FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Sinceramente esperaba un sermón tibio, más apegado al Evangelio que a los hechos, en la misa con la que culminó la Procesión por la Paz convocada por la iglesia católica la tarde de este domingo en La Paz. No fue así. También, sinceramente, creí exagerada la expectativa de los asistentes a la marcha que realizaron los fieles desde el Santuario de Guadalupe hasta la Catedral de La Paz: ¡y no!, el poder de convocatoria fue enorme.

Lo que me pareció más destacado de casi cuatro horas de cubrir el evento fue el mensaje del obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, que con crudos testimonios habló temerariamente de la violencia en BCS, cómo la oleada de sangre ha alcanzado a toda la entidad —desde Bahía Tortugas hasta Los Cabos—, de las víctimas colaterales y de la exagerada facilidad para asesinar hoy en día y por cualquier cosa; pero dejó sembrada la inquietud de que “es posible” un cambio de vida y la paz. Oró por alcanzar la justicia como único medio para garantizar la paz.

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Hacia las 4:30 de la tarde de este domingo citaron a los fieles católicos en el Santuario de Guadalupe. Allí, en breve entrevista, el padre Ponciano Álvarez, dijo que esta peregrinación llevaba diez años realizándose y que esperaban convocar de 6 a 8 mil ciudadanos; aunque no llevan una contabilidad, estima que el año pasado fueron 6 mil. De un primer vistazo, parecían ser menos de la mitad, pues las personas apenas llenaban una cuadra del templo minutos antes de arrancar la caminata. Pero nos adelantamos al malecón, y se fueron sumando miles más. ¡El total de los marchantes llenaban tres largas cuadras!

Según el párroco, estarían participando todos los sacerdotes de La Paz: más de 50, y alrededor de 100 religiosas. Y la invitación estaba hecha a todas las congregaciones de la Diócesis de La Paz. Contó que la intención era hacer un llamado por la paz en el Estado, en el país y en el mundo, y una “unidad de los cristianos”. Le comenté que me consta la escasísima afluencia en las marchas por la paz convocadas recientemente por la sociedad civil —a finales de 2017 hubo una que no llegaría a 20 ciudadanos—, y le pregunté si la iglesia católica como tal se sumaría a una organizada por civiles: “Sí, claro. La disposición está y estamos abiertos al diálogo; sería ponernos de acuerdo”, contestó.

La jornada se llevó a cabo en orden y sin ningún contratiempo, acompañados por policías y ambulancias, en un recorrido de hora y media. Miles de hombres y mujeres, la mayoría vestidos de blanco, caminaron contra el friyazo por el malecón, porque no era un simple frío: ¡era un friyazo!, como decimos acá. El fuerte aire no se quitaba ni caminando, pero a cambio nos regalaba el hermoso paisaje del atardecer paceño con un cielo de color vainilla con rosa.

Casi no había paseantes por el cenizo malecón que sigue, supuestamente, arreglándose. Los fieles doblaron por la 5 de Mayo hasta llegar a la Catedral de La Paz en punto de las 6 de la tarde, donde se realizó la homilía en la parte de afuera, frente al Jardín Velasco, con miles de sillas dispuestas para recibir al mar de gente. Allí se fueron acomodando personas de todas las condiciones sociales, desde la humilde mujer en muletas que pide limosna en la calle, a la más elegante y perfumada dama que yo tenía a un lado. Todos cantando No hay Dios tan grande como tú, en medio de banderas blancas.

Por más obvio que resulte decirlo, se trataba de un evento de la iglesia católica. No se trataba de una marcha de protesta ciudadana. Las mantas blancas aludían a mensajes de paz y justicia sin referirse a ningún caso en particular, ni contra ninguna instancia. En todo el camino hubo grupos musicales que tocaban las canciones de la iglesia hasta en ritmo de cumbia, y no faltaron las porras y pedir gritos de júbilo. No hay nada de malo en eso. Sin embargo, ¿dónde estaría el elemento crítico y de impacto para un tema tan sensible? Según la periodista Gladys Navarro, sólo en lo que va de enero, van 44 ejecutados en todo el Estado. Muchas personas critican que marchar no sirve de nada, y en efecto, algunas no han tenido el apoyo ciudadano. ¿No era esta una ocasión de emitir un mensaje contundente, ahora cuando los reflectores están olvidando a los muertos y se enfocan en quién se registra como candidato o cambia de partido para arañar el poder?

