Inteligencia artificial en la práctica jurídica

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inteligencia artificial representa una transformación estructural en el ejercicio del derecho cuya aplicación en la práctica jurídica permite:

  • Automatización de tareas repetitivas: La IA puede redactar borradores, revisar contratos, clasificar expedientes, y realizar análisis jurisprudencial, liberando tiempo para el razonamiento jurídico sustantivo.
  • Análisis predictivo: Algoritmos entrenados con datos judiciales pueden anticipar tendencias jurisprudenciales, evaluar probabilidades de éxito procesal y apoyar en la toma de decisiones estratégicas.
  • Acceso a la justicia: Las herramientas de IA facilita la orientación legal básica a poblaciones vulnerables, democratizando el conocimiento jurídico y reduciendo barreras de entrada.
  • Compliance y auditoría inteligente: En el ámbito corporativo y administrativo, la IA permite monitorear el cumplimiento normativo en tiempo real, detectar riesgos y generar alertas preventivas.

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El uso de IA en el derecho plantea desafíos éticos, normativos y epistemológicos que los juristas deben abordar con rigor:

Փ Responsabilidad profesional: El abogado sigue siendo responsable de las decisiones jurídicas, incluso cuando se apoye en sistemas automatizados. La delegación a la IA no exime del deber de diligencia, ni del juicio crítico.

Փ Sesgos algorítmicos: Los sistemas de IA pueden reproducir o amplificar sesgos estructurales presentes en los datos. El jurista debe ser capaz de auditar, cuestionar y contextualizar los resultados ofrecidos por la máquina.

Փ Protección de datos y confidencialidad: El uso de IA exige un manejo escrupuloso de la información sensible, conforme a principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad.

Փ Transformación del perfil profesional: Se requiere una nueva alfabetización jurídico-tecnológica. El jurista del siglo XXI debe comprender los fundamentos de la IA, su arquitectura normativa y sus límites operativos. La IA no sustituye al jurista, pero definitivamente redefine su rol: de operador técnico a estratega normativo, garante de derechos y mediador entre la innovación tecnológica y la justicia sustantiva. Su integración exige una praxis crítica, ética y multidisciplinaria.

Marco regulatorio

México está en proceso de construir un marco normativo propio para la IA, con iniciativas que reflejan su diversidad cultural y sus desafíos estructurales.

La denominada Ley Federal para el Desarrollo y Regulación de la IA se encuentra en ciernes, y su proyecto contempla auditorías periódicas, clasificación de riesgos, filtros parentales, trazabilidad algorítmica y protección de grupos vulnerables.

A nivel constitucional se han presentado propuestas de reforma para modificar hasta nueve artículos de la Constitución, reconociendo la IA como fenómeno transversal en seguridad, justicia, salud y educación.

A propuesta del Ejecutivo federal, se trabaja en un proyecto denominado Laboratorio Nacional de IA, cuyo objetivo central es regular plataformas como ChatGPT y Gemini, y fomentar el desarrollo de tecnologías emergentes dentro de un marco ético y soberano

La colaboración público-privada resulta determinante, y en este campo a la vanguardia se ubica Querétaro, entidad donde se han instalado centros de datos con inversión internacional, lo que exige marcos de gobernanza robustos para evitar impactos negativos en comunidades y ecosistemas.

En síntesis, para los juristas, este panorama exige:

  • Revisión constitucional y legislativa: armonizar derechos digitales, neuroderechos y soberanía tecnológica.
  • Diseño de marcos de gobernanza algorítmica: con mecanismos de supervisión, trazabilidad y control jurisdiccional.
  • Defensa de derechos fundamentales: ante decisiones automatizadas, sesgos algorítmicos o afectaciones a la privacidad.
  • Participación en procesos normativos: como expertos, asesores y garantes de legalidad en la implementación de IA.

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Propone Diputado crear comisión legislativa sobre IA; buscarían regularla

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) propuso en el Congreso del Estado, la creación de una Comisión Permanente de Análisis, Seguimiento y Evaluación Sobre la Aplicación, Desarrollo e Impacto de la Inteligencia Artificial, mediante la cual el poder legislativo asegure que los avances en esta materia sean contempladas y consideradas en todos los marcos normativos estatales.

Al presentar iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado del PRI aseguró que el poder legislativo debe tener una perspectiva del futuro que pueda anticipar y preparar, considerando los avances y acontecimientos que se presentan en torno a ciertas circunstancias sociales.

Refirió que la Inteligencia Artificial (IA) está próxima a hacer su total incorporación en la vida cotidiana, jurídica e institucional, por lo que su propuesta busca también socializar y concientizar a la población sudcaliforniana sobre los beneficios de incorporarla en la vida cotidiana, pero también, de los posibles riesgos.

La iniciativa establece que la comisión legislativa tendrá a su cargo las iniciativas de reformas, adiciones, derogaciones de leyes, puntos de acuerdo y/o reglamentos relacionados con el uso, impacto y regulación de la inteligencia artificial en Baja California Sur.

La vigilancia y regularización del uso de inteligencia artificial en redes sociales, medios de comunicación previniendo la desinformación y manipulación digital y los relativos a la protección de derechos fundamentales que puedan ser transgredidos con el avance de la IA o de las tecnologías emergentes.

Legislar en razón de datos de Internet o de material protegido por derechos de autor sin permiso explícito que pueden producir resultados muy similares, casi idénticos, que pueden violar los derechos del creador original.

Del Castillo Miranda precisó que en nuestro país, la adopción de la inteligencia artificial ha sido un proceso gradual pero creciente; instituciones educativas, empresas privadas y organismos gubernamentales han comenzado a incorporar estas tecnologías en sus operaciones, incluso algunos estados como Veracruz, a través de la Universidad Veracruzana, crearon el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial.




Propone Diputada reformar Código Penal sobre violencia digital sexual, incluyendo IA

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En respuesta al creciente uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad de proteger la intimidad sexual de las y los sudcalifornianos, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, informa el Congreso del Estado.

La propuesta busca modificar el Código Penal, con el objetivo de sancionar de manera más efectiva la elaboración, divulgación, distribución y difusión no consentida de imágenes, audios, videos o cualquier otro tipo de contenido sexual o íntimo, incluso cuando este sea alterado o simulado a través de tecnologías avanzadas como la IA.

«La expansión de la tecnología ha traído grandes beneficios, pero también nuevos riesgos, especialmente en el ámbito de la violencia digital sexual. La modificación propuesta atiende la urgente necesidad de adaptar nuestras leyes a los avances tecnológicos para garantizar que las víctimas de este tipo de delitos reciban la protección adecuada», explicó la diputada Vázquez Jacinto.

La iniciativa también busca reconocer la violencia digital sexual, definiéndola como el acto de difundir sin consentimiento contenido sexual o íntimo a través de plataformas digitales. Asimismo, establece penas de prisión de tres a seis años y multas económicas a quienes cometan estos delitos.

La diputada subrayó la importancia de que esta reforma atienda la violencia de género en el ámbito digital, tomando en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de estos delitos. Además, recordó que otros estados de la República Mexicana, como Sinaloa, ya han comenzado a legislar sobre el uso de la IA en estos contextos.

Esta reforma se alinea con la Ley Olimpia y otras iniciativas nacionales e internacionales que buscan sancionar la violencia digital y proteger la intimidad sexual de las personas, especialmente en un contexto donde el ciberacoso y la difusión no consentida de contenido íntimo son cada vez más comunes.

Fue planteada por estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en su intensión de involucrar en el ejercicio de la profesión y aportación a su entorno.