En los últimos 8 años, duplicaron feminicidios en BCS: Diputada

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En BCS, los feminicidios han incrementado en los años 2020, 2021 y 2022, en tanto que la violencia familiar ha incrementado, de 2015 con mil 691 casos a 2023 con 2 mil 946 casos. Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la XVI Legislatura del Congreso del Estado, sentenció que este año 2024, sigue existiendo violencia y condiciones discriminatorias hacia la mujer.

Denunció que del año 2015 a 2023, los feminicidios y la violencia familiar han incrementado en BCS y en el país. En Baja California Sur, los feminicidios han incrementado en los años 2020, 2021 y 2022, en tanto que la violencia familiar ha incrementado de 2015, con mil 691 casos a 2 mil 946 casos en 2023; en tanto que en México se han incrementado más del doble, en tanto que los homicidios dolosos han incrementado en más del 48.5%.

“No son sinónimos de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes: los índices de seguridad, en los últimos 9 años no nos han sido favorables. El Estado Mexicano no ha sido capaz de registrar avances significativos en los indicadores citados. La resiliencia institucional nos ha quedado a deber a las mujeres mexicanas y sudcalifornianas”, externó Ojeda González.

De acuerdo con datos del INEGI, la legisladora refirió que en los últimos 8 años los feminicidios incrementaron en el país, de 413 casos registrados en 2015, a 832 en 2023 (+101.5%); los casos de violencia familiar, de 127 mil 424 casos en 2015, a 284 mil 133 casos en 2023 (+123%), mientras que el homicidio doloso, en el mismo periodo aumentó de mil 733 casos a 2 mil 574 (+48.5 %).

Ley General contra el feminicidio

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La problemática nacional que implica el aumento sistemático de la violencia contra las mujeres, evidenciada y contabilizada en el alza constante de feminicidios, debe ser atendida desde un enfoque integral, que supere la ausencia de protocolos y estándares de investigación unificados y precisos, tendientes a lograr detener la oleada de violencia feminicida, que logren abatir el patrón generalizado de impunidad que genera la pobreza técnica e incapacidad operativa de las corporaciones e instituciones encargadas de prevenir, investigar, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres, en lo general, y los feminicidios, en específico.

Hasta ahora, los esfuerzos desplegados por el Estado Mexicano, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, han sido inoperantes, dispersos, descoordinados, aislados, difusos, y en algunos casos, contradictorios.

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México asumió el compromiso internacional de combatir la violencia contra las mujeres, y desde 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomendó al Estado Mexicano adoptar medidas para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales e instó a acelerar dicha codificación.

Si bien el Estado Mexicano, a través de sus niveles de gobierno, ha tomado acciones para atender la violencia generalizada contra las mujeres, la realidad evidencia que éstas no han sido suficientes: la heterogeneidad de los tipos penales de feminicidio, la falta de coordinación institucional en la investigación y persecución de éstos, así como en la implementación de políticas públicas, han impedido garantizar de manera efectiva la protección a la vida y la integridad de las mujeres en México.

Seis años después, el mismo Comité expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia contra las mujeres, y acusó la falta de armonización en la legislación estatal en tratándose del tipo penal del delito de feminicidio, lo que hace inaplicable la homologación normativa, en detrimento del combate a la impunidad y la violencia, así como la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es por esto que en la búsqueda de la unidad de criterios, protocolos, estrategias, procedimientos y descripciones normativas, la S.C.J.N, propone la reforma constitucional que permita la unificación en un solo cuerpo legal de los preceptos rectores, a efecto de generar un elevado estándar de protección a las mujeres, concentrando en el Congreso de la Unión la facultad de emitir en un solo cuerpo normativo nacional, de observancia general en todo el país, que garantice el esquema legal eficaz y necesario para prevenir, sancionar, investigar y reparar la violencia más extrema en contra de la mujer.