Y llegó el sermón de Miguel Ángel Alba Díaz quien dio un mensaje de denuncia —¡casi de desesperanza!— pero con las lecturas que se quieran tener, también acentuado en la urgencia de ser apóstoles de la paz, sin necesidad de ser sacerdote o religiosa: desde nuestras casas. En sus primeras palabras habló de la justicia como la vía para que haya paz, lo que quizá pasó desapercibido, pero bien puede ser otra manera de referirse a la impunidad, pues aunque en estas ciudades matan a diario: simplemente no hay detenidos. Se remitió a la preocupación por una posible guerra nuclear; y de los conflictos y tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, Medio Oriente y Venezuela, tocando así el tema de los migrantes y refugiados, y entrando como humedad en el tema de BCS: “También nosotros somos racistas, también nosotros vemos con sospecha a quienes vienen de los lugares más pobres (…) a buscar un futuro a nuestras tierras, los explotamos, les damos los peores trabajos (…) construyen sus frágiles casitas en los lugares más vulnerables donde los huracanes barren con todo, y cuando cuando algo malo sucede en nuestras ciudades decimos ‘¡son ellos!”.

“Hasta hace pocos años la ciudad de La Paz le hacía honor a su nombre; hasta hace pocos años BCS era considerado uno de los estados más pacíficos, pero de pronto se encendió la mecha. La violencia de las armas se ha venido incrementando de una forma terrible, espantosa, en el número de víctimas. Ya no son eventos ocasionales, ya no son ‘casos aislados’, ahora son cosas de todos los días: uno, dos, cinco, siete, diez ejecutados. Ha crecido el espectro de las características de las víctimas, antes muchos se consolaban diciendo, ‘son miembros de distintos carteles que se matan entre ellos, déjalos’ pero hoy no nada más son miembros de los diversos carteles, hoy también hay victimas entre las fuerzas del orden que tratan de detenerlos, entre los familiares, amigos, policías, custiodios, guardianes, funcionarios públicos. Tristemente, duramente, las víctimas colaterales: el niño, la señora, el hombre que iba pasando, la persona que estaba en el lugar y momento equivocado y le tocó la balacera. La violencia se ha venido incrementando en descaro, ya no es sólo en la noche o en la madrugada, ya no es en lugares secretos o ocultos, ahora es a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier lugar, en las plazas comerciales, en el malecón, en nuestras calles, en todas partes oímos, de repente, las armas (…) Se ha incrementado en crueldad y salvajismo: gente colgada en los puentes, cuerpos despedazados, cadáveres mutilados con signos de tortura. ¡¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde?!“. Y en las familias sudcalifornianas, “hay mucha indignación, mucho enojo, mucho resentimiento, mucho dolor”.

“Recuerdo una madre de familia en San José que me decía: ‘señor Obispo, yo sabía que mi hijo andaba mal, muchas veces lo quise retirar de ese camino, muchas le advertí ‘vas a acabar mal’ y yo estaba preparada para que acabara mal; pero nunca pensé que fuera a ver su cabeza en una hielera, sin ojos, sin orejas, mutilada. ¡No me explico tanta crueldad!”. Se refirió también a la violencia en los hogares, donde por “nimiedades” maridos, esposas e hijos se asesinan unos a otros. Dijo que “parece que nadie quiere oír” ante muchas cosas que se han hecho para detener la violencia, desde manifestaciones hasta cartas. Finalmente, que el mensaje de este día de la Procesión por la Paz es doble, en el sentido de que “tomemos conciencia del tiempo en que vivimos, descubramos que el tiempo apremia (…) La paz es posible, otra manera de vivir se puede, esta aquí al alcance de la mano; es una invitación al arrepentimiento y a un cambio en el estilo de vida (…) No nos dejemos arrastrar por el mal, intimidar por el mal, no nos encapsulemos en nuestros temores (…) Y que Dios busca profetas, entre todos nosotros, sacerdotes y seglares, busca profetas y apóstoles. ¿Quien puede ser capaz de mostrar su amor y preocupación? ¿Quién estará dispuesto a construir la paz?”.

FOTO: Luis Roldán.

Por Modesto Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). En 2009, cuando se enfrentó a la justicia a El Pozolero y se descubrió en las afueras de Tijuana un rancho en donde se disolvió en ácido —literalmente— a cientos víctimas de las que sólo quedaban las uñas, por lo que en el terreno había “un sembradero de uñas y dientes”, “parecía el colmo del horror, que habíamos llegado a lo inimaginable”, expresó el periodista Héctor de Mauleón en su conferencia Periodismo en tiempos de violencia, el pasado jueves 26 de octubre en La Paz, durante su participación en las Lunas de Octubre realizado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Durante la plática, de aproximadamente una hora, ante un nutrido público que soportó el calor en el Centro Cultural La Paz, el columnista de El Universal habló del peligro que representa ejercer el periodismo en estos tiempos del combate al narcotráfico, desde el sexenio de Felipe Calderón, y que hasta la fecha, sumaría más de 200 mil víctimas —”200 mil historias atroces, de horror”. Dejo entrever que México aún no tocado el suficiente fondo del sufrimiento y ese ‘pozo’ puede seguir llenándose —”el fondo no llega hasta que uno no quiera”—, al recordar el caso de El Pozolero, el llamado Niño Sicario o el más reciente, el de las víctimas desolladas en Nayarit.

