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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la expresión de la voluntad popular en las urnas electorales, quedó claro el descontento ciudadano con el desempeño del actual Gobernador, y la nota relevante de la semana pasada, fue el ejercicio excesivo de poder que implica interponer 30 vetos al Congreso del Estado, acto de autoridad sin precedentes en la historia sudcaliforniana.

La página del Congreso de Baja California Sur, informa que el gobernador vetó en un solo día 30 decretos emitidos por el Legislativo local. Un ejercicio abusivo, ocioso, nocivo y lesivo, del poder constitucional conferido al Ejecutivo, que sólo tiene sentido si se entiende como una rabieta infantil de quien se vio derrotado en las urnas.

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El Artículo 60 de la Constitución local otorga al Gobernador la facultad de vetar, parcial o totalmente, cualquier proyecto de ley o decreto que emita el Congreso del Estado, y si bien no existe límite al número de vetos que puede interponer el Ejecutivo, lo cierto es que, en cada caso, debe acompañarlos con las observaciones correspondientes, entendiéndose las mismas como la expresión de motivos que le llevan a vetarlos.

Siendo el veto un acto de autoridad, se sujeta indefectiblemente, al principio de legalidad estricta. Cada observación deberá estar debidamente, fundada y motivada, para que sea considerado un auténtico ejercicio democrático, un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos; un acto de contrapeso que se otorga por mandato constitucional al Poder Ejecutivo para frenar en su caso, el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo.

Si los 30 vetos razonan detalladamente, de manera fundada y motivada cada uno de los aspectos controvertibles de cada tópico contenido en cada decreto, la actuación del Ejecutivo es correcta, adecuada, oportuna y justificada. Si en contrapartida —como en la especie—, se limita a interponer el veto sin ton ni son, con el único afán de detener el quehacer legislativo, entonces estamos en presencia de un ejercicio abusivo de atribuciones, y el Congreso no sólo esta facultado, sino que está obligado a proceder en consecuencia, iniciando el procedimiento de responsabilidad oficial respectivo contra el Ejecutivo.

Así, el ejercicio abusivo de atribuciones, en Baja California Sur, es delito de corrupción. De retirar la inmunidad procesal —coloquialmente, llamada “fuero”—, al Ejecutivo, mediante el juicio de procedencia —popularmente, llamado “desafuero”—, podría llevar al Gobernador saliente a enfrentar un proceso penal, e incluso, por tratarse de un delito de corrupción, podría enfrentar el encausamiento penal tras las rejas, pues con la última reforma constitucional sobre la materia, los delitos de corrupción ameritan prisión preventiva oficiosa, en tanto y cuanto se desarrolla el proceso penal correspondiente.

En otras palabras, la rabieta del Ejecutivo, consistente en el absurdo de vetar sin sólida argumentación ni fundamentación la treintena de decretos, puede costarle no solo el cargo que está por concluir, sino que lo puede llevar a enfrentar un proceso penal en prisión.

El veto del Gobernador no sólo tiene la exigencia de estar fundado y motivado, también debe sujetarse a una temporalidad específica. De acuerdo con el Artículo 58 de la Constitución del Estado, una vez aprobadas las iniciativas de ley o decretos, se remitirán al Gobernador para que proceda a su promulgación y publicación, a no ser que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de diez días hábiles. En el caso que nos ocupa, varios de los vetos presentados en paquete, rebasan por mucho el plazo de diez días y, por tanto, son totalmente improcedentes, y deberán ser desechados de plano, sin mayor trámite ni dilación.

En resumen, el ejercicio abusivo de atribuciones realizado por el Gobernador al interponer una treintena de vetos al Congreso puede ser severamente, sancionado o pasar a la historia como un evento meramente, anecdótico en el cual queda de manifiesto la frustración de quien se vio derrotado en las urnas. Ello depende, exclusivamente, del Poder Legislativo.

¿Qué van a hacer nuestros Diputados? Probablemente, nada. Llevan tres años enfrascados en pleitos de lavadero elevados a controversia constitucional. Han tirado a la basura prácticamente, todo el periodo legislativo, y esta rabieta del Gobernador no viene a ser sino un capítulo más del consecutivo de desatinos que al final de cuentas, exhibirán a la actual legislatura, como la peor de la historia en nuestra entidad.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  El próximo 14 de febrero, deberá renovarse la plantilla de integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el entendido que ningún consejero puede reelegirse, con excepción del presidente, que permanece en el encargo mientras sea al mismo tiempo presidente del Tribunal.

