. Cuando existen retrasos o deficiencias en la comunicación institucional, las investigaciones pueden perder información valiosa durante las primeras horas posteriores al delito.

Las perspectivas para los próximos años dependerán de varios factores. Por un lado, continuará el crecimiento económico impulsado por el turismo, la construcción y los servicios, especialmente en Los Cabos y La Paz. Ese dinamismo generará nuevas oportunidades comerciales, pero también exigirá mayores capacidades de vigilancia y prevención. Por otro lado, las inversiones en tecnología, inteligencia policial y profesionalización de los cuerpos de seguridad podrían traducirse en mejores resultados si van acompañadas de una mayor participación ciudadana mediante la denuncia. La prevención situacional también aparece como una estrategia relevante. Expertos recomiendan mejorar el diseño urbano de las zonas comerciales mediante iluminación adecuada, cámaras conectadas a los centros de monitoreo, botones de emergencia, capacitación del personal para actuar durante un asalto y campañas permanentes de cultura de la denuncia. Estas medidas reducen las oportunidades para la comisión del delito y fortalecen la colaboración entre comerciantes y autoridades.

El combate al robo a negocios en Baja California Sur muestra, en consecuencia, un panorama mixto. Las cifras oficiales reflejan avances en algunos indicadores y una mayor capacidad de investigación por parte de las instituciones de seguridad. Al mismo tiempo, persisten limitaciones asociadas al crecimiento urbano, la insuficiencia de personal policial, la cifra negra y la necesidad de fortalecer la prevención.

Más allá de las estadísticas, el verdadero desafío consiste en garantizar que cada comerciante pueda abrir su negocio con la certeza de que su patrimonio estará protegido. Alcanzar ese objetivo requerirá mantener la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, consolidar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia y continuar invirtiendo en inteligencia, tecnología y proximidad policial. Sólo mediante una estrategia integral será posible reducir de manera sostenida un delito que, aunque ha mostrado signos de contención, continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo económico de Baja California Sur.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inseguridad es indudablemente, una preocupación constante entre la ciudadanía, y ninguna estrategia de combate al delito es eficaz, sin la participación ciudadana, específicamente, en el campo de la prevención.

En los modelos exitosos, la organización ciudadana, principalmente desde las agrupaciones vecinales, es un factor decisivo, contar con las herramientas que la ciencia moderna pone actualmente a disposición de la sociedad. Los programas de vecinos vigilantes, apoyados en cámaras privadas de videovigilancia, sistemas de comunicación, alerta, alarma y reacción, en coordinación siempre con las fuerzas del orden público, han demostrado ser los más eficaces en la prevención del delito.

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Cada día hay más organizaciones vecinales buscando mecanismos que les permitan mejorar la seguridad en su entorno familiar y vecinal.

Mexicanos Unidos Por la Seguridad ⁽¹⁾ es una organización que busca aportar herramientas de vanguardia a las organizaciones civiles que participan en labores de prevención del delito. Entre las herramientas que proponen, destaca la siguiente aplicación:

Auxilio Exprés: Es una aplicación disponible para Android ⁽²⁾ o iPad ⁽³⁾, ideal para ser utilizada por organizaciones vecinales, grupos familiares y conjuntos condominales. Se trata de una herramienta desarrollada por programadores mexicanos para promover la comunicación, coordinación y reacción entre ciudadanos para proporcionar auxilio en casos de emergencia; utilizando la tecnología virtual como medio de comunicación. Esta aplicación brinda, entre otras, las siguientes funciones:

Comando de voz. Con tan sólo una palabra clave, se puede encender la alarma; no es necesario abrir la aplicación ni apretar botones.

Prevención de riesgo. Se puede programar la aplicación para solicitar un código después de determinado tiempo; en caso de no ingresar el código, la alarma se encenderá.

Transmisión de video y de audio. Al activar la alarma, se comenzará a transmitir el audio y video de lo que esté sucediendo en el lugar de la emergencia.

Auxilio inmediato. Recibirán la notificación de la alarma los usuarios locales del lugar de emergencia, con el fin de poder dar/recibir ayuda lo más rápido posible.

Respaldo perimetral. Al pedir auxilio en casa, se encenderán todas las sirenas que se ubiquen alrededor de la emergencia; alertando a toda la comunidad.

Identificación del alarmante. Se registra e identifica al usuario que haya encendido la alarma, con el fin de prevenir a los falsos alarmantes

Ubicación. Al recibir la notificación de alarma, los usuarios locales y personas dentro de tu grupo de confianza podrán ver en un mapa, la ubicación donde sucedió la emergencia.

Portones compartidos. La aplicación se puede conectar para abrir y cerrar portones compartidos; llevando un registro de los usuarios que abren las puertas.