Al final de su charla, Héctor de Mauleón dejó sembrada la inquietud de que, tras once años, si no podríamos pensar que la guerra contra el crimen organizado fracasó y si no sería tiempo de poner sobre la mesa la discusión de legalizar las drogas. “Todo es peor, todo es más violento, todo es más sangriento; no hay avances, la droga sigue pasando, la muertes sigue ocurriendo, las lista de objetivos que tenía el Gobierno Federal (…) abatidos o presos, ¡y esto no termina! También la siguiente discusión socialmente responsable, sería ¿es ese el camino o esta probado que no es el camino? ¿No ha llegado la hora de ponernos a discutir la legalización del algunas sustancias? Da clic AQUÍ para el ver el video de la conferencia completa.

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Luego de la conferencia, CULCO BCS tuvo una breve entrevista con el periodista de la Ciudad de México, quien en 2016 ganó el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo por su trabajo sobre las bandas delictivas que operan en la colonia Condesa, en la CDMX. Sólo fueron dos temas. El primero: ¿cual es la visión desde el centro del país sobre la violencia en Baja California Sur? ¿Se sabe de ella o se sigue creyendo que es un paraíso?

“Yo creo que está muy claro que la violencia se ha disparado en los últimos años —dijo—, que la detención de El Chapo provocó una crisis en esta zona y que al mismo tiempo la incursión o el crecimiento desmedido que ha tenido en el sexenio actual el Cártel Jalisco Nueva Generación terminó golpeando la antigua calma, digamos, paradisíaca, de Baja California Sur. Se volvió un territorio de pugna entre los sucesores de El Chapo y este grupo que ha ido creciendo, que estaba formado por ser un brazo armado de otros capos y terminó apoderándose de 20 estados del país con operaciones internacionales y que es considerado, incluso, ya uno de los cárteles más poderosos del mundo”.

Héctor de Mauleón en la conferencia, fue presentado por Juan Cuauhtémoc Murillo. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

“Por otro lado —continuó—, se le dio la debida atención al caso de Max Rodríguez que ilustra, por otro lado, ya en detalle, el nivel de violencia que se vive en el Estado”. Invitado a participar también en el segundo día de las Lunas de Octubre: el viernes 27, el lunes siguiente publicó el El Universal el texto Correrá sangre en Baja Sur, donde da a conocer su impresión de lo que ha generado la violencia en La Paz, recorriendo el malecón.

Legalizar las drogas

El segundo tema, fue preguntarle directamente, si él creía que una posible solución para aminorar el complejo problema de la inseguridad en el país era legalizar las drogas. Él contestó “creo que es el momento ya, tenemos que avanzar hacia eso. Eso le quitaría una fuente grandísima, altísima de ingresos a los grupos del crimen organizado y sobretodo sacaría a los jóvenes de los callejones en donde están en contacto con los criminales para que los que quisieran adquirir lo que quisieran pues vayan a una farmacia o a una tienda, no tengan que estar en contacto con delincuentes que luego terminan reclutándolos, etcétera; y sobre todo plantear ya el asunto de que no podemos seguir siendo los policías de Estados Unidos. No podemos seguir poniendo los muertos, mientras ellos están en la fiesta y nos devuelven las armas (…) Yo creo que ese es el camino.

Urgen protocolos

Regresando a su conferencia Periodismo en tiempos de violencia, centrado en este oficio en medio de esta crisis de inseguridad en todo el país —que él denomina “loa años de horror, la historia negra del periodismo en México”—, habló de varios casos concretos —censura, chantaje, muertes y desapariciones de comunicadores— y de la necesidad de un protocolo de seguridad para reporteros.

Más de un centenar de periodistas han sido asesinados en lo que va del siglo —explicó De Mauleón—, y se han cerrado medios, por lo que además de todo, “una tragedia nacional que no hemos percibido, son las zonas silenciadas de México“. Contó historias de comunicadores que fueron, tanto literal como figurativamente, amordazados por los criminales, y que no existen autoridades confiables para sentirse protegidos. “La herida psicológica no la conocemos en esta generación”, dijo, y reiteró que “somos uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.