La ley cuyo proyecto se presenta, tiene como objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de que tomen acciones efectivas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los feminicidios y delitos vinculados; establecer el tipo penal unificado de feminicidio y de los delitos vinculados; las reglas especiales para su prevención, investigación, procesamiento y sanción; y establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral para garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas de los delitos de feminicidio y de los delitos vinculados.

El proyecto de ley en comento plantea que los feminicidios, así como delitos vinculados y de su tentativa, sean imprescriptibles y se sancionen con 40 a 60 años de prisión. Una vez en vigor esta ley, los tres niveles de gobierno estarán obligados a coordinarse para generar políticas públicas dirigidas a la supresión de las causas de la violencia feminicida y su prevención, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En todo lo no previsto en la Ley que se propone, tendrán aplicación supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales suscritos por México. En síntesis, esta propuesta de Ley busca ser la herramienta legal que permita cortar de tajo el incremento de la tasa de feminicidios. Ni una menos, ni una más.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Pide Congreso de BCS apego a protocolo de investigación por feminicidio

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los lamentables casos de feminicidios que se siguen dando en la entidad, la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que cumplan con el protocolo de investigación de tal delito con perspectiva de género, el cual establece que ante toda muerte violenta de una mujer, el Ministerio Público tiene el deber de buscar acreditar cualquiera de los ocho supuestos previstos que constituyen las “razones de género” por las cuales fue ejecutado el ilícito, tal como lo establece el artículo 389 del Código Penal Estatal.

A través de un boletín de prensa del Congreso de BCS se informó que, también se exhorta a la PGJE para que implementen a la brevedad un programa de capacitación para su personal, para el conocimiento y correcta aplicación del protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, derivado del acuerdo 05/2020 ambos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de BCS el 31 de marzo de 2020.

FOTO: Congreso BCS

El protocolo indica que la carpeta de investigación debe establecerse como feminicidio lo cual abre el proceso a incorporar elementos que no deben omitirse, hay jurisprudencia al respecto como la sentencia Mariana Lima que, así lo establece y desde el primer momento deben considerarse las causales señaladas como feminicidio que, además, implica sanciones más fuertes, y evidencia extremos de violencia que no deberían invisibilizarse por seguridad de otras mujeres, como en el caso que aquí señalamos, donde meses atrás ya se había presentado una situación similar, concluye el boletín de presa del Congreso de BCS.

Ley Ingrid: Cuando usan tu nombre para legislar pero no resuelven tu caso

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Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado martes 23 de febrero, trascendió en medios que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que se conoce como “Ley Ingrid”, la cual no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas que sancionan a los servidores públicos y policías que difundan imágenes o videos de investigaciones vinculadas con hechos delictivos. Esta reforma se hace necesaria en atención al respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida y como parte del combate a la violencia de género en los medios de comunicación.

Se conoce como “Ley Ingrid” ya que esta reforma se propuso a raíz del indignante manejo que se dio en la prensa del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que murió a manos de su pareja, Francisco Robledo, el 9 de febrero del 2020. El propio feminicida confesó, posterior a su crimen, que durante una discusión él la golpeó y ella trató de defenderse con un cuchillo, sin embargo, él se lo quitó y la mató con él, alegando que estaba bajo influjo de drogas; luego trató de ocultar su crimen cortando el cuerpo de Ingrid.

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Este crimen trascendió no sólo por la barbarie con el que fue perpetrado, sino por la exhibición del cuerpo de Ingrid en las portadas de los diarios de nota roja La Prensa y Pásala —que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales—, donde mostraron su fotografía sin pudor alguno, mostrando el cuerpo de Ingrid desnudo y mancillado de forma morbosa con el titular de “DESCARNADA”. Esta falta de respeto a la memoria de la joven y el tratamiento crudo, sensacionalista y amarillista del caso, provocó una ola de indignación en todo el país, y diversos colectivos feministas levantaron la voz, manifestándose en las calles y ante las instalaciones de estos medios de comunicación.