Conforme a lo establecido en el Artículo 95 la Constitución del Estado, el presidente del Tribunal de Justicia estatal solo puede durar 3 años en el encargo, pero como en Baja California Sur la Constitución es letra muerta, con la complicidad por omisión del gobernador y gracias a la ignorancia e indolencia de nuestros diputados locales, el actual magistrado presidente del Tribunal de Justicia estatal detenta el encargo por 11 años, tras su cuarta “reelección” directa y consecutiva.

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El gobernador tiene la obligación de denunciar ante el Congreso dicha violación constitucional, y el Congreso debe actuar en consecuencia, instaurando el procedimiento que pudiera tener como consecuencia la destitución del magistrado presidente; pero el primero no denuncia y los diputados, aun pudiendo actuar de oficio, por ignorancia, negligencia y carencia de asesoría parlamentaria adecuada, son simples observadores mudos del ilegal actuar del titular de los designios que emite el Tribunal Superior de Justicia.

Con el escenario planteado, se renueva el Consejo de la Judicatura local. Cuatro consejeros entonces, serán removidos. Uno será designado por el gobernador, otro por el Congreso del Estado, y dos más por el pleno, bajo la férula del presidente del Tribunal, quien seguirá teniendo el control decisorio, pues el Consejo de la Judicatura, dada la sumisión y dependencia de sus integrantes, es un mero apéndice caro, una simulación, un costoso parapeto que pretende legitimar el control vertical que ejerce el presidente del Tribunal, con la solapadora venia del gobernador, y la penosa ignorancia inoperante de nuestros diputados locales.

El presidente en turno, por conducto del Pleno, elige a dos representantes: un magistrado y un juez. El magistrado será uno de sus incondicionales, y como “representante” de los jueces, la elección recaerá seguramente en una funcionaria judicial, cuyo mayor mérito es el ser actualmente y desde hace dos años… la secretaria particular del presidente.

El tercer consejero, será designado de manera directa, sin concurso ni examinación, con secrecía y en la privacidad de su despacho, por el gobernador, y el nombramiento recaerá sobre uno de sus allegados, alguno sin mayores aspiraciones en la próxima contienda electoral, y con los méritos suficientes para ganarse esta beca de ocio por los próximos cuatro años, con sueldo completo y prestaciones de primer nivel.

El último consejero será nombrado por el Congreso, mediante votación secreta, y la beca que ello implica se disputa entre un exmagistrado judicial, del grupo leonelista, dos “defensores” de los derechos humanos, un abogado civilista, y un asesor del Congreso, uno de ésos cuyas directrices poco afortunadas alimentaron el conflicto al seno del Congreso, que nos llevó a calificar la actual legislatura como la peor de la historia en el Estado.

En resumen, por el sistema de designación de sus integrantes, el Consejo seguirá siendo una burla, un mal chiste, y chiste caro.

A menos que el próximo gobernador y/o la nueva legislatura tomen cartas en el asunto y lleven a cabo una reforma judicial integral, constitucional y orgánica, el Tribunal de Justicia y la charada denominada “Consejo de la Judicatura”, seguirán siendo el coto de poder de un grupúsculo, al servicio del gobernador en turno.

Tal como está actualmente integrado, atendiendo a su ley orgánica, el Consejo carece de autonomía pues responde ante el Pleno, en casos de responsabilidad patrimonial¹ quejas administrativas² o responsabilidad administrativa³ depende presupuestalmente del presidente del TSJE⁴; sus actuarios dependen presupuestal, orgánica y jerárquicamente, del TSJE⁵ y las facultades de autoridad, supervisión y determinación, están reservadas en exclusiva para el presidente, y no se ejercen de manera colegiada ni se delibera en conjunto⁶.

En resumen, por su estructura, organización, funcionamiento y dependencia, el llamado Consejo de la Judicatura, que por mandato constitucional debiera ser un órgano autónomo, encargado de la administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial, así como de la selección, formación, actualización y evaluación de los funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, y el desarrollo de la carrera judicial, misma que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, pero…  en realidad, solo es un apéndice inútil y costoso, al servicio del presidente del Tribunal, y su principal objetivo, es “legitimar” el ejercicio vertical del poder al seno del Tribunal, y el manejo discrecional, opaco e irregular, de los millonarios dividendos que genera el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, integrado con fondos públicos provenientes del pago de multas y depósitos.

