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¿Cómo debería llamarse Baja California Sur? Propuestas para un cambio de nombre

Casa del Estudiante en la Ciudad de México. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

El Beso de la Mujer Araña

Por Modesto Peralta Delgado

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hasta el momento, no se ha presentado una propuesta para cambiar de nombre al Estado de Baja California Sur, declaró para este medio el diputado Esteban Ojeda Ramírez; sin embargo, él mismo sabe de crecientes rumores sobre esta inquietud. CULCO BCS investigó la postura sobre el tema con diferentes expertos, y logró dar con quien podría ser la primera persona en solicitarlo ante el Congreso del Estado. De aprobarse, este hecho sería de una enorme trascendencia para la media península, y aunque no fuera así —al menos en un corto plazo—, el sólo hecho de analizar la posibilidad podría movilizar a una amplia discusión ciudadana.

¿Sabes cuáles son las propuestas para cambiar de nombre a BCS? Históricamente, por derecho o por costumbre ¿cuál le correspondería? ¿Qué significa California y qué tiene de particular? ¿Qué voces han surgido para analizar nuestra historia y el nombre de la Entidad? ¿Qué procedimiento se ocuparía? Para responder todas estas preguntas, CULCO BCS publica este reportaje y te invita a llegar hasta el final.

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Fácil pero complicado

En exclusiva para este medio, el diputado Ojeda Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, dijo que hasta la fecha —entrevistado el 19 de diciembre de 2018— “no ha habido propuesta (…) No, aunque sí he escuchado un fuerte rumor”. A finales del año pasado, un grupo de historiadores regionales lo invitaron a una serie de conferencias, y aunque no pudo asistir, se enteró que se trataba de una propuesta académica sobre el origen del nombre California y la posibilidad de presentar una propuesta de cambio de nombre.

Se refería a la III Semana de Historia California en la identidad de los sudcalifornianos, que se llevó a cabo en el Museo Regional de Antropología e Historia en La Paz a principios de noviembre, por la Asociación de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales (CAHEL, A.C.), en donde participaron los maestros Gilberto Ibarra Rivera, Eligio Moisés Coronado y Carlos Lazcano Sahagún, entre otros. Ellos, entrevistados para este reportaje, negaron que hasta el momento hayan solicitado el cambio de nombre de la Entidad a los diputados, aunque sí son simpatizantes de la idea.

¿Qué se ocuparía para cambiarle el nombre a Baja California Sur?, se le cuestionó al legislador —quien posee una Maestría en Historia por la UABCS—, y explicó que con las recientes modificaciones a la Ley, cuando antes se requería presentar alrededor de mil firmas, ahora sería relativamente fácil, pues bastaría que una sola persona reúna ciertos requisitos en su propuesta —antecedentes, fundamentos históricos, etcétera— y presente la iniciativa de ley ante del Congreso del Estado. “Todas la iniciativas se reúnen; la Comisión hace las revisiones y le notifica al ciudadano si pasa o no; la iniciativa va al Congreso, a la Oficialía Mayor; se presenta el dictamen al proceso, consulta y demás (…) Toda la instrumentación la operaría el Congreso”.

De haber una propuesta, el Diputado sería de los primeros en enterarse por presidir la Comisión mencionada, pero se trataría de un tema muy complejo que requeriría varias consultas: “es un tema muy delicado, seguramente tiene que haber una amplia consulta y no saldría en una primera etapa; tendría que hacerse una serie de indagaciones, propuestas, foros, una serie de actividades que involucraría a toda la sociedad: intelectuales, políticos, académicos, universitarios, políticos… Muy grande la consulta”.

