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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó este jueves a la Guardia Nacional a implementar un plan estratégico que permita el cierre preventivo de carreteras que sean cauce de arroyos, cuando se presenten lluvias fuertes; y a la Subsecretaría de Protección Civil y los 5 Ayuntamientos, para que implementen un cierre preventivo de calles con las mismas características, con el propósito de salvaguardar a la ciudadanía.

A través de un punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, quien obtuvo el consenso de los diputados, consideró transcendental que las autoridades municipales, estatales y federales atiendan el cierre de esos tramos de calles y carreteras donde se presenta mayor riesgo, con la finalidad de prevenir accidentes que pueden poner en peligro la integridad física de los sudcalifornianos.

Y es que, este año el territorio estatal ha sido favorecido con lluvias por los efectos de tormentas tropicales, mismas que han traído más beneficios que afectaciones, principalmente, para el campo sudcaliforniano.

No obstante, en los 5 municipios, muchos arroyos han crecido de manera importante, lo que representa factores de riesgo, para las personas que quieren seguir su recorrido pese a la crecida de arroyos, exponiendo y arriesgando su integridad física al intentar cruzarlos mientras fluye el agua por su cauce natural.

Previo a la votación, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, se pronunció a favor del punto de acuerdo, llamando a la ciudadanía a ser consciente del riesgo que implica cruzar arroyos, ya que el 70% de los decesos por fenómenos meteorológicos son por imprudencia, por permanecer en zonas de alto riesgo e ignorar las indicaciones de las autoridades.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado solicitó a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH): Presidenta, Consejo Consultivo, Visitadora Federal, Visitadora Regional, Secretaría Ejecutiva, la titular del Órgano Interno de Control y la titular de Administración y Finanzas, para que comparezcan ante este Congreso de BCS, e informen sobre diversos temas relacionados con la marcha de esa institución.

A través de un punto de acuerdo presentado en sesión ordinaria por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, quien logró el consenso de sus homólogos y homólogas, pidiendo además a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, dé seguimiento al acuerdo, e informe al pleno sobre el resultado del mismo.

Durante su exposición de motivos, la legisladora de la bancada de Morena, aludió la preocupación que ha suscitado entre la ciudadanía, las diferentes situaciones que han generado una percepción de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padece una serie de conflictos al interior, que afectan su buena marcha.

“Desde que se inició el periodo de la actual presidencia, los confrontamientos y descalificaciones entre los consejeros ciudadanos y la presidenta, escalaron de tono hasta llegar a acusaciones sumamente graves, y, por otro lado, los trabajadores de la propia comisión, acusaron públicamente al órgano garante de los propios derechos humanos, de ejercer diversos tipos de violencia contra ellos, y vulnerar, paradójicamente, sus derechos laborales y humanos en general”, arguyó Vázquez Jacinto.

Conflictos que son de dominio público, pues se han conocido a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, donde incluso se registran testimonios de algunos los involucrados.

Previo a la votación, intervinieron a favor los diputados Martín Escogido Flores, Venustiano Pérez Sánchez y Alondra Torres García. El diputado Martín Escogido Flores, propuso que no sólo se llamara a comparecer a la presidenta, sino que se incluyeran a todos los integrantes de la CEDH BCS, propuesta que aceptó la iniciadora.

En su turno, Venustiano Pérez llamó a sus compañeros parlamentarios, para actualizar la Ley Orgánica de la CEDH BCS y así responder a las y los ciudadanos sudcalifornianos, que exigen que se haga justicia, propuesta a la que se sumó la diputada Alondra Torres García.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, integrante de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, emitió un enérgico pronunciamiento en contra de las recientes decisiones tomadas por la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH BCS), al considerar que contravienen los principios fundamentales de la institución y atentan contra la confianza ciudadana.

La legisladora sudcaliforniana manifestó su profunda preocupación ante tres hechos que calificó de alarmantes: la eliminación de las visitadurías regionales, que limita el acceso de la ciudadanía en comunidades apartadas para presentar quejas o recibir asesoría en materia de derechos humanos, centralizando un servicio que debe ser cercano a la gente; los despidos masivos e injustificados de trabajadores, que vulneran los derechos laborales y debilitan la capacidad operativa de la Comisión; y el presunto mal uso de recursos financieros, pese a que el Congreso del Estado aprobó el presupuesto suficiente para garantizar el pago de nómina y el funcionamiento de la CEDH BCS en el presente ejercicio fiscal.

“El argumento de una supuesta falta de presupuesto no es comprensible ni aceptable, porque este Congreso aprobó los recursos necesarios. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con esos fondos públicos”, subrayó la diputada Guadalupe Vázquez.

