Presencia militar en BCS. FOTO: Luis Roldán.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace unos días visité por primera vez el Estado de Hidalgo, a raíz de que fui invitado a dar una ponencia en el evento llamado Un México más fuerte, pilares de Paz Positiva, con la intención de platicar sobre la labor que realizamos en La Paz junto a las camaradas de Es Posible BCS. Para “no hacerles el cuento largo”, me preparé para enseñar a los asistentes algunas herramientas sobre cambio sistémico y trabajo de base, pero el que se fue con un gran aprendizaje fui yo.

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Uno de los ponentes, Carlos Juárez, presentó El Reporte de Paz Positiva 2018. No fue sorprendente ver a Baja California Sur estar en lo últimos lugares, pero sí resulta impresionante el modelo estadístico, económico y político con el que proyectan los resultados situacionales de México y del mundo. Según el Institute for Economics & Peace, el Índice de Paz Positiva se ha deteriorado desde el 2013 a la fecha en cuatro de sus ocho pilares: libre flujo de información, buena relación con los vecinos, buen funcionamiento del gobierno y se han elevado los niveles de corrupción.

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Nada de esta realidad en detrimento escapa de lo que vivimos en La Paz, pues seguro si pudiésemos medir a microescala lo que padecemos en nuestra ciudad encontraríamos cifras similares. A nivel mundial, México está en el lugar 140 de 168 en la evaluación más reciente del Índice de Paz Global. Esto me hizo pensar que para poder superar la complejidad de violencia generalizada que padecemos en el Estado, y aspirar a ganar la paz social, es importante quitarnos un velo de la cara que nos ha impuesto nuestro gobierno representativo:

Sí es posible que la paz se pueda ganar sin guerra. Es bastante obvio, pues, para que ésta surja simplemente se debe dejar de combatir. Y, ¿quiénes hacen la guerra?, ¿los “malos”? ¿el narco?, ¿los “malandros”? ¿los “rateros”? La guerra también causa e incrementa la corrupción en los burócratas, el nepotismo de algunos funcionarios que ponen en nómina a su familia y dejan sin empleo ni oportunidades a los mejores perfiles, la impunidad al no impartirse justicia a quienes sufrimos de un robo, asalto o el asesinato de algún familiar. También aumenta la violencia, la coerción y el uso desmedido e injustificado de la fuerza ante ciertos grupos de personas, sobre todo cuando amenazan con acabar con la corrupción, exigen justicia o buscan que culmine el mal funcionamiento del gobierno. Entre ellos están los periodistas, activistas, maestros, locutores, investigadores, defensores de derechos civiles y un largo etcétera que bien podríamos catalogarlo en una sola figura: la ciudadanía.

No podemos comenzar a hablar de paz positiva, o de la construcción de una república pacífica si no discutimos la razón por la que queremos tener esa “paz”, que no es otro motivo que superar “la guerra”; de otra forma, si no mencionamos la palabra “guerra” estamos llamando al problema con la solución, y esto último es lo que ha hecho el Gobierno Mexicano, incluyendo el actual, desde hace 12 años. ¿Estás confundido? Pues bien, trataré de ser más asertivo.

Las raíces profundas

En México el crimen organizado ha tomado casi una tercera parte del país; pensamos que la producción y venta de droga es su principal ingreso, sin embargo, es una retórica errada. Por ejemplo, el 45% de la pesca nacional es ilegal y está acaparada en su mayoría por el crimen organizado, ¿sabes cuantos millones de dólares le deja de ingresos? La tala ilegal es otra fuente cuantiosa de ganancias, así como el robo de combustible (huachicoleo) y el despojo de territorio —esto ocurre cuando amenazan o matan a campesinos para arrebatarles sus tierras. Asimismo, tendríamos que hablar de las empresas, industrias y desarrollos inmobiliarios que utilizan para lavar dinero, especular y generar ingresos billonarios. A todo esto es imposible no sumarle la “compra” de Cabildos, Ayuntamientos, Congresos locales o Secretarías de Seguridad Pública, o sea, la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado.

