Propone Diputada la Ley Ingrid en BCS, contra difusión de imágenes de víctimas

FOTO: Colngreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.



Feminicidios serán investigados con perspectiva de género en BCS

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En BCS, los feminicidios serán investigados con perspectiva de género, luego de que diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaran establecerlo en el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatales, así como sanciones a los servidores públicos que cometan omisiones en los procesos y reparar el daño causado, se informa a través de un comunicado oficial.

Se trató de reformas en concordancia con la sentencia histórica emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, que instruye que todas las muertes violentas de mujeres y niñas, como feminicidios, sean investigadas con perspectiva de género, promovida por la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, quien inició una lucha a raíz del feminicidio de su hija, clasificado originalmente por las autoridades como suicidio (junio de 2010) y que tras su lucha y diversos recursos jurídicos, logró no sólo que se reabriera el caso, sino que se investigara y se detuviera al responsable.

La propuesta de las diputadas Teresita Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruíz, adiciona el Artículo 282 del Código Penal para establecer que “al sujeto activo que cometa cualquiera de las hipótesis contenidas en las fracciones anteriores por razones de género, se le impondrán de tres a siete años de prisión”.

En la adición del Artículo 310 Bis quedó establecido que “las penas contempladas en este capítulo se agravarán hasta en una mitad cuando se cometa por razones de género”. En el 311 se adicionó que “al sujeto activo que cometa cualquiera de las hipótesis contenidas en las fracciones anteriores por razones de género, se les impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días”.

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, se adicionó en el Artículo 30, de las obligaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado el “promover las órdenes de protección que correspondan a favor de las mujeres, víctimas y quien tenga carácter de ofendido”; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, “feminicidio”, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual; proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, las referencias necesarias para dar cumplimiento a las fracciones VII y IX. Así como en el Artículo 35: “impulsar la capacitación del personal en general en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género”.

Valentín Vázquez señaló que es un avance en lucha contra la impunidad justo a que el próximo sábado 29 de junio se cumplen 14 años de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, cuya madre inició entonces una lucha para que el expediente de su hija se reabriera, luego de que se comprobó que se trató de un feminicidio y una larga lucha culminó con la sentencia de la SCJN para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como posibles feminicidios.



En los últimos 8 años, duplicaron feminicidios en BCS: Diputada

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). En BCS, los feminicidios han incrementado en los años 2020, 2021 y 2022, en tanto que la violencia familiar ha incrementado, de 2015 con mil 691 casos a 2023 con 2 mil 946 casos. Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, sentenció que este año 2024, sigue existiendo violencia y condiciones discriminatorias hacia la mujer.
Denunció que del año 2015 a 2023, los feminicidios y la violencia familiar han incrementado en BCS y en el país. En Baja California Sur, los feminicidios han incrementado en los años 2020, 2021 y 2022, en tanto que la violencia familiar ha incrementado de 2015, con mil 691 casos a 2 mil 946 casos en 2023; en tanto que en México se han incrementado más del doble, en tanto que los homicidios dolosos han incrementado en más del 48.5%.
“No son sinónimos de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes: los índices de seguridad, en los últimos 9 años no nos han sido favorables. El Estado Mexicano no ha sido capaz de registrar avances significativos en los indicadores citados. La resiliencia institucional nos ha quedado a deber a las mujeres mexicanas y sudcalifornianas”, externó Ojeda González.
De acuerdo con datos del INEGI, la legisladora refirió que en los últimos 8 años los feminicidios incrementaron en el país, de 413 casos registrados en 2015, a 832 en 2023 (+101.5%); los casos de violencia familiar, de 127 mil 424 casos en 2015, a 284 mil 133 casos en 2023 (+123%), mientras que el homicidio doloso, en el mismo periodo aumentó de mil 733 casos a 2 mil 574 (+48.5 %).


Ley General contra el feminicidio

 

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La problemática nacional que implica el aumento sistemático de la violencia contra las mujeres, evidenciada y contabilizada en el alza constante de feminicidios, debe ser atendida desde un enfoque integral, que supere la ausencia de protocolos y estándares de investigación unificados y precisos, tendientes a lograr detener la oleada de violencia feminicida, que logren abatir el patrón generalizado de impunidad que genera la pobreza técnica e incapacidad operativa de las corporaciones e instituciones encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres, en lo general, y los feminicidios, en específico.