Ante este panorama, la legisladora exhortó a la titular de la CEDH BCS, Charlene Ramos Hernández, a actuar con responsabilidad y adoptar de manera urgente las siguientes medidas: revertir la eliminación de las visitadurías y garantizar la atención en todos los municipios; reinstalar a los trabajadores despedidos injustificadamente y cumplir con las indemnizaciones correspondientes; y respetar de manera irrestricta los derechos humanos de quienes laboran en la institución.

La diputada destacó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como organismo público autónomo, está obligada a ser ejemplo de ética, dignidad y compromiso con la ley, ya que fue creada precisamente para proteger a las personas, no para vulnerar sus derechos.

Finalmente, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto hizo un llamado tanto a las autoridades como a la sociedad civil organizada para sumarse a la exigencia de una CEDH BCS que cumpla con su mandato de manera ética, transparente y justa, garantizando que los recursos públicos y humanos se apliquen en beneficio de las y los sudcalifornianos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó este viernes en período extraordinario, actualizar los tabuladores salariales del gobierno estatal, con base en las disposiciones federales, sin que represente un incremento presupuestal, ajustando los montos con base en el nuevo salario mínimo, UMA y subsidio al empleo, dentro del Presupuesto de Egresos 2025.

Luego de que la Comisión de Asuntos fiscales y Administrativos analizara la propuesta de la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, se consideró viable, pues existe una previsión legal que da facultades al Congreso del Estado para aprobar ajustes que en su caso realicen los entes públicos a sus tabuladores de remuneraciones de los servidores públicos siempre y cuando: a) las adecuaciones se refieran a tabuladores de remuneraciones que se encuentren en vigor en razón de formar parte del Presupuesto de Egresos del Estado; y b) la propuesta de adecuaciones se presente en el mes de enero del año en que está vigente el Presupuesto de Egresos.

Al dar lectura al dictamen, la diputada Karina Olivas Parra, precisó que esta actualización, alinea los sueldos con las nuevas disposiciones federales, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestal y responde a disposiciones emitidas por organismos federales como el INEGI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y la Secretaría del Trabajo, que exigen ajustes obligatorios a los ingresos del personal público sin afectar el techo presupuestal aprobado.

Y es que, el gobierno estatal enfrenta retos económicos que obligan la  planeación precisa y cumplimiento puntual de las normas fiscales y en ese contexto, lo que aprobaron hoy los parlamentarios sudcalifornianos, fortalecerá la legalidad y equidad en el gasto público, garantizando sueldos justos sin comprometer el presupuesto estatal y los ajustes, no representan un incremento en el gasto, sino una redistribución responsable de recursos, en apego a la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este jueves, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto de la Fracción Parlamentaria de Morena presentó la iniciativa que elimina la figura del fuero constitucional para todos los servidores públicos en Baja California Sur.

Luego de llevar a cabo foros en los cinco municipios del Estado, la legisladora reiteró que su iniciativa tiene como finalidad que la ley se aplique sin privilegios ni excepciones para todos.

Vázquez Jacinto expresó que la iniciativa responde a la necesidad urgente de revisar el exceso de servidores públicos que gozan de inmunidad procesal, por lo que atendiendo a la democracia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, su iniciativa plantea desaparecer la declaración de procedencia que propicia desigualdad entre servidores públicos y ciudadanos; misma que puede derivar en actos delictivos e ilegalidades graves al amparo de la impunidad.

“El fuero es concebido como un privilegio otorgado a funcionarios; en una república democrática donde se establece el principio igualitario sin distingos de clase social, raza, sexo o religión todos somos iguales ante la ley, de ahí que el fuero o inmunidad a los servidores públicos es una contradicción política que divide a la sociedad en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, determinó la promovente.

Reparó en que si bien el fuero fue creado para proteger a los representantes populares de persecuciones políticas, ha sido utilizado en ocasiones para eludir la justicia, lo que ha contribuido a la impunidad.

La propuesta reforma el Artículo 159 y deroga la fracción XIX del Artículo 64, de la declaración de procedencia, ambos de la Constitución del Estado. Establece que “En el Estado de Baja California Sur ningún servidor público gozará de fuero, inmunidad legal o procesal, que le otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas. Nadie podrá ser reconvenido por las opiniones que se manifiesten en el desempeño de su cargo”.

En el país, 17 estados de la República han desaparecido el fuero constitucional, de ser aprobada, Baja California Sur se convertiría en el Estado número 18 en eliminarlo.