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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social. La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

Promovente minero flanqueado por guardias de seguridad privada, Cabildo La Paz 2015.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que: “EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Protestas afuera de TV Azteca BCS 2015.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Los Cordero y su rancho Las Padercitas son la última línea de defensa, de resistencia física en la Sierra de la Laguna, son la última trinchera desde la que se impide la entrada de la compañía minera…  REGD 07/2015.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha que durante años ha librado la población sudcaliforniana contra la megaminería fue coronada durante la asamblea pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio en Cabo San Lucas el domingo 3 de marzo de 2019. Cuando dijo “no a la mina” los asistentes estallaron en aplausos y en gritos de: ¡Presidente, Presidente, Presidente!, y desde entonces la algarabía ha cundido en el resto de la población del Estado. Sólo algunos sectores partidarios del priísmo y grupos empresariales relacionados al ramo minero han mostrado inconformidad o han manifestado que la decisión del Presidente es populista. Algunos funcionarios públicos de la más alta jerarquía se han aprovechado del “no a la mina” presidencial para montarse en una lucha ciudadana que no libraron.

En Baja California Sur se realiza minería de diversos tipos, pero desde hace años algunas empresas de capital nacional y/o transnacional han intentado establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en un área estratégica para la acumulación y distribución de agua en la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Y aunque la sociedad civil se manifestó en contra y exhortó a nuestros gobernantes a privilegiar la vida sobre el interés económico, la codicia prevaleció en las altas esferas empresariales y políticas; y una y otra vez autoridades municipales y federales dieron entrada a los diversos proyectos presentados para el establecimiento de la megamina e incluso otorgaron permisos condicionados, pero sin observar las disposiciones oficiales para tal efecto; todo esto, en el mejor de los casos, ante la inacción de las autoridades estatales. Para desgracia de los inversionistas y los funcionarios públicos involucrados en esos procesos amañados, la sociedad sudcaliforniana siempre estuvo expectante y dispuesta a protestar contra la megamina, es por eso que cada intento de establecerla fue detenido por una amplia protesta ciudadana a pesar de las autoridades municipales, estatales y federales en turno.

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Décadas de lucha

Los intentos por explotar esta región mediante megaminería datan al menos desde hace tres décadas, pero fue en el sexenio panista de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megamina a tajo abierto generó un gran conflicto social. En ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social, lo que obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a rechazar los proyectos. Tiempo después, durante la administración federal priísta de Enrique Peña Nieto, en octubre del año 2013, la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. ingresó ante las autoridades correspondientes el proyecto minero con algunas modificaciones y con el nombre de Los Cardones; cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en junio de 2014 por la Semarnat, a pesar de que parte de la zona que sería explotada se encuentra en un Área Natural Protegida decretada Reserva de la Biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa autorización fue condicionada a tener un plan de manejo de residuos mineros y a obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En ese entonces Exequiel Ezcurra, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, revisó la MIA aprobada, y señaló que era similar a las presentadas antes, y determinó que además tenía otras fallas.

El descontento social

El conflicto generado por los intentos de establecer la megamina fue particularmente álgido en los años 2014 y 2015. Como respuesta social al ingreso de la solicitud de cambio de uso de suelo de 2013, y ante la inminencia de su aprobación, en abril de 2014 se conforma el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) integrado por 37 organizaciones civiles y por ciudadanos sin filiación. También en abril de ese año, los guardias de Adamantium Private Security Services, compañía filial de Desarrollo Zapal S.A. de C.V., bloquearon por primera vez el acceso al rancho Las Padercitas, predio El Saucito —también conocido como El Encantado— ubicado en La Sierra de la Laguna; pero fueron echados por la familia Cordero, dueños del predio, y por ciudadanos de diversas partes del Estado que fueron a apoyarlos. Desde entonces la familia Cordero fue acosada e intimidada de diversas maneras, ya que su propiedad se encuentra en el área que la compañía minera pretendía devastar, y ellos se habían negado a ceder sus terrenos.

