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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuatro vehículos atrapados por la corriente en el arroyo El Salto Seco, a la altura de Ocho Cascadas, ofrecen una imagen concreta del riesgo en Los Cabos. El Ayuntamiento informó que una retroexcavadora ayudó a retirarlos mientras los cuerpos de emergencia vigilaban el lugar. Hubo respuesta institucional, pero el episodio plantea una pregunta preventiva: ¿cómo evitar que el siguiente conductor llegue a ese mismo punto cuando el agua ya representa una amenaza?

La documentación oficial consultada hasta el 29 de septiembre de 2026 permite identificar brechas de prevención, actualización de información y protección territorial. No acredita una negligencia generalizada de todas las corporaciones ni permite atribuir cada daño a una autoridad. Sí muestra que, junto con brigadas y refugios, persisten familias expuestas en cauces, solicitudes legislativas de actualización y necesidades técnicas reconocidas en instrumentos de planeación. El problema rebasa el pronóstico meteorológico. Protección Civil forma parte de un sistema que incluye gobiernos municipales, administración estatal, dependencias federales, servicios públicos, ordenamiento urbano y vivienda. Si el riesgo se reproduce donde vive la población, la eficacia no puede medirse únicamente por rescates exitosos. También debe examinarse cuánto peligro se redujo antes de que comenzaran las lluvias.

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El antecedente de Odile, en 2014, ilustra una vulnerabilidad decisiva: las comunicaciones pueden fallar precisamente cuando más se necesitan. El informe federal del 22 de septiembre describía una recuperación desigual de las redes telefónicas y señalaba a Los Cabos entre las zonas más afectadas. Esa experiencia obliga a evaluar mecanismos de aviso capaces de funcionar cuando desaparecen la electricidad, internet o la señal celular. Hubo aprendizaje institucional. La Universidad Autónoma de Baja California Sur informó que su carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, creada en 2017, respondió a la devastación de Odile. En junio de 2024 entregó al gobierno lo que presentó como el primer Atlas de Riesgo Estatal. La ciencia aportó una herramienta importante; disponer de ella, sin embargo, no demuestra automáticamente su aplicación efectiva en cada municipio.

El 28 de mayo de 2026, el Congreso estatal aprobó exhortar a Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o elaborar sus atlas municipales. También pidió utilizar y difundir esa información e informar sobre avances. El acuerdo constituye evidencia de una preocupación institucional vigente, aunque no demuestra que los cinco ayuntamientos carezcan por completo de atlas o presenten idénticas deficiencias. La diferencia importa. Un atlas estatal ofrece una visión territorial amplia, mientras la decisión de cerrar un vado, evacuar una colonia o revisar un permiso requiere información local detallada. La existencia de cartografía debe traducirse en decisiones verificables. El rezago preventivo aparece cuando conocer un peligro no basta para modificar las condiciones que mantienen expuestos a habitantes, escuelas, vialidades y servicios.

La dimensión social está reconocida por las propias autoridades. En un comunicado de la temporada 2026, Protección Civil de Los Cabos informó que notificó a personas asentadas en el arroyo El Pedregal, afluente de El Cajón, junto al vado del Zacatal. El gobierno anunció limpieza del cauce y trabajo con áreas jurídicas, desarrollo urbano, asentamientos humanos y representantes ejidales para buscar alternativas habitacionales seguras. El anuncio confirma tanto una intervención como una vulnerabilidad persistente. Advertir a una familia que vive en un cauce resulta indispensable; ofrecerle una alternativa segura requiere una política distinta y sostenida. La información revisada no permite conocer cuántas viviendas fueron efectivamente reubicadas mediante esas acciones. Presentar una gestión anunciada como una solución concluida ocultaría la distancia entre el compromiso y su resultado.

Los Cabos concentraba 351,111 habitantes, el 44 por ciento de la población estatal, según el Censo 2020 del INEGI. Es una referencia histórica, no una estimación de población actual. Esa concentración ayuda a entender la escala del desafío: vivienda, desplazamientos cotidianos y servicios deben organizarse en un territorio donde los escurrimientos intersectan espacios habitados y rutas de circulación. La evidencia científica explica por qué el agua merece tanta atención como el viento. Un estudio publicado en la revista del CIBNOR sobre la cuenca de San José del Cabo identifica la vulnerabilidad natural de su llanura aluvial. La intensidad y duración de las lluvias, combinadas con la forma del terreno y la red de drenaje, pueden generar caudales capaces de desbordarse.