Esteban Ojeda comentó que, si bien no es nada nuevo, sí se trata de “un rumor que corre” y del que ya le han preguntado personas de la sociedad civil. “Yo he escuchado en el transcurso de los años —tengo 42 años viviendo aquí, llegue a los 20 años—, he escuchado de hasta la fecha, dos nombres: el nombre de Sudcalifornia y recientemente he escuchado el de California“. ¿Usted en lo particular tiene alguna preferencia? Se le preguntó y dijo que no: “personalmente no tengo ningún interés de que se cambie, pero desde el punto de vista histórico, apoyaría que fuera California“. Y éste último nombre, ¿no presentaría alguna controversia internacional al tenerlo ya un Estado de Estados Unidos? “No se que implicaciones tendría a nivel internacional —dijo—, pero hay otras ciudades de igual nombre en diferentes países y lugares. Tendría que haber una argumentación con especialistas en la materia, mas allá de los historiadores, un asunto de políticos internacionalistas”.

El cambio de nombre de la Entidad, debe aprobarse o no, en el Congreso del Estado. FOTO: Archivo.

Que se llame Sudcalifornia

En 1967 se empezó a realizar la popular carrera off road Baja Mil. Fue a partir de su uso publicitario que a la fecha —y luego de más de 50 años—, a la Entidad se le empezó a llamar simple y llanamente Baja. Así lo explicó el maestro Gilberto Ibarra Rivera —autor de varios libros de historia, entre ellos Diccionario Sudcaliforniano—, preocupado por la pérdida de identidad sudcaliforniana con esta ya enraizada denominación. “Eso le gusta a los americanos —dijo—, pero el pueblo protesta”, y fue así que el entonces gobernador Alberto Alvarado Arámburo estableció el Decreto 374 que prohibía —y sancionaría— el uso de Baja para nombrar al Estado. Sin embargo, “no se hace nada en lo absoluto (…) fue un decreto muerto” del gobierno del PRI, que tampoco aplicaron los gobiernos del PRD y del PAN. Hasta la fecha —criticó— las áreas de Turismo y hoteleros siguen popularizando el acortado nombre: “les es más fácil hacer eso, como no hay sanciones, ellos siguen, ha podido más el poder económico que el poder legislativo”. El Decreto 374 fue publicado en 1982, sigue vigente y puede descargarse en línea, donde se lee que hay una multa de hasta 25 mil pesos para quienes “continúen utilizando solamente el calificativo “BAJA” para designar a nuestra Entidad”.

Gilberto Ibarra Rivera. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

En un enorme esfuerzo de síntesis, Ibarra Rivera nos ayudó a esbozar la historia del nombre de esta tierra que ha tenido unos diez a lo largo del tiempo, y unas cinco propuestas para cambiarlo. A pesar de la bruma de datos, el maestro posee una memoria asombrosa. De entrada, comentó que el nuestro “es el único Estado de la República Mexicana que tiene su origen en la Literatura universal“. California proviene de Califerne, un lugar de fantasía mencionado en la novela Las Sergas de Esplandián de Garci Rodríguez de Montalvo. Publicado en 1510, las aventuras narran las aventuras de la guerra entre cristianos y musulmanes en la Edad Media, y allí se menciona a Califerne, donde reinaba Calafia. Fue así como los navegantes españoles que llegaron en el siglo XVI a lo que hoy es Baja California Sur, creyeron haber llegado a una isla llena de tesoros y habitada sólo por mujeres exóticas. Pronto les llegó el desencanto, pero la creencia de que estábamos en una isla perduró hasta entrado el siglo XVII.

El 3 de mayo de 1533 llegó Hernán Cortés a lo que hoy es La Paz —continuó el maestro—, y durante la expedición “se dice que los soldados vieron El Arco (de Los Cabos) y les hizo referencia la Califerne. ¡Aquí tienes tu California!, le dijeron, y de ahí surge el nombre de California“. El uso más antiguo del nombre está en un mapa que bautizó como Cabo California a lo que hoy es Cabo San Lucas, y pronto, se le llamó así todo el amplio territorio que abarcaba hasta el Sur de Estados Unidos. A partir de 1562, esta denominación tuvo un registro oficial por parte de la Corona Española, y así —o bien, Californias, en plural—, se le llamó a todo el conjunto de tierra con sus pequeñas islas. Incluso, luego de 1663, en honor al rey Carlos, un tiempo se le nombró Carolinas, lo que no duró mucho, si no, en vez de californios o sudcalifornios nos hubiésemos llamado carolinos.