(todos los Artículos en cita son de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de BCS)

1.- Artículo 14 fracción III

2.- Art. 14 fr. XVI

3.- Art. 14 fr. XXIX

4.- Art. 22 fr. XIII

5.- Art. 38

6.- Arts. 41, 49 fr. III, 53, 59 fr. III y XIII

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En breve, la administración pública estatal vivirá una profunda transformación estructural y operativa. Por primera vez en su historia, el Gobernador en turno ejercerá su mandato, compartiendo el poder público en la Entidad, con un Congreso mayoritariamente opositor. Sin lugar a dudas, el escenario es propicio para una adecuación funcional de todos los sectores del servicio público. Mucho qué hacer en los rubros fundamentales del Estado: salud, educación, seguridad pública, procuración y administración de justicia, economía, cultura, desarrollo social, y en el tema que hoy nos ocupa, el ámbito de difusión y respeto a los Derechos Humanos.

Desde su nacimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a operado como una figura decorativa, cuya Presidencia se otorga sin mayores méritos, a quien así deba ser premiado, por los servicios prestados al interés político del titular del ejecutivo en turno.

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Carente de fuerza de imperio y autonomía, la CEDH se constituye en una maquinaria burocrática estéril y costosa, cuya existencia obedece originalmente a una exigencia generada por la firma de un tratado internacional suscrito con el afán de buscar a nivel internacional, el reconocimiento de México como una nación respetuosa de los Derecho Humanos, y que actualmente, a nivel estatal, sólo sirve para simular oficialmente que en la Entidad se ejerce el poder, respetando los Derechos Humanos.

Lo cierto es que para fines prácticos, atendiendo al servicio público, este organismo es inútil y costoso. Ahora que contaremos con un Congreso que al menos en el papel no estará sujeto al capricho del Gobernador en turno, podemos pedir una reestructuración de este organismo, que lo haga operativo y funcional.

En los últimos seis meses, la CEDH ha sido noticia incluso a nivel nacional, por los escándalos derivados del manejo desaseado de los recursos públicos, la inconstitucionalidad del proceso de designación de la actual Presidente, cuyo nombramiento ha sido sancionado como ilícito por la justicia federal, y al ventilarse el procedimiento seguido, se ha puesto en evidencia el servilismo de la actual legislatura, hacia los designios caprichosos del Gobernador.

Los graves conflictos internos, se ventilan en juzgados federales y ante la CNDH; e incluso ante la PGJEBCS donde ya obran denuncias en contra de la defenestrada Presidente. Es urgente poner orden al seno del organismo, pero en lugar de ello, el Congreso del Estado ha decidido postergar la atención del caso. Que sea la nueva legislación la que se encargue de resolver el entuerto.

La ciudadanía en general, tiene la idea de que la CEDH sólo sirve para defender delincuentes, ello —entre otras causas—, es debido a que la mayoría de las quejas que se presentan, son derivadas de actos de autoridad abusivos, cometidos en el ejercicio de las facultades de prevención, investigación y persecución de los delitos. Y es por eso que el modelo de la Comisión ha fracasado, porque se ha convertido en una simple receptora de quejas, y ha descuidado o incluso abandonado, las funciones que conforme a protocolos de actuación internacional, le competen.

Atendiendo a las funciones que debiera cumplir la comisión, partiendo de la información pública disponible nos encontramos que de las 13 funciones fundamentales, la CEDH sólo atiende la recepción de quejas. Se anexa cuadro sinóptico referencial.

Se trata de una maquinaria burocrática inútil y costosa, como para seguirla manteniendo únicamente como simple receptora de quejas. Debe desaparecer, o reestructurarse y evolucionar hacia los modelos modernos y eficaces.

Nuestra propuesta

Que desaparezca la figura del Presidente de la Comisión, y que todas las funciones que en la ley se le asignen, sean entregadas al Consejo. Convertir la institución en una Procuraduría de transición hacia la democracia plena, en la que el respeto a los Derechos Humanos sea el imperativo del acontecer oficial cotidiano, mediante la constante difusión, formación, capacitación, y educación en materia de Derechos Humanos. Migrar de una simple oficina receptora recomendadora a una Procuraduría persecutora protectora de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, que tutele a todos los gobernados de cualquier abuso que resulte lesivo de derechos fundamentales.

FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Anuncia la vocería del Gobernador de BCS que ha presentado una iniciativa de reforma constitucional estatal para que el Congreso local designe al Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción, a partir de una terna presentada por un grupo de expertos, a diferencia del marco actual en el que el Ejecutivo se encarga de presentar a un candidato y el Congreso de ratificarlo.

Irónico que el Gobernador hable de transparencia, cuando el IMCO ubica a Baja California Sur como la peor entidad en la materia. En el ejercicio 2016 ni siquiera presentó los informes trimestrales de gastos. La opacidad como cobijo de la corrupción, es el sino de la presente administración, donde el vocablo “transparencia” es únicamente un demagógico adorno discursivo.

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Presume el Gobernador que su propuesta generará mayor transparencia en el proceso de selección del referido fiscal. Evidentemente el redactor del boletín, y quien lo firma, desconocen lo que significa la transparencia, porque lo que se hace con el procedimiento que propone el ejecutivo, es diversificar las fuentes de propuestas, no transparentar el procedimiento.

La transparencia en el ejercicio de gobierno estriba en el cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de proporcionar a toda persona interesada en los actos del gobierno —de manera clara y expedita—, la información que se deriva de las funciones que desempeñan; y por ende, la transparencia se vincula a la gestión pública en el manejo del recurso y el ejercicio de autoridad, no tanto al mecanismo de elección de un servidor público, que al estar plasmado en la norma, es constatable.

Con independencia del deficiente manejo del marco conceptual a que nos tiene ya acostumbrados la administración estatal, el hecho de que la propuesta salga de un grupo de personas afines al gobernador en turno, constituye únicamente una simulación que pretende dar sesgos de autonomía al legislativo, al momento de elegir al fiscal en comento.

En otras palabras, la propuesta de designación será presentada por el Gobernador, a través de sus incondicionales, pues de los cinco integrantes de la comisión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Poder Judicial tienen dependencia presupuestal del Ejecutivo; la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene subordinación jerárquica; y el llamado Colegio de Abogados es en realidad una asociación civil integrada mayoritariamente por servidores públicos con estudios de Licenciatura en Derecho, cuyo presidente –desde que se fundó el colegio— recibe como premio a su lealtad institucional, un cargo público. Basta ver la foto oficial de esa agrupación, para constatarlo. Todo es pues, una simulación.

Aun suponiendo sin conceder, que los integrantes de la comisión de marras contaran con la independencia de opinión y determinación necesarias para formar la terna sin injerencia del gobernador en turno, el hecho de que finalmente sean los diputados los que elijan “en conciencia” al nuevo Fiscal, no garantiza que el mejor candidato, el más calificado, resulte electo, pues la mayoría de nuestros diputados locales han evidenciado ser desconocedores de la función pública, en específico, de la tarea encomendable al Fiscal Anticorrupción. Aunado a lo anterior, la gran mayoría se ha caracterizado por ser incondicionales aprobadores de todos los designios emitidos por el actual Gobernador de BCS.

Cómo garantizar la autonomía

El mecanismo idóneo es que el Congreso lance la convocatoria  abierta a todos los sectores de la sociedad, sin el filtro de una comisión “a modo”, integrada por incondicionales y dependientes del Ejecutivo estatal. Que además de los requisitos “de cajón”, como el contar con título de Licenciado en Derecho, cédula profesional federal para su ejercicio, no haber sido condenado por delito doloso, ser mexicano, contar con residencia en el Estado y buena reputación, que se requisite preponderantemente un mínimo de conocimientos acreditables en materia de normatividad sustantiva y procedimental, antecedentes y criterios jurisprudenciales aplicables en las labores propias de la prevención y combate a la corrupción, tanto a nivel local como federal, constitucional y convencional, y que se someta a todos los propuestos que estén interesados en ocupar el cargo, a un examen riguroso en tales materias, ante un panel integrado por académicos e investigadores provenientes de instituciones ajenas al ámbito de injerencia del gobernador en turno.

Una vez electo el Fiscal Anticorrupción, habrá que dotarlo de autonomía presupuestal —rango porcentual presupuestal fijo— y administrativa —personal propio—, pues de lo contrario, se regresaría a la simulación y contubernio, como sucede actualmente con el inútil importado que en procuración de justicia solo ha maquillado estadísticas; o como ocurre con todos los titulares de las contralorías internas, tanto del Estado como de los municipios, que están a cargo de personajes que tienen lazos de compromiso, amistad, compadrazgo, filiación política, parentesco sanguíneo o amasiato, complicidades o afinidades deshonestas con el Ejecutivo, o sus cercanos.

