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Impulsan marco legal para que se garantice servicios de Estancias Infantiles

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, la Diputada por el Municipio de Los Cabos, Eda Palacios Márquez, presentó una iniciativa para crear las bases jurídicas con las cuales el Gobierno del Estado con el apoyo de la federación y los municipios, pueda garantizar la prestación de servicios de estancias infantiles, con énfasis en las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social y se encuentren en situación de carencia o pobreza.

Para lo cual establece como un derecho de niñas y niños que residan en el Estado, que se les garantice la prestación de servicios de estancias infantiles en la primera infancia en condiciones de igualdad, no discriminación, inclusión, interculturalidad, con calidad, calidez, honradez, seguridad y protección adecuadas.

De acuerdo con el boleín de prensa, se propone la creación de un fondo de apoyo para los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, que sea manejado exclusivamente por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración en coordinación con Sistema Estatal DIF a partir de las reglas de operación que se establezcan, y dicho fondo podrá ser complementado con recursos que asignen los gobiernos federales y municipales mediante esquemas de pari passu para subsidiar o financiar las estancias infantiles, mediante reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente y la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Aseguró que la Federación, Estado y municipios pueden coordinarse para habilitar de manera inicial en cada uno de los municipios, guarderías para niñas y niños con discapacidad, indígenas, afromexicanos y de escasos recursos económicos. En su exposición de motivos, dijo también que el gasto en cuidado infantil puede ser determinante para que las mujeres continúen o abandonen sus empleos, sobre todo, para los sectores con los ingresos más bajos. Así mismo, expuso que pagar una guardería privada puede llegar a representar entre un tercio o casi la mitad de los ingresos de la mujer, que adicionales a los gastos de transporte y alimentación en el  trabajo, puede suceder que los costos sean casi iguales a los beneficios de trabajar, por lo que se opta por abandonar el mercado laboral y dedicarse al hogar “así me lo han planteado madres trabajadoras de las zonas urbanas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, quienes solicitan estancias infantiles, ya que no tiene pagar una privada y las demás existentes son sólo para quienes tiene ISSSTE, IMSS, SEP, las cuales además son insuficientes para atender la demanda de quienes tiene seguridad social”.

Resaltó que el actual esquema de apoyos a hijos de madres trabajadoras que se promueve actualmente por la federación, si bien ayuda, no es el ideal debido a que es mucho mejor que los cuidados infantiles se presten en instalaciones adecuadas y con personal capacitado, que en casa de los familiares de las niñas y niños.

Cabe señalar que al año 2018 la entonces denominada SEDESOL apoyaba el funcionamiento de 79 estancias infantiles en Baja California Sur: nueve en Comondú, 39 en La Paz, tres en Loreto, 22 en Los Cabos y seis en Mulegé. Sin embargo, en el año 2019 esas guarderías dejaron de ser apoyadas, representando un golpe muy fuerte a las madres y padres de familia trabajadoras que utilizaban estos servicios. Actualmente las estancias y guarderías que opera el IMSS e ISSSTE son 13.

Finalmente, hizo un llamado a las comisiones a las que se turnó para su análisis y dictaminación (Puntos Constitucionales y de Justicia y de los Derechos de las NNA) a que ponderen que los cuidados infantiles en estancias o guarderías, forman parte y son reconocidas como derechos humanos de las niñas y niños, y con su existencia y operación se salvaguarda el principio del interés superior de la niñez, se concluyó el boletín de prensa.




Que se revise situación de estancias infantiles, pide Diputado José María Avilés

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José María Avilés Castro se pronunció porque se analice la situación de las estancias infantiles en el país, y la modificación que viene impulsando el actual Gobierno Federal de dichos espacios, destacando que es necesario invertir en una infraestructura de cuidados que, junto con otros servicios, atienda a toda la población y redistribuya entre el Estado, las familias y la sociedad, la responsabilidad de la atención de dichos servicios, se da a conocer en un boletín de prensa del Congreso del Estado.

Enfatizó que los esfuerzos impulsados por el Gobierno Federal y el acompañamiento que pueda brindar la administración estatal, siempre serán necesarios y fundamentales a efectos de reducir la brecha de la desigualdad social, e impulsar la equidad entre los hombres y las mujeres.