Por eso, reducir la comunicación pública a la categoría del huracán ofrece una explicación insuficiente. Miguel Ángel Imaz Lamadrid, investigador de la UABCS especializado en gestión del riesgo, advirtió en agosto de 2026 que deben considerarse también la cercanía y los efectos del ciclón. Recomendó conocer refugios y trasladarse con anticipación cuando las autoridades indiquen evacuar, antes de que el tránsito se complique. Las recomendaciones individuales necesitan respaldo operativo. Una persona puede conocer el refugio más cercano y aun así requerir transporte, acompañamiento o atención médica. La protección efectiva exige verificar esas necesidades por localidad, especialmente para personas mayores, con discapacidad o dependientes de cuidados. Esta es una exigencia de diseño preventivo, no una afirmación de que tales servicios estén ausentes en todos los municipios.

Los Cabos reportó para 2026 más de cuarenta refugios y trece brigadas especializadas, además de disponibilidad del parque vehicular municipal. También anunció inspecciones de estructura, accesos, servicios básicos y abastecimiento. Son avances relevantes. Para evaluar su suficiencia hacen falta capacidades comprobables: cuántas personas admite cada inmueble, qué suministros tiene y cuánto tarda el traslado desde las áreas identificadas como peligrosas. En comunicación, el Ayuntamiento acordó que su Dirección de Comunicación Social sería la única instancia autorizada para emitir información oficial sobre contingencias. Unificar mensajes puede reducir contradicciones, pero requiere protocolos rápidos y respaldo técnico. El objetivo debe ser que cada aviso indique territorio, horario y conducta esperada, sin que la centralización se convierta en un obstáculo para advertir riesgos inmediatos. Otro comunicado municipal reconoció dudas sobre las actividades escolares y explicó que una eventual solicitud de suspensión debía presentarse ante la autoridad estatal competente. El documento no prueba una suspensión tardía. Sí muestra un punto sensible de coordinación: las familias necesitan saber con suficiente anticipación quién decide, cuándo se comunica y qué condiciones cambian la operación de escuelas y transporte.

La mirada sobre el estado tampoco puede limitarse al corredor turístico. En abril de 2026, el Congreso pidió reparar caminos vinculados con la ruta Dos Mares 500. El promovente explicó que comunidades rurales habían expresado preocupación por vías necesarias para emergencias y movimiento de productos agropecuarios. Es un testimonio indirecto, recogido en tribuna, que relaciona seguridad y actividad económica cotidiana. La prevención territorial debe incluir accesos rurales, abastecimiento y continuidad de servicios. Un camino deteriorado puede dificultar la evacuación o el auxilio; una interrupción prolongada puede afectar ingresos y suministro. Estas consecuencias potenciales explican por qué la protección civil necesita coordinación con obras públicas y mantenimiento, además de personal preparado para actuar durante el fenómeno.

El Programa Hídrico Regional disponible en la UABCS plantea mejorar estaciones climatológicas, instalar instrumentación hidrométrica en arroyos y operar un servicio hidrológico estatal con pronósticos de crecidas y alertas tempranas. Son propuestas técnicas, no pruebas de obras ejecutadas. Su relevancia consiste en señalar que la vigilancia debe conocer también el comportamiento del agua en las cuencas.

El financiamiento constituye otra discusión abierta. El Congreso solicitó en abril de 2026 información sobre preparación y alertas; durante el debate se planteó crear un fondo estatal para desastres. Una propuesta legislativa no acredita por sí misma falta absoluta de recursos. La evaluación rigurosa requiere distinguir presupuesto aprobado, dinero ejercido, mantenimiento, equipos disponibles y reservas para responder sin improvisaciones. También hay resultados favorables que deben incorporarse. El gobierno estatal reportó saldo blanco al cierre de la temporada 2025, revisión de refugios y limpieza de cauces. Reconoció además beneficios de las lluvias para mitigar la sequía. Ese balance debe contrastarse con indicadores de daños y prevención: sobrevivir a una temporada no elimina automáticamente la exposición de la siguiente.