Entonces, ¿cómo podrían los militares en las calles “ganar” la paz? Vivimos una constante “doctrina del shock”. Esto significa que el Gobierno Mexicano ha permitido calamidades y desastres, como los más de 100 mil desaparecidos o más de 100 mil asesinados, provocando que ante la conmoción y la confusión se lleven a cabo reformas impopulares, como lo es seguir militarizando al país, lo cual no hace otra cosa más que empeorar la situación —ya hablamos con cifras y datos duros en columnas anteriores. La militarización se ha reforzado en nuestro Estado, mostrando la falta de visión, conocimiento y capacidad de nuestros representantes tanto federales como estatales, para hacer frente a una problemática muchísimo más compleja que “destruir” o “detener”, pues esto los implica a ellos también. Who Watches the Watchmen, ¿quién vigila a los que nos vigilan?

Bueno, bueno, muchos problemas y muchas realidades, pero, ¿y qué sugiero. Primeramente, debemos definir “paz”. ¿Qué entendemos por esa palabrota? En la definición más básica, se refiere a una forma de ser y a un estado de apertura y de no violencia; un concepto asociado a la justicia, la seguridad, la libertad y la bondad. En pocas palabras, se trata de un estado mental y social que abarca una amplia gama de acciones, actitudes y comportamientos. O sea, que ésta no le corresponde única y exclusivamente a las instituciones, sino a sus ciudadanos por igual. Si la paz nos compete también a la sociedad, pero, ¿que está haciendo el Estado para garantizar que estemos involucrados en este anhelo de vivir en la no violencia? la respuesta es: nada.

Para #GanarLaPaz no es suficiente con el cese al fuego o “el fin de la guerra”, como la ausencia de algo malo; requerimos en todo caso la presencia de muchísimas características sociales básicas para lograr lo mencionado anteriormente: justicia, libertad, bondad, seguridad. Asimismo, se requieren resultados económicos, bienestar social, equidad de género, equilibrio ecológico y desarrollo emocional en nivel personal y colectivo; así como una divergencia, empatía y, sobre todo, solidaridad.

El marco del Índice de Paz Positiva se basa en ocho factores que están presentes en sociedades pacíficas y que han denominado Pilares de Paz Positiva. Comparto estos pilares con algunas modificaciones claves de mi parte:

• Buen funcionamiento del gobierno
• Distribución equitativa de los recursos
• Libre flujo de información
• Entorno laboral sólido
• Alto nivel de capital humano
• Garantización y aceptación de los derechos de los demás
• Bajos niveles de corrupción
• Buenas relaciones entre vecinos

Los frutos posibles

Sin embargo, ¿cómo crear la paz positiva y garantizar los ocho pilares que Institute for Economics & Peace plantea? Va mi reflexión:

1.- Alfabetización y educación básica. Coincido con que “un pueblo educado, jamás será engañado”, no obstante, ¿qué tipo de educación nos están dando desde nivel básico hasta superior? La de un autómata. Se habla de emprender y competir, pero vivimos en un mundo de sociedades; sería más favorable sin nos enseñaran a trabajar en comunidad si lo que se busca es “emprender”. También es necesario desarrollar un pensamiento crítico y una educación basada en las inteligencias múltiples (cinestésica, intrapersonal, naturalista), no sólo fomentar la inteligencia lógico-matemática. Considero que para sacar a nuestro sistema educativo del bajo nivel en el que se encuentra, urge una verdadera reforma educativa y no la pifia de tintes laborales-administrativos que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso. Muchos piensan que es imposible “tropicalizar” un sistema educativo como el de Finlandia en México, yo viví allá y considero que esto es un mito, pues todos los días observó reminiscencias o intentos de réplica en nuestro país de lo que en Finlandia es un éxito, incluso tenemos instituciones sistematizadas de formación laboral y desarrollo de habilidades como los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) que uniéndolos al sistema educativo actual podrían darle un giro de 180 grados a la educación. Quizá hable de esto en otra columna.