En junio de 2015 la entonces vocera del Freciudav, Irina Trasviña Mar, declaró que la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V. es propiedad de Invecture del Grupo Salinas, al igual que Adamantium Private Security Services (Oficio FRECIUDAV-0200615). Debido a lo anterior, no parece coincidencia que, desde el año 2012 Sergio Sarmiento, comentarista de Televisión Azteca, propiedad de Grupo Salinas, haya visitando Baja California Sur en varias ocasiones y participara en foros a favor de la minería. Por ejemplo, en uno de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) en La Paz, en noviembre de ese año. Lo expresado por Sarmiento causó enojo en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, pues demostró gran desconocimiento sobre el tema, principalmente en lo que considera grandes beneficios de la minería para los más pobres. Además de que criticó a los activistas opositores.

La aprobación de la MIA condicionada en junio de 2014 desencadenó una serie de fuertes protestas, pocas veces experimentadas en el Estado. El 7 de mayo el Freciudav emplazó un plantón en la explanada del Palacio de Gobierno estatal en La Paz, que luego trasladaría al Palacio Municipal; la protesta se mantuvo por 37 días, hasta que logró cierto respaldo de las autoridades. El 3 de agosto dentro de una gran manifestación, una caravana de más de 120 vehículos procedentes de diversos puntos del Estado se congregaron en el estacionamiento del Palacio Municipal y de ahí se dirigieron al centro de La Paz; en la calle Licenciado Primo Verdad, frente a las instalaciones de Tv Azteca, los ciudadanos gritaron consignas contra el proyecto minero, la empresa televisiva y su dueño Ricardo Salinas Pliego. Los inconformes quemaron dos piñatas que aludían al entonces secretario de la Semarnat, Juan José Guerra Abud y a Salinas Pliego. Posteriormente, los manifestantes continuaron su camino hasta la plaza del malecón; en ese lugar realizaron diversos eventos culturales e informaron a la ciudadanía de los riesgos que conlleva la minería de este tipo.

La violencia

El 3 de marzo de 2015 los guardias de Adamantium Private Security Services establecieron un campamento en las inmediaciones de Las Padercitas. Durante la noche del día 4 y la madrugada del 5 de ese mes el rancho fue saqueado y destruido; esa noche únicamente se encontraba Rodolfo Nava Rojas, amigo de la familia, a quien le habían encargado el rancho, pues don Jorge Cordero —diagnosticado con cáncer de hueso y fallecido en 2016— se había trasladado con otros familiares a La Paz para someterse a una quimioterapia. Alrededor de 30 individuos encapuchados atacaron el rancho. Rodolfo huyó a las cercanías desde donde presenció los hechos. Los atacantes destruyeron el corral y la casa, además se llevaron los escombros de ésta y todas las pertenencias de los Cordero; incluidas 13 vacas y tres borregas, así lo declaró Cristian Cordero, quien también señaló que a la mañana siguiente los abogados de Desarrollo Zapal se presentaron en el lugar acompañados de un notario público de La Paz para dar fe de que el rancho se encontraba abandonado. De acuerdo a Cristian, con esa acción la empresa inició un litigio civil contra la familia Cordero por la posesión del predio El Encantado o El Saucito.

Campamento de guardias de seguridad privada en las inmediaciones del rancho Las Padercitas 2015.

Desde su campamento, los guardias de seguridad continuaron acosando y amenazando a los Cordero. La violencia por parte de los promoventes mineros llegó a tal grado que la noche del 30 de mayo de 2015 Mario Martínez González —sobrino de don Jorge Cordero— y su esposa fueron despertados por varios disparos. Ellos habitaban una pequeña casa rodante en Las Padercitas. Les disparaban desde los arbustos y árboles; ellos salieron como pudieron del remolque y corrieron al monte. Los guardias de seguridad pasaron de las amenazas verbales al uso de armas para lograr que la familia Cordero abandonara el rancho. Mario señaló en una conversación con Radio Zapatista Sudcaliforniana que fueron más de 10 disparos. Aquí se puede escuchar la conversación grabada cuando la pareja estaba escondida en el monte.

Confluencia ciudadana

Tras las agresiones a la familia Cordero la lucha social contra el proyecto Los Cardones tomó un nuevo enfoque. Pues si desde hacía años gran parte de la sociedad sudcaliforniana se había manifestado en contra del proyecto, ahora la valiente resistencia de los Cordero ante los embates de Desarrollo Zapal se convertía en punto de confluencia de diversos grupos que ya venían librando sus propias gestas en contra de la megaminería tóxica, como Niparajá, Agua Vale Más que Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Freciudav. Incluso congregó a cientos de extranjeros residentes y a un sector de empresarios agrupados en la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), quienes hicieron público su rechazo al proyecto. Los grupos opositores a la megamina tenían un punto en común: sabían del gran impacto negativo que esta forma de despojo y explotación puede traer a la región.