Para cerrar esa brecha, las evaluaciones posteriores deberían documentar horarios de aviso, cierres de cruces, evacuaciones y restablecimiento de servicios. Comparar esos registros con los pronósticos disponibles permitiría identificar decisiones oportunas y retrasos concretos, sin convertir las críticas en acusaciones indiscriminadas. También ayudaría a asignar responsabilidades entre dependencias y sostener mejoras más allá de los cambios de administración.

Esta investigación utiliza documentos, declaraciones oficiales publicadas y análisis académico; no incluye entrevistas directas con damnificados. Por ello, los testimonios institucionales no sustituyen la experiencia de las familias. Incorporarla mediante evaluaciones públicas ampliaría el diagnóstico y permitiría saber si la protección anunciada llega realmente a cada comunidad expuesta durante las emergencias. Ser un referente exige publicar resultados comparables, corregir problemas repetidos y explicar qué cambió después de cada emergencia. La confianza se construye cuando atlas, alertas, vivienda segura y refugios funcionan juntos. Frente al próximo arroyo crecido, la medida decisiva será cuántas personas pudieron ponerse a salvo antes de necesitar un rescate.

Referencias:

• Chávez-López, S., & Mendoza-Albañez, A. (2016). Aspectos geomorfológicos e hidrográficos de la cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México, como factor de riesgo a inundaciones. Áreas Naturales Protegidas Scripta. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2016.02.02.02.0006
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026a, 28 de abril). Aprueba Congreso de BCS exhorto para reparar caminos del off-road “Dos Mares 500”. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9115-aprueba-congreso-de-bcs-exhorto-para-reparar-caminos-del-off-road-dos-mares-500
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026b, 30 de abril). El Congreso de BCS aprobó solicitar un informe de la temporada ciclónica 2026. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9124-el-congreso-de-bcs-aprobo-solicitar-un-informe-de-la-temporada-ciclonica-2026
• Congreso del Estado de Baja California Sur. (2026c, 28 de mayo). Exhortan a los municipios de BCS a actualizar sus Atlas de Riesgo. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2026/9187-exhortan-a-los-municipios-de-bcs-a-actualizar-sus-atlas-de-riesgo
• Gobierno del Estado de Baja California Sur. (s. f.). Generan lluvias y ciclones 2025 beneficios para BCS: Consejo Estatal de Protección Civil. https://www.bcs.gob.mx/generan-lluvias-y-ciclones-2025-beneficios-para-bcs-consejo-estatal-de-proteccion-civil/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-a). Encabeza Christian Agúndez mesa de trabajo para reforzar la atención y preparación ante la temporada de huracanes 2026. https://www.loscabos.gob.mx/encabeza-christian-agundez-mesa-de-trabajo-para-reforzar-la-atencion-y-preparacion-ante-la-temporada-de-huracanes-2026/
• H. XV Ayuntamiento de Los Cabos. (s. f.-b). Mantiene Gobierno de Los Cabos operativo de prevención y auxilio ante lluvias. https://www.loscabos.gob.mx/mantiene-gobierno-de-los-cabos-operativo-de-prevencion-y-auxilio-ante-lluvias/

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

IMÁGENES: IA.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Hay mañanas en que la brisa acaricia el rostro con la misma dulzura de siempre, y otras en que ese mismo viento parece susurrar advertencias. En Baja California Sur, donde el desierto abraza el mar, esa línea entre lo cotidiano y lo abrupto se vuelve difusa con cada temporada que avanza, como si la naturaleza nos pidiera leer bien las señales antes de que el siguiente huracán toque la costa.

Hace apenas unos meses, Lorena —huracán de categoría 1— despertó alertas entre Cabo San Lucas y La Paz, obligando a autoridades a vigilar presas, ríos y arroyos casi a tope de su capacidad, mientras se advertía a la población sobre posibles desbordamientos y lluvias torrenciales. La península se encontró, otra vez, en la encrucijada de lo imprevisible y lo innegable.

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Los registros oficiales confirman una tendencia que ya no puede ignorarse: Baja California Sur es el Estado del país con mayor incidencia de ciclones en seis décadas, con alrededor del 14 % de todos los ciclones que han llegado a territorio mexicano en los últimos 61 años.

