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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de crear condiciones adecuadas para el pago de contribuciones de la población y de la necesidad de propiciar una recuperación económica ante los efectos de la pandemia del COVID-19 con nuevos esquemas, como el uso de plataformas digitales, fueron propuestas reformas y adiciones a las Leyes de Hacienda de los Municipios de la Entidad, con el propósito de regular las actividades con activos virtuales, intercambio digital y software especializado de internet, identidad digital, comercio electrónico, certificaciones, videoconferencias, monedas virtuales, entre otras, informó el Congreso de Baja California Sur.

La diputada Sandra Moreno Vázquez, Ramiro Ruiz Flores (Sin partido), Carlos Van Wormer Ruiz y Héctor Ortega Pillado (Morena) presentaron la iniciativa durante la sesión ordinaria de la diputación permanente del martes 14 de julio.

El voz del diputado manifestaron que derivado de la reciente pandemia del COVID-19, los ciudadanos experimentamos un cambio en el estilo de vida, y que Baja California Sur, cuenta con una gran oportunidad de ser el polo de desarrollo del país, incluso líder en el mundo en el tema de ciertas tecnologías, tales como la financiera, actividades con activos virtuales, comercio electrónico e identidad digital, siendo una alternativa para generar desarrollo, inversión y empleos bien pagados.

La iniciativa propone la creación de un impuesto municipal para las empresas de alta tecnología que se instalen en el territorio de Baja California Sur, y que se dediquen a realizar actividades con activos virtuales, siempre y cuando no se encuentren expresamente regulados por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier autoridad federal en materia financiera o de valores, lo cual fomentará el establecimiento de estas empresas en nuestro territorio y nos hará contar con mecanismos de recaudación dinámicos y de avanzada a nivel nacional.

Se reforma la numeración de la sección única del capítulo IV del título Segundo para pasar a ser sección primera; se adicionan una fracción VII al Artículo 25 y una sección segunda al Capítulo IV del título segundo denominada del Impuesto a las actividades con activos virtuales, intercambio digital y software especializado compuesta por los Artículos 70-A, 70-B, 70-C, 70- D, 70-E, 70-F, 70-G, 70-H, 70-I, 70-J y 70-K a La Ley de Hacienda de los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto, Comondú y Mulegé, para agregar a los impuestos municipales el impuesto a las actividades con activos virtuales, intercambio digital y software especializado.

El Artículo 70-A describe que “son objeto de este impuesto las actividades con activos virtuales, el intercambio digital, software especializado y cualquier tipo de transacciones que generen comisiones realizadas a través de servidores informáticos que se encuentren físicamente instalados en el municipio de La Paz y que no se encuentren expresamente reguladas por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o cualquier autoridad federal relacionada a temas bancarios o financieros”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El sector de personas con discapacidad demanda ciudades con accesibilidad, incluyendo edificios públicos y de la iniciativa privada, de transporte público con unidades y servicio dignos, así como avanzar en la erradicación de la discriminación a las personas con discapacidad, informó el Congreso del Estado.

En el marco de la inauguración del Primer Parlamento Inclusivo “voces derribando barreras”, los integrantes manifestaron sus inquietudes a los representantes de los Poderes del Estado, ayuntamientos y sistemas DIF.

Ante la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad encabezados por los diputados Anita Beltrán Peralta, Maricela Pineda y Héctor Ortega, los integrantes coincidieron en la desigualdad que aun padecen en los sectores laboral, educativo, servicios médicos entre otros.

Francisco Díaz Zúñiga determinó que el sector exige una ciudad con accesibilidad con edificios de gobierno con elevador, incluyendo el del Congreso del Estado, de empresas y señaló “reclamamos a diputados y autoridades que volteen a ver el sector, les exigimos que cumplan con lo que ya está estipulado, existe Ley de Accesibilidad; para ver a una diputada en el Congreso tengo que esperar a que baje un empleado de un diputado”, expuso.

Yazmin Bataz expuso que se ha avanzado en la inclusión de personas con discapacidad, pero muy lento, es hora de meter el acelerador es cuestión de voluntad política, las mujeres sufrimos doble o triple discriminación y necesitamos seguridad, accesibilidad laboral, derechos reproductivos.

Sol Gutiérrez, dijo que es urgente un cambio en las unidades y servicio de transporte ya que son obsoletos y en la atención sufren de rechazo y discriminación, así como que las mujeres con discapacidad también requieren de seguridad.

En tanto que los representantes de las instituciones coincidieron en la suma de esfuerzos para avanzar en la accesibilidad, en cambios en la infraestructura pública y privada en el estado.