Hasta el siglo XVII, el padre Eusebio Kino vino a descubrir que no se trataba de una isla sino de una península, pese a lo cual, los cartógrafos todavía la dibujaban de ambos modos; desde esta época misional, el nombre de California perduró para esta vasta región. Después se denominó Alta California —actualmente, EEUU— y Baja California a toda la península —algún tiempo a estas zonas también se les nombró Nueva y Antigua California, respectivamente. De manera que a inicios del siglo XVIII, empieza a utilizarse Baja California, pero luego de la Independencia de México, también se le nombró Territorio, Provincia o Departamento de Baja California. Viene después el gobierno de Antonio López de Santa Anna, quien pierde la guerra contra EEUU (1848): “nos ganan esa guerra y nos despojan de los territorios, y nos despojan también del nombre original de esta tierra, y la California se quedó Estados Unidos y a nosotros nos dejaron como Baja California“.

Así, la península duró muchos años como una sola entidad divida en Distritos y luego como Territorios. Para 1951, Baja California se convierte en Estado, pero aquí se le siguió llamando Territorio de Baja California Sur. En 1974, el Congreso tuvo la oportunidad para cambiar definitivamente el nombre al estado, “pero no hicieron ese cambio, ¡se les fue!”; sí dejaron el gentilicio como sudcaliforniano, pero a partir de ese año, formalmente, nuestra entidad se llamó y se sigue llamando Baja California Sur.

Luego de medio siglo en que se ha popularizado más llamarle Baja al Estado, “por economía de esfuerzo”, el tema de su denominación vuelve a surgir. Ibarra Rivera señaló que oficialmente no sabe qué organismo o ciudadano presente una propuesta, pero le gustaría que las autoridades por fin atiendan esta inquietud. ¿Qué otros nombres ha sabido, que se han dado, como propuestas para la Entidad?, se le preguntó, y respondió que han sido: Sudcalifornia, California, California del Sur y California Mexicana. ¿Con cuál simpatiza Usted? “A mi me parece bien Sudcalifornia —declaró—, por antigüedad y derecho. La simpatía parece que va mas por California, México. En lo personal, me gusta más Sudcalifornia porque estamos más identificados, pero históricamente le corresponde California“. Sería a principios de los años 70’s —comentó—, que el conocido historiador Miguel León Portilla, “perfiló que Baja California Sur iba al desarrollo (…) ¡Con qué anticipación lo dijo! Que se perfilaba un desarrollo enorme para que fueran pensando los sudcalifornianos, que la llamaran Sudcalifornia. Pero nadie hizo caso”.

Que se llame California

Por su parte, el maestro Eligio Moisés Coronado —quien fue cronista de La Paz, y hoy también miembro de la CAHEL, A.C., además de autor de varios artículos y libros—, facilitó a este medio algunos materiales sobre el tema. Lo que se muestra a continuación, es la propuesta publicada en 1970 en Excélsior por Miguel León Portilla, para designar Sudcalifornia a esta Entidad, y que se publicó también en el Estado como una posibilidad de cambio de nombre —4 años después se le da el nombre de Baja California Sur. Y en seguida, una resolución de la Comisión de las Californias, firmada por el propio Coronado en 1973, donde expresan su oposición en denominar a la Entidad sencillamente como Baja, por un uso “denigrante, dando la impresión de que la península es una sección menor de la California norteamericana“.

FOTOS: Cortesía.

