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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, convocados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la XVI Legislatura, instituciones de los tres niveles de gobierno iniciaron trabajos con la finalidad de constituir un catálogo de comunidades indígenas y afromexicanas asentadas en Baja California Sur, el cual pueda servir de referencia para la toma de decisiones en políticas públicas a nivel nacional, estatales y municipales.

De acuerdo con el comunicado, la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la comisión, refirió que a pesar de la existencia de representantes de los pueblos originarios desde hace varias décadas, a la fecha no existe un catálogo de comunidades asentadas en la entidad. Dijo que elaborar un catálogo permitirá saber el porcentaje de la población indígena y afrocedescendiente que habitan en la entidad, los porcentajes por municipio, colonias, información específica que requiere de todo un trabajo de investigación interinstitucional.

En esta primera Mesa de trabajo, la coordinadora del INEGI en Baja California Sur, Araceli Alvarado Avendaño presentó información con la que cuenta el INEGI y una posible ruta crítica para encaminar los trabajos para la creación de dicho catálogo. Informó que en la actualidad el registro de los pueblos indígenas en el país se encuentra en la página INPI y que para iniciar el registro estatal se puede tomar como base la información estadística del INEGI y georeferenciarla; recurrir al reconocimiento de los ayuntamientos a las colonias donde se asienta población indígena, como los primeros pasos.

La presidenta de la comisión agradeció la participación de los representantes del Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del  Instituto Sudcaliforniano de Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la UABCS, ya que los trabajos requerirán de la participación de todos desde sus ámbitos de competencia.

Finalmente, el comunicado de prensa mencionó que, durante la mesa acordaron solicitaron al INEGI las estadísticas de la población actual de los pueblos indígenas, y elaborar una ruta de trabajo para avanzar en objetivos claros que lleven a la constitución del catálogo estatal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con un comunicado de prensa por parte del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informat (INEGI) informó las cifras de acuerdo a la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo, en el cual menciona que había un total de 35, 221,314 madres en México en 2020, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de ese año. La misma fuente indica que siete de cada diez mujeres de 15 años y más reportaron ser madres.

De acuerdo a ello, en promedio, las madres mexicanas tenían 2.2 hijos o hijas, según datos del censo y el 48 por ciento de las madres en el país reportaron estar casadas, 23 por ciento vivían en unión libre, 10 por ciento eran viudas, 9 por ciento informaron estar separadas, 7 por ciento eran solteras y 3 por ciento estaban divorciadas.

Además, en el Censo de Población y Vivienda 2020 también reportó que 57 por ciento de las madres del país contaban con educación básica, 19 por ciento habían cursado educación media superior, 17 por ciento tenían educación superior. Por el contrario, 7 por ciento de las madres reportaron no contar con ningún nivel de escolaridad y de ellas, el 41 por ciento de las madres en el país estaban económicamente activas, en 2020.

Por otro lado, respecto al promedio de hijos nacidos vivos, se reportó que, en México había un total de 35, 221,314 madres en 2020, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de ese año. El mismo censo reportó que 72% de las mujeres de 15 años y más del país eran madres. La misma fuente arrojó que las madres en México, tenían un promedio de 2.2 hijos o hijas en 2020. Este promedio incrementa conforme aumenta la edad de las mujeres. Por ejemplo, las madres de entre 15 y 24 años de edad reportaron tener en promedio menos de un descendiente (0.1 entre las jóvenes de 15 a 19 años y 0.6 entre mujeres de 20 a 24 años). Esta cifra asciende a un promedio de 5.9 en aquellas mujeres que tenían 75 años o más.

Por último, en cuanto al estatus conyugal de las madres, los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 muestran que 48 por ciento de las madres en México reportaron estar casadas, 23 por ciento vivían en unión libre, 10 por ciento eran viudas, 9 por ciento estaban separadas, 7 por ciento informaron estar solteras y 3 por ciento indicaron ser divorciadas.

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Es alarmante el índice de impunidad que alcanza la criminalidad en nuestro País. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante el periodo encuestado, la denominada cifra negra alcanzó un 93.3% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación ni procedimiento indagatorio alguno. En otras palabras, de los 27.6 millones de delitos cometidos, 25.75 millones de ellos no fueron denunciados y, por ende, no se investigaron y mucho menos se persiguieron y sancionaron.

La cultura de la denuncia no forma parte del acervo ciudadano. El temor a las represalias, la desconfianza en las autoridades encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos, el costo en tiempo y esfuerzo que implica el procedimiento de denunciar y dar seguimiento a una carpeta de investigación, y los magros resultados en materia de justicia penal, son las principales causas por las cuales los mexicanos no denunciamos. Y en el pecado llevamos la penitencia, porque la falta de denuncia es el campo de impunidad propicio para el ejercicio de la criminalidad, y el pretexto perfecto para que las persecutoras justifiquen su incapacidad – y en muchos casos- su complicidad con el quehacer delictivo.

