Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Poco les duró el gusto. El pasado viernes 27 de enero, la oficina de comunicación social del Tribunal de Justicia de Baja California Sur difundió un boletín de prensa, mediante el cual informa que magistrados judiciales y diputados llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, para adecuar el haber de retiro a una compensación económica consistente en dos años de remuneración mensual, en lugar de la pensión vitalicia aprobada en diciembre pasado, y que entró en vigor el 2 de los corrientes.

Motivados por las severas críticas y el reproche social generalizado, tanto magistrados judiciales como diputados entendieron que la situación económica actual no permite que se otorguen esas canonjías a quienes ejercieron el encargo de magistrados judiciales.

En una entidad donde no se privilegia la carrera judicial, donde para ser magistrado sólo se requiere la divina bendición del gobernador en turno; es injusto y oneroso premiar con pródiga  manutención vitalicia a quienes para ello sólo tuvieron como mérito ser los consentidos del sistema.

Cosa distinta sería si para el cargo de Magistrado, se exigiera carrera judicial, y examen de evaluación, certificaciones y posgrados. Pero eso no va a ocurrir, no en Baja California Sur, no en un futuro cercano. No mientras el aparato de justicia siga diseñado para funcionar bajo encomienda y en beneficio de los intereses específicos del grupo político en el poder.

Ya llegarán los candidatos ciudadanos al encargo público, y entonces sí podremos aspirar a un sistema de justicia independiente, profesional, honesto y eficiente. Mientras tanto, seguiremos bregando en el empeño por frenar los abusos de los empoderados.

El acuerdo que anuncia el Tribunal, sólo tendrá validez cuando los diputados modifiquen la disposición legal en cita, y realicen la publicación respectiva en la gaceta oficial del Estado. Hasta entonces será una realidad legal. En tanto ello no ocurra, sólo es una promesa.

No basta que los magistrados judiciales anuncien esta iniciativa, es necesario, que todos y cada uno de ellos, por escrito y de cara a la ciudadanía, suscriban una declaratoria mediante la cual renuncian a cualquier “derecho” a una pensión vitalicia que pudieran reclamar más tarde, alegando que la ley hoy vigente les otorga ese beneficio, y que la revocación legal de ese beneficio, no les puede ser aplicada en forma retroactiva. Digo, no es desconfianza, pero ya saben cómo se las gastan algunos ex magistrados, que aprovechando las pifias legislativas para llenarse los bolsillos, logran por la vía del amparo, pensiones fabulosas, o perpetuarse en el encargo. Actualmente tenemos un magistrado que no fue ratificado, pero ante la complacencia generada por la ignorancia y negligencia de nuestros diputados, sigue disfrutando de las mieles del encargo, e incluso, tuvo el descaro de intentar declararse “magistrado vitalicio”, mediante la interposición de un amparo. Para fortuna de Baja California Sur, el Juez de Distrito desechó de plano su demanda, y en breve y a pesar de sus empeños, tendrá que colgar la toga.

Sabemos entonces que los magistrados judiciales acordaron con los diputados modificar la ley, pero no sabemos si cuando concluya su periodo, van a pelear la pensión vitalicia, aprovechando el espacio de vigencia legal que actualmente tiene el artículo que les otorga ese beneficio. Así que insistiremos: Que por escrito renuncien a ese beneficio,  para que les podamos creer, porque si no, al rato los veremos demandando en un juicio de amparo que puede prolongarse, y repetirse el costoso desaguisado que hoy obliga al Tribunal de Justicia a pagar millonaria indemnización a un magistrado que gozaba del cargo vitalicio.

Y ya que nuestros diputados van a entrar a reformar la ley reglamentaria del Tribunal, pues podrían seguir en el empeño y de paso modificar el esquema de estructuración del llamado consejo de la judicatura, y convertirlo en un verdadero órgano de control, en lugar del apéndice operativo dependiente del pleno, como aparece en la ley que aprobaron sin leer, comentar ni analizar, al término del periodo legislativo que concluyó el mes pasado.

Y de paso, también aprovechando la coyuntura, pues deberían desaparecer de la ley en cita, la secrecía en las reuniones del pleno, y en la selección del presidente del tribunal. Estamos en el siglo de la transparencia, y las reformas al sistema de justicia mexicano tienden abiertamente a un ejercicio judicial que se realice de cara al gobernado. Esas sesiones y procedimientos “secretos” deben desaparecer por completo, para que realmente creamos en una administración de justicia sin entuertos ni componendas en lo oscurito.

Finalmente, y para no tener que pasar por estos periodos de reproche social generadores de reformas correctivas a leyes elaboradas amañadamente y aprobadas sin consenso social, sería una excelente medida imponer un candado legislativo para que toda reforma legal requiera de una publicación previa a su discusión y eventual aprobación, de por lo menos treinta días naturales, así la ciudadanía interesada en la materia sobre la cual verse el proyecto de reforma, pueda opinar y en su caso participar con propuestas de adecuación y ajustes al proyecto. Después de todo de eso se trata la democracia, de representar con consenso.

Al “Gasolinazo” nacional, y que impacta irremediablemente en la media península, ahora se suma otro tema candente más: el “Magistradazo”. Fotos: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El jueves 15 de diciembre del 2016, en la última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado, se leyó y se aprobó la reforma que a partir del 1 de enero de 2017 otorga a los magistrados judiciales en Baja California Sur, una pensión vitalicia, tergiversando para ello el significado del mandato constitucional que les brinda un haber de retiro.

Enorme desencanto social ha generado este ejercicio abusivo del poder, orquestado por los magistrados judiciales integrantes del pleno del TSJEBCS, quienes elaboraron el proyecto de reforma para tal efecto, con el contubernio y complacencia de los diputados locales, que el mismo día que se presentó la iniciativa, la leyeron y aprobaron, sin análisis ni estudio; sin someterla al consenso ciudadano.