La sociedad cerró filas en torno a la familia Cordero y colaboró con ellos con asesoría legal para levantar una denuncia por agresiones y despojo ante las autoridades, que por cierto empantanaron el proceso dando largas a las peticiones de los agraviados; la ayuda también fue en obra y en especie para la reconstrucción del rancho, al que fueron diversas caravanas desde diferentes puntos del Estado durante los meses de abril, mayo y junio de 2015. En abril un grupo de ciudadanos de Todos Santos convocó a una caravana para constatar las denuncias de la familia Cordero, a la que se sumó gente de otras partes, así como un grupo representativo del Freciudav; el 16 de abril por la mañana esa organización acudió a la presidencia municipal de La Paz para solicitar el apoyo de la policía, pues sabían que los guardias de Adamantium Security estaban armados.

La caravana quedó integrada por civiles, dos patrullas, algunos periodistas y un vehículo de migración; para los activistas la presencia de los agentes de migración fue para intimidar a los extranjeros residentes. La caravana se encontró con un portón que impedía el libre tránsito sobre el único camino vecinal de jurisdicción municipal de acceso hacia el rancho Las Padercitas. A un lado de éste había instalado un sanitario móvil, todo resguardado por seis guardias que se encontraban a unos 200 metros a bordo de una camioneta doble cabina de la empresa Adamantium. En el área del campamento los policías no encontraron armas, sólo una caja de balas vacía. Fue evidente que alguien les advirtió de la visita de inspección.

En otra caravana, realizada el 25 de abril, hubo un conato de pleito en las inmediaciones del rancho Las Padercitas, en donde uno de los guardias de seguridad privada identificado como vecino de la comunidad de El Rosario,se mostró violento ante el arribo de la misma y debió ser sometido por policías estatales y municipales. En esa ocasión, al inspeccionar los vehículos de los guardias se encontraron diversas pertenencias de la familia Cordero, mismas que habían sido sustraídas de su rancho la noche del 4 de marzo. Un vídeo y varias fotografías que muestran los hechos pueden ser consultados aquí. Después de ese incidente los guardias de Adamantium Security se retiraron del lugar, pero sólo temporalmente. A los pocos días regresaron y otra vez instalaron el campamento, aunque ahora ya no bloquearon el camino de terracería. El 2 de mayo se realizó otra caravana que también contó con el apoyo del Ayuntamiento y los policías municipales. En esta ocasión la misión fue reconstruir el corral derribado la noche del despojo, de acuerdo con los activistas, en una muestra de apoyo a la familia Cordero y como un mensaje para Desarrollo Zapal de que la ciudadanía estaba dispuesta a luchar al lado de los Cordero y por la defensa de su medio ambiente en contra de la entrada de la megaminería tóxica a Baja California Sur.

El 18 de junio de 2015 la familia Cordero se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañada por integrantes del Freciudav y ciudadanos sin ninguna filiación, en donde le entregaron un oficio al procurador Adonaí Carreón Estrada. En éste le exigieron que se protegiera el derecho de la ciudadanía a tener acceso a agua potable y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues expusieron que una megamina en la Sierra de la Laguna pondría en riesgo el abasto de agua para la población. También le reiteraron al procurador su irrestricto apoyo a la familia Cordero por los hechos ya mencionados y le exigieron una rendición de cuentas claras en referencia a las averiguaciones previas interpuestas en esa dependencia (LPZ/154/AMP1/2015, LPZ/155/AMP10/2015 y LPZ/162/AMP(/2015). La respuesta fue que ellos no tenían jurisdicción en el asunto y que debían dirigirse a las autoridades municipales

En julio de 2015 la ciudadanía pidió, mediante sus representantes del Freciudav, al Cabildo municipal de La Paz una audiencia abierta al público y a los medios de comunicación, para que expertos en diferentes materias les explicaran a los regidores y al presidente municipal Francisco Monroy lo pernicioso de la extracción minera a tajo abierto. El Cabildo sugirió una reunión conjunta con los promoventes mineros, pero los integrantes del Freciudav declinaron y solicitaron audiencia independiente.