Ante la situación, urgió a que exista un centro nacional de protección a periodistas, “pero autónomo, ciudadano”; que haya talleres permanentes de capacitación y protocolos, para saber qué hacer en caso de amenazas; “no venderse, no pedir dinero, eso hace que no tengas compromisos”, aunque también habló de los sueldos “miserables” de los reporteros que hacen que unos acudan al llamado ‘chayote’. “Nuestra conclusión: vamos por un protocolo, vamos a cuidarnos entre los periodistas.”

FOTOS: Luis Roldán.

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos en fosas clandestinas y la gente no reaccione?”    Madre del Colectivo El Solecito.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Entre 2007 y 2008 irrumpió en nuestro país la violencia que desde entonces aflora, azota, asola, irrita y descoloca nuestra vida cotidiana. En México, hemos vivido ya un decenio de violencia que Eduardo Rodríguez Gutiérrez (Un decenio de violencia en Nexos, 1 enero, 2017) ha reconstruido a partir del 11 de diciembre de 2016, cuando Felipe Calderón puso en marcha la llamada Operación Conjunta Michoacán que marca el inicio de la década más violenta y sanguinaria que hayamos visto en la historia contemporánea de nuestro país, la misma que desde 2014 se ha asentado en Baja California Sur. Durante estos años, ha desfilado ante nuestros ojos una galería de crímenes cada vez más terribles; diseminados por todo el territorio mexicano, legiones de hombres armados asesinan, secuestran, mutilan, torturan, trafican y desaparecen en fosas clandestinas a miles de personas.

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Según el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), las redes de crimen organizado han reclutado al menos 30 mil jóvenes entre los 14 y 17 años, muchos de ellos de manera forzada. Ser joven, implica que tienen 30% más de posibilidades de ser asesinados que los adultos y si son mujeres adolescentes, tienen más probabilidades de ser víctimas de feminicidio o desaparición forzada que las mujeres adultas. Y no sólo eso, según la REDIM en México ser joven implica ser criminalizado por el sólo hecho de serlo (La Jornada, 11 de mayo del 2017). En el informe Violencia, niñez y crimen organizado presentado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, se constata que estos niños y jóvenes mexicanos trabajan para la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas, hasta la piratería y el narcotráfico. Las organizaciones criminales les reclutan a partir de los 10 y 11 años, ya sea para traficar productos ilícitos (drogas o armas), personas (‘burreros’) o para realizar asaltos, agresiones y secuestros.

Según el reporte sobre fosas clandestinas, titulado Violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2007 y 2016 se han localizado un total de 1,075 fosas clandestinas con 2 mil 14 cuerpos, distribuidas en 19 entidades del país. En este estudio, en Baja California Sur sólo se había reportado una, sin embargo, con base en datos periodísticos, hemos identificado una más. No puedo decir si fue la ubicada en 2013 en la colonia Tabachines o, la segunda, localizada en 2015, en El Comitán. Como quiera que sea, este año se encontró una fosa clandestina con 18 cadáveres (13 hombres y 5 mujeres) en la carretera costera Rincón de La Playa-Zacatito, en Los Cabos.

Violencia y terror, nunca mejor dicho. En torno a esta violencia que nos asola y despoja, hay muchas preguntas y pocas respuestas sistemáticas que nos permitan comprender lo que nos ocurre tanto en México, como en BCS. En estas entregas, intentaré ofrecer tanto un marco de interpretación, como la sistematización —siempre insuficiente y poco clara—de datos estadísticos que dan pie a un análisis empírico básico, siempre insuficiente para el análisis de coyuntura tan importante en un país donde el fenómeno de la violencia se desplaza geográficamente con gran rapidez y eficacia en el proceso de ocupación tanto de nuestro territorio, como de nuestra cultura colectiva.

Quiero dejar clara una cuestión: la violencia en México y en Baja California Sur no es tanto un asunto de datos o números sobre las incidencias delictivas, que las hay, sino de personas y sus historias, de cientos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que desde sus diferentes adscripciones de género, clase, etnia y adscripción identitaria, cada día suman una cifra a las historias que ocultan una tragedia humanitaria. Medir la violencia a partir de los homicidios, da como resultado un índice de una realidad más compleja: en México nos matan, porque se puede. Pero no sólo nos matan. Nos violan, criminalizan, persiguen, hipersexualizan, esclavizan. Nos trafican, mutilan, alquilan, venden. En México nos matan, porque el consumo de drogas, armas, personas, vientres, cuerpos y una lista que no puedo siquiera escribir, representan grandes negocios. En México nos matan, porque los emporios del entretenimiento naturalizan la violencia.  Nos matan, en fin, porque se puede, y atender las causas por las cuales nos matan no es una prioridad para el Estado.