Así, nació la propuesta de la creación de la Ley Ingrid, la cual fue presentada por la Fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y cuyo objetivo es castigar la filtración de expedientes de la Fiscalía, en especial cuando la información que se difunde menoscaba la dignidad de las víctimas o de sus familiares; ya sea tratándose de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de salud de la víctima, según cita el propio dictamen.

De acuerdo a éste “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 500 mil Unidades de Medida y actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

Sin embargo, a pesar de que se ha aprobado este dictamen con el nombre de Ingrid, y que la Fiscalía General de Justicia CDMX anunció en su momento que al menos seis personas —entre policías y fiscales— estaban siendo investigadas por la filtración de las imágenes, a más de un año, sigue sin resolución alguna. La Fiscalía aún no ha dado alguna información que indique que existe siquiera algún avance en este proceso, por lo que no hay claridad sobre lo sucedido con los agentes investigados, si han recibido alguna sanción penal o administrativa, o por el contrario, si continúan en funciones, o siguen a cargo de casos de este tipo, de naturaleza delicada.

Así, aunque ahora existe en la Ciudad de México y en Oaxaca –y en BCS, ¿para cuándo?– una legislación que pretende evitar que estos hechos se repitan, lo cierto es que la revictimización de Ingrid al filtrar las terribles fotografías de su cuerpo violentado, en favor del amarillismo y el morbo, haciendo apología a la violencia y poniendo en riesgo el debido proceso, teniendo detrás una evidente corrupción por parte de aquellos que tenían a su cargo hacer justicia y resguardar la integridad del caso, ha quedado impune. Una vergüenza.

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¿Qué es el pacto patriarcal y por qué debe desaparecer?

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Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace pocos días trascendió en las redes sociales la denuncia de la YouTuber Nath Campos, quien por medio de un video en su canal revela que fue abusada sexualmente por su colega, el también YouTuber Ricardo Gonzalez, conocido como “Rix”. Relató que hace algunos años salió con varias personas que consideraba sus amigos y tomaron bebidas alcohólicas. Él abusó de ella en su departamento aprovechándose del estado de ebriedad de Nath. Durante el video, Campos explicó que en el momento en que sucedió se acercó a personas en común, desde miembros del equipo de trabajo hasta amigos y otros colegas buscando apoyo, y le respondieron que “no era tan grave”. Esto es el pacto patriarcal en su forma más explícita.

Colectivas como Sorora.mx y Brujas del Mar definen al pacto patriarcal como una “serie de acuerdos implícitos entre hombres… una alianza basada en la complicidad y el silencio, donde los hombres se protegen, legitiman y excusan sus actitudes y acciones misóginas, sexistas y homofóbicas”.

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Se perpetúa entre hombres de todo el mundo, sin que sea necesario que se conozcan o que tengan vínculos, basta su congenie masculina para apoyarse, reconociéndose entre ellos “como iguales y como sujetos de derechos, sobre y en ventaja de las mujeres”. Y es en los casos de denuncia por abuso sexual como el de Nath que se evidencia burdamente. Sobre el propio video y en todas las redes sociales se pueden leer juicios sobre ella, revictimizandola y apoyando a su violentador. Incluso, el también influencer, Luisito Rey, aseguró que ella es culpable del abuso que sufrió por haber estado alcoholizada, y hace un llamado a la compasión para “Rix” al expresar que “también está sufriendo mucho”.

Y no es ni por asomo el primer o el único caso. Tan sólo por mencionar los casos más mediáticos que han sonado en los últimos años: en septiembre pasado en México, Diego Urik asesina a Jessica González, pidiendo ayuda a algunos de sus amigos para deshacerse del cuerpo de la víctima. Si bien se negaron a ayudarlo —textualmente le dijeron “yo no te voy a ayudar con tus mamadas”—, lo cierto es que guardaron silencio cómplice ante las alertas de búsqueda de Jessica cuando aún estaba en calidad de desaparecida para su familia y amigos. Y con su silencio, ayudaron a Diego a escapar. Por si fuera poco, estos cómplices se mofaban del feminicidio con memes y en mensajes grupales de WhatsApp.

