La Paz, Baja California Sur (BCS).Por segundo año consecutivo, el atleta olímpico Juan Luis Barrios, garantizó su presencia en el Medio Maratón de Loreto que se correrá el próximo domingo, informa el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude).

El atleta se suma a la también seleccionada nacional Sandra López Reyes, quien la semana pasada anunció su participación en este evento que por tercera vez se llevará a cabo en la primera capital de las Californias; Barrios Nieves corrió el pasado fin de semana el maratón de Nueva York donde se ubicó entre los mejores 15 en la clasificación general.

En compañía del corredor olímpico acudirá su esposa, la también atleta Mahelet Jiménez Luna,  ganadora en en la rama femenil de la entrega anterior; sin duda buscará refrendar el triunfo, aunque ahora tendrá como adversaria a la campeona panamericana Sandra López.  El evento garantiza la participación de unos 600 corredores en las diferentes categorías y distancias.

El comité organizador representado por la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de Loreto (AHL) y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), están ultimando los detalles de la organización  para cumplir con la carrera en sus diferentes etapas desde los 2.5, 5, 10 y 21 kilómetros.

El sábado 10 de noviembre se instalará en el malecón toda la logística para la llegada de los competidores, de tal forma que todo estará listo para que en punto de las 7:00 de la mañana del domingo 11 de noviembre, en el campo de Golf de Loreto, la presidenta municipal Arely Arce Peralta dé el disparo de salida, concluye el boletín de prensa.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). México nace a la vida republicana, tras el apaciguamiento nacional, una vez concluida la revolución más sangrienta de que se tiene registro en el continente americano. Tras decretarse la Constitución de 1917, los inicios del ejercicio de la democracia representativa enfrentaban la amenaza de una reacción armada que a través de un golpe de Estado, regresaran el mando de la nación a un dictador. Es por eso que en esa etapa de nuestra historia moderna, se justificaba la secrecía y el sigilo al momento de tomar determinadas decisiones, como la de nombrar un Presidente o Gobernador sustituto.

Con el paso del tiempo, el régimen se afianzó y las amenazas que justificaban el secreto en el ejercicio decisorio gubernamental, quedaron superadas.

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En el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y la transparencia, lo único secreto en lo relacionado al ejercicio público, es el voto ciudadano. La única reserva de privacidad que hemos de preservar, es la que se otorga al gobernado cuando acude a emitir su voto.

Pese a ello, el marco normativo federal constitucional sigue previendo la secrecía en el ejercicio de gobierno (Artículo 84), en el supuesto de la elección del Presidente sustituto; e incluso cuenta con un añadido retrógrada e incompatible, pues el 7 de febrero de 2014 se agregó la fracción VIII al apartado A del Artículo 6º Constitucional, en el que establece que el Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, será electo por los comisionados mediante votación ‘secreta’. Irónico que el encargado de acabar con la opacidad, sea elegido ‘en secreto’.

En el ámbito local, la Constitución Política de Baja California Sur mantiene la secrecía para la toma de determinaciones que en la actualidad deben ser absolutamente transparentes, como es el caso de la elección del Gobernador sustituto (Art. 72), el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia (Art. 95), así como la designación del magistrado y juez que integrarán lo que llaman “Consejo de la Judicatura” (Art 97).

Las normas secundarias del Estado permiten a los diputados tomar en secreto, decisiones que deberían ser tomadas de cara a la ciudadanía, como ocurre en los casos de juicio político.

En el ámbito municipal, se permite legalmente que los Cabildos sesionen en secreto, dando con ello pie a grandes corruptelas, como las que han permitido innumerables actos de endeudamiento o saqueo, en detrimento del erario municipal; o han puesto en peligro nuestro entorno ecológico, como es el caso de la fallida intentona de la anterior administración municipal paceña cuando trataron de abrir la puerta en nuestra comunidad a la mega-minería tóxica.

Otra práctica contraria a la transparencia y eficacia en el ejercicio gubernamental, que constituye un resabio de los esquemas dictatoriales en la designación de encargos, lo constituye el proceso discrecional, que permite al Secretario de Educación, otorgar a su vástago, una plaza y al mismo tiempo, una comisión a cubrir simultáneamente en dos espacios distantes 354 kilómetros entre sí, como si el angelito tuviera el don de la ubicuidad.

Una práctica más que cubre la secrecía dictatorial del dedo decisorio ejercido por el Gobernador en turno, es la que corresponde al nombramiento del Procurador de Justicia y de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los aspirantes que integran la terna –previamente palomeada— desfilan ante los diputados en una pasarela, como si fuera un concurso de belleza o una exposición ganadera. Resulta ofensivo ese procedimiento.

Es imposible que los diputados puedan elegir a la mejor opción para un encargo de tan elevada responsabilidad, con solo escucharlos en tribuna. Como si nuestros representantes populares fueran aptos para evaluar la capacidad e idoneidad del aspirante con un par de preguntas.

Nuestros diputados tienen el derecho constitucional de ser ignorantes, porque el planteamiento normativo presume que se rodearán de asesores adecuados, pero cuando en la práctica se rodean de allegados ineptos e incapaces, entonces vemos que la opacidad y discrecionalidad son otra vez herramientas de corrupción y componendas.