Esta aplicación tiene una versión gratuita, ya disponible, y constituye una magnífica herramienta en las labores de prevención del delito, que nos ayuda a construir una comunidad cada día más segura.

⁽¹⁾ https://www.facebook.com/Mexicanos-Unidos-por-la-Seguridad-102154798966944

⁽²⁾ https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.ias.swat.ccs.com.auxilio_expres_flutter&hl=es_GT

⁽³⁾ https://apps.apple.com/mx/app/auxilio-express/id1483974120

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FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Del faraónico y costoso evento de culto al ego que denominaron “Segundo Informe de Gobierno”, celebrado a puerta cerrada y bajo el riguroso mecanismo de selección por afinidad y subordinación, destaca en lo que realmente interesa al gobernado, el tratamiento melodramático del tema que más angustia al gobernado: la inseguridad.

Para abordar el tema, se eligió un formato telenovelero, parecido a un texto de La Rosa de Guadalupe, en el que se divide el universo fáctico en una cotidianidad en la que el ciudadano es víctima cautiva de la maldad de grupos criminales, a quienes de manera genérica se denomina Los violentos, en automático identificado como los malos, y quienes por más malvados y violentos que sean, al final del melodrama, serán derrotados por los buenos, liga de campeones de la justicia, anónimos y enmascarados, aunque identificables por la impoluta guayabera blanca y las frases lapidarias que usan como grito de combate: “Acabaremos con ellos rapidito”… “No me temblará la mano”… “Sé cómo”… y la que prologa el capítulo final de la épica novela: “Venceremos a los violentos”, que como promesa vaga e imprecisa, epiloga el tráiler del melodrama que en la saga dio vida a la fallida oferta de campaña: “Un mejor futuro”.

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Eso de vencer a los violentos, además de ser una frase populista plagiada del catálogo motivacional del dictador venezolano (“Más temprano que tarde venceremos a los violentos y triunfará la paz y el amor en Venezuela”), se finca en un grotesco parangón que homologa a la entidad con una grisácea presentación de Ciudad Gótica, en la que los malos, englobados en el genérico violentos, serán finalmente abatidos –en un incierto futuro— por los buenos, genéricamente englobados en un Grupo de coordinación, donde los héroes visten guayabera blanca, y los peones, los de la talacha, los operadores, los prescindibles, son anónimos, visten uniformes tipo camuflaje, andan encapuchados y pertenecen a la marina armada.

Traducción

Ante su incapacidad táctica, técnica, operativa y funcional, el Gobierno del Estado entrega las tareas de seguridad pública a la Marina Armada. Es una medida drástica, inconstitucional, costosa, pero necesaria.

Problemática

Entregar a las fuerzas armadas las labores de seguridad interna en la entidad, es en principio violatorio del marco constitucional. Que el nivel de violencia alcanzado en la escalada delictiva justifica la presencia de la fuerza militar, sólo resulta admisible en labores de apoyo y como fuerza reactiva; y por ello, la presencia militar en nuestras calles, debe ser TEMPORAL, y reducida exclusivamente al tiempo necesario para contrarrestar la embestida criminal.

Es por ello indispensable que de manera sistemática, desde la sociedad civil organizada, demos seguimiento al plan de acción, cuya temporalidad ya ha sido trazada, y no debe rebasar un plazo improrrogable. De lo contrario, esto es: la estandarización permanente de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública generará un marco permanente de inconstitucionalidad, que dará al traste con los procesos penales que llegaran a incoarse, pues los marinos no son agentes de la Policía, y constitucionalmente, las labores policiales están reservadas a corporaciones civiles.

El segundo problema es de orden fáctico. Los militares están entrenados para obedecer y reaccionar, usando para ello fuerza letal. Los conceptos elementales de respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso, no aplican en contienda bélica. El Ejército y la Armada son instituciones de reacción, y en la beligerancia no hay escalas: salen a matar o morir por la patria.

¿Es necesario el uso de la fuerza letal contra los grupos criminales que operan en el Estado? Si dado el nivel de violencia que la incapacidad estatal ha permitido que alcancen, sí. Infortunadamente sí es necesario, pero ello —insistimos— sólo debe ser una medida temporal, excepcional, y específicamente dirigida.

¿Puede una fuerza militar realizar eficazmente una labor policial? No. Definitivamente no. El entrenamiento, la capacitación, la metodología, la sistematización de sus acciones, desde la planeación hasta la ejecución, son diametralmente opuestas.

No podemos permitir que se militarice la seguridad pública. Nuestros agentes de policía, de todos los niveles, deben ser civiles, capacitados, bien remunerados, tan disciplinados como los militares, pero con el perfil profesional y metodología táctico-operativa que la Constitución previene para los cuerpos civiles encargados de las labores policiales.