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La encuesta, en comento precisa, que la gente no denuncia porque no tiene confianza en la autoridad, tiene miedo de exponerse a ser extorsionada, considera que denunciar es una pérdida de tiempo, que el trámite es largo y difícil, o bien, tiene miedo al agresor, el delito lo considera de poca importancia o, de plano, por no tener prueba alguna. Mucho del desánimo para quienes logran brincar la barrera de la inacción y se atreven a denunciar, radica en la pobreza de resultados brindados por las instituciones encargadas de integrar las carpetas de investigación y los jueces a cuyo cargo está la imposición de sanciones.

Así también, la encuesta dice que, de los pocos casos en que hubo denuncia y se inició carpeta de investigación, en el 48.4% de los casos el asunto terminó en el archivo, es decir, no se resolvió la denuncia, en el 27.0% seguía en trámite, el 5.9% recuperó sus bienes, en el 3.8% hubo reparación del daño, el 2.8% otorgó el perdón y el resto se desconoce el resultado.

A efecto de abatir los altos índices de impunidad y para fomentar la denuncia, se ha implementado en los diferentes órdenes de gobierno, mecanismos tendientes a fomentar, promover, facilitar y eficientar la denuncia anónima.

Denunciar en forma anónima, es hacer del conocimiento de la autoridad receptora, sin aportar la identidad del denunciante, la existencia de un hecho con apariencia de delito. Se conoce como Notitia criminis y es el conocimiento que tiene la autoridad de un hecho realizado o en proceso de realización, que resulta detonante suficiente para que, a partir de la comprobación de la veracidad de la información generada, y a partir de ello activar el mecanismo de reacción e iniciar las actuaciones propias de la contención y combate del delito.

Pese a que, la denuncia anónima no tiene valor probatorio como tal, si resulta eficaz como generadora de datos de prueba y punto de partida para la acción de reacción y contención policial, cuya actuación si genera datos y medios de prueba que pueden ser eficazmente utilizaos como fuente de prueba en juicio, y así, constituirse en verdadera herramienta de combate a la impunidad que hoy por hoy campea en nuestro País.

Es así que, en Baja California Sur, desde el 10 de enero del año en curso, contamos con un servicio de denuncia anónima 089 a nivel Estado, homologado con el Servicio de Denuncia Anónima 089 federal, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP). Aunque el servicio tiene fallas, es perfectible y con el ejercicio de participación ciudadana, podemos convertirlo en una herramienta eficaz para el combate y abatimiento de la impunidad ante el embate de la criminalidad en nuestra Entidad.

Si por alguna comprensible razón decides no denunciar formalmente un ilícito, al menos, realiza tu denuncia anónima al Servicio 089. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema.

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Ciudad de México. En el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), que es una fecha que se conmemora con la finalidad de recordar los años de lucha de las mujeres en pro de la igualdad, justicia, paz y desarrollo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta algunos datos relevantes que muestran un panorama general de la situación de las mujeres en México, a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo al comunicado, en lo concerniente a la estructura de edad de la población, en el tercer trimestre de 2021, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva Edición (ENOE^N) estiman que México tenía una población total de 127.8 millones de personas. Las mujeres representan un poco más de la mitad de la población, con un porcentaje de 52% (66.2 millones). Que en cuanto, al grupo de edad, la mitad de la población de mujeres, se concentra en aquellas que tiene 30 años y más de edad.

Por otro lado, la participación económica de la mujer se identifica a través de la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población No Económicamente Activa (PNEA), y según los resultados de la ENOE^N, para el tercer trimestre de 2021, en México había 51.7 millones de mujeres de 15 años o más de edad. De este total, 44% formaron parte de la PEA (22.8 millones) y 56% (28.9 millones) estuvieron en la PNEA.

Finalmente, de los datos del comunicado, se menciona que las mujeres que integraron la PEA, 21.8 millones (96%) reportaron estar ocupadas durante la semana de referencia de la encuesta. De esta población, 56% desarrolló alguna ocupación informal y 44% una ocupación formal. Respecto a las actividades que realizaron, 55 de cada 100 mujeres se ocuparon en actividades de comercio, industria manufacturera y servicios sociales.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco del “Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas” la diputada María Guadalupe Moreno Higuera se pronunció porque se sigan implementando políticas públicas en favor de tratar este padecimiento y que de manera oportuna se encaminé el diagnóstico idóneo, tratamiento y seguimiento a pacientes, para garantizar la protección del máximo derecho humano y por consiguiente reducir la mortalidad infantil en Baja California Sur, se dio a conocer a través de un boletín de prensa.

La presidenta de la Comisión de la Salud en el Congreso de Baja California Sur indicó que de acuerdo al INEGI es la segunda causa de muerte en el país, y una de las principales causas de decesos infantiles en el Estado.

La diputada Moreno Higuera, reconoció que las cardiopatías congénitas son una afectación que por años han cobrado la vida de la niñez sudcaliforniana, y que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales en priorizar la salud, aún hay mucho que recorrer.

Finalmente, mencionó que el 14 de febrero  se debe secundar y socorrer simbólicamente a cada uno de los corazones que nacen con alguna afectación congénita, dando importancia al diagnóstico en las primeras horas del nacimiento para una correcta recuperación y control de síntomas, además de las afecciones vinculadas, concluye así el boletín de prensa.