El 6 de agosto se celebraron dos audiencias, por la mañana para los opositores a la megamina y por la tarde para los promoventes mineros. Ese día asistieron cientos de personas de varias ciudades del Estado, así como de diversos ejidos, para refrendar su rechazo al megaproyecto, la mayoría debió esperar afuera en la explanada del recinto legislativo. Los promoventes mineros llevaron acarreados de las colonias más humildes de La Paz, así como algunos partidarios de las comunidades El Triunfo y San Antonio. Los testimonios de los pagos de entre 100 y 200 pesos recibidos por los “manifestantes” para asistir al Cabildo fueron recabados por varios reporteros y por otros ciudadanos, circularon en las redes sociales y en algunos diarios locales. Incluso algunos acarreados, al enterarse de lo que implica establecer una megamina, cambiaron de bando o se retiraron del lugar.

A favor de la mina, palacio de Gobierno municipal, La Paz 2015.

En la audiencia de la tarde, en un acto sin precedentes, los promoventes entraron al recinto legislativo resguardados por guardias de seguridad uniformados; el mutismo de los Síndicos y de los elementos de la policía municipal presentes ante tal agravio sólo incrementó la zozobra ciudadana. Así mismo, esos guardias amedrentaron a reporteros y ciudadanos al fotografiarlos y/o filmarlos de frente con sus teléfonos celulares. Muchos de los ciudadanos opositores a la mina esperaron hasta la conclusión de la segunda audiencia. Hubo varios momentos ríspidos entre integrantes de ambas facciones que no pasaron de gritos e insultos.

 El Pacto de Todos Santos

En asamblea popular del 12 de septiembre de 2014 una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, para exigir el respeto a sus derechos. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del Estado; también asistieron decenas de extranjeros residentes y algunos ciudadanos de otras partes de la República. Era una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de sudcalifornia, así como la defensa de la Entidad de cualquier megaproyecto minero, incluidos los submarinos, pues en ese año el proyecto submarino Don Diego para la extracción de fosforita del Golfo de Ulloa, al norte de la Entidad, ya generaba otro conflicto social. En ese caso los promoventes mineros incluso demandaron al periodista Carlos Ibarra, por haber expuesto los hechos ante la sociedad, lo que involucró en el conflicto a la prensa local, nacional e internacional, así como a diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El Pacto de Todos Santos cimentó las bases de una ciudadanía alerta y coordinada que manifestó públicamente que su lucha, además de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales, no dudaría en ejercer la resistencia y la desobediencia civil pacífica si los Ayuntamientos y el Gobierno Federal no escuchaban su reclamo y continuaban autorizando proyectos mineros; pues las autorizaciones se gestan desde el Gobierno federal y se aprueban en el Cabildo Municipal. Ese pacto hizo que las autoridades municipales del Baja California Sur avizoraran la magnitud y el poder de la reacción social, lo que llevó a que las siguientes administraciones se posicionaran, aunque tibiamente, del lado de los civiles; también como consecuencia de ese encuentro social el Gobierno Estatal del panista Marcos Covarrubias se manifestó en contra de Los Cardones, aunque sólo verbalmente. Los activistas empezaron a propagar la consigna, en redes sociales y foros, de que todo gobernante o aspirante a cargo del gobierno que apoyara los proyectos mineros y que no hiciera todo lo posible para impedirlos sería castigado en las urnas.

El 18 de septiembre los reclamos se hicieron extensivos y de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile; y fue en Todos Santos donde la población arremetió contra Peña Nieto y, además de exigirle el soporte gubernamental ante la crisis causada por el fenómeno meteorológico, le exigió la cancelación de los megaproyectos mineros; Peña hizo lo mismo que durante todo su sexenio, sudar, sonreír y enredarse en trabalenguas. El Pacto de Todos Santos congrega a más de 60 organizaciones civiles y más de 3 mil 500 ciudadanos, además de ser la manifestación social más coordinada y nutrida contra la megaminería, sus objetivos son de fondo, pues entre los principales está la derogación de la Ley Minera de 1992, misma que es en gran parte una de las causas de la propagación de los megaproyectos mineros y de los desastres ecológicos y sociales que estos generan, como la contaminación del Río Sonora con desechos tóxicos por parte de la Mina Cananea, de Grupo México, de Germán Larrea.

