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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó una minuta de reforma constitucional a diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, informó el Congreso sudcaliforniano.

El diputado Humberto Arce Cordero dio lectura al dictamen que presentó la Comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, en lo relativo al a la Iniciativa con Proyecto de Decreto del Congreso de la Unión.

Dicha minuta tiene el propósito de reformar amplia y profunda del Poder Judicial de la Federación, donde los ejes principales son: la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición; limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que solo se otorguen a los ganadores en los concursos; establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones  y ratificación de juzgadores; reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo; impulso a la capacitación y profesionalización del personal otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos; fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, de manera que los defensores se conviertan en verdaderos abogados de los pobres; apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos  más relevantes para el orden jurídico nacional; establecer Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales; la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; modificación al sistema de Jurisprudencia, para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país.

Se trata, de una reforma integral de largo alcance, que transformará de fondo al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras.

Cabe recordar que para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, por lo que, en acatamiento de esta disposición Constitucional, se remitió a esta XV Legislatura para someterla a consideración.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el crecimiento poblacional en la entidad, el diputado Humberto Arce Cordero (MORENA) propuso reformar el párrafo VIII del Artículo 122 de la Constitución del Estado de Baja California Sur, a fin de que el porcentaje del Plebiscito reglamentario para la creación de Municipios en el Estado, se reduzcan de las dos terceras partes a la mitad más uno, informó el Congreso de Baja California Sur.

En sesión de la Diputación Permanente del martes 09 de febrero, el diputado Arce Cordero expuso que la disposición vigente ha quedado rebasada de la realidad, ya que la participación ciudadana no ha rebasado el 60% en los últimos procesos electorales y mucho menos de manera unánime, mientras que la legislación mandata que el 66.6% de los ciudadanos participen en un plebiscito, por lo que proponen reformar la fracción octava del Artículo 122 de la Constitución Estatal, para que cuando menos la mitad más uno de los ciudadanos que participen en el plebiscito del territorio que se pretenda erigir en Municipio, manifiesten su conformidad.

Arce Cordero expuso que actualmente hay inquietudes en las ciudades de Cabo San Lucas y al norte en Mulegé, en donde la dispersión geográfica, acceso a servicios y pago de contribuciones mantiene una iniciativa ciudadana para buscar la creación de un nuevo municipio.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa, los diputados del bloque PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA en el Congreso del Estado, dan a conocer que por una unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió este miércoles 13 de enero de 2021, los recursos de queja 1/2020-CC, 2/2020-CC y 3/2020-CC, que se derivaron de los Incidentes de Suspensión de las Controversias Constitucionales 63/2020, 64/2020 y 84/2020, con lo cual se favorece a dicho bloque legislativo.

Dentro de lo más relevante, la Segunda Sala determinó procedente la queja 03/2020 interpuesta por el gobernador Carlos Mendoza Davis por violación a la suspensión decretada el 29 de mayo de 2020 por el Ministro Alberto Pérez Dayán en la Controversia Constitucional 84/2020, que ordenaba al Congreso del Estado retomar su legalidad y cumpliera con el desahogo de la sesión del 17 de marzo de 2020 por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidente de la Mesa Directiva, mandato que no fue acatado por los diputados de MORENA-PT, se lee en en el boletín de prensa.

En la resolución de este día, la segunda sala ordenó al Congreso del Estado dejar insubsistentes los actos que se llevaron a cabo desde el dictado de la primera suspensión de la controversia constitucional, quedando sin efectos jurídicos, prácticamente todo lo actuado en materia legislativa, desde el 17 de marzo de 2020 al mes de enero de 2021. Así también quedan insubsistentes los actos de autoridad interna y externa realizados por diputados de MORENA-PT sin competencia para realizarlos. Por lo que, la sesión del 17 de marzo de 2020, deberá ser convocada y desahogada por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés quien fungía en ese momento como Presidenta de la Mesa Directiva.

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Por otro lado, la Segunda Sala declaró improcedentes las quejas 1/2020 y 2/2020 iniciadas por los diputados y diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional y PT en contra del Poder Ejecutivo, en las que pedían que el Gobernador les publicara la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que además les depositara el presupuesto del Congreso del Estado en una cuenta bancaria que sería manejadas por ese grupo legislativo.

En principio, la SCJN les niega el control financiero del Congreso del Estado a los diputados de MORENA-PT, al declarar improcedente que el Gobernador deposite los recursos de Congreso en cuenta de Bancomer aperturada en el mes de abril de 2020, la cual pretendían manejar y ejercer a través de un director de finanzas y de un titular de comisión de cuenta y administración que no habían sido electos conforme a la ley. Se comprobó que diputados mintieron —señala textualmente el comunicado—, pues el Poder Ejecutivo nunca dejó de depositar los recursos al Poder Legislativo, como lo acreditó ante la SCJN.