Durante su intervención en tribuna, reconoció que el abandono de las responsabilidades del Estado, respecto a la atención de las necesidades apremiantes de la población, como lo son la salud, la alimentación o el propio trabajo, fue el modelo de desarrollo económico, de organización del Estado y de relación entre los gobernantes y los gobernados particularmente en el país, entre mediados de los años 80 y el 2018.

“La catástrofe derivada de la ideología neoliberal, ha venido siendo palpable en todo el mundo, donde las naciones han tenido que rescatar las estructuras de atención social, las relaciones entre las comunidades, o los esquemas de protección hacia sus poblaciones más desfavorecidas de cara a un debilitamiento de las propias capacidades de los gobiernos de atender sus tareas sustantivas”.

El actual Gobierno Federal modifica el programa al enfrentar que 80 mil niños registrados en el programa no habían sido hallados en las supervisiones, cuando el 40% de las instancias representaban un riesgo total para los menores, y 26% tenían algún riesgo mediano, y tan sólo el 30% cumplía con los estándares requeridos optando ahora por entregar el apoyo de manera directa para los padres de familia, en lugar de otorgar el recurso a las instancias infantiles, se lee en el boletín de prensa del Congreso del Estado.

Dichas modificaciones, aunadas a la crisis sanitaria derivada de la pandemia que obligó al aislamiento en los hogares, llevaron a una fuerte reducción de los niños que eran atendidos por las instancias, particularmente las que venimos mencionando, puesto que aquellas organizadas para atender a los servidores públicos del ISSSTE o de la seguridad social de las fuerzas armadas, han seguido atendiendo de forma plena a su población objetivo.

“No basta con el ánimo de repartir dinero, o de retomar sin crítica alguna el modelo de las estancias infantiles: es necesario invertir en una infraestructura de cuidados que, junto con otros servicios, atienda a toda la población y redistribuya entre el estado, las familias y la sociedad, la responsabilidad de la atención de dichos servicios”, concluyó el diputado Avilés Castro.




Pide diputada hacer obligatorio los sistemas de monitoreo en estancias infantiles

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Presidenta de la Comisión Permanente de los derechos de los niños y niñas en el Congreso de Baja California Sur, diputada María Mercedes Maciel Ortíz pidió a las autoridades de impartición de justicia que se investigue hasta el fondo del caso de una menor de dos meses de edad quien a mediados del mes de julio sufrió una fractura y hemorragia intraencefalica en una guardería particular de La Paz, informó el Congreso del Estado.

En tribuna de la sesión de la Diputación Permanente de este día, la legisladora recordó que la actual legislatura aprobó el Decreto 2603 referente a que en las estancias se contemple el uso de sistemas de monitoreo, el cual dice actualmente “podrán contar con”, pero que ante los casos ocurridos deben ser obligatorios.

Determinó que es muy importante para que se cumpla con el interés superior del menor que personas física o morales tengan esta supervisión con monitores y paralelamente el de las autoridades correspondientes.

Mercedes Maciel exhortó a las autoridades competentes a que realicen las indagatorias pertinentes, así como a que tomen las medidas administrativas correspondientes, para que se verifiquen de manera inmediata las condiciones físicas y legales en que opera la guardería a la que asistía la niña, corroborar que su personal cuenta con el perfil y experiencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones.




Supresión del Programa de Estancias Infantiles. Causas y consecuencias

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A dos meses de iniciada la nueva Administración Federal, nos hemos encontrado con decisiones polémicas dictadas por el Ejecutivo, en su mayoría relacionadas con el manejo de recursos públicos. Medidas drásticas, algunas con la apariencia de haber sido decididas de forma apresurada, que responden más a un capricho que a una debida planeación. La más reciente de estas medidas ha sido la cancelación de los apoyos para guarderías y estancias infantiles que prestan servicios a madres y padres trabajadores. Con la intención abordar mejor el tema deberemos precisar dos aspectos.

El primero: el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras tenía como objetivo garantizar, por medio de una aportación económica, el acceso al servicio de cuidado y atención infantil a aquellos padres, madres o tutores cuyos ingresos no rebasaran la llamada Línea de bienestar mínimo, y no contaran con el servicio por medio de instituciones públicas o de seguridad social.