Moisés Coronado dijo “considero justo que se niegue el registro de cualquier empresa que pretenda tener como razón social los solos calificativos de Baja o Baja Sur; que se establezca en cantidad alta de salarios mínimos la sanción a quien insista en usar alguno de estos títulos; y que a los reincidentes además se les cancele el permiso respectivo”.  Y sobre el respeto al Decreto 374, señaló que “lamentablemente sólo en parte, pero se han obtenido algunos logros: en La Paz, el nombre oficial del hotel Baja fue cambiado por el de hotel Baja California Sur; la agencia Volkswagen cambió de Automotriz Baja Sur a Automotriz Mar de Cortés, y algunos negocios en el estado han hecho el cambio correspondiente. Por fortuna son ya varios los empresarios que han optado por el nombre de California para aplicarlo a sus negocios, lo cual es absolutamente legítimo porque históricamente nos pertenece”. En conversación vía telefónica a este medio, el maestro Coronado indicó que simpatiza con la idea de que el Estado vuelva a tener su nombre original: California.

Que se llame California… ¡Y California Norte!

Carlos Lazcano Sahagún, director del Museo de Historia de Ensenada, recientemente publicó Sobre el nombre California, donde explica el origen de este nombre y la evolución de su cartografía. Como se dijo anteriormente, proviene de Las Sergas de Esplandián, donde se menciona el reino de California, aunque asegura que “no se sabe el nombre de dónde viene, ni de qué lengua es, ni qué significa”; estudiosos han creído que tiene raíces árabes, o que el autor de la novela lo tomó de Califerne, de Canción del Roldán que se publicaron tres siglos atrás. Todo esto es especulativo, comentó.

El también geólogo indicó que el primer registro de este nombre se hizo en un mapa de 1562, trazado por el cartógrafo real Diego Gutiérrez, donde coloca el nombre de Cabo California a lo que hoy es Cabo San Lucas, y de ahí, brincó al resto de la península. Según el mismo historiador, la confusión de que esta zona era una isla empezó a principios del siglo XVII, sin embargo, hubo un mapa de 1541 que ya la definía como península.

Lazcano Sahagún, propone que Baja California Sur sea llamada California, y su Estado, Baja California, sea denominado California del Norte. Sin embargo, “en Baja California hay sectores amplios que asumen el término Baja; esta propuesta que yo hago no es bien recibida, muchos piensan que no es válida (…) La actitud es más bien de rechazo, pero sin ninguna base firme. El término Baja es como un término comercial es como una marca”, asegurando que el fondo del asunto es que allí hay mucha migración y no existe el arraigo que hay entre los sudcalifornianos. Además, en su opinión, a pesar de que ya existe el mismo nombre en EEUU, “no tenemos porque tomar en cuenta  a los gringos, históricamente (el nombre) es de los mexicanos”.

Resistencia civil responsable

Quien presentará la iniciativa ante el Congreso del Estado es el periodista Cuauhtémoc Morgan Hernández, director general de Colectivo Pericú, pionero de los medios digitales en la media península —que este año cumple una década. En entrevista para este medio declaró que “absolutamente nadie ha manifestado públicamente su interés por meter una iniciativa a fin de cambiarle el nombre al Estado, ni siquiera a nivel de diputados o de alguna fracción; el único que ha externado llevar esto al Congreso, con algunos compañeros, es su servidor y sí lo voy a llevar al Congreso (…) Ojalá que sea en enero. Yo personalmente acudiré a presentar una iniciativa para presentar el aspecto legal para que se cambie el nombre del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur a únicamente a California (…) Estamos a tiempo todavía de cambiarle el nombre”.

Cuauhtémoc Morgan Hernández. FOTO: Cortesía.