La Segunda Sala también determinó infundada la pretensión  de que el Gobernador  publicará la llamada Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada por diputados de MORENA-PT y otros diputados suplentes que fueron llamados ilegalmente a sesionar.

Con esta determinación, se ratifica que la única ley vigente es la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur publicada mediante decreto número 786 de fecha 10 de diciembre de 1990; y que es legal el reconocimiento de las fracciones del PES y PAN y su acceso a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

También se ratifica que el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, siempre ha sido y sigue siendo el Presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, y que la integración de Comisiones que hizo MORENA-PT en el período que los diputados de oposición estuvieron suspendidos, es ilegal. El comunicado expresa como ilegal que el diputado Humberto Arce Cordero se siga ostentando como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sin fundamento en la ley, y utilizando las oficinas de dicho cuerpo colegiado.

Con el dictado de estas resoluciones, quedaron disueltas nuevamente, la actual Diputación Permanente y la Mesa Directiva que MORENA-PT había elegido para fungir en el periodo de marzo a julio de 2021.

Finalmente, los diputados del PAN-PES-PRI-PRD-HUMANISTA afirman que con estos resolutivos emitidos por el máximo tribunal de justicia en nuestro país, se acredita que la parálisis legislativa fue ocasionada por los diputados de MORENA-PT al violentar el marco constitucional y legal que regula el proceso legislativo, puesto que una mayoría numérica no puede estar por encima de  las leyes, concluye el boletín de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó para el sector salud en el Presupuesto de Egresos 2021 del Gobierno del Estado, 334 millones más que en el de 2020, para reforzar acciones para la población y servicios que se requiere la atención de la pandemia por el COVID-19, declaró el presidente de la Comisión de la Salud, la familia y la Asistencia Pública, diputado Humberto Arce Cordero, este 6 de enero en el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, informó el Congreso sudcaliforniano.

En el Presupuesto de Egresos 2021 del Gobierno del Estado se autorizaron mil 766 millones 602 mil 324 pesos a diferencia de los mil 442 millones 120 mil 225 pesos presupuestados para el sector salud en el 2020, informó el legislador quien destacó que la atención a la salud es un rubro prioritario para los representantes del Poder Legislativo, como se ha hecho con la Ley de Arbitraje Médico, la Ley de Atención Prehospitalaria, la Ley que crea la Universidad de la Salud para formar profesionales médicos en diferentes ramas.

El diputado Humberto Arce Cordero resaltó que en esta y otras acciones se han trabajado a favor de los profesionales del sector como la derechohabiencia y usuarios, quienes han demostrado su compromiso y vocación en el servicio.

Destacó que en la Ley de Mediación Conciliación y Arbitraje Médico se legisló para que los trabajadores del sector salud que enfrenten alguna demanda o responsabilidad médica, no se judicialice y se atienda en la Comisión.

En tanto que con la Ley de Atención Prehospitalaria que partió de una iniciativa ciudadana, se logró establecer el marco jurídico para mejores servicios de ambulancias y rescates médicos.

En el caso de la Universidad de la Salud subrayó que de ella emanarán médicos, enfermeros, dentistas, psicólogos, rescatistas  sudcalifornianos con conocimiento del entorno regional, de la situación social, cultural y geográfica, quienes transmitir también sus conocimientos como docentes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de establecer el procedimiento estatal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, de personas desaparecidas, los diputados Petra Juárez Maceda y Humberto Arce Cordero, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

En ese contexto, y en aras de no dejar en estado de indefensión ni desprotegidos económica y patrimonialmente a los familiares, las leyes generales mencionadas, dan nacimiento a la figura del Procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, cuya finalidad es reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y la personalidad jurídica de la persona víctima de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, mantener a salvo sus derechos civiles, familiares, laborales y patrimoniales, brindar certeza jurídica a las víctimas indirectas las cuales se enfrentan a situaciones económicas y familiares adversas al contar con la incertidumbre sobre el paradero o presunta muerte de la persona desaparecida, esto con base en la presunción bajo cualquier duda razonable, de que la persona cuyo paradero se desconoce, se encuentra con vida, señalando como obligación para las entidades federativas, hacer las adecuaciones normativas correspondientes para instaurar en sus respectivos marcos jurídicos dicha institución.

La propuesta dice que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la persona desaparecida, los familiares o personas legitimadas por Ley, una vez que ésta es emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Asimismo, implica reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desparecidas; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida; y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares.

El diputado Humberto Arce, fue quien tomo la tribuna para plantearle a sus homólogos esta iniciativa puntualizando que por tratarse de una problemática generalizada en todo el país, y sobre todo en nuestro estado, es necesario homologar las atribuciones y procedimientos que, a través de leyes de aplicación general han sido aprobadas para todo el territorio nacional.