Ese número no es solo una cifra; es la evidencia de que los sistemas climáticos están golpeando con más frecuencia y dejando huellas tangibles en hogares, escuelas y vidas.

La geografía misma del Estado lo convierte en un blanco particular: una península estrecha, bordeada por el océano Pacífico y el Mar de Cortés, donde la elevación del nivel del mar y la fuerza de las tormentas trabajarán en favor de fenómenos cada vez más extremos. El Atlas Estatal de Riesgo 2024 identifica específicamente aumentos del nivel del mar, lluvias intensas e inundaciones como parte de los impactos directos asociados al cambio climático que ya se observan y se proyectan para las próximas décadas.

Los recuerdos de antiguos ciclones no son leyendas en BCS; son recordatorios vívidos. Huracanes como Liza, en 1976, transformaron arroyos en torrentes y llevaron corrientes de agua de hasta 8 pies por encima del nivel normal en partes de La Paz, arrastrando viviendas y dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva.

Más recientemente, el paso de Hilary causó lluvias intensas, vientos fuertes y contribuyó a inundaciones en distintas zonas de la península, incluso cuando su centro no cruzó directamente por tierra firme.

Las tormentas no entienden de turismo ni de temporadas altas. Las autoridades ambientales y de protección civil han emitido avisos de riesgo por tormentas múltiples en un mismo período, con pronósticos de lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos significativos para las costas del estado.

Es la manifestación de una realidad que no confía ya en un solo ciclón por temporada, sino en la posibilidad de que varios fenómenos se superpongan y agraven sus efectos.

Pero la vulnerabilidad no reside únicamente en estadísticas o en mapas de riesgo. Está también en cómo se administra el territorio. Zonas costeras bajas y áreas urbanas en expansión —especialmente alrededor de Cabo San Lucas y San José del Cabo— han sido identificadas en estudios científicos como puntos con “significativos problemas” debido al impacto de ciclones, urbanización en franjas de riesgo e incluso asentamientos irregulares.

Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la vida diaria? Las personas que viven aquí saben que no basta con ver mapas o pronósticos; la experiencia ha enseñado que la respuesta llega muchas veces después del desastre, no antes. Durante años la estrategia oficial ha brillado por su ausencia: hay programas, hay diagnósticos, pero todavía no se observa una política pública integral, financiada y sostenida en el tiempo, que proteja del modo que la evidencia científica exige.

En comunidades tanto urbanas como rurales, la percepción de riesgo muchas veces supera el nivel de preparación. Estudios sobre vulnerabilidad muestran que una proporción significativa de hogares se ubica en zonas altamente expuestas a ciclones, y que existe una disociación entre lo que se percibe y lo que realmente está en riesgo en términos de infraestructura y estabilidad social.

El agua, por su parte, se vuelve un reflejo de contradicciones profundas: sequías prolongadas que tensionan acuíferos agotados, seguido de lluvias extremas que el suelo no puede absorber. La variabilidad climática se transforma en estrés hídrico constante, y las soluciones emergentes —como plantas desaladoras— oscilan entre la promesa técnica y la aplicación incompleta en una política más amplia de gestión del agua.

Está claro qué está pasando. También está claro lo que no se está haciendo con la urgencia necesaria: planes de adaptación con financiamiento asegurado; infraestructura verde que proteja humedales y manglares —ecosistemas que científicamente absorben parte de la energía de las olas—; ordenamiento territorial que respete zonas de riesgo; educación ciudadana eficaz; sistemas de alerta temprana vinculados con procesos comunitarios reales.

El cambio climático no es un pronóstico distante, sino un fenómeno con implicaciones tangibles hoy. Y aunque la historia de Baja California Sur es de resiliencia, también puede ser de liderazgo estratégico si se decide actuar con inteligencia, equidad y justicia social. Porque adaptarse no es solo sobrevivir al próximo huracán: es transformar la manera en que vivimos en armonía con el entorno que nos sostiene.

Al final, cuando el mar y el viento vuelvan a poner a prueba nuestras costas, lo que definirá nuestro destino no será solo la fuerza del clima, sino la fuerza de nuestra voluntad colectiva para anticiparlo, mitigarlo y enfrentarlo con dignidad.

