Impulsan marco legal para que se garantice servicios de Estancias Infantiles

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, la Diputada por el Municipio de Los Cabos, Eda Palacios Márquez, presentó una iniciativa para crear las bases jurídicas con las cuales el Gobierno del Estado con el apoyo de la federación y los municipios, pueda garantizar la prestación de servicios de estancias infantiles, con énfasis en las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social y se encuentren en situación de carencia o pobreza.

Para lo cual establece como un derecho de niñas y niños que residan en el Estado, que se les garantice la prestación de servicios de estancias infantiles en la primera infancia en condiciones de igualdad, no discriminación, inclusión, interculturalidad, con calidad, calidez, honradez, seguridad y protección adecuadas.

De acuerdo con el boleín de prensa, se propone la creación de un fondo de apoyo para los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, que sea manejado exclusivamente por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración en coordinación con Sistema Estatal DIF a partir de las reglas de operación que se establezcan, y dicho fondo podrá ser complementado con recursos que asignen los gobiernos federales y municipales mediante esquemas de pari passu para subsidiar o financiar las estancias infantiles, mediante reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente y la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Aseguró que la Federación, Estado y municipios pueden coordinarse para habilitar de manera inicial en cada uno de los municipios, guarderías para niñas y niños con discapacidad, indígenas, afromexicanos y de escasos recursos económicos. En su exposición de motivos, dijo también que el gasto en cuidado infantil puede ser determinante para que las mujeres continúen o abandonen sus empleos, sobre todo, para los sectores con los ingresos más bajos. Así mismo, expuso que pagar una guardería privada puede llegar a representar entre un tercio o casi la mitad de los ingresos de la mujer, que adicionales a los gastos de transporte y alimentación en el trabajo, puede suceder que los costos sean casi iguales a los beneficios de trabajar, por lo que se opta por abandonar el mercado laboral y dedicarse al hogar “así me lo han planteado madres trabajadoras de las zonas urbanas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, quienes solicitan estancias infantiles, ya que no tiene pagar una privada y las demás existentes son sólo para quienes tiene ISSSTE, IMSS, SEP, las cuales además son insuficientes para atender la demanda de quienes tiene seguridad social”.

Resaltó que el actual esquema de apoyos a hijos de madres trabajadoras que se promueve actualmente por la federación, si bien ayuda, no es el ideal debido a que es mucho mejor que los cuidados infantiles se presten en instalaciones adecuadas y con personal capacitado, que en casa de los familiares de las niñas y niños.

Cabe señalar que al año 2018 la entonces denominada SEDESOL apoyaba el funcionamiento de 79 estancias infantiles en Baja California Sur: nueve en Comondú, 39 en La Paz, tres en Loreto, 22 en Los Cabos y seis en Mulegé. Sin embargo, en el año 2019 esas guarderías dejaron de ser apoyadas, representando un golpe muy fuerte a las madres y padres de familia trabajadoras que utilizaban estos servicios. Actualmente las estancias y guarderías que opera el IMSS e ISSSTE son 13.

Finalmente, hizo un llamado a las comisiones a las que se turnó para su análisis y dictaminación (Puntos Constitucionales y de Justicia y de los Derechos de las NNA) a que ponderen que los cuidados infantiles en estancias o guarderías, forman parte y son reconocidas como derechos humanos de las niñas y niños, y con su existencia y operación se salvaguarda el principio del interés superior de la niñez, se concluyó el boletín de prensa.

Exhorta Congreso de BCS a Gobierno Federal a aplicar vacunas contra COVID en guarderías

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad este jueves 18 de mayo hacer un exhorto al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría del Bienestar considere la prioritaria vacunación contra el virus SAR-COV-2 a todo el personal que labora en las “guarderías” o Centros de Atención Infantil privados o mixtos del Estado de Baja California Sur, esto según la información proporcionada en un boletín de prensa.

En su exposición de motivos, la promovente señaló que aunque en el plan de vacunación las guarderías subrogadas al Estado, así como las pertenecientes al IMSS y al ISSSTE son consideradas dentro de este sector salud prioritario para ser inmunizados contra el virus del COVID-19 en el plan de vacunación anteriormente mencionado, se dejó de lado a todo personal de las estancias infantiles las cuales desde sus inicios han existido con fines sociales y demás guarderías particulares.