Hasta ahora, los esfuerzos desplegados por el Estado Mexicano, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, han sido inoperantes, dispersos, descoordinados, aislados, difusos, y en algunos casos, contradictorios.

También te podría interesar: Violencia contra las mujeres, enfoque integral 

México asumió el compromiso internacional de combatir la violencia contra las mujeres, y desde 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomendó al Estado Mexicano adoptar medidas para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales e instó a acelerar dicha codificación.

Si bien el Estado Mexicano, a través de sus niveles de gobierno, ha tomado acciones para atender la violencia generalizada contra las mujeres, la realidad evidencia que éstas no han sido suficientes: la heterogeneidad de los tipos penales de feminicidio, la falta de coordinación institucional en la investigación y persecución de éstos, así como en la implementación de políticas públicas, han impedido garantizar de manera efectiva la protección a la vida y la integridad de las mujeres en México.

Seis años después, el mismo Comité expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia contra las mujeres, y acusó la falta de armonización en la legislación estatal en tratándose del tipo penal del delito de feminicidio, lo que hace inaplicable la homologación normativa, en detrimento del combate a la impunidad y la violencia, así como la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es por esto que en la búsqueda de la unidad de criterios, protocolos, estrategias, procedimientos y descripciones normativas, la S.C.J.N, propone la reforma constitucional que permita la unificación en un solo cuerpo legal de los preceptos rectores, a efecto de generar un elevado estándar de protección a las mujeres, concentrando en el Congreso de la Unión la facultad de emitir en un solo cuerpo normativo nacional, de observancia general en todo el país, que garantice el esquema legal eficaz y necesario para prevenir, sancionar, investigar y reparar la violencia más extrema en contra de la mujer.

La ley cuyo proyecto se presenta, tiene como objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de que tomen acciones efectivas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los feminicidios y delitos vinculados; establecer el tipo penal unificado de feminicidio y de los delitos vinculados; las reglas especiales para su prevención, investigación, procesamiento y sanción; y establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas de los delitos de feminicidio y de los delitos vinculados.

El proyecto de ley en comento plantea que los feminicidios, así como delitos vinculados y de su tentativa, sean imprescriptibles y se sancionen con 40 a 60 años de prisión. Una vez en vigor esta ley, los tres niveles de gobierno estarán obligados a coordinarse para generar políticas públicas dirigidas a la supresión de las causas de la violencia feminicida y su prevención, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En todo lo no previsto en la Ley que se propone, tendrán aplicación supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales suscritos por México. ​En síntesis, esta propuesta de Ley busca ser la herramienta legal que permita cortar de tajo el incremento de la tasa de feminicidios. Ni una menos, ni una más.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.



Pide Congreso de BCS apego a protocolo de investigación por feminicidio

FOTO: CNN Español

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los lamentables casos de feminicidios que se siguen  dando en la entidad, la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que cumplan con el protocolo de investigación de tal delito con perspectiva de género, el cual establece que ante toda muerte violenta de una mujer, el Ministerio Público tiene el deber de buscar acreditar cualquiera de los ocho supuestos previstos que constituyen las “razones de género” por las cuales fue ejecutado el ilícito, tal como lo establece el artículo 389 del Código Penal Estatal.

A través de un boletín de prensa del Congreso de BCS se informó que, también se exhorta a la PGJE para que implementen a la brevedad un programa de capacitación para su personal, para el conocimiento y correcta aplicación del protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, derivado del acuerdo 05/2020 ambos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de BCS el 31 de marzo de 2020.

FOTO: Congreso BCS

El protocolo indica que la carpeta de investigación debe establecerse como feminicidio lo cual abre el proceso a incorporar elementos que no deben omitirse, hay jurisprudencia al respecto como la sentencia Mariana Lima que, así lo establece y desde el primer momento deben considerarse las causales señaladas como feminicidio que, además, implica sanciones más fuertes, y evidencia extremos de violencia que no deberían invisibilizarse por seguridad de otras mujeres, como en el caso que aquí señalamos, donde meses atrás ya se había presentado una situación similar, concluye el boletín de presa del Congreso de BCS.