Prioridad es la cuestión: la erradicación de la violencia en general y de todas las otras violencias, debería ocupar un lugar central en la definición de las políticas públicas tanto en el país, como en BCS. Sin embargo, la generalización de la violencia en México es más que una dolorosa realidad.

Según datos preliminares del INEGI, en 2016 se registraron 23,953 homicidios en el país, la cifra más alta reportada durante los primeros tres años de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El INEGI señala que BCS se encuentra entre las entidades donde el fenómeno de la violencia se ha recrudecido como resultado del desplazamiento de la violencia hacia entidades que históricamente mantenían una tasa baja de delito, como Yucatán y Oaxaca. Como se observa en las gráficas 1 y 2, que representan la evolución de los homicidios según sexo a nivel estatal en la última década (2007-2016), la violencia expresada en el número de homicidios se disparó a partir de 2014 y desde entonces se ha incrementado significativamente y la tendencia, indica que estamos muy lejos de la otrora vida pacífica en nuestra entidad.

Según la gráfica 2, donde se expresan los homicidios por municipio, es en La Paz y Los Cabos donde se concentra el mayor número de crímenes.

Esta situación de violencia generalizada ocurre en un contexto también generalizado, de impunidad y corrupción. Según el IGI-MEX, 2016, menos del 1% de los delitos en México, son castigados, por lo que impunidad entendida como delito sin castigo, alcanza 99%. Baja California Sur se encuentra entre las entidades con niveles críticos de impunidad en el sistema de impartición y procuración de justicia, con un proceso activo, pero lento y rezagado, de transición al Sistema Penal Acusatorio, con pobres avances en la armonización legislativa en materia de derechos humanos en general (IGI.MEX, 69:2016). Según la ENVIPE 2015, las dos principales razones que esgrimen las personas para no denunciar un delito son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Desconfianza que se origina en los profundos problemas estructurales y funcionales que priman en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.

Sólo como ejemplo, tomamos los criterios empleados para la elaboración del Índice General de Impunidad (IGI-MEX, 2016), en el que no fue posible aplicar la metodología completa de Cingranelli-Richards (CIRI) utilizada para el IGI 2015 (IGI-MEX, 32:2016). Esta metodología, tiene como intención generar un modelo estadístico capaz de medir tres dimensiones —estructural, funcional y derechos humanos—, en dos áreas de gestión administrativa cruciales para que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de impartir y administrar justicia.

Debido a las dificultades para incorporar la dimensión derechos humanos (*) con el rigor estadístico necesario (IGI-MEX, 32:2016), la dimensión derechos humanos fuese sustituida por la dimensión ‘cifra negra’, que, desde nuestro punto de vista, es una representación del profundo estado de impunidad generalizada que domina nuestro país.

Del informe del IGI-MEX-2016 puede inferirse que, la ausencia de información respecto a violaciones sobre los derechos humanos en las entidades federativas se explica tanto por los castigos (IGI-MEX, 32:2016) impuestos desde la Federación, como de los propios gobiernos estatales, que ven mal para el desarrollo general del país y sus estados reconocer la generalización de la violencia. Según datos de la Procuraduría estatal, desde junio del 2014 y hasta abril del 2017, han ocurrido 560 muertes provocadas por eventos de alto impacto y según datos periodísticos, esta cifra se eleva a casi 700 hasta el momento en que escribo estas líneas. Si estos datos no nos concitan a investigar con mayor profundidad sobre las causas y alcances de la violencia generalizada, no estaremos cumpliendo con nuestra obligación de describir para comprender, nuestra realidad. En las siguientes entregas, profundizaré sobre los aspectos sociales y culturas de la violencia nuestra de todos los días.

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(*) El respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema de gobierno, ya que habla del respeto que tiene el Estado por sus propios ciudadanos y por el contrato social que lo vincula con ellos. El fenómeno de la impunidad no estaría documentado plenamente si no se considera la violación a los derechos humanos de la población, cuando los responsables, es decir, agentes del Estado, quedan en libertad. Esta práctica contribuye únicamente al detrimento del Estado de Derecho, al menoscabo de la confianza en las instituciones y a romper el principio de protección a la población que es facultad exclusiva del Estado. Es por eso que se considera fundamental la incorporación de esta dimensión en una medición integral de la impunidad. Sin embargo, en el modelo que se presenta, fue necesario excluir esta dimensión del análisis. La ausencia de datos consistentes en la materia que pudieran ser desagregados por entidad federativa dificultó la incorporación de esta dimensión de la manera en que originalmente se había considerado, similar a lo que se realizó en el Índice Global de Impunidad. Esta dimensión mide el rango de denuncias de violaciones a derechos humanos frente a organismos públicos. (IGI-MEX, 32:2016).

