FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de Baja California Sur, con el objetivo de continuar la armonización legislativa con la reforma al Poder Judicial de la Federación publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta también plantea modificar diversos artículos transitorios del Decreto 3140, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se realizaron adecuaciones constitucionales en la entidad para alinearse con la reforma judicial federal.

El legislador explicó que la iniciativa deriva de un trabajo interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, a partir de un análisis conjunto para revisar y ajustar algunos aspectos de la reforma constitucional previamente aprobada, considerando las particularidades laborales, territoriales, poblacionales e institucionales de Baja California Sur.

Entre los principales planteamientos se propone que el Tribunal Superior de Justicia funcione mediante Salas Unitarias Especializadas por Materia, con el objetivo de fortalecer su operatividad y agilizar la impartición de justicia.

Asimismo, se establece que cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial posibles faltas administrativas o penales cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también señala que ninguna persona servidora pública del Poder Judicial podrá percibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República, en apego a lo dispuesto en la reforma constitucional federal.

De igual forma, se considera la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo máximo de entrada en vigor en las entidades federativas es el 1 de abril de 2027.

En este contexto, se prevé que, por única ocasión, el Consejo de la Judicatura del Estado pueda designar juezas y jueces en materia de oralidad civil y familiar, quienes permanecerán en el cargo hasta que su elección se realice mediante voto popular en el proceso electoral ordinario de 2027.

La iniciativa también incorpora adecuaciones en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de género, con el objetivo de armonizar el texto constitucional con los principios de igualdad.

Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y dictaminación.

FOTOS: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado anunció la publicación del primer libro en materia de protección civil titulado Resiliencia.

Allí se podrán consultar temas de relevancia para el Estado como protección civil y gobernanza, fenómenos hidrometeorológicos y vulnerabilidad social, riesgos geológicos, riesgos antropogénicos y tecnológicos, atención a emergencias y ordenamiento territorial.

La publicación está al alcance para descarga de manera gratuita en el sitio web del Congreso del Estado www.cbcs.gob.mx como en la página de Facebook CongresoAhora.

El legislador  invitó al público en general a consultar la mencionada publicación a fin de que conozcan esta importante información realizada en diferentes mesas por instituciones diversas en el Foro Estatal de Protección Civil.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, presentó en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y los diputado Sergio Guluarte y Omar Torres, el libro Resiliencia: Resultados del Primer Foro de Protección Civil, el cual reúne un compendio de aportaciones vertidas por especialistas y representantes de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Afirmó que la obra representa una herramienta para la óptica que se está sembrando desde el Congreso del Estado con instituciones y que aborda una visión a corto, mediano y largo plazo para las nuevas generaciones.

La obra derivó del decreto emanado de la XVII Legislatura para que los resultados y opiniones alcanzados en los foros anuales sean elevados a ley.

“Más allá de un libro está el esfuerzo, el compromiso de quienes creemos en la prevención; la protección civil y la gestión de riesgos debe ser una realidad, no solo para BCS, sino para todo el planeta”, puntualizó Agundez.

Destacó la importancia de que quienes toman decisiones hoy y mañana tomen en cuenta a la academia, la ciencia y la historia para poder construir sociedades urbanas amigables con el medio ambiente, pero sobre todo inclusivas, como lo marcan los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20/30.

Por su parte, Guluarte Ceseña destacó que es la primera vez que el resultado de un foro es elevado a ley. Elogió el conocimiento y experiencia de quienes participaron en los foros y aportaron en materia de prevención y soluciones: “Estamos poniendo nuestro granito de arena en temas tan fundamentales para nuestra BCS”.

Se trata de una publicación que consta de seis ejes temáticos claves en la prevención y gestión de riesgos; fue presentada por el rector de la UABCS, Dante Salgado González, el Dr. Miguel Ángel Imaz Lamadrid y los diputados Erick Ivan Agundez Cervantes y Sergio Guluarte Ceseña.

FOTOS: Archivos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de establecer como obligación de los Ayuntamientos del Estado contar con una comisión permanente de Protección Civil y Gestión integral de riesgos, el diputado Erik Agúndez Cervantes propuso este martes reformar la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

Su propuesta, que desde hoy analiza la Comisión Asuntos Fiscales y Administrativos, pretende que los Ayuntamientos sean los primeros respondientes para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por las personas, cuente con un cuerpo de regidores encargado de coordinar y supervisar las políticas y acciones de protección civil y gestión integral de riesgos en cada municipio.

“Debemos de contar con una capacidad de respuesta inmediata y en vez de ser reactivos, debemos ser preventivos, fortalecer las decisiones que se tomen para el desarrollo social y humano con el enfoque de la prevención”, argumentó desde tribuna el abanderado del PVEM.

Detalló que en los municipios es fundamental esta materia, porque su función principal es salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano. Esto se logra a través de la prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de emergencias, mediante la coordinación de recursos, la creación de planes de contingencia, la capacitación de la comunidad y la creación de una cultura de la seguridad.

En ese contexto, para Baja California Sur la protección civil es crucial, debido a la vulnerabilidad del Estado ante fenómenos como los huracanes, catástrofes y desastres naturales o inducidos por el hombre y su importancia radica en la necesidad de salvaguardar la vida de las personas, proteger el patrimonio y el medio ambiente, y coordinar acciones de prevención, auxilio y recuperación para crear una sociedad más segura y resiliente.

Esta iniciativa, implica reformar los incisos o), p), q) y se adiciona un inciso r) a la fracción I del artículo 66 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de proteger la integridad de las personas y fomentar una tenencia responsable de animales, el diputado Erick Ivan Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa denominada “Ley Santos”, que busca incorporar al Ley Santos del Estado los delitos de lesiones por ataque y homicidio por ataque animal.

Se propone adicionar los artículos 134 Bis y 139 Bis al Código Penal del Estado para tipificar los delitos de homicidio por ataque animal, con penas de 4 a 8 años de prisión para propietarios o responsables cuando un animal cause la muerte de una persona o lesiones, sancionando a quienes permitan o provoquen, por omisión o negligencia, que un animal cause lesiones a otra persona.

La iniciativa responsabiliza penalmente a las personas propietarias o responsables de animales que, por omisión o negligencia, permitan ataques que causen daño o la muerte a terceros.

Este proyecto toma su nombre en honor a Santos Medina González, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad fallecido en 2013 tras un ataque de un perro mientras realizaba sus labores en Ciudad Insurgentes. La propuesta responde al aumento de casos similares registrados tanto en el Estado como a nivel nacional.

Esta medida también busca generar conciencia en la sociedad sobre el deber que implica tener a un animal bajo resguardo, especialmente si este representa un riesgo para la comunidad.

Asimismo, se contempla un incremento en las penas cuando la víctima sea una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o mujer embarazada; cuando existan antecedentes del comportamiento agresivo del animal; o cuando el ataque sea colectivo, es decir, cometido por varios animales.