Desde hace 3 años, aproximadamente, ha sido un impulsor de este tema. Señaló que EEUU —y últimamente con más fuerza, Donald Trump—, se han encargado de hacer llamar Baja a esta Entidad, habiéndose apropiado del nombre que le pertenecía a los sudcalifornianos, calificando ésto como “el despojo más grande que se ha hecho a esta patria, el de su nombre original”. Conocedor de la historia regional, recordó que “como siempre, desde el centro de la República, a esta tierra olvidada la llamaron de diferentes nombres. Cuando se estuvo en la verdadera posición, cuando se constituyó como Estado Libre y Soberano, allí debió haberse colocado el nombre como California (…) Era la gran oportunidad de recuperar el nombre original”. Para él, llamarla sólo Baja “es una pérdida de identidad (…) Están tomando esto como algo insignificante que no tiene sentido, porque no tienen un claro sentido de pertenencia a esta tierra, y cuando le mencionan Baja lo ven como algo muy común, cuando nos esta despojando de algo original”.

Como un “acto de responsabilidad civil nativa, oriunda de BCS” y como “una resistencia civil responsable”, desde hace 2 años lanzaron un video donde anunciaban que cada que se publicara una nota en Colectivo Pericú, antepondrían el nombre de California, como “La Paz, California“, etcétera. Así, “estamos impulsando que a esta tierra se le devuelva su nombre original, ni Baja, ni Baja Sur, única, seca y llanamente, California. Y así vamos a seguir, como una protesta permanente, a fin de ir propagando la idea”. Esta posición que calificó de “atrevida” —contó—, le ha acarreado críticas y recriminaciones; le cuestionan que Si ya existe un California, Estados Unidos, ¿cómo vas a pretender que aquí se le llame igual?; él responde que, históricamente, le pertenece ese nombre, que hay otros lugares con nombres iguales en el mundo sin que signifique un problema, y que una “reafirmación del nombre de California está en el mismo golfo que es Golfo de California: ahí viene una reafirmación de nuestro nombre, que con millones de olas nos bautiza”.

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Este domingo se corre maratón Loreto; participarán atletas de talla mundial

La Paz, Baja California Sur (BCS).Por segundo año consecutivo, el atleta olímpico Juan Luis Barrios, garantizó su presencia en el Medio Maratón de Loreto que se correrá el próximo domingo, informa el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude).

El atleta se suma a la también seleccionada nacional Sandra López Reyes, quien la semana pasada anunció su participación en este evento que por tercera vez se llevará a cabo en la primera capital de las Californias; Barrios Nieves corrió el pasado fin de semana el maratón de Nueva York donde se ubicó entre los mejores 15 en la clasificación general.

En compañía del corredor olímpico acudirá su esposa, la también atleta Mahelet Jiménez Luna,  ganadora en en la rama femenil de la entrega anterior; sin duda buscará refrendar el triunfo, aunque ahora tendrá como adversaria a la campeona panamericana Sandra López.  El evento garantiza la participación de unos 600 corredores en las diferentes categorías y distancias.

El comité organizador representado por la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de Loreto (AHL) y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), están ultimando los detalles de la organización  para cumplir con la carrera en sus diferentes etapas desde los 2.5, 5, 10 y 21 kilómetros.

El sábado 10 de noviembre se instalará en el malecón toda la logística para la llegada de los competidores, de tal forma que todo estará listo para que en punto de las 7:00 de la mañana del domingo 11 de noviembre, en el campo de Golf de Loreto, la presidenta municipal Arely Arce Peralta dé el disparo de salida, concluye el boletín de prensa.




Simulación y secrecía oficial

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). México nace a la vida republicana, tras el apaciguamiento nacional, una vez concluida la revolución más sangrienta de que se tiene registro en el continente americano. Tras decretarse la Constitución de 1917, los inicios del ejercicio de la democracia representativa enfrentaban la amenaza de una reacción armada que a través de un golpe de Estado, regresaran el mando de la nación a un dictador. Es por eso que en esa etapa de nuestra historia moderna, se justificaba la secrecía y el sigilo al momento de tomar determinadas decisiones, como la de nombrar un Presidente o Gobernador sustituto.

Con el paso del tiempo, el régimen se afianzó y las amenazas que justificaban el secreto en el ejercicio decisorio gubernamental, quedaron superadas.