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Para cumplir con dicho objeto, el programa se desarrollaba en convenio con estancias infantiles particulares y afiliadas, las cuales debían cumplir con una serie de requisitos por parte de la persona encargada, su personal y el inmueble, convirtiéndose en un establecimiento formal con obligaciones patronales, fiscales y prediales. La estancia infantil era entonces una pequeña empresa beneficiaria directa del subsidio que se le brindaba en forma de un apoyo único para la adecuación del inmueble, mobiliario, póliza de seguro y programa interno de Protección Civil, dejando muy en claro que el resto de los gastos administrativos —entiéndase trámites municipales, estatales y hacendarios— no podían considerarse dentro del apoyo.

Las personas que aplicaban podían escoger una estancia afiliada al programa, y así, el monto de apoyo se entregaba mensualmente a la persona responsable de la guardería, ya fuera mediante depósito o transferencia bancaria para completar de esa forma las cuotas por el servicio que los usuarios pagaban.

Segundo: el desaseado manejo de los recursos públicos caracterizó a la pasada Administración Federal, específicamente en este tema: sobrecupo para inflar números; corruptelas en la repartición de los espacios; o simplemente obviar requisitos tanto de estancias infantiles como de los responsables de éstas y de usuarios finales de los apoyos, entre otros. Males notorios que una correcta indagatoria permitiría identificar a los culpables y proceder contra ellos con todo el peso de la ley, garantizando la permanencia del apoyo y beneficios para los afiliados que cumplieron cabalmente con la normatividad aplicable.

Lo correcto entonces no es suspender el programa, sino perseguir y sancionar penalmente a quienes lucraron con ello de una manera indebida; así como llevar a cabo una reestructuración del mismo, acompañada de una adecuada fiscalización y verificación del manejo transparente del recurso. El suspender el programa de golpe, provocará una cadena de afectación mayúscula a los beneficiarios, tanto directos como indirectos, cumplidos e incumplidos; comenzando con el usuario, la madre soltera incapaz de pagar por el servicio, se ve orillada a prescindir del mismo.

La falta de este ingreso repercute de forma inmediata al presupuesto de la estancia, y se traduce en la necesidad de recortes de insumos y sobre todo, de recursos humanos; ello ocasiona que miles de madres y padres trabajadores se queden sin lugar para el cuidado de sus hijos y otras decenas de miles de desempleados. Reducir los apoyos a la mitad y otorgarlos directamente a los usuarios finales, porque “supuestamente” garantiza un mejor control del recurso, no resuelve el problema que la misma Administración Federal ha creado, sólo complica más los procedimientos y pone en riesgo el bienestar de los menores, quienes son los beneficiaros directos del programa.

Atendiendo los derechos humanos de los infantes, previstos en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a la infancia y al interés superior del menor, corresponde al Estado Mexicano brindar asistencia social, desarrollo y educación integral para los infantes por lo que es irresponsable que el gobierno federal pretenda remitir esa responsabilidad a los familiares de los menores.

El interés superior del menor forma parte de las políticas públicas y tiene el carácter de obligatorio sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo infantil, pues las guarderías cubren una importante labor educativa en la edad preescolar de los infantes; sobretodo, es una exigencia reglamentaria que el personal que atienda las capturas de tiempo completo sea profesional, regular y esté frecuentemente capacitado y actualizado.

Si el Estado descuida su obligación en este campo, se generan esquemas sociopolíticos y culturales donde se estigmatiza la figura femenina, al imponer la carga a las abuelas, para la cual no están ni obligadas ni preparadas; se limita la libre evolución de su personalidad, se sobrecarga de trabajo a personas que no necesariamente tienen la vocación, la capacidad y la disposición para hacerlo, y se frena el desarrollo integral de los niños a su cuidado.

Transferir el dinero directamente a las familias, deja en manos de los padres la decisión de enviar o no a los menores a una guardería o estancia infantil. Es muy probable que los padres en muchos casos elijan atender otras prioridades y por lo tanto, las criaturas permanezcan en el abandono respecto a esta etapa temprana de su crecimiento, la cual requiere que el Estado les brinde a los menores un espacio seguro, armónico, de cuidado y desarrollo personal.

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