La Paz, Baja California Sur (BCS). Esta tarde fue asesinado a tiros el periodista de la nota roja en La Paz, Max Rodríguez, en el estacionamiento de City Club en esta ciudad. Desde la prensa lamentamos profundamente este nuevo hecho violento, siendo el primer asesinato de un periodista en BCS, en el marco de una guerra entre bandas delictivas desde 2014, y que a la fecha, rondará por el medio millar de víctimas fatales.

Con todo el cariño por el compañero periodista, con todo respeto a su memoria y al duelo de su familia, compartimos de nuevo, íntegramente, la entrevista que el reportero concedió a CULCO BCS el 6 de diciembre de 2016. Descanse en paz Max Rodríguez, y exigimos justicia a las autoridades por este atroz homicidio.

Entrevista con Max Rodríguez a CULCO BCS en diciembre de 2016. Foto: Luis Roldán.

Max Rodríguez, informar desde la sangre

Desde un triple homicidio ocurrido en Los Planes (municipio de La Paz) el 31 de julio de 2014 hasta este 6 de diciembre de 2016, el Grupo de Reporteros Policíacos registra aproximadamente 362 ejecutados como probables víctimas de una histórica lucha por el poder entre grupos del crimen organizado en BCS; Max Rodríguez, uno de los pocos reporteros de la nota roja en la Paz —miembro de dicho grupo—, concedió una entrevista exclusiva para CULCO BCS donde aporta estos datos y platicó sobre los avatares de su trabajo.

Prácticamente no hay cifras oficiales de las muertes por la guerra entre narcotraficantes en Baja California Sur. Además, luego de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la entidad, fuentes como la Procuraduría General de Justicia del Estado emite información mínima sobre estos hechos —por ejemplo, casi siempre omite nombres, edades y ciudades de origen de los fallecidos. Sin embargo, el Grupo de Reporteros Policíacos en BCS ha llevado un puntual registro “con muy poco margen de error”, según Max Rodríguez.

En sus cuentas,  de 2014 a la fecha se estiman 362 muertos con huellas del crimen organizado en todo el estado. La entrevista se realizó el 2 de diciembre, ese viernes el conteo de ejecutados iba en 356, sin embargo, en sólo los primeros 4 días de este diciembre hubo 6 muertes más. Además, contabilizan entre 42 y 47 lesionados en balaceras, y según el periodista, se calculan entre 10 y 12 muertos inocentes —incluyendo niños— que al parecer no tenían nada que ver con bandas criminales. En septiembre de 2015 que Carlos Mendoza Davis asume la gubernatura del estado, se registraron 10 homicidios de este tipo, y las cifras parecían bajar, siendo de 1 a 3 entre octubre de 2015 y marzo de 2016; sin embargo, repuntó drásticamente en los últimos meses de este año, llegando a ser prácticamente uno diario en agosto, septiembre y noviembre pasados.

Modesto Peralta Delgado entrevista a Max Rodríguez. Fotos: Luis Roldán.

Así se hace la nota roja

El Grupo de Reporteros Policíacos de BCS lo conforman Luis Roldán (NBCS Noticias), Ignacio Estrada (Zona Roja), Erick León (Noticias La Paz), Gilberto Santiesteban (El Independiente), Alejandro Patrón (“El reportero urbano”) y el propio Max Rodríguez, quien publica la nota roja para Colectivo Pericú desde 2014. Él cuenta que hacía comentarios en Facebook y estaba alejado de la “vida reporteril”, hasta que una balacera cerca del parque de la colonia Infonavit, la noche del 20 de noviembre de ese año, lo hizo saltar de la cama, vestirse, ponerse cámara al hombro e informar detalles del evento violento —entonces, aún eran considerados hechos inusuales— a su amigo Cuauhtémoc Morgan. El director de Colectivo Pericú le preguntó después, cuando había pasado el susto “‘Max ¿qué pasó, dónde estás?, ¿tiene las nota?’ ‘Sí, te la hago ahorita’, y así fue como me incorporé a la policíaca”.

Desde el 20 de noviembre de 2014, y hasta la fecha, Max Rodríguez cubre la policíaca en Colectivo Pericú. ¿Cuál es la mecánica para publicar una nota roja?, le pregunté. “Para comenzar, cuando un suceso de este tipo —de los llamados de alto impacto—, tenemos fuentes que nos comunican sobre dónde es. De inmediato nos ponemos en contacto un grupo de compañeros para confirmar lo que fue, dónde fue, cómo fue, si es necesario, nos trasladamos todos los que formamos parte del grupo al lugar de los hechos (…) Nos llegan datos vía telefónica, que te voy a decir, no sé cómo consiguen nuestro teléfono y también por inbox —vía Facebook— (…) Lo primero que hacemos es checar con las personas alrededores, ya que por el NSJP se tienen más limitantes, se tiene que hacer por nuestra cuenta (…) Primero recibimos la información, checamos, confirmamos dos veces y entonces ya nos trasladamos”.