También, la propuesta aprobada argumenta la urgencia de que todo personal al cuidado de niñas y niños tenga acceso inmediato a la vacuna contra el COVID-19, ya que de esta forma las madres y padres trabajadores tendrán la certeza de que sus familias no correrán ningún riesgo de contagio, motivándolos así a participar de manera activa en la recuperación y reactivación económica del país, concluyó el boletín.

¿Dónde están las madres? Cuando acusan la ausencia de las mamás en una tragedia

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Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). De sobra se ha hablado de la inseguridad que ahoga nuestro país: homicidios, infanticidios y feminicidios de los que dan cuenta los medios de comunicación. Cuando la víctima es un menor de edad, suelen saltar quienes esgrimen un ejército de dedos acusadores y preguntan airados ¿Dónde estaba su madre,que lo permitió? Y esto nos lleva a preguntarnos, realmente, ¿dónde están las madres?

En México, de acuerdo con cifras del cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, el porcentaje de hogares monoparentales sostenidos económicamente por una mujer ha ido en aumento, registrándose que al 2017, casi el 30% de hogares es mantenido por una jefa de familia.

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No es de sorprender entonces, que la participación de las mujeres que son madres en el mercado laboral es notoriamente más alta para las madres solteras (69%) y para las que son separadas, divorciadas o viudas (45.6%). Lo que no implica que las madres con pareja no estén en trabajando.

En total, de las mujeres económicamente activas, 73% tiene al menos un hijo. De estas madres ocupadas en el mercado laboral, de acuerdo con cifras del cuarto trimestre de la ENOE 2017, seis de cada diez trabajan en el sector informal. Es decir, un alto porcentaje de madres se ve en la necesidad de cruzar diariamente el umbral de su hogar para garantizar el sustento de su familia ante la imperante necesidad de salir adelante, por ellas mismas y por los suyos, con la culpa a cuestas; estas madres ejercen un rol laboral que muchas veces no permite que permanezcan al lado de sus hijos, y requieren de apoyo para garantizar sus cuidados.

Sin embargo, ¿existen estos apoyos? Como ya vimos, existe una alta participación de mujeres en empleos informales, lo que se refleja en un bajo nivel de acceso a beneficios laborales: están expuestas a salarios inferiores, a condiciones de inseguridad laboral y suelen darse sin acceso a prestaciones sociales como las pensiones, la licencia por enfermedad, el seguro de salud, y, en específico, al cuidado y atención infantil como prestación laboral, entre otras (ONU Mujeres, 2017).

¿Quién los cuida?

Del total de mujeres solteras con al menos un hijo y que trabajan, sólo 11.4% tiene el beneficio de cuidado maternos por parte de su trabajo y, de acuerdo con cifras del primer trimestre de la ENOE 2017, apenas el 12.5% tiene la prestación de guardería para sus hijos.

La mujer trabajadora se encuentra en la encrucijada terrible de necesitar salir por el sustento de sus hijos sin que existan, ni por asomo, suficientes espacios otorgados por el Estado para garantizar que los menores queden a buen resguardo.

En consecuencia, en México hay cerca de 3 millones de niños que son cuidados en casas y, de estos, el 61% es cuidado por sus abuelos, que seguramente ejercen estos cuidados con mucho amor, pero no necesariamente se encuentran en las condiciones físicas, emocionales y económicas de afrontar la responsabilidad de guiar el desarrollo de los nietos, sin contar con que ellos ya han cumplido este rol con sus propios hijos.

