Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso^, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales“.

Yo no “descalifiqué” al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

1ª.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

2ª.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

3ª.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

4ª.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local “elegirán” al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, “nuestros” diputados cumplirán con la farsa protocolaria y “elegirán” al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.

John Moreno Rutowsk. Foto: SDP Noticias.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sistema político mexicano se finca en un proceso de simulación donde el acceso y la permanencia en el poder se establece a partir de una partidocracia disfrazada de democracia representativa; un juego de poder pactado entre grupos delictivos y agrupaciones políticas tan íntimamente vinculados, que muchas veces es imposible distinguir cuántos delincuentes pertenecen a la agrupación política, o cuántos políticos forman filas en la delincuencia organizada.

Cuando algún actor ajeno a los grupos de poder sujetos a control gubernamental, emergiendo desde la sociedad civil alza la voz para cuestionar, criticar, señalar y denunciar, se convierte en una amenaza para el esquema de poder, que debe ser neutralizada a la brevedad posible, a efecto de que su influencia e impacto sean eliminados.

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El primer paso es difamar, calumniar, denostar, desacreditar. Se teje una red de infundios, con el apoyo incondicional de los medios afines al Estado, cuyos informadores sistemáticamente señalan verdades a medias e infundios plenos, para dañar la imagen y credibilidad del indeseable ciudadano que comete el osado crimen de cuestionar al grupo en el poder, o peor aún, llega al extremo inadmisible de denunciar ilegalidades y corruptelas.

Si la estrategia falla, entonces todo el aparato persecutor se activa. Se aceita la maquinaria acusadora, y si no hay pruebas, se fabrican, sin importar que en el curso de integración de las acusaciones se caiga en lo burdo y lo grotesco. Y es que no importa si en el devenir del proceso, la falsedad queda evidenciada, pues la pinza de sometimiento se cierra cuando la autoridad judicial soslaya la falsedad y la incongruencia, con tal de justificar la acción represora en cuyo trámite se llega al extremo del abuso, cuando sin respetar el debido proceso y desoyendo el mandato constitucional, se encarcela al perseguido, se le niega el derecho a la defensa, y se le impone prisión de manera oficiosa y ominosa.

Cuando lo anterior ocurre, estamos en presencia de un acto de terrorismo de Estado, gestado y desplegado con el avieso fin de eliminar la amenaza que representa quien critica al sistema y denuncia sus corruptelas. Al encarcelar al detractor, se busca no sólo silenciarlo, se pretende además utilizarlo de escarmiento y advertencia para los demás miembros de la sociedad, se busca acobardar a los demás simpatizantes que comulgan con la voz de protesta que al encarcelarlo intentan acallar; se pretende intimidar a toda colectividad que manifieste su reproche el tema que genera la protesta social, y así  quebrar desde la base la amenaza disidente.

Es el caso de John  Moreno Rutowski, a quien para encarcelarlo se ha recurrido a la falsificación por alteración de pruebas utilizadas para consignarlo. Pese a que tal falsedad fue pericialmente acreditada, y pese a que dicho dictamen no fue ni cuestionado ni objetado por el agente del ministerio público adscrito al juzgado del conocimiento, el titular del juzgado estimó que dichas pruebas le eran admisibles, porque el ministerio público es un órgano “de buena fe”, que además goza de “la presunción de inocencia”, y por tanto, si utilizó probanzas falsas, es posible que la falsedad resulte atribuible a una secretaria y no reprochable al ministerio público.

Si realmente John fuera un delincuente, la Procuraduría de Justicia no tendría necesidad de falsificar pruebas para utilizarlas en su contra.

El terrorismo de Estado no termina en esa fase. La opresión y negación del derecho a la defensa se prolonga en el trámite de la causa ante el juzgado, donde a nueve días de la detención de John Moreno y Joella —su compañera de causa—, el juzgado se niega a proporcionar copias del expediente a los abogados defensores, pretextando “excesiva carga de trabajo”.