Tras el Pacto de Todos Santos la respuesta de los promoventes mineros no se hizo esperar y en enero de 2015 se anunció la conformación del Frente Prodesarrollo Sustentable, que en ese año hizo reuniones y emitió comunicados en los que encomiaba a la minería y a sus supuestos beneficios económicos y sociales; los promoventes mineros comenzaron a manejar en los medios de comunicación el término de minería sustentable. La gente que integró el Frente Prodesarrollo estaba ligada al priísmo más recalcitrante del Estado, a algunos personajes panistas, a organizaciones sindicales, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como a David de la Paz, coordinador de TV Azteca en la Entidad.

Ciudadanos organizados contra el despojo, Todos Santos 2016.

La vía legal

En agosto de 2015 el Freciudav interpuso una demanda contra la autorización condicionada de la MIA aprobada por la Semarnat en 2014. El 9 de febrero de 2017, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución correspondiente declarando la nulidad de dicha autorización. La declaratoria de nulidad impedía a la empresa promovente realizar cualquier actividad extractiva de minerales mediante la MIA mencionada, pues ésta carecía de una validación para los impactos ambientales que implica un emplazamiento minero como el de Los Cardones. Aunque la ciudadanía ganó esa batalla, la resolución del Tribunal Federal de Justicia se refería al caso particular de la MIA presentada de acuerdo a un proyecto y no hacía referencia sobre el futuro; es decir, si la empresa solicitaba otro resolutivo de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el fallo del Tribunal no establecía que éste se negara. El riesgo seguía latente pues la aprobación o negación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental es responsabilidad de las autoridades de dicha dirección y dependencia, que en ocasiones anteriores ya se habían mostrado afines y complacientes con los promoventes mineros, a pesar de que éstos incumplieran los requisitos y las diversas reglamentaciones correspondientes.

En la sentencia a favor del Freciudav se estableció que durante la tramitación y expedición de los permisos al proyecto minero Los Cardones no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley marca, ya que no se consideró que el artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera sólo pueden ser realizadas por las comunidades que ahí vivan —o con su participación—  al momento de la expedición de la declaratoria; lo que no cumplía la empresa minera, ya que Desarrollo Zapal, Grupo Invecture y demás empresas y consorcios que están detrás del proyecto Los Cardones, son tanto nacionales como internacionales, y no tienen vínculo con Baja California Sur, y menos con el área que repetidamente han pretendido devastar. Pero esa es una restricción que los promoventes mineros podían intentar zanjar mediante la cooptación de particulares o comunidades avecindadas en la zona de impacto, y una negativa como la que entonces obtuvieron no fue impedimento para que intentaran obtener nuevamente el permiso para su proyecto.

Ese logro del Freciudav es un buen ejemplo de lo que una sociedad organizada y participativa puede alcanzar mediante la difusión de una  problemática en diversos foros, así como en las redes sociales y, ejerciendo la protesta social pacífica e incluso la desobediencia civil; pero sobre todo empleando la vía legal para la solución de los conflictos sociales y ambientales. Una vez más la sociedad impedía el establecimiento de la megaminería tóxica en Baja California Sur.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Termina el 2018, y en términos generales, debemos estar satisfechos con los logros alcanzados en nuestra lucha contra la entrada en operación de la megaminería tóxica en BCS.

Culminó el largo proceso judicial iniciado por la empresa minera, a partir de un documento apócrifo que intentaron hacer valer como autorización municipal de uso de suelo; al final del proceso, la justicia federal sólo les reconoció el derecho a ser oídos (garantía de audiencia) por la autoridad municipal, que en cumplimiento a la sentencia de amparo les informó que no existe constancia alguna de la expedición de permiso a su favor, lo que se traduce en que la minera, de insistir en su pretensión, deberá iniciar desde cero, el trámite de solicitud de autorización.

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Este año también festejamos que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, negó a la minera la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Y la cereza del pastel, fue la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, a la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, hasta en tanto y cuanto no concluya el juicio de amparo en el que se generó la suspensión otorgada.

Iniciaremos en enero con la presentación de diversas demandas de amparo, tendientes a obtener la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la minera. Para tener un panorama objetivo del lugar en que nos encontramos en este momento, revisemos el listado de permisos y autorizaciones que se requieren  para poder realizar obras y actividades de explotación minera en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna:

1.- Concesión para la explotación de los recursos minerales (Ley Minera).

2.- Autorización de la Semarnat en materia de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo y por el tipo de obra (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

3.- Autorización de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo de forestal a industrial (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).