Baja California Sur

En BCS, hasta el 2017 existían 33 mil 627 hogares monoparentales encabezados por una jefa de familia, de las cuales el 46.6% trabajan en actividades informales, con las desventajas que ya hemos planteado. Al respecto de los servicios de cuidado infantil en el estado, existen, por parte del ISSSTE, cuatro estancias infantiles; así como 14 guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con atención a dos mil 408 menores en un horario de 7:00 a 16:00 horas. Un fuerte sostén para las madres con empleos informales o carentes de esta prestación, lo fueron las llamadas guarderías Sedesol, que contaban con un subsidio que permitía que el costo del servicio fuera accesible, desafortunadamente, con los recortes del gobierno federal a este apoyo, de las 74 que trabajaban en el 2017 solo sobreviven 60, y, de éstas, en casi todas se ha desplomado la matrícula hasta en un 50 por ciento.

¿Conciliación de horarios?

Cuando los menores ya están en edad escolar, el panorama puede parecer menos sombrío. Las horas que los hijos pasan en la escuela suelen ser las que las madres ocupan trabajando, sin la necesidad de procurar un tercer cuidador. Desafortunadamente, los horarios, días feriados, vacacionales y asuetos escolares, pocas veces empatan con la oferta laboral a la que se tiene acceso. Y nos enfrentamos entonces de nuevo a la acusación inclemente contra la madre que se retrasa a la salida de la escuela, la que manda al hermano mayor a recoger al menor, la que llega rápido por el niño y nunca para a averiguar de festivales o tareas, porque apenas tiene media hora para recoger a su hijo y dejarlo en casa de la abuela, antes de volver a trabajar.

Y ha sido ahí, en esos espacios de inseguridad que las necesidades económicas generan en muchas familias mexicanas, donde niños y niñas quedan expuestos a monstruos disfrazados de personas, que violan, que matan, que descuartizan.

Es urgente que nuestras autoridades fomenten puntos de encuentro para reflexionar sobre la posibilidad de adecuar y conciliar condiciones y horarios laborales y escolares, para proponer medidas y políticas concretas en favor calidad de vida de los 6.9 millones de hogares que se encuentran bajo la responsabilidad de una mujer y los casi 12 millones de niños en edad escolar que viven en pobreza.

¿Qué hacer entonces?

Organismos internacionales resaltan la necesidad de impulsar políticas dirigidas a reconciliar al trabajo y a las familias y, ante la creciente incorporación de las mujeres al ámbito laboral, citan políticas que alienten a las madres trabajadoras, cómo dar tiempo para el cuidado de los infantes después del parto, la seguridad social universal, apoyo con horario flexible que permita organizar su vida en familia y el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales sin afectar salarios y derechos (ONU Mujeres, 2016), por ejemplo:

Incentivos fiscales a las empresas que implementen jornadas continuas con flexibilidad horaria de entrada y salida.
Incentivos a las empresas que permitan el trabajo desde casa
Regulación y financiación de un sistema de permisos remunerados parentales, así como la implementación de excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos pequeños
Ampliación del permiso de paternidad, para favorecer la corresponsabilidad del cuidado de los hijos, y
Por supuesto, ampliar la cobertura y alcance de los servicios de cuidado infantil.

No basta con las buenas intenciones de una clase política que se esconda tras el discurso y haga proclamas en pro de la mujer trabajadora. Exijamos a nuestros gobernantes acciones reales que permitan conciliar la esfera pública y privada, congruente con las necesidades y responsabilidades de las madres trabajadoras.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Supresión del Programa de Estancias Infantiles. Causas y consecuencias

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A dos meses de iniciada la nueva Administración Federal, nos hemos encontrado con decisiones polémicas dictadas por el Ejecutivo, en su mayoría relacionadas con el manejo de recursos públicos. Medidas drásticas, algunas con la apariencia de haber sido decididas de forma apresurada, que responden más a un capricho que a una debida planeación. La más reciente de estas medidas ha sido la cancelación de los apoyos para guarderías y estancias infantiles que prestan servicios a madres y padres trabajadores. Con la intención abordar mejor el tema deberemos precisar dos aspectos.

El primero: el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tenía como objetivo garantizar, por medio de una aportación económica, el acceso al servicio de cuidado y atención infantil a aquellos padres, madres o tutores cuyos ingresos no rebasaran la llamada Línea de bienestar mínimo, y no contaran con el servicio por medio de instituciones públicas o de seguridad social.