Cuando leímos el auto de formal prisión, se nos negó el derecho a tomar una impresión fotográfica del mismo, “por órdenes de la juez”, mandamiento que carece de fundamento legal alguno, por lo que tuvimos que ejercimos el derecho de defensa “a escondidas”, y en un descuido del personal tomamos las impresiones que por este medio les comparto.

John Moreno Rutowski enfrenta confinado en una celda, todo el poder represivo del terrorismo del Estado. Su único pecado: encabezar una protesta social contra actos de corrupción y abuso de poder del gobierno sudcaliforniano.

El gabinete del gobernador Carlos Mendoza Davis, ¿paridad de género? Foto: Gladys Navarro.

A botepronto

Por Gladys Navarro

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día a mí me sirve para deprimirme más porque muchos de los “logros” que tenemos hoy las mujeres son letra muerta, o sea, están en la basura. Diagnósticos van y vienen, compromisos firmados, tratados, discursos. Buena parte queda en la foto y con ello en el recuerdo. Hace días que reflexionaba sobre ello pensé en que de plano andaba muy pesimista, sin esperanza pues. Pero estoy segura que no soy la única, y espero que al menos desde la desesperanza logre transmitir alguna reflexión que les interese y les o nos motive para un ejercicio de autocrítica desde cualquier posición en la que nos encontremos. Hace unos días escuchaba a la doctora Lorella Castorena abordar el tema de los avances en materia de derechos de las mujeres y frente al auditorio en su mayoría compuesto por mujeres, algunas de ellas en el servicio público, dijo algo en lo que coincido plenamente: la simulación que nos atrapa. Esa de la que podemos llegar a formar parte y entonces ni lograr avances para las mujeres ni para los hombres, ni para las niñas, ni para los niños, ni para nadie. Es así. Mucho podemos hacer las mujeres por cambiar las desigualdades empezando por aquellas tomadoras de decisiones, que dejen, pues, la simulación. Seguro habrá esfuerzos muy notables por marcar la diferencia, pero sabemos perfectamente que muchas hacen lo contrario a trabajar por lograr condiciones de igualdad y el respeto a los derechos, vamos, siquiera a ser escuchadas. Se me viene a la mente, por ejemplo, los Congresos (¿el local acaso?) ¿Nuestro Congreso se destaca por las voces críticas de las mujeres? ¿Le han negado el voto al gobernador en alguna de sus iniciativas? ¿Se han opuesto a algunas de sus “líneas”? Con alguna excepción, creo que no. Lo siento, es la realidad. Y de parte del gobernador ya ni hablemos, los discursos sobre la importancia de la mujer, la participación, los derechos y toda esa palabrería es letra muerta, insisto, cuando tan solo revisamos la integración de su gabinete, por ejemplo, y vemos que no ha decidido integrar a ninguna mujer en los principales cargos. ¿De verdad no encontró ninguna mujer con el suficiente perfil para ser Secretaría General, de Finanzas, Desarrollo Económico, Seguridad, Medio Ambiente…? Si es así, qué triste de veras, dirían algunos. Pero no lo creo. Obedece a esa cultura machista. Así de simple. Y bueno, ya que andamos de este lado, este día me sirve para pensar justamente en la actuación de los varones, en cuánta solidaridad práctica nos falta de los hombres. Los varones deberían entender que no somos un sector vulnerable, ni compadecerse, ni hacer un reconocimiento frívolo, tendrían que asimilar que somos la mitad de la población, que contamos y que se requiere que ellos también le entren a los temas de género y a la formación de las nuevas generaciones con una nueva cultura, la de la igualdad y el respeto. Se requiere que lo hagan por que se lo deben a sus madres, por sus esposas, y por sus hijas y todas las mujeres de las que están rodeados. Porque sólo por nacer, las niñas ya llegan a este mundo con grandes desventajas (más las que arriban a esta isla querida tan olvidada de todos). Dejemos, pues, mujeres y hombres la simulación y trabajemos juntos para ver si logramos dejarle un mundo mejor a los niñas y niños. Una como sea… Comentarios: abotepronto@gmail.com

“Ya con su “descuentote” del 20% le quedarán por ahí de 90 mil pesos mensuales al gobernador”. Imagen: Facebook.