2.- Prevención y tratamiento de enfermedades. Un elevado porcentaje de enfermedades tienen relación con nuestra pésima alimentación en México; esto se debe a que o comemos en exceso, no comemos los alimentos esenciales, o nuestra nutrición es deficiente, lo cual se relaciona con un sistema inmunológico débil y el incremento alarmante de enfermedades degenerativas prevenibles, pero, ¿qué relación tiene esto con la violencia? Ya hable anteriormente de la relación violencia-paz que nos compete como sociedad, y una comunidad que reduce sus índices de enfermedades crónico-degenerativas —provocadas por la pésima alimentación— reduce el colapso hospitalario, que a su vez disminuye los costos en salud, minimiza frustraciones, y, por supuesto, la forma en la que comemos influye en nuestro pensamiento, además, un cuerpo sin enfermedades tiene mayor fortaleza para superar el sedentarismo y las consecuencias que le rodean.

No obstante, del otro lado están las enfermedades ocasionadas por la pobreza extrema y la falta de atención planificada a las zonas rurales y comunidades vulnerables; así como la marginación que genera el no tener acceso a un sistema de salud universal en el que exista una transparente y correcta distribución del recurso. Porque sí, hay que reconocer que en el sistema de salud también hay corrupción, nepotismo, despotismo, latrogenias, mal praxis, desvío de dinero, desaparición de recursos y una opacidad de niveles dictatoriales.

3.- Desarrollo económico integral de la comunidad. He escuchado recientemente sobre el “emprendedurismo” como nueva forma de desarrollo económico, y esta nueva forma de romantizar la ausencia del trabajo institucional así como de una adecuada redistribución de la riqueza.  No digo que esta mal emprender, me refiero a que quienes “emprendemos” luchamos en desigualdad de condiciones; pagamos impuestos como los demás pero no vemos reflejado esos impuestos en una mejora sustancial de nuestro entorno. Por ejemplo, tengo una conocida que es dueña de un afamado restaurante local, ella paga casi $80,000 de impuestos, y no tendría ningún problema o queja en hacerlo si viera reflejado su diezmo al Gobierno en una calle bien iluminada, unas banquetas en perfecto estado, pavimento sin “cráteres”, o la posibilidad de que sus clientes pudiesen llegar en un transporte público eficiente y digno. Una realidad distante.

Además del viacrucis que significa darse de alta en hacienda como microempresa, lo cual muchas veces obliga a la informalidad. Condonaciones millonarias a transnacionales, flexibilidad burocrática a grandes industrias, pero una rigidez ridícula y una carencia de incentivos para el futuro empresario joven o microempresario. No hay una política pública hacendaria para un desarrollo económico integral de la comunidad. ¿Quieren reducir la violencia generando oportunidades de empleo? Aquí hay un nicho olvidado y que responsabiliza del fracaso laboral al “emprendedor” y no a la falta de oportunidades que el Estado debería generar.

4.- Paz y prevención/resolución de conflictos. Lo he repetido una decena de veces, la formación de fuerzas policiales locales es clave para acabar con la impunidad y reducir la violencia generalizada. En Morelia, la Alcaldía anterior logró darle la vuelta a los niveles de desconfianza que la población tenía sobre su policía local al poner en áreas directivas y estratégicas a funcionarios con antecedentes académicos elevados (psicólogos con posgrados, abogados, politólogos, etcétera). Para reducir la corrupción institucional generaron incentivos académicos para los cuerpos policiales, esto mejoró la atención e investigación de robos, asaltos, extorsiones, aumentando las resoluciones en los conflictos y por ende elevando el nivel de confianza y de denuncias, lo que redujo la impunidad en la localidad y el nivel de violencia.

Ahora hay un punto clave en todo esto, la sociedad como actante para la impartición de justicia, y no me refiero a vigilantes, autodefensas o resolver las cosas a puño limpio, si no en el énfasis que tenemos que hacer en la cultura ciudadana. En hacer tabú el manejar ebrio o ha exceso de velocidad, el tirar basura en la playa, y no en estar tatuado o ser homosexual, en denunciar e interceder en actos de corrupción o de violencia social. La cultura ciudadana involucra nuestro comportamiento como individuos, individuos que comprenden son parte de una colectividad y lo que les perjudique a uno nos termina salpicando directa o indirectamente a los demás.