Gobernador Carlos Mendoza Davis. Foto: Gladys Navarro.

A botepronto

Por Gladys Navarro

La Paz, Baja California Sur (BCS). Atrás quedaron los días en que el entonces candidato a gobernador, Carlos Mendoza Davis, alardeaba que sabía bien cómo erradicar el crimen en Baja California Sur. En donde tenía oportunidad lo decía. Dependiendo del lugar, lo enfatizaba todavía más. Los loretanos lo recordarán, por ejemplo, porque les tocó recibirlo en su arranque de campaña el 5 de abril del 2015 y entonces admitió que la violencia repuntó en el periodo de su antecesor, Marcos Covarrubias (cuatrienio del que formó parte desde la Secretaría General una temporada) y se lanzó muy seguro: “vamos a limpiar el estado, y lo vamos a hacer rapidito”. Creo que muchos nos preguntamos cotidianamente cuál es su definición de rapidez porque justo el pasado viernes 10 de marzo se cumplió un año y medio de su gestión y es evidente que la inseguridad no sólo no ha disminuido, sino que se ha agudizado y los hechos violentos a los que llaman “de alto impacto” se han extendido de La Paz al resto de los municipios sobre todo a Los Cabos, el motor económico de la entidad. Sólo tomando en cuenta la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de enero BCS tuvo una cifra histórica junto a Colima se ubicaron como las dos entidades que más homicidios dolosos registraron por tasa poblacional, en el caso de nosotros, tuvimos 55, esto es 7 veces más que la cifra de enero de 2016, una tasa de 7.7 homicidios por cada 100 mil habitantes (como referencia, la media nacional para enero fue de 1.8 muertes violentas por cada cien mil habitantes). Pero si las cifras no les dicen mucho, o les dicen pero hacen como que no (y me refiero a los defensores y aplaudidores del Gobernador), basta con contabilizar los eventos violentos de la última semana: 11 personas asesinadas del lunes 6 de marzo hasta la tarde de ayer, incluyendo dos mujeres, una de ellas con una amenaza en una manta, una adolescente lesionada al quedar en un fuego cruzado y una captura de un presunto narcomenudista en pleno lobby del hotel Hyatt Ziva en San José del Cabo. Un clima de violencia, pues, nunca registrado en aquel destino y que sin duda repercutirá negativamente por más que lo nieguen. La imagen del destino, cuya economía depende del turismo y es impulso importante para el resto del estado, ya está dañada, y no se advierte que se haga algo contundente para revertir esta situación. ¿Qué pensarán los empresarios que decidieron contratar a Carlos Mendoza? A un año y seis meses de su gestión conviene recordar aquellos discursos esperanzadores para muchos, simuladores para tantos, y seguramente que ahora coincidirán varios, plagados de mentiras. ¿Necesita el empleado más tiempo de prueba? ¿Qué no dijo con tal seguridad que sabía como hacerlo y “rapidito”? Durante su campaña enmarcaba la inseguridad de BCS en el contexto nacional y no en las fallas locales. Hoy como Gobernador responsabiliza a la familia. Culpa al núcleo familiar de producir ciudadanos consumidores de drogas y que al tiempo se convierten en delincuentes. Y la tarea ya no le parece tan sencilla de atender, hoy nos dice que el problema “duerme en nuestras casas”, acusa la falta de atención a jóvenes y los problemas de violencia entre padres, y la sola presencia policíaca no lo frenará, ha dicho. Lo entendemos en parte, porque es un problema que se dejó crecer como en el resto del país. Pero el cambio en el discurso y el panorama que enfrentamos día a día muestra que la situación no sólo está peor de lo que se pensaba, sino que confirma la opinión de quienes no le creyeron antes. Ratifica, pues, que el aspirante mintió una y otra vez y con demagogia barata en su carta de presentación, por.que la experiencia presumida no se ha traducido en resultados significativos. No hay una postura enérgica hacia la Federación para que enfrente su parte y tampoco se advierte que la llamada estrategia coordinada se traduzca en resultados positivos contundentes como aseguró una y otra vez, o sea “rapidito”. Hasta aquí de momento, queridos. Gracias por leerme. Los leo en abotepronto@gmail.com

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