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Para cumplir con dicho objeto, el programa se desarrollaba en convenio con estancias infantiles particulares y afiliadas, las cuales debían cumplir con una serie de requisitos por parte de la persona encargada, su personal y el inmueble, convirtiéndose en un establecimiento formal con obligaciones patronales, fiscales y prediales. La estancia infantil era entonces una pequeña empresa beneficiaria directa del subsidio que se le brindaba en forma de un apoyo único para la adecuación del inmueble, mobiliario, póliza de seguro y programa interno de Protección Civil, dejando muy en claro que el resto de los gastos administrativos —entiéndase trámites municipales, estatales y hacendarios— no podían considerarse dentro del apoyo.

Las personas que aplicaban podían escoger una estancia afiliada al programa, y así, el monto de apoyo se entregaba mensualmente a la persona responsable de la guardería, ya fuera mediante depósito o transferencia bancaria para completar de esa forma las cuotas por el servicio que los usuarios pagaban.

Segundo: el desaseado manejo de los recursos públicos caracterizó a la pasada Administración Federal, específicamente en este tema: sobrecupo para inflar números; corruptelas en la repartición de los espacios; o simplemente obviar requisitos tanto de estancias infantiles como de los responsables de éstas y de usuarios finales de los apoyos, entre otros. Males notorios que una correcta indagatoria permitiría identificar a los culpables y proceder contra ellos con todo el peso de la ley, garantizando la permanencia del apoyo y beneficios para los afiliados que cumplieron cabalmente con la normatividad aplicable.

Lo correcto entonces no es suspender el programa, sino perseguir y sancionar penalmente a quienes lucraron con ello de una manera indebida; así como llevar a cabo una reestructuración del mismo, acompañada de una adecuada fiscalización y verificación del manejo transparente del recurso. El suspender el programa de golpe, provocará una cadena de afectación mayúscula a los beneficiarios, tanto directos como indirectos, cumplidos e incumplidos; comenzando con el usuario, la madre soltera incapaz de pagar por el servicio, se ve orillada a prescindir del mismo.

La falta de este ingreso repercute de forma inmediata al presupuesto de la estancia, y se traduce en la necesidad de recortes de insumos y sobre todo, de recursos humanos; ello ocasiona que miles de madres y padres trabajadores se queden sin lugar para el cuidado de sus hijos y otras decenas de miles de desempleados. Reducir los apoyos a la mitad y otorgarlos directamente a los usuarios finales, porque “supuestamente” garantiza un mejor control del recurso, no resuelve el problema que la misma Administración Federal ha creado, sólo complica más los procedimientos y pone en riesgo el bienestar de los menores, quienes son los beneficiaros directos del programa.

Atendiendo los derechos humanos de los infantes, previstos en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a la infancia y al interés superior del menor, corresponde al Estado Mexicano brindar asistencia social, desarrollo y educación integral para los infantes por lo que es irresponsable que el gobierno federal pretenda remitir esa responsabilidad a los familiares de los menores.

El interés superior del menor forma parte de las políticas públicas y tiene el carácter de obligatorio sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo infantil, pues las guarderías cubren una importante labor educativa en la edad preescolar de los infantes; sobretodo, es una exigencia reglamentaria que el personal que atienda las capturas de tiempo completo sea profesional, regular y esté frecuentemente capacitado y actualizado.

Si el Estado descuida su obligación en este campo, se generan esquemas sociopolíticos y culturales donde se estigmatiza la figura femenina, al imponer la carga a las abuelas, para la cual no están ni obligadas ni preparadas; se limita la libre evolución de su personalidad, se sobrecarga de trabajo a personas que no necesariamente tienen la vocación, la capacidad y la disposición para hacerlo, y se frena el desarrollo integral de los niños a su cuidado.

Transferir el dinero directamente a las familias, deja en manos de los padres la decisión de enviar o no a los menores a una guardería o estancia infantil. Es muy probable que los padres en muchos casos elijan atender otras prioridades y por lo tanto, las criaturas permanezcan en el abandono respecto a esta etapa temprana de su crecimiento, la cual requiere que el Estado les brinde a los menores un espacio seguro, armónico, de cuidado y desarrollo personal.