Quisiera hablar de la justicia restaurativa y las formas de diálogo que se pueden dar en las colonias con el típico ladrón del barrio, con el “chukero” de la cuadra, la reparación del daño pero la integración del mismo en la comunidad. El sanar el rechazo social pero también el allanamiento de morada, los insultos, la invasión acústica, etcétera,

5.- No por último pero si por el momento, el pensar en un verdadero Centro de Readaptación Social. Nuestros CERESOS están deshumanizados, la privación de la libertad por violarla es aceptable pero no la privación de lo que representa “ser, humano”. ¿como lo hacen en Escandinavia? espacios de diálogo para la formación de valores, para la construcción de una moral individual, para la aceptación del daño, el reconocimiento del dolor infligido y el que hace actuar para infligir a otros, el reconocimiento de un ser violento, la detección de los puntos de quiebre que lo transforman en eso, y las estrategias para mitigarlo, así como el desarrollo de un pensamiento crítico y proactivo.

Para Ganar La Paz coincido, se necesitan abrazos, no balazos, pero no en discurso ni como slogan engañoso.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ha sido aprobada la creación de la Guardia Nacional, sólo es cuestión de trámite administrativo al seno del legislativo, para que se publique el decreto que le dé vida legal a este cuerpo de seguridad pública, que anuncian será de mando civil, pero con “ADN” castrense. Entre los inconvenientes que académicos, defensores de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil señalan, se encuentra la formación previa de quienes integrarán la corporación, pues todos ellos fueron entrenados para la beligerancia, la contienda, el combate y exterminio del enemigo. Eso es lo que hace un ejército, eso es lo que hace la milicia.

Este antecedente se estima como una amenaza a los derechos humanos, y el temor encuentra sustento en las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) —casi todas ignoradas por los institutos armados— relativas a hechos documentados, en los que resaltan las detenciones ilegales e injustificadas; ejercicios abusivos en los que se acredita que elementos castrenses actuaron al margen de la ley, reteniendo a las víctimas y perpetrando actos de tortura, y en general, violentando el derecho a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de las víctimas, al trato digno y a una vida libre de violencia, tanto en perjuicio de civiles sujetos a investigación, como de particulares ajenos a los eventos generadores de dichos actos de investigación.

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Brindar seguridad pública es obligación del Estado, y para ello están constituidas las fuerzas policíacas, de los tres órdenes de gobierno. Las corporaciones de policía deben responder al fenómeno delictivo y a la incidencia de la criminalidad, mediante programas de prevención, disuasión, contención y combate al delito. En México estas tareas han fracasado, principalmente porque el crimen organizado y el poder público se encuentran vinculados, y, específicamente hablando de las corporaciones policíacas, esas son tres las grandes carencias: capacitación, profesionalización y equipamiento.

Para establecer una política eficaz de seguridad pública, habrá que construir los mecanismos de control en el ejercicio del poder, tendiente a erradicar la injerencia del crimen organizado en las actividades propias del servicio público, y dotar a las corporaciones de capacitación, profesionalización y equipamiento.

No se puede sustituir a un policía con un soldado. Son dos entes operativos distintos y en algunos aspectos, antagónicos. Un buen soldado, nunca será un buen policía, y viceversa. El soldado está formado para obedecer, acatar y combatir, sin cuestionar ni objetar. No toma decisiones; está diseñado para enfrentar al enemigo. En cambio, el policía debe ser analítico, inquisitivo, cuestionador. El soldado está entrenado para usar fuerza letal. El policía debe utilizar la fuerza en un marco severamente contenido, bajo un criterio de racionalidad que le impone en cada caso en particular una toma de decisión crítica, y siempre bajo un estricto respeto a los derechos humanos.

Si lo que se necesita entonces es capacitación, profesionalización y equipamiento, bajo estrictos estándares de supervisión, es preferible convocar a civiles con vocación, que tratar de convertir a soldados en policías. No necesitamos soldados convertidos en policías; necesitamos policías profesionales, disciplinados, capacitados y bien equipados.

Se establece en los transitorios de la ley que la constituye, que la Guardia Nacional tendrá un estado de fuerza militar temporal, de sólo cinco años, y que paulatinamente se irá conformando con civiles. Esperemos que ello no sea otra fallida promesa de campaña. No obstante, independientemente de la conformación estructural integrada por civiles o militares, el segundo problema que representa la implementación de la Guardia Nacional, es el uso de la fuerza.