Referencias consultadas:

– Informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, Sexto Informe de Evaluación) sobre intensificación de fenómenos extremos y aumento del nivel del mar.
– Análisis climáticos y reportes técnicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) sobre huracanes en el Pacífico y lluvias extremas.
– Atlas Estatal de Riesgo de Baja California Sur y documentos oficiales de planeación y protección civil del estado.
– Avisos meteorológicos y comunicados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre ciclones, lluvias torrenciales y riesgos hidrometeorológicos en la entidad.

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FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Consejo Estatal de Protección Civil presentó el informe de cierre de la Temporada de Lluvias y Ciclones 2025, destacando que las precipitaciones de este año contribuyeron a mitigar los efectos de la sequía en distintas regiones de Baja California Sur, informó el subsecretario de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera.

Desde mayo, inicio de la temporada, los tres órdenes de gobierno reforzaron acciones de prevención y atención frente a fenómenos meteorológicos, logrando saldo blanco al concluir la temporada el 30 de noviembre.

“Reconocemos la coordinación y el compromiso de todas las instituciones que trabajaron para proteger a la población y reducir riesgos”, afirmó Amparano Herrera.

Durante este periodo, fenómenos como Lorena, Priscilla y Raymond generaron lluvias significativas sin causar daños mayores, lo que permitió recuperar acuíferos, presas y zonas rurales afectadas por la sequía.

Entre los trabajos realizados destacan la revisión de refugios temporales, la coordinación con instancias federales, estatales y municipales, así como la limpieza y mitigación de cauces en los cinco municipios, con apoyo de la sociedad civil.

Héctor Amparano recordó que, aunque la temporada de lluvias concluyó, la temporada de frentes fríos sigue activa, por lo que la población debe seguir las recomendaciones de abrigo y protección y mantenerse informada a través de avisos oficiales.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó este lunes una reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado, en la que se evaluaron las acciones realizadas durante el paso del huracán Lorena, destacando la entrega y disposición de todo el personal del Gobierno del Estado que se desplegó en los diferentes municipios para atender a la población.

En este encuentro se reconoció la labor de los cuerpos de Protección Civil, policías, bomberos, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como de la Guardia Nacional, quienes se mantuvieron en alerta permanente para salvaguardar a las familias sudcalifornianas.

De manera especial, el mandatario subrayó la colaboración de los grupos voluntarios de Protección Civil conformados por mujeres, hombres y jóvenes de las comunidades de La Bocana y Punta Abreojos, quienes demostraron solidaridad en momentos de dificultad, particularmente en las labores de apoyo en las carreteras.

Finalmente, el Gobernador de BCS anunció que, una vez que concluya el monitoreo por la posible formación de la tormenta «Mario», se emprenderá una jornada de limpieza en todo el Estado, así como la puesta en marcha de un programa emergente de bacheo para atender de manera inmediata las vialidades afectadas.

FOTOS: Luz Noticias | INTERIOR: José Luis Cortés.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La madrugada olía a tierra batida y a miedo viejo. Septiembre abrió con un temblor de 4.3 en San José del Cabo —recordatorio de que aquí la tierra también cruje— y, enseguida, con la respiración pesada del Pacífico: Lorena. El nombre repite cada seis años como si la memoria se aprendiera por rimas. Esta vez, el ciclón nació huracán, se acercó, dejó ríos desbordados y luego se degradó a tormenta tropical; pero la degradación semántica no reduce el agua que cae ni el lodo que empuja. “Vientos en rachas, oleaje y corrientes que amenazan la vida”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su aviso matutino del jueves.

¿Actuaron a tiempo las autoridades? El Consejo Municipal de Protección Civil en Los Cabos entró en sesión permanente, abrió los refugios del Plan A y suspendió clases y trámites antes de la fase más severa del temporal, medidas anunciadas oficialmente el miércoles. Son decisiones de manual que se agradecen cuando el cielo se dobla. Medios nacionales reportaron, ya con los arroyos interrumpiendo calles y cortes de energía, 19 albergues abiertos aunque apenas 64 personas habían ingresado hasta la tarde. La cifra revela una tensión conocida: la gente prefiere aguantar en casa hasta el último minuto —y esa costumbre, en estas latitudes, suele costar caro.