“Un aspecto muy importante —recalcó—: nunca vamos solos, siempre vamos un mínimo de tres compañeros, o dos si es muy difícil, menos de noche, para poder estar uno con otro y podernos cuidar de la situación”. Por último, envía las fotos por WatsApp a la redacción en Cabo San Lucas y se publica. Podrán verse notas policíacas en diferentes medios, pero en realidad, se cuentan con los dedos de la mano —como en este caso— los reporteros que realmente cubren este tipo de información. A la fecha, ignora cuántas notas y fotos ha publicado sobre la guerra del crimen organizado en BCS, y es que no correspondería con el número de ejecuciones, pues es común que se envíe la nota de “Última Hora”, otra con información detallada y en otras ocasiones dar seguimiento o “lo que pueda salir”.

Al preguntarle el porqué de esta nunca antes vista escalada de violencia, señala que “es una lucha por el poder, por la fuerza de la droga aquí en el estado, acuérdate que estamos en una zona muy importante, tenemos dos mares, en una zona prácticamente difícil de vigilancia por los litorales que tenemos, el paso de la droga, y la que distribuye en todo el estado. Es la lucha por el poder del narcotráfico”. ¿Y qué opinas de la actuación de los gobiernos al respecto? “¿Qué podemos decir? Nosotros no podemos opinar en esto más que la propia sociedad, se lo dejamos a la sociedad que lo diga. Se ha llegado a lo máximo, hoy aparecieron dos mantas muy importantes en donde se llegó a la amenaza no solamente a la sociedad sino al gobierno, al ejército y a la armada” —la entrevista se realizó el día que aparecieron las narcomantas aludidas en el puente de El Triunfo, en La Paz, y en Ciudad Constitución.  ¿Algún patrón en común entre los asesinados? “La gran mayoría de los ejecutados tienen horas o unos cuantos días de haber salido del Cereso”, dijo.

Muere un reportero en sus brazos

Al preguntarle sobre el caso más fuerte que le ha tocado cubrir, Max Rodríguez no duda en hablar sobre la muerte del camarógrafo Adolfo Lucero, quien murió de un infarto —prácticamente en sus brazos— al momento de cubrir una balacera en Pino Payas y Francisco J. Mújica, en esta capital. “Fue el 28 de mayo del año pasado, cuando prácticamente murió en mis brazos un compañero de trabajo: Adolfo Lucero. Llegamos a cubrir un evento en Pino Payas y J. Mújica, llegamos casi juntos él y yo, por la J Mújica, dejamos los vehículos uno tras otro y nos dividimos en una barda, porque nos pusimos de acuerdo, ‘yo voy para allá, tú ve para allá’, como trabajamos, vamos a hacer las mejores tomas, él tomaba video y yo fotografía. Y cuando nos quedamos de ver en un lugar específico, él estaba haciendo tomas de video y voltea y me dice ‘Ayúdame Max, ayúdame’. Yo le vi los ojos en ese momento, y te digo que fue algo que sentí de inmediato el impacto por la forma en que lo vi”.

Última foto de Adolfo Lucero en una balacera en La Paz, donde minutos después perdió la vida. “Se la tomé por accidente”, dijo Max Rodríguez.

“Cuando él me alcanza a dar la cámara —sigue—, yo la pongo en el piso para detenerlo, en ese momento llegaron Alejandro Patrón y Eliseo Zuloaga, los tres estuvimos ahí; nos vio un elemento de la policía de los carabineros que estuvieron aquí un tiempo, nos hizo a un lado para darle RCP, en ese momento yo gritaba por teléfono ‘Cayó un compañero, cayó un compañero’, porque sentí que le habían dado… Oímos balazos a lo lejos todavía. Yo pensé ‘sí le dieron’. No fueron las balas asesinas (la causa de su muerte) pero fueron a causa de esas balas que murió mi amigo (…) Te juro que aún siento la mirada de Adolfo en que me decía ‘Ayúdame’ y ya no podía hacer ya nada, cuando lo tenía en mis brazos. Te juro que te digo esto y aún lo siento así. Ese día sí lloré, lloré mucho a mi amigo”.