Hemos apuntado que los militares están entrenados para usar fuerza letal. En los regímenes democráticos el uso de la fuerza está reservado exclusivamente para el Estado; nos está prohibido a los particulares hacer uso de la misma. El Estado dota legalmente a las corporaciones policíacas de facultades para usar la fuerza, atendiendo a la investidura de autoridad que conlleva su función, y para garantizar su integridad y la de los ciudadanos, en una situación de riesgo o de confrontación con un agente criminal.

El uso legítimo de la fuerza, en el caso de los agentes de seguridad pública, está sujeto a parámetros internacionales, derivados del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, emitido el 17 de diciembre de 1979 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 34/169, que limita el uso de la fuerza, como recurso excepcional, únicamente cuando sea necesario, en la medida en que sea razonablemente admisible, según las circunstancias, de forma preventiva para contener o repeler una amenaza real que ponga en peligro la integridad de terceros o la propia, siempre bajo un estricto marco de proporcionalidad.

Los principios que rigen entonces el uso de la fuerza son la excepcionalidad, la necesidad, la racionalidad y proporcionalidad. El problema es que no contamos con protocolos de uso de la fuerza que aterricen estos principios, de manera funcional y objetiva. Es necesario entonces, acelerar los procesos de implementación en materia de reglamentación para unificar los criterios de uso de la fuerza para todas las corporaciones de policía, y en particular, para los operativos de la Guardia Nacional; así mismo, capacitar de manera constante y efectiva a todos los elementos de las fuerzas policiales, para que ajusten el uso de la fuerza a estos principios.

De manera paralela y consecuente, habrá de mejorar los controles de supervisión, con transparencia y publicidad, preferentemente con la colaboración de órganos externos de la sociedad civil, en ejercicios de participación ciudadana. El mecanismo más eficaz de evaluación de la función policial, es el de la compilación de memoria audio videográfica de los actos de autoridad.

Tres tareas resultan impostergables, si queremos abatir el problema de la inseguridad pública:

1. Selección, capacitación, evaluación, profesionalización y equipamiento adecuado, de los elementos que se integren a los cuerpos policiales, en particular, a la Guardia Nacional.

2. Implementar protocolos de actuación estandarizados, relativos al uso de la fuerza.

3. Uso obligatorio de videocámaras en todos los operativos que realicen los elementos de la Guardia Nacional, a efecto de que quede constancia documental audio videográfica de su actuación.

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). ¿Algunas vez has visto el documental Hasta los dientes? El 19 de marzo del 2010 el Gobierno mexicano presidido por Felipe Calderón, anunció la muerte de dos sicarios armados “hasta los dientes,” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se reveló que en realidad se trataba de dos estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey. Estos jóvenes fueron golpeados, torturados, coersionados y asesinados por militares, uno de los estudiantes era sudcaliforniano.

Puedes imaginar, bajo estas circunstancias, ¿cuántas veces ha pasado la misma historia?, ¿cuántas veces el Ejército actuó contra civiles e intentó ocultar los hechos?, ¿en cuántas ocasiones la justicia mexicana abusó de su autoridad e inculpó a inocentes?, ¿en cuántos casos los militares han hecho uso excesivo de la fuerza, y por cubrir sus huellas, alteran los hechos?,¿cuál es la deuda del Ejército por violar la ley y los derechos civiles? Tlatelolco 1968. Presunto culpable, 2011, Tlataya.

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Tan sólo hoy en día, el Ejército debe 1.5 millones de pesos, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo encontrara culpable de desaparecer a tres jóvenes: José Ángel, Nitza Paola —quién padece una discapacidad motriz que le impide caminar— y Rocío —madre de una niña de 11 años. El organismo internacional concluyó que estas tres desapariciones forzadas se dieron en el contexto de la estrategia de “despliegue de efectivos militares para labores policíacas”, emprendida en 2007 por el ex presidente Calderón, y emanada del Partido Acción Nacional (PAN), táctica que ha perdurado hasta la actualidad, sin cambios sustanciales.

Actualmente la situación es abrumadora. Comparto datos de Ricardo Raphael, periodista de El Universal:

1.-  Casi un tercio del territorio nacional sufre la presencia del crimen organizado, porque ya no sólo se trata de “la droga”, hace años que la delincuencia ha evolucionado en negocios billonarios como la tala ilegal, la pesca ilegal —tanto en el Golfo de California como en el Golfo de México—, el robo de combustible (huachicoleo), el neoextractivismo, entre otros.