En 2016 nos asqueamos ante la violación colectiva de cinco hombres españoles contra una chica en las Fiestas de San Fermín. El grupo, conocido como “La manada” filmó el ataque a la joven, uno de los hombres posteó mensajes en WhatsApp celebrando lo que habían hecho y prometiendo compartir las imágenes. En la corte se defendió a los abusadores llamándolos “buenos muchachos trabajadores” y de inicio la condena les favoreció con una pena menor a la de la violación porque los perpetradores no usaron violencia física ya que la actitud de la víctima fue “pasiva o neutral”. Tras años de protestas mundiales y de fuerte presión de los colectivos feministas se recurrió la sentencia y finalmente se elevó como correspondía.

Un año antes en México también se mediatizó el abuso sexual de los llamados “Porkys de Veracruz”: cuatro jóvenes “junior” —hijos de familias adineradas e influyentes— que salieron de fiesta y decidieron violar colectivamente a una menor de edad en 2015. Uno de los acusados recibió la ridícula sentencia de 5 años de prisión y quince mil pesos. Y podría seguir y seguir enumerando casos e historias donde el pacto patriarcal se hace evidente por los extremos a los que llegan a defenderse entre ellos aun y cuando se enfrentan a haber cometido feminicidios, abusos sexuales y violaciones colectivas. Pero lo cierto es que el pacto patriarcal esta principalmente en los actos cotidianos.

Un ejemplo sencillo es cuando una mujer se atreve a señalar a un hombre por haberla acosado sexualmente, otros hombres cuestionan las motivaciones de la víctima para realizar esa denuncia, el tiempo que ha transcurrido desde el acto, piden los detalles para escudriñarlos y hasta la ropa que usaba en ese momento, incluso suelen replicar que “si el hombre fuera guapo o rico, no se quejarían”; es como si se sintieran directamente implicados, quizá por no ser guapos o ricos, quizá porque suelen tener conductas cuestionables hacia las mujeres y temen que se les evidencie por ellas.

¿Por qué a los hombres les molesta tanto que una mujer denuncie a otro hombre? ¿Por qué la empatía de los hombres de inmediato se coloca del lado del agresor en lugar del de la víctima? Porque tienen normalizado el hecho de que los hombres tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres, que pueden hablarnos como les parezca a ellos que es correcto, dirigirnos las miradas que a ellos les parecen adecuadas, tratarnos como ellos creen que queremos o deberíamos querer.

La cosa llega a tanto, que cuando denunciamos los rechiflidos y el “piropeo” callejero saltan montones de hombres a explicarnos a las mujeres que eso no es algo malo, que es un halago y que forma parte de la cultura mexicana. O cuando señalamos de acoso la insistencia de mensajes y llamadas con intenciones sexuales y amorosas previamente rechazadas, y salen airados los machos a recriminarnos que estamos matando el romance y sus instintos “naturales” de cazadores —donde, claro, nosotras somos las presas.

A este punto saltarán algunos a recriminarme que “ellos no” y que “no todos lo hacen”, incluso se popularizó en redes sociales el hashtag #notallmen o #notodosloshombres y hasta hubo quienes compartían una imagen diciendo que ellos nos cuidan. De nuevo, hombres asumiendo que lo que se necesita son caballeros de brillante armadura que salven a las mujeres de los monstruos. Pues no, señores.

Lo que hace falta es que todos los que alegan que “ellos no”, realmente se deslinden del pacto patriarcal saliendo del silencio cómplice con que ven pasar a diario los comportamientos y actitudes machistas de otros hombres, sus pares: sus hermanos. Así y sólo así, estarán realmente abonando a cambiar nuestra sociedad en pro de construir relaciones de confianza, más allá del género.

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