Salud en transición. Los desafíos de IMSS-Bienestar en BCS (II)
FOTOS: Semanario Zeta | SSA BCS.
Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Los retos que enfrenta IMSS-Bienestar en Baja California Sur no pueden atribuirse únicamente al cambio de administración. Especialistas en políticas públicas coinciden en que la federalización heredó problemas estructurales que durante años afectaron a los servicios estatales de salud. La diferencia es que ahora la responsabilidad administrativa, financiera y operativa recae principalmente en un organismo federal que debe coordinar una red nacional integrada por cientos de hospitales y miles de centros de salud distribuidos en 23 entidades federativas. El desafío consiste en administrar un sistema de dimensiones sin precedente en México. En octubre de 2023, el Gobierno de México informó que la federalización comprendía la transferencia de 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud para atender a más de 53 millones de personas sin seguridad social.
Uno de los problemas más visibles continúa siendo el abastecimiento de medicamentos. Aunque las autoridades federales han informado periódicamente avances en las compras consolidadas y en la distribución nacional de insumos, diversos hospitales y unidades médicas siguen registrando faltantes temporales de medicamentos especializados, material de curación y algunos equipos indispensables para determinados tratamientos. Estos problemas obedecen a una cadena logística compleja que incluye procesos de licitación, adquisición, almacenamiento, distribución y entrega final a cada unidad médica, especialmente en estados geográficamente aislados como Baja California Sur.
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Otro desafío importante es la disponibilidad de médicos especialistas. La entidad mantiene una demanda creciente de cirujanos, anestesiólogos, internistas, pediatras, ginecólogos, oncólogos y otras especialidades cuya contratación resulta complicada incluso para sistemas de salud con mayores recursos. La lejanía geográfica de la península, el elevado costo de vida en municipios como Los Cabos y la competencia entre instituciones públicas y privadas dificultan atraer y retener personal altamente capacitado. Las propias autoridades federales reconocieron desde el inicio de la transición que uno de los objetivos centrales del nuevo modelo consistía precisamente en fortalecer las plantillas médicas mediante nuevas contrataciones. La infraestructura hospitalaria representa otro frente de atención. Muchos inmuebles fueron construidos hace varias décadas y requieren inversiones constantes en sistemas eléctricos, climatización, quirófanos, laboratorios, equipos de imagenología y mantenimiento preventivo. En el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, por ejemplo, trabajadores denunciaron en distintas ocasiones fallas en los sistemas de aire acondicionado que incluso obligaron a reprogramar procedimientos quirúrgicos. Las autoridades estatales reconocieron que parte del deterioro correspondía a años de mantenimiento insuficiente acumulado antes de la federalización.
La transición también ha tenido repercusiones para el personal de salud. Durante estos años surgieron inconformidades relacionadas con la asignación de plazas, procesos de basificación, reconocimiento de antigüedad, prestaciones laborales y condiciones de trabajo. Estas diferencias motivaron manifestaciones, mesas de negociación y la conformación de nuevas organizaciones sindicales que buscan representar a trabajadores incorporados al esquema IMSS-Bienestar. Si bien las autoridades estatales y federales han instalado mesas de diálogo para atender estas demandas, algunos conflictos continúan abiertos. Desde la perspectiva de los pacientes, las consecuencias más sensibles aparecen cuando la capacidad instalada no logra responder a la demanda. Los tiempos de espera para consultas especializadas, cirugías programadas o estudios diagnósticos pueden prolongarse cuando existe saturación hospitalaria o falta de especialistas. Para una población que en muchos casos debe recorrer largas distancias desde comunidades rurales hasta hospitales regionales, cualquier retraso representa gastos adicionales de transporte, alimentación y hospedaje, además de incertidumbre respecto a su tratamiento.
Sin embargo, también existen avances que las autoridades consideran relevantes. La federalización ha permitido centralizar las compras de equipo médico, incrementar la inversión en rehabilitación de hospitales, homologar procesos administrativos y desarrollar proyectos tecnológicos como el expediente clínico electrónico, cuya implementación gradual busca facilitar el intercambio de información médica entre unidades de salud. Baja California Sur forma parte de las entidades contempladas para esta estrategia de digitalización. El futuro del sistema dependerá, en buena medida, de la capacidad institucional para resolver problemas que trascienden la simple transferencia administrativa. La consolidación de IMSS-Bienestar requiere recursos financieros suficientes, mecanismos eficientes de adquisición de medicamentos, mantenimiento permanente de infraestructura, estabilidad laboral para el personal médico y una planeación capaz de responder al acelerado crecimiento demográfico de municipios como Los Cabos y La Paz.
En este contexto, también será fundamental fortalecer la atención preventiva. Las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos cardiovasculares representan una carga creciente para los servicios públicos de salud. Las autoridades federales han señalado que el nuevo Modelo de Atención para la Salud Bienestar pretende dar mayor importancia a la prevención, detección temprana y seguimiento comunitario de estas enfermedades, con el propósito de disminuir hospitalizaciones y complicaciones de alto costo. La experiencia de Baja California Sur refleja que la federalización constituye mucho más que un cambio administrativo. Significa reorganizar un sistema completo mientras continúa prestando atención médica todos los días. En ese proceso conviven inversiones en infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías, contratación de personal, ajustes laborales y expectativas ciudadanas que exigen resultados inmediatos.
El éxito o fracaso del modelo no podrá evaluarse únicamente por el número de hospitales transferidos o por la cantidad de recursos invertidos. Su verdadero indicador será la experiencia cotidiana de los usuarios: encontrar un médico disponible, recibir medicamentos completos, acceder oportunamente a una cirugía o realizar estudios especializados sin demoras excesivas. Esa es, finalmente, la medida con la que la población juzga cualquier política pública de salud.
Para Baja California Sur, el reto continúa abierto. La federalización prometió construir un sistema más equitativo, gratuito y universal para quienes carecen de seguridad social. Alcanzar ese objetivo dependerá de que la coordinación entre Federación y Estado logre traducir los compromisos institucionales en mejoras tangibles para los pacientes. Mientras ello ocurre, hospitales, centros de salud y trabajadores siguen enfrentando diariamente el desafío de mantener funcionando un servicio esencial para miles de sudcalifornianos, en una entidad donde las condiciones geográficas y el crecimiento poblacional hacen que garantizar el derecho a la salud sea una tarea particularmente compleja.
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