Más tarde se llevaron a cabo las mesas de trabajo en donde se desarrollaron las propuestas que se presentarán este martes 03 de diciembre en la instalación del parlamento que llevará a cabo a las 10:00 horas en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Fueron aprobadas reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, se hizo una adición al Artículo 47 para eliminar contradicciones en el derecho del trabajador para acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuando por motivo de 3 faltas diferidas en un lapso de 30 días haya sido despedido, dándole la oportunidad de defenderse ante la instancia, informó el Congreso del Estado.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, diputado Héctor Ortega Pillado, explicó que la ley solo le otorgaba ese derecho a los trabajadores que fueron despedidos por causa de 3 faltas consecutivas injustificadas, lo cual representaba una contradicción en la misma legislación, y con esta propuesta de adición se da el mismo derecho a los trabajadores que en similar circunstancia hayan registrado inasistencia laboral y por ello hayan sido rescindidos de su función.

Con esta reforma en la fracción I y el inciso b) de la fracción V de dicho Artículo, así como la adición del Artículo 47 BIS, es como se garantizará que sea omitido el derecho a proceder ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para mayor atención de su caso. Se pretende dar mayor estabilidad laboral a los empleados del estado y respetar su ejercicio laboral, agregó.

Ortega Pillado, recordó que dichas reformas fueron propuestas en junio del presente año por él y sus compañeros de fracción Carlos José Van Wormer Ruiz y Ramiro Ruiz Flores, debido a que había notables contradicciones entre lo dispuesto en dos fracciones del mismo Artículo, lo que provocaba conflictos jurídicos de interpretación y aplicación de la ley en perjuicio de los trabajadores.

Otra situación que se incluyó en el dictamen fue la de los empleados con más de 20 años de servicio, ya que por su antigüedad merecen reconocimiento, por ello se establece que podrán ser despedidos únicamente cuando cometan faltas particularmente graves o que imposibiliten su función.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Héctor Ortega Pillado, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales en el Congreso del Estado de Baja California Sur anunció que a partir de esta semana queda estrictamente prohibido el uso de Unidades de Medida de Actualización (UMA´s o UDIS) como unidad de cálculo para el pago de cualquier remuneración o prestación que reciban los empleados, pues ya fue publicado el decreto 2650 en el Boletín oficial del Gobierno del Estado en su edición del lunes 11 de noviembre pasado, informó el Congreso del Estado.

El iniciador de la propuesta de adición al Artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios junto con sus compañeros de la fracción Juntos Haremos Historia, Sandra Moreno Vázquez, Carlos Van Wormer y Ramiro Ruiz, informó que los derechos y el bienestar de los trabajadores, tienen mayores garantías con esta adición a la que deberán sujetarse las instituciones de los poderes públicos como parte patronal.

Cabe recordar que el dictamen fue sometido a votación en el mes de septiembre pasado y la publicación del Boletín Oficial contiene la adición que dice textual “Se prohíbe para el pago de cualquier remuneración o prestación a que tengan derecho los trabajadores, utilizar como unidad de cálculo, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la Unidad de Inversión (UDIS) o cualquier otra forma distinta a las previstas en la presente Ley.”

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad difunden la convocatoria del Primer Parlamento Inclusivo Sudcaliforniano 2019 “Voces Derribando Barreras”, informó el Congreso del Estado.

El secretario de la comisión, diputado Héctor Ortega Pillado, recorrió diversas instituciones en San José del Cabo, en el Centro de Atención Múltiple “Margarita Gómez”, sostuvo una reunión con maestros de educación especial a quien presentó la convocatoria y a su vez estos le hicieron varios planteamientos.

El legislador dijo que los planteamientos fueron referentes a las necesidades para la atención de los alumnos con discapacidad, los cuales dijo, los llevaremos a la mesa del Congreso del Estado para aportar en el funcionamiento del plantel.

Por su parte la presidenta de la comisión, diputada Anita Beltrán Peralta pidió a la ciudadanía y medios de comunicación su colaboración para que ayuden en la difusión de la convocatoria del parlamento, la cual se encuentra publicada en la página web del congreso o en este link y recordó que los trabajos se estarán recibiendo hasta el lunes 18 de noviembre.

La legisladora recordó que esta es la primera vez que se realiza este parlamento en el que se les dará la voz y espacio en la máxima tribuna del estado a las personas con discapacidad, desde niños y niñas a partir de los 10 años y hasta personas adultas mayores.