4.- Autorización de la Semarnat para el manejo de especies de la flora y fauna silvestre (Ley General de Vida Silvestre).

5.- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Ley de Aguas Nacionales).

6.- Autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros en áreas naturales protegidas (Ley Minera y reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas).

7.- Permisos y licencias municipales de construcción y de uso de suelo (Ley Orgánica Municipal y reglamentos municipales).

Analizando el listado, encontramos que a la fecha, la minera sólo cuenta con el título de concesión minera. Todos los demás requisitos, han sido suspendidos, negados, o están pendientes de tramitación y en cada caso, desde la sociedad civil estamos organizados para plantear una oposición técnica, jurídica y de ser necesario, recurrir a la movilización social.

2019: No bajar la guardia

Debemos estar satisfechos con los logros obtenidos este año, pero no debemos bajar la guardia; si queremos seguir siendo la entidad que ha frenado la minería antes de su entrada en operación, debemos seguir trabajando incansablemente en los tres frentes que han sido el pilar de nuestro éxito:

1- Difusión, información, capacitación y participación ciudadana en las redes sociales.

2- El mandato ciudadano específico, pugnando por el blindaje legal de la entidad, y la lucha en los tribunales judiciales y/o administrativos.

3- La movilización social, cuando ello sea necesario.

Si bien hemos ido cosechando victorias en forma permanente, lo cierto es que debemos estar muy atentos. El 2018 también significó un cambio en toda la estructura gubernamental, y la nueva administración federal da visos peligrosos en materia ambiental; hemos sido testigos de cómo se ha ordenado el inicio de las obras del llamado Tren Maya, sin haberse realizado previamente los estudios de gabinete, sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin consensuar con las etnias originarias de la zona.

Ese alarmante precedente, y el hecho de que el dueño de la empresa minera que amenaza nuestra entidad es un personaje cercano al titular del Ejecutivo, nos hace considerar imperativo mantenernos muy atentos al devenir de la tramitología y estrategias a desplegar por la minera.

Debemos poner a trabajar a nuestros diputados y senadores federales, para alcanzar el blindaje efectivo de la entidad; a la fecha, sólo hemos visto intentos aislados e ineficientes, de legisladores empeñados en llevarse el mérito del blindaje. Parecen parvularios en competencia de preescolar.

En el listado de requisitos que publicamos, está la normatividad federal que debe modificarse, a través de una reforma legal integral, armónica, del marco regulatorio, para garantizar el blindaje. Se necesita que nuestros legisladores federales cierren filas, y lleven a cabo una labor conjunta de adecuación legislativa. Desde la sociedad civil, las distintas organizaciones que integran el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, se reportan listas para participar decididamente en el proceso.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Roberto E. Galindo Domínguez.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Respecto a la información emitida en medios locales, sobre que Desarrollos Zapal habría ganado un amparo para hacer uso de suelo y operar la minera Los Cardones en la Sierra de la Laguna, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua (FCDAV) da a conocer la siguiente información que a continuación se transcribe íntegramente.

Un Tribunal Colegiado ordenó modificar la sentencia(1) que obligaba al actual XV Ayuntamiento de La Paz a otorgar las autorizaciones de uso de suelo a la empresa “Desarrollos Zapal, S.A. de C.V”, del grupo Salinas, promovente del proyecto de minería metalúrgica en la reserva de la biosfera Sierra la Laguna en BCS.

La sentencia del Tribunal con sede en la Ciudad de México (2), resolvió el recurso del XV Ayuntamiento ordenando “que se restablezca la situación al estado que guardaba”, esto es, que elimina el exceso por parte del Juez de Distrito de obligar al Ayuntamiento actual a emitir autorización de uso de suelo a la empresa minera.

El proyecto minero pretende ocupar una superficie de 543 hectáreas, distribuidas en un emplazamiento minero (dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial), un acueducto de 36 km que conecta con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso, entre más infraestructura dentro de un área natural protegida (ANP). Lo anterior, a pesar de que el decreto del ANP Sierra la Laguna prohíbe dentro de la reserva, “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes”.