De política y otras calamidades

Por Gladys Navarro

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de nuestra querida Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció ayer un plan con medidas de austeridad que incluye reducción al gasto público y de sueldos de funcionarios, así como acciones, dijo, para impulsar la economía de los sudcalifornianos. Ya con su “descuentote” del 20% le quedarán por ahí de 90 mil pesos mensuales al gobernador. Como ya vimos, para el resto de sus funcionarios de primer y segundo nivel, la reducción será de un grandioso 10%. Aseguró que los viáticos y todo tipo de gastos de logística, gasolina, materiales, etcétera, también se disminuirán, aunque ya aquí no hubo un compromiso de porcentaje, como no hubo en el resto de las medidas. Y entonces es donde ya el mensaje del gobernador, me disculpan, pasó a ser un discurso más de buenas intenciones, si acaso, o de palabras que se las lleva el viento porque no nos ofreció datos concretos para que, como ciudadanos, estemos vigilantes, de que se cumplan, por aquello de la rendición de cuentas. Así, el gobernador enlistó sus medidas para  “inyectar energía a la economía”, pero como les digo, nada concreto. En principio, habló de “intensificar” acciones y programas para elevar la capacitación y productividad de trabajadores, sólo que no nos dijo cuánto se destinará para ello o cómo se hará. Señaló que la Secretaría de Desarrollo Económico deberá “intensificar” (otra vez la ambigüedad) los programas para que apoyen a las empresas locales, pero de nueva cuenta no nos dice cuánto se invertirá en ello. Indicó que instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para que “intensifique” y se amplíen los programas de mejoramiento de condiciones de vida, pero de nuevo, tampoco se compromete a ejercer un monto específico para ello. Nos dijo que “se deberá impulsar la capacidad de los ciudadanos para generar ingresos propios”, pero nos preguntamos cómo, ¿con nuevos programas? ¿qué estímulos? ¿cuánto se destinará para ello?. Afirmó que instruyó a la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario para que se “mejoren” los programas de estímulo a pescadores y agricultores para elevar su competitividad. Otra vez, insisto, no hay un compromiso de recursos para este rubro, ¿cuánto se adiciona? ¿Algunas herramientas de apoyo? Enseguida volvió a señalar que instruyó a que todas las dependencias responsables de obra pública tengan como prioridad a las empresas locales, pero no dijo cómo garantizará que ello se cumpla (la queja eterna del sector). Refirió que instruyó a que se “intensifiquen” las labores de promoción de BCS y se busquen más inversionistas, pero no comentó si habrá un fondo adicional de promoción o cómo llevará a cabo y quién lo fiscalizará. Entonces tenemos que, por un lado, hay reducciones en gastos y sueldos, pero es un hecho que no se advierte con claridad el compromiso para favorecer la economía de los sudcalifornianos. No hay un planteamiento concreto, por ejemplo, sobre el tema de las tarifas de transporte, mucho menos un planteamiento tendiente a modernizar todo el sistema. Sabemos que se requiere con urgencia, al menos sentar la bases para un mejor servicio, moderno y acorde al crecimiento de la ciudad y el resto de los municipios. No hay un planteamiento especial para mejorar la economía de grupos vulnerables (que tendrán repercusiones severas por el aumento de precios en la canasta básica y en servicios) como los adultos mayores, madres solteras o adolescentes, mujeres en riesgo de violencia… El gobernador sabe (espero) que precisar acciones y montos es comprometerse. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ni siquiera quiso presentarse ante los medios de comunicación, hizo una transmisión vía Facebook. Algunos nos quedamos con ganas de que nos aclarara estos puntos. Así, pues, mucho cuidado en aplaudir ambigüedades y simulaciones…