Es importante recalcar que ese día el interés legislativo estaba centrado en aprobar el presupuesto de egresos 2017, así que en la maratónica sesión pasó desapercibida la importancia y trascendencia de la reforma legal mediante la cual se implementó el costoso apéndice burocrático administrativo, que aparenta ser un Consejo de la Judicatura —tema de análisis por separado—, y el otorgamiento de la renta vitalicia a los magistrados judiciales.

Es una enorme irresponsabilidad de nuestros legisladores, aprobar al vapor una reforma legal. Resulta una queja recurrente en el actuar de nuestros diputados, pero como nadie les reprime, nadie les sanciona, nadie les cuestiona, pues hacen y deshacen a su antojo en el ejercicio legislativo.

La práctica viciosa, corrupta, nefasta y costosa, consistente en aprobar reformas legales al vapor y sin consenso social, podría evitarse con un candado legal, que obligara a los diputados a publicitar con al menos 30 días de anticipación todos los proyectos de reforma legal que habrán de ser sometidos a su aprobación. De esta manera, se cubriría al menos elementalmente la obligación que tienen los diputados de legislar de cara a la sociedad, se daría en este ejercicio de transparencia una oportunidad al sector de la sociedad civil particularmente interesado en el tema, de externar su parecer y precisar su postura respecto de cada proyecto de iniciativa de ley.

Pero como este candado legislativo que sugerimos tiene que ser elaborado e implementado por los propios diputados, dudo mucho que lo hagan, pues ello les restaría el enorme coto de poder que hoy disfrutan, manipulando la secrecía que favorece el entreteje y el arreglo político “en lo oscurito”, durante el proceso de reforma y creación de las normas legales vigentes en el Estado.

Algunos diputados, entre ellos, el actual presidente de la actual Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, hablan de revisar esa disposición, que da a los magistrados judiciales un beneficio excesivo, abusivo, incongruente y lesivo, pero “revisar” no basta. Es necesario derogar o reformar esa disposición legal.

Que el haber de retiro previsto en la Constitución, no se convierta en una onerosa y excesiva retribución. Es excesiva e injusta. Vivimos tiempos de crisis y carencias económicas, tenemos boquetes oscuros en las arcas públicas que aprovechando la opacidad en su manejo, permiten el desvío de grandes cantidades de dinero, y si a ello sumamos el otorgamiento de este inusitado privilegio, resulta un abuso, una arbitrariedad castigar aún más las partidas públicas, con el otorgamiento de estos privilegios vitalicios, para funcionarios públicos que no gozan precisamente de buena fama y aceptación entre los gobernados, pues las expresiones sociales son claras y coincidentes, respecto a su deficiente desempeño.

Escudados en el sempiterno pretexto de la “excesiva carga de trabajo”, los magistrados judiciales tienen un bajo rendimiento laboral. Los enjuiciados deben esperar eternidades, para ver resueltos sus expedientes, y si no se goza del favor oficial vía recomendaciones, influencias o en ocasiones dádivas, lo más probable es que el expediente que interesa al ciudadano medio, duerma eternidades el sueño de los justos, antes de ser finalmente resuelto.

Dicen los magistrados, por boca de su presidente, que merecen esa pensión vitalicia porque “la tienen en otros Estados”. En esos otros estados, no existe ni el rezago ni la ineficacia de la que aquí adolecemos en nuestro Tribunal.

“Que en otros Estados ganan más”… En otros Estados trabajan más. Así de simple la explicación. No puedes comparar la carga de trabajo de BCS con la de Chihuahua, Sonora, Puebla o CDMX.

“Que corren riesgos porque manejan asuntos de delincuencia organizada”… El argumento es falaz. Los asuntos relacionados con delincuencia organizada, son competencia exclusiva de los juzgados Federales (Artículo 73 fracc. XXI Inciso B de la Constitución Mexicana).

“Que es recomendación de la ONU”… La ONU tiene un listado INTERMINABLE de recomendaciones al Estado Mexicano, en temas relacionados con justicia, derechos humanos y legalidad, pero ellos, interpretando el texto a su conveniencia, sólo vieron la posibilidad de “justificar” su ambiciosa pretensión de vitalicia manutención.  Creo que antes de mantener de por vida a estos burócratas privilegiados, habría que atender otras recomendaciones de la ONU, emitidas con relación a las desapariciones forzadas, la discriminación racial,  la tortura, la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, las detenciones arbitrarias, la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, los derechos humanos de los migrantes, sobre el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, sobre los desplazados internos, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre el derecho a la educación la libertad de expresión y el derecho a la alimentación, sobre un salario mínimo digno y retributivo.

Creo que hasta que atendamos debidamente todas las recomendaciones de la ONU enlistadas, podríamos empezar a considerar la posibilidad de otorgarles la manutención de por vida que amañadamente se atribuyeron.

La ONU también recomienda que los magistrados no tengan ingresos extra, y todos los magistrados tienen fuentes de ingresos alternas: cobran por dar clases, tienen notarías, ranchos y otras fuentes de dividendos. En el último de los casos, con el salario que tienen —y que nadie sabe a cuánto asciende realmente porque esa información la ocultan a piedra y lodo—, bien pueden adquirir y administrar un adecuado plan de retiro, aparte de la pensión que cobrarán como beneficiarios de las prestaciones que todos los jubilados reciben tras 30 años o menos en el servicio público.

Lo correcto sería que el Congreso del Estado derogue el articulado que otorga la pensión vitalicia a los magistrados, y en su lugar les confiera un haber de retiro que no sea superior al equivalente a dos años de salario. Cualquiera otra opción resulta excesiva, lesiva, ofensiva e injusta.