Nuestras propuestas

Modificar la Constitución y el marco normativo secundario, para erradicar por completo toda toma de decisión que se realice de espaldas al gobernante.

Eliminar la secrecía del ejercicio público, para eliminar la opacidad en la toma de decisiones que afectan indefectiblemente a todos los contribuyentes.

Que los cargos relacionados con la procuración y administración de justicia se asignen por concurso y selección, no por designación.

Que se profesionalice y regule el encargo de asesor parlamentario, para garantizar el profesionalismo en el quehacer legislativo.

Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso^, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales«.

Yo no «descalifiqué» al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

1ª.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

2ª.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

3ª.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

4ª.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local «elegirán» al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, «nuestros» diputados cumplirán con la farsa protocolaria y «elegirán» al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.

John Moreno Rutowsk. Foto: SDP Noticias.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sistema político mexicano se finca en un proceso de simulación donde el acceso y la permanencia en el poder se establece a partir de una partidocracia disfrazada de democracia representativa; un juego de poder pactado entre grupos delictivos y agrupaciones políticas tan íntimamente vinculados, que muchas veces es imposible distinguir cuántos delincuentes pertenecen a la agrupación política, o cuántos políticos forman filas en la delincuencia organizada.

Cuando algún actor ajeno a los grupos de poder sujetos a control gubernamental, emergiendo desde la sociedad civil alza la voz para cuestionar, criticar, señalar y denunciar, se convierte en una amenaza para el esquema de poder, que debe ser neutralizada a la brevedad posible, a efecto de que su influencia e impacto sean eliminados.

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El primer paso es difamar, calumniar, denostar, desacreditar. Se teje una red de infundios, con el apoyo incondicional de los medios afines al Estado, cuyos informadores sistemáticamente señalan verdades a medias e infundios plenos, para dañar la imagen y credibilidad del indeseable ciudadano que comete el osado crimen de cuestionar al grupo en el poder, o peor aún, llega al extremo inadmisible de denunciar ilegalidades y corruptelas.

Si la estrategia falla, entonces todo el aparato persecutor se activa. Se aceita la maquinaria acusadora, y si no hay pruebas, se fabrican, sin importar que en el curso de integración de las acusaciones se caiga en lo burdo y lo grotesco. Y es que no importa si en el devenir del proceso, la falsedad queda evidenciada, pues la pinza de sometimiento se cierra cuando la autoridad judicial soslaya la falsedad y la incongruencia, con tal de justificar la acción represora en cuyo trámite se llega al extremo del abuso, cuando sin respetar el debido proceso y desoyendo el mandato constitucional, se encarcela al perseguido, se le niega el derecho a la defensa, y se le impone prisión de manera oficiosa y ominosa.

Cuando lo anterior ocurre, estamos en presencia de un acto de terrorismo de Estado, gestado y desplegado con el avieso fin de eliminar la amenaza que representa quien critica al sistema y denuncia sus corruptelas. Al encarcelar al detractor, se busca no sólo silenciarlo, se pretende además utilizarlo de escarmiento y advertencia para los demás miembros de la sociedad, se busca acobardar a los demás simpatizantes que comulgan con la voz de protesta que al encarcelarlo intentan acallar; se pretende intimidar a toda colectividad que manifieste su reproche el tema que genera la protesta social, y así  quebrar desde la base la amenaza disidente.

Es el caso de John  Moreno Rutowski, a quien para encarcelarlo se ha recurrido a la falsificación por alteración de pruebas utilizadas para consignarlo. Pese a que tal falsedad fue pericialmente acreditada, y pese a que dicho dictamen no fue ni cuestionado ni objetado por el agente del ministerio público adscrito al juzgado del conocimiento, el titular del juzgado estimó que dichas pruebas le eran admisibles, porque el ministerio público es un órgano “de buena fe”, que además goza de “la presunción de inocencia», y por tanto, si utilizó probanzas falsas, es posible que la falsedad resulte atribuible a una secretaria y no reprochable al ministerio público.

Si realmente John fuera un delincuente, la Procuraduría de Justicia no tendría necesidad de falsificar pruebas para utilizarlas en su contra.

El terrorismo de Estado no termina en esa fase. La opresión y negación del derecho a la defensa se prolonga en el trámite de la causa ante el juzgado, donde a nueve días de la detención de John Moreno y Joella —su compañera de causa—, el juzgado se niega a proporcionar copias del expediente a los abogados defensores, pretextando “excesiva carga de trabajo”.

Cuando leímos el auto de formal prisión, se nos negó el derecho a tomar una impresión fotográfica del mismo, “por órdenes de la juez”, mandamiento que carece de fundamento legal alguno, por lo que tuvimos que ejercimos el derecho de defensa “a escondidas”, y en un descuido del personal tomamos las impresiones que por este medio les comparto.

John Moreno Rutowski enfrenta confinado en una celda, todo el poder represivo del terrorismo del Estado. Su único pecado: encabezar una protesta social contra actos de corrupción y abuso de poder del gobierno sudcaliforniano.