“Una vez más queda demostrado por todos lados la inviabilidad jurídica, ambiental y social del proyecto de megaminería tóxica Los Cardones. No se trata de una oposición de grupos ambientalistas, el rechazo a Los Cardones se ha dado por parte del gobierno estatal, municipal, legisladores locales y federales, así como empresarios de La Paz y Los Cabos. Este proyecto carece de licencia social y de toda justificación ambiental y legal” manifestaron los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida en BCS.

Sin las autorizaciones de uso de suelo municipal y la respectiva licencia de construcción, el proyecto minero no podrá llevarse a cabo, a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya otorgado la autorización en materia de impacto ambiental, misma que se encuentra actualmente impugnada.

Notas:

-Expediente 1891/2016 del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

-Sentencia emitida en fecha 23 de agosto de 2018 en el expediente de amparo en revisión 476/2017, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.

FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Colaboración Especial

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las protestas masivas en La Paz y Los Cabos contra la implementación de la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, que se dieron el pasado 29 de agosto, fueron motivadas tras el último intento de Desarrollo Zapal S.A. de C.V. de obtener el cambio de uso de suelo de una gran área en la Reserva mencionada, con el fin de poder deforestar y comenzar la extracción de oro.

La solicitud del cambio de uso de suelo es uno de los muchos trámites que los empresarios interesados en el oro deben realizar ante autoridades municipales y otras instituciones a nivel estatal y federal. Y aunque esa misma mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, aseveró que a nivel legal se les había negado el cambio de uso de suelo a Desarrollo Zapal, lo que consideró como un logro de su saliente administración y de la sociedad opositora a la minería, eso no fue suficiente para los manifestantes, quienes al no poder dialogar con el gobernador Carlos Mendoza Davis, lo hicieron con el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

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La comitiva que se sentó en la mesa de diálogo con De La Peña Angulo, logró que este se comprometiera a redactar un documento oficial que fijara la postura del Gobierno del Estado; por su parte, el Secretario se comprometió a especificar que se emitiría una iniciativa de Ley contra la minería en la Sierra de la Laguna, de común acuerdo con la ciudadanía opositora y de la mano de las autoridades municipales y de las instancias estatales pertinentes al caso.

Antes de la reunión, el Secretario General del gobierno estatal fue aún más enfático al declarar a la muchedumbre que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…” refiriéndose al proyecto minero a tajo abierto Los Cardones. Pero aún con lo obtenido durante la protesta y en la mesa de diálogo con el Secretario, los manifestantes no están conformes y seguirán luchando por una ley que blinde al estado de BCS contra la minería tóxica, principalmente con la que se realiza a tajo abierto, y con cualquiera que pretenda implementarse en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna o cualquier otra área natural protegida, incluyendo la que también se ha querido establecer en el Golfo de Ulloa, la denominada minería submarina.

Estás protestas antimineras se dan en el marco de una reciente andanada de calumnias en las redes sociales, principalmente Facebook, y en algunos medios de comunicación contra Juan Ángel Trasviña, uno de los líderes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), quien se ha caracterizado desde hace años por luchar desde la trinchera social contra el establecimiento de proyectos mineros en el estado, principalmente con los que se han intentado establecer en dicha Reserva.

Ataques que se hacen extensivos a los demás integrantes del Freciudav y la ciudadanía que los apoya, mismos que se vieron coronados el jueves 30 de agosto con una “minimanifestación” –alrededor de 200 personas, en comparación con las más de mil que el día anterior se congregaron para protestar contra la minería–; la mayoría de esos “manifestantes” recibieron dinero para ser acarreados y “ejercer su derecho a la protesta” a favor del establecimiento de Los Cardones.

Aunque el Ayuntamiento saliente, así como el Delegado de la Semarnat en BCS han aclarado que la empresa minera puede iniciar los trámites desde cero, de acuerdo a lo que marca la ley para el establecimiento de su proyecto, otra cosa también quedó explicita el miércoles antiminero, y es que los sudcalifornianos ­–los nativos y los procedentes de otras regiones del país–, gente de muy diversas profesiones y religiones, filiaciones políticas y edades, están unidos en torno a la defensa de la Sierra de la Laguna, pulmón de oxígeno y manantial de agua. Fue un gusto ver a muchos jóvenes incorporados a la lucha social, pues más allá de la alegría de ver caras conocidas durante diversas luchas desde hace años, fue pura vitamina para el alma ver a un amplio sector de la juventud con una conciencia plena de su responsabilidad social para defender sus derechos, aún esos que la ley todavía no protege a cabalidad.