2.- Casi todas las policías locales se han manifestado incapaces para enfrentar dicha violencia y vulnerables de ser infiltrados por la misma.

3.- El Gobierno nacional cuenta con un policía por cada 4 mil 800 mexicanos. Lo deseable sería tener un policía por cada mil habitantes.

4.- La mayoría de los gobernadores de los territorios bajo violencia por el crimen organizado se han declarado incompetentes y han exigido al Gobierno Federal que se haga cargo de enfrentar a dichos criminales a través del ejército.

Ante éste panorama desolador, para muchas personas es lógico que el Ejército tome cartas en el asunto “porque son más”, “porque están mejor preparados”, “porque son menos corruptibles”, con respecto a esto último, ¿estamos seguros? No intento generalizar porque —al igual que muchos— conozco amigos cercanos, los cuales tienen padres, tíos o hermanos, que son parte del mando militar; sin embargo, el control disciplinario, la transparencia con la que opera el Ejército y el escrutinio profesional sobre sus elementos está fuera de control. Únicamente entre 2008 y 2011, durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, se presentaron 457 denuncias contra el ejército por violaciones a derechos civiles, la mayoría por allanamiento de morada, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Cada vez que leo las noticias y fallos de jueces contra marinos o militares, no puedo evitar pensar en lo ilógico que sería recrudecer la “guerra contra el narcotráfico“. Algunos casos de este tipo son el de Magdalena Saavedra, quien fue violada en grupo durante 11 horas, por las Fuerzas Armadas; o las 28 mujeres detenidas e inculpadas por delitos que no cometieron y que fueron forzadas a inculparse mediante golpes, tortura y  violaciones. Asimismo, en Coahuila un grupo de 20 soldados violaron y agredieron físicamente a trece mujeres el 11 de julio el 2006; también se conoce el caso de Valentina Rosendo, originaria de la etnia me´phaa, quien a sus 17 años fue abusada sexualmente por dos soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo al sur de Guerrero.

A pesar de toda esta monstruosidad, hace pocos días se aprobó en el Senado una de las más grandes pesadillas para la sociedad civil organizada: La Guardia Nacional. Un zombi, como dice Alfredo Lecona, de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Militarizar la seguridad pública es anticonstitucional; según el Artículo 129 de la Constitución, en tiempos de paz los militares no pueden ejercer más funciones “que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

El Artículo 21 establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública serán de carácter civil […] Hay quienes claman que la policía tiene la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, y el Ejército de combatir enemigos de la nación, es decir, cuando éste está a cargo de la seguridad pública significa que el enemigo son los integrantes de esa nación.

Lo que se pretende con la Guardia Nacional es lo siguiente: el Jefe de Estado puede ordenar directamente la intervención de la Marina y el Ejército, y tiene control expedito sobre el despliegue de fuerzas armadas bajo términos ambiguos; las Fuerzas Armadas en ese sentido podrán “levantar” personas sin criterios específicos —como las “acciones preventivas”—, por lo que el Ejército y la Marina tendrán en las calles una mala regulación del uso de la fuerza, con protocolos deficientes y sin supervisión.

Desde el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reporta ni un sólo registro de muertos, heridos o detenidos a partir de sus enfrentamientos, ni los datos de homicidios publicados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), tampoco se puede acceder a los datos o información que permita evaluar con detalle la forma de trabajo en materia de seguridad pública tanto del Ejército como la Marina.

Entonces, ¿por qué consideramos que no funcionará la Guardia Nacional? Porque esto tiene 12 años haciéndose igual:

1.- El número de homicidios a nivel municipal no se redujo, sino que incrementó, especialmente si estaban involucrados elementos de la Sedena.

2.- El número de civiles heridos y muertos durante enfrentamientos, en el periodo de 2008 a 2014, fue en aumento.

3.-  De 2006 a 2011, sólo el 1.9% de los enfrentamientos tuvieron una orden judicial; tanto la Marina como el Ejército operaron sin planes de inteligencia o investigación durante esos años. O sea, estos grupos operan en base a ocurrencias que surgen durante patrullajes.