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En el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y la transparencia, lo único secreto en lo relacionado al ejercicio público, es el voto ciudadano. La única reserva de privacidad que hemos de preservar, es la que se otorga al gobernado cuando acude a emitir su voto.

Pese a ello, el marco normativo federal constitucional sigue previendo la secrecía en el ejercicio de gobierno (Artículo 84), en el supuesto de la elección del Presidente sustituto; e incluso cuenta con un añadido retrógrada e incompatible, pues el 7 de febrero de 2014 se agregó la fracción VIII al apartado A del Artículo 6º Constitucional, en el que establece que el Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, será electo por los comisionados mediante votación ‘secreta’. Irónico que el encargado de acabar con la opacidad, sea elegido ‘en secreto’.

En el ámbito local, la Constitución Política de Baja California Sur mantiene la secrecía para la toma de determinaciones que en la actualidad deben ser absolutamente transparentes, como es el caso de la elección del Gobernador sustituto (Art. 72), el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia (Art. 95), así como la designación del magistrado y juez que integrarán lo que llaman “Consejo de la Judicatura” (Art 97).

Las normas secundarias del Estado permiten a los diputados tomar en secreto, decisiones que deberían ser tomadas de cara a la ciudadanía, como ocurre en los casos de juicio político.

En el ámbito municipal, se permite legalmente que los Cabildos sesionen en secreto, dando con ello pie a grandes corruptelas, como las que han permitido innumerables actos de endeudamiento o saqueo, en detrimento del erario municipal; o han puesto en peligro nuestro entorno ecológico, como es el caso de la fallida intentona de la anterior administración municipal paceña cuando trataron de abrir la puerta en nuestra comunidad a la mega-minería tóxica.

Otra práctica contraria a la transparencia y eficacia en el ejercicio gubernamental, que constituye un resabio de los esquemas dictatoriales en la designación de encargos, lo constituye el proceso discrecional, que permite al Secretario de Educación, otorgar a su vástago, una plaza y al mismo tiempo, una comisión a cubrir simultáneamente en dos espacios distantes 354 kilómetros entre sí, como si el angelito tuviera el don de la ubicuidad.

Una práctica más que cubre la secrecía dictatorial del dedo decisorio ejercido por el Gobernador en turno, es la que corresponde al nombramiento del Procurador de Justicia y de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los aspirantes que integran la terna –previamente palomeada— desfilan ante los diputados en una pasarela, como si fuera un concurso de belleza o una exposición ganadera. Resulta ofensivo ese procedimiento.

Es imposible que los diputados puedan elegir a la mejor opción para un encargo de tan elevada responsabilidad, con solo escucharlos en tribuna. Como si nuestros representantes populares fueran aptos para evaluar la capacidad e idoneidad del aspirante con un par de preguntas.

Nuestros diputados tienen el derecho constitucional de ser ignorantes, porque el planteamiento normativo presume que se rodearán de asesores adecuados, pero cuando en la práctica se rodean de allegados ineptos e incapaces, entonces vemos que la opacidad y discrecionalidad son otra vez herramientas de corrupción y componendas.

Nuestras propuestas

Modificar la Constitución y el marco normativo secundario, para erradicar por completo toda toma de decisión que se realice de espaldas al gobernante.

Eliminar la secrecía del ejercicio público, para eliminar la opacidad en la toma de decisiones que afectan indefectiblemente a todos los contribuyentes.

Que los cargos relacionados con la procuración y administración de justicia se asignen por concurso y selección, no por designación.

Que se profesionalice y regule el encargo de asesor parlamentario, para garantizar el profesionalismo en el quehacer legislativo.




Represión, fabricación de delitos y mentiras oficiales en BCS

Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales“.

Yo no “descalifiqué” al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.




Hoy se “elige” al nuevo Magistrado del Virreinato de BCS

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local “elegirán” al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, “nuestros” diputados cumplirán con la farsa protocolaria y “elegirán” al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.