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¿Se apoyó a la población? Entre comunicados y brigadas, hubo presencia institucional. CONAGUA/SMN avisó de lluvias torrenciales para el Sur de la península, con vigilancia de presas y cuerpos de agua; Protección Civil Nacional pidió extremar precauciones; y el NHC mantuvo advertencias de oleaje peligroso hasta el viernes. La coordinación interinstitucional mejoró respecto de viejas emergencias: el canal de información es más claro, las gráficas de riesgo llegan al teléfono y las suspensiones preventivas ya no se discuten como lujo. Pero la entrada a refugios fue baja y hubo afectaciones en servicios de salud, como la suspensión de consulta en la clínica 6 del IMSS y el Hospital General de San José del Cabo por inundaciones, lo que desnuda frágiles puntos de la infraestructura.

¿Qué aprendimos de los otros nombres que nos marcaron? Odile, 2014: derribó 520 torres eléctricas y dejó sin luz al 95% de BCS, con miles de viviendas y escuelas dañadas; un cataclismo que obligó a repensar todo, desde cables hasta protocolos. Lidia, 2017: al menos seis personas muertas en Los Cabos y 4,200 desalojadas, prueba de que la trampa mortal sigue estando en arroyos y pasos a desnivel. La memoria de esas pérdidas —y de las reconstrucciones posteriores— no es una cita al pie; es el mapa de lo que sí y lo que nunca más.

¿Y ahora, con Lorena? Los datos duros importan: el jueves 4 de septiembre, el sistema se debilitó a tormenta tropical, con lluvias capaces de acumular hasta 150–250 mm en zonas de Baja California Sur y de generar inundaciones y deslaves, de acuerdo con partes del SMN y reportes internacionales. En Los Cabos se registraron cortes de luz, suspensión de transporte y afectaciones viales por arroyos. No hubo un impacto directo del ojo en Cabo San Lucas, pero las bandas nubosas hicieron el trabajo sucio: agua, viento, desazolve a martillazos.

En la calle, la crónica suelta sus propios números. “Nos dijeron que abrieron refugios, pero mi mamá no quiso salir; ‘ya pasó lo peor’, me dijo. Luego se fue la luz y empezó a meterse el agua”, me cuenta por teléfono Mariela, vecina de colonia Leonardo Gastélum, mientras organiza toallas en la puerta. Su testimonio conecta con la estadística de baja ocupación en albergues: el instinto de aguantar puede más que el aviso.

¿Nos toma siempre descuidados? No exactamente. Hay avances verificables: avisos tempranos, sesiones permanentes de los consejos, planes de refugio activados, suspensiones preventivas. Pero las brechas persisten: drenaje insuficiente en colonias de crecimiento acelerado, servicios de salud que se inundan, viviendas en cauces reactivados y la cultura del “no me va a pasar”. A eso súmele que el mes arrancó con sismos —en el país y en San José del Cabo, particularmente el 1 de septiembre— y entenderemos el estrés compuesto que enfrenta la población, cuando el suelo y el cielo se mueven en la misma semana.

¿Qué hacer ya, no mañana? Tres acciones concretas y realistas: 1.-Priorizar limpieza y desazolve de arroyos y pluviales antes del siguiente pulso de lluvia; es barato y salva vidas. 2.-Aumentar la ocupación de refugios con campañas puerta a puerta en zonas de riesgo, usando mapas locales de inundación y testimonios —“quien vive cerca del arroyo, no gana discusiones al agua”. 3.-Blindar infraestructura crítica (clínicas, plantas de bombeo, subestaciones) con bordos temporales y compuertas estancas mientras llegan inversiones mayores; ya aprendimos con Odile que sin luz ni agua la emergencia se vuelve espiral.

Porque Lorena pasará del parte meteorológico a la anécdota. Lo que no puede pasar es nuestra responsabilidad. Baja California Sur no elige la ruta de los huracanes, pero sí cómo se para cuando llegan. Si seguimos apostando a la suerte, la suerte nos seguirá cobrando intereses.

La resiliencia no es una palabra bonita: es una coreografía humilde entre aviso, decisión y cuidado colectivo. Que cada alerta se convierta en puerta abierta, cada arroyo en línea roja y cada vecino en brigadista. Porque aquí, donde el mar respira hondo, la esperanza se construye con botas de hule y manos juntas. En Los Cabos, la valentía no es aguantar el golpe: es movernos antes de que pegue.

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