FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión ordinaria llevada a cabo el jueves 17 de marzo, el Pleno del Congreso de Baja California Sur recibió dos iniciativas ciudadanas para garantizar el principio de paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia y gabinetes de primer nivel de Ayuntamientos, y una segunda iniciativa referente al aborto, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

El secretario de la mesa directiva, diputado Carlos Van Wormer Ruiz dio lectura a ambas iniciativas del ciudadano Enrique Arturo Mayorquín; la primera propone reformar la Constitución de Baja California Sur, la Ley Orgánica del Poder Juridicial y la Ley Orgánica Municipal, para que los nombramientos en la conformación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la designación de magistrados, el Consejo de la Judicatura, selección de funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, garanticen el principio de paridad de género, incluyendo la terna enviada por el Gobernador del Estado.

En el caso de los Ayuntamiento para que “en los casos de conformación del gabinete de primer nivel de la administración pública municipal, establecido en el Artículo 154 de esta constitución y en los Artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal, deberá garantizarse el principio de paridad de género…”.

En el caso de la segunda iniciativa propuesta el ciudadano, propone reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para reformar el concepto de aborto, actualmente definido en el Código Penal como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo” por la nueva redacción “es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Así como ampliar penas a quienes obliguen a mujeres a practicarse el aborto.

En el Artículo 152 referente al aborto con consentimiento, que actualmente establece penas de 6 meses a 2 años de prisión o trabajo a favor de la comunidad hasta por 200 jornadas, propone reformar por: “se impondrá 3 a 5 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consciente en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto se sancionará cuando se haya consumado. Aumenta la pena para quien hiciera abortar a una mujer, de 1 a 3 años”.

Sin consentimiento aumenta de 5 a 8 años y de 8 a 10 años si hubiere violencia física o moral.

Deroga el artículo 155 que contempla prisión de 6 meses a 2 años o trabajo de 200 jornadas.

Fueron turnadas a las comisiones de puntos constitucionales y de justicia así como de la salud, la familia y la asistencia.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica y un mandato para la participación paritaria, en espacios donde persisten desigualdades como son los puestos de elección popular, la administración pública, la administración de justicia, la impartición de justicia y los organismos autónomos administrativos y jurisdiccionales electorales, el maestro Enrique Arturo Mayorquín presentó iniciativa ciudadana con proyecto de decreto, misma que dio lectura la diputada Maricela Pineda García, informó el Congreso del Estado.

El iniciador destaca que el Poder Judicial del Estado, debe establecer los mecanismos claros y obligatorios para proteger debidamente el acceso de las mujeres a puestos directivos y de decisión de primer nivel, como serían Magistradas en el Tribunal Superior de Justicia y consejeras en el Consejo de la Judicatura Estatal, ya que de la forma en que se encuentra redactado el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado, permite que el Ejecutivo, proponga una terna de magistrados ante el Congreso, sin mencionar el principio de igualdad de género y al no estar establecida constitucionalmente como obligación, no es obligatorio su cumplimiento y lo mismo sucede para los cargos de la Judicatura Estatal.

En su exposición de motivos el maestro Mayorquín reconoció las barreras estructurales que enfrentan las mujeres por su condición de género y que han sido analizadas a partir de diversas categorías como: el “techo de cristal” (barrera invisible que consiste en discriminaciones y prejuicios tan sutiles que impiden confiar en las mujeres puestos de responsabilidad o prácticas patriarcales); el “suelo pegajoso” (que se refiere al trabajo doméstico y de cuidados en el cual las mujeres inmersas a raíz de los estereotipos de género y por lo que enfrentan  múltiples jornadas de trabajo); el “techo de cemento” (que engloba la educación sexista, las estructuras laborales, horarios y dinámicas masculinas); el “techo de diamante” (que impide que se valore a las mujeres por criterios estrictamente profesionales sino de acuerdo a sus características físicas), lo que las deja en una situación de desventaja y subordinación para aspirar a un puesto de decisión.

Agregó que al hacerse estas modificaciones, se cumplirá con las observaciones hechas por organismos internacionales, así como con lo mandatado por los instrumentos nacionales e internacionales, asegurando la plena participación de las mujeres en dichos cargos.

Por otro lado, se impulsará un cambio en el colectivo imaginario que asegura que las mujeres no pueden acceder a dichos cargos, generándose un cambio en la concepción del estereotipo femenino; visibilizando a la mujer en cargos públicos lo cual genera una expectativa en futuras generaciones.

Dicha iniciativa ciudadana implica la reforma a la fracción IV del artículo 79, los artículos 90,91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y fue remitida a  las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia así como a la de Igualdad y Género.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Puntos Constitucionales y de Justicia, se reunieron para analizar la iniciativa de Ley Ciudadana, que prevé la abrogación de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Baja California Sur y sustituirla por una nueva donde además propone la creación de la Comisión Estatal de Victimas, informó el Congreso del Estado.

Teniendo como marco la sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua, y ante la presencia de representantes de diversas instituciones involucradas con la justicia, la diputada Petra Juárez Maceda presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, manifestó su beneplácito por la propuesta ciudadana para apoyar a toda clase de víctimas.

Agregó que el propósito es armonizar y dar validez al decreto federal sobre atención a víctimas; en cuanto a la creación de la Comisión, no existe una instancia similar en el estado, aunque actualmente se brinda asesoría jurídica por parte de la Secretaria General de Gobierno y de la Procuraduría  General del Estado.

Esta Comisión tendría la facultad de atender a víctimas (de delito y violación de derechos humanos), desde la primera instancia, darle seguimiento y apoyo; aunque las víctimas de violación de derechos humanos le corresponden a la federación atenderlas, esta iniciativa propone que abarque ambos casos.

Así mismo contempla llevar juicios, brindar apoyo integral, psicológico, jurídico y de trabajo social de tanto a la víctima como a todos los involucrados, dándoles seguimiento para llegar incluso acuerdos interinstitucionales y brindar atención inmediata.

“Es una ley completa y citamos a varias dependencias estatales para analizar la iniciativa y enriquecerla de ser necesario con el apoyo de los asesores del Congreso” expresó la legisladora, agradeciendo al iniciador de esta Ley Ciudadana, Enrique Arturo Mayorquin, quien estuvo a cargo de la exposición.