4.- En el 70% de las detenciones durante el sexenio de Calderón hubo tortura como búsqueda de una confesión, muchos de esos casos terminaron en confesiones falsas debido a la violencia ejercida contra los detenidos.

5.- Cuando el Ejército toma a su cargo la seguridad pública en un municipio, esto incrementa la violencia en un 8% y aumentan los homicidios a nivel municipal un 9% , no necesariamente como consecuencia de enfrentamientos entre militares y criminales, como se ha mencionado anteriormente en ésta columna.

Lo que más me indigna de toda está situación, es el giro que dio el discurso de Andrés Manuel López Obrador; como candidato afirmó “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, no están preparados para esta función”. No obstante, hace apenas unos días otorgó a los militares atribuciones más grandes de las que ya tenían en materia de seguridad pública, recordemos que esa no es su función. Lo errático es que su postura fue respaldada por funcionarios que hace un año estaban contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y ahora junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvieron mayoría en el Senado para aprobarla.

¿Qué advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Guardia Nacional:

1.- Se abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles en instalaciones militares. Ya sabemos que pasa cuando te levanta el Ejército: no reporta levantamientos, hay privación de la libertad injustificada, torturas y asesinatos extrajudiciales.

2.- Hay una indebida regulación de los alcances del fuero militar, es decir, mayor impunidad para los casos de violación de derechos civiles como la tortura, el abuso sexual y la privación de la libertad de inocentes.

3.- No cumple con los estándares internacionales que se comparten en la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), como es establecer que las tareas de seguridad pública correspondan a fuerzas civiles —es decir, a la Policía—y que ésta se encuentre bajo mecanismos de control civil y que las Fuerzas Armadas le correspondan la seguridad en las fronteras y eventuales situaciones de conflicto armado. La iniciativa actual no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, peso sí altas probabilidades de que la situación empeore.

Cabe mencionar que sorprende las respuestas en redes sociales. A quienes de forma directa o indirectamente hemos colaborado en la iniciativa de ‘Seguridad Sin Guerra‘, se nos ha tildado desde panistas, priístas, fresas o “fifís”; han surgido descalificaciones sin argumentos como el reclamo de “¿por qué estuvieron callados los otros sexenios?”. Como señaló Citlali Nepomuceno, el debate sólo se centra en descalificar a quienes no piensan como el Presidente, una narrativa sin conciencia sobre las luchas recientes; ya no importan los argumentos, el análisis o el debate de ideas, sino la repetición de un discurso disciplinado, justo como la partidocracia del PRI y del PAN llevaba haciéndolo por décadas.

Dirán en medios, en declaraciones y en las redes, que se incluyó a la sociedad civil organizada, a expertos opositores, sin embargo, no es nada más que otra simulación equiparada a los foros de movilidad que realizó el mismo gobierno de Carlos Mendoza Davis. Ahora veamos esto desde otra perspectiva:

Si fuera el PRI, ¿qué sentirías? Si fuera el PAN quien estuviera promulgando ésta iniciativa, ¿qué dirías? En cualquier momento Morena dejará de ser ubicua y omnipresente; cuando eso suceda, el poder militar pasará a otras manos, ¿y si esas manos fuera la de un gobierno opaco, conservador, racista, aporofóbico, con aversión hacia la diversidad sexual, cultural, de pensamiento, o a la diversidad teórica y filosófica, como en Brasil? En lo personal considero esta situación como peligrosa y alarmante, más allá de lo que algunos piensen sobre la estrategia contra el huachicoleo o la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la Guardia Nacional es la más grande pifia de éste sexenio y difícilmente será superada. Espero equivocarme, sin esperanzas.

Es hora de voltear a ver los procesos de justicia restaurativa en los barrios afroamericanos de Estados Unidos; los centros de readaptación social en Islandia o Finlandia; discutir sobre otro modelo económico que no se sostenga sobre la pobreza y explotación de la mayoría; analizar la política de seguridad municipal de la alcaldía de Morelia o los procesos de paz en Colombia; así como la regulación sanitaria de adicciones en Portugal y Noruega. Seguridad sí, sin guerra.

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