El impacto emocional

En La Paz no hace falta ser un reportero de la nota roja para encontrarse con balaceras, muertos y heridos, le comenté a Max; y los estados de ánimo y las reacciones varían, desde el pánico hasta la adrenalina. Sin embargo, él opina que tienen que dejar las emociones a un lado: “no podemos manejar una emoción porque no podríamos hacer nuestro trabajo, hay que usar la cabeza fría y poder pensar lo que vamos a hacer (…) Sí nos da, hay veces que se siente muy mal cuando vemos estas cosas, pero tenemos que hacerlas a un lado, no podemos trabajar si tenemos esos sentimientos así, ya me pasó una vez así. No podía hacer las cosas, inclusive, no me da vergüenza decir cuando lloré enfrente de un compañero, y te repito, las emociones las dejamos a un lado, pero a veces nos gana”.

¿Has sufrido amenazas? “Amenazas las ha tenido todos los que andamos en esto, pero acuérdate que éstos no amenazan: actúan, aunque estas mantas son otra cosa. Sí me hablaron por teléfono que ‘ya le pare, que no lo haga, que va a cargar…’ cosas así. Me habló uno que ya me hizo reír cuando dijo ‘Habla el abogado de mi cliente’ —rió—, y cuando le dije que sí le hacía caso pero que mandara su cédula y título hasta ahí paró la amenaza”. ¿Miedo? “Dicen que el miedo no existe, ‘No me da miedo’, pero eso es una mentira, el miedo existe, el miedo se da, que no lo expresemos es otra cosa, pero ahí está”.

Al finalizar la entrevista, pregunté si habría algo importante por añadir, y Max Rodríguez habló de un “reconocimiento muy fuerte a las esposas de quienes trabajamos en la sección policíaca, porque cuando ellas se quedan, no sabes lo que ellas se quedan al pendiente. Se queda con ‘el Jesús en la boca’. Sí quisiera hacer un reconocimiento a nuestras esposas, a los hijos, a los nietos, eso es muy importante”, concluyó.

La inseguridad es uno de los temas más delicados e importantes que atraviesa actualmente BCS. Foto: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras Baja California Sur se hunde en una violenta espiral que nos ubica por mucho en el contexto nacional como la entidad con mayor incremento de homicidios violentos, el gobernador, principal responsable de la seguridad pública estatal, aparece en imágenes que difunde su costoso aparato de comunicación social, recibiendo un ejemplar en facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo que demuestra lo poco que a nuestro gobernador le importa nuestra seguridad.

Lamentable es ver a nuestro gobernador ocupado en liviandades, en minucias publicitarias, cuando debería estar encabezando la estructura operativa del estado, en el combate al crimen organizado que opera impunemente en todo el territorio estatal.

Si el que “sabe cómo”, el que “no le tiembla la mano”, en lugar de empuñar la espada de la justicia para defendernos de la criminalidad, la estira para recibir un documento de ornato —copia de la Constitución de 1917—, entonces nos debemos sentir decepcionados, engañados, traicionados  y burlados por quien vino a nuestras casas y con falsa humildad tocó a las puertas a pedirnos trabajo, con la falsa promesa de reintegrarnos la tranquilidad.

Para ser contratado vía el voto popular, utilizó el procedimiento delictivo de engaño, al desplegar todo un esquema de sortilegio y encanto, tendiente a hacernos creer que él podía brindarnos la seguridad y tranquilidad que la incompetencia y corruptelas de su antecesor en el cargo había permitido que nos fuera arrebatada.

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Y una vez que a través del engaño y la maquinación logró ser elegido al tomar las directrices de la entidad, en lugar de desplegar el esquema necesario, adecuado y funcional para rescatar a nuestra entidad del embate delictivo, tomó un consecutivo de equívocas determinaciones, cuya repercusión tiene hoy en día a la entidad inmersa en la peor panorámica nunca antes presentada, de escalada delictiva, violencia urbana, ejecuciones, latrocinio, corrupción, incompetencia e impunidad.

Hemos sido defraudados.

Y lo más grave es que la seguridad del Estado se encuentra al garete. El jefe del ejecutivo estatal prefiere que le tomen fotos que se difunden en la red de culto a su imagen, desplegada a un alto costo presupuestal, cuando debería estar DE TIEMPO COMPLETO aplicando sus conocimientos y determinaciones en el combate a la criminalidad. En lugar de eso, delega la función en un grupúsculo de improvisados e incompetentes.

Basta revisar la hoja curricular del encargado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, para constatar que no tiene ni los conocimientos, ni la experiencia, ni la preparación, ni la determinación necesaria para llevar a buen puerto la encomienda.

Y lo mismo pasa con los titulares de las diferentes corporaciones estatales y municipales. Del procurador no hay nada más que decir. De sus magros resultados dan cuenta los más de veinte mil gobernados que inútilmente esperan que en su caso se proceda a procurar justicia.

El asesinato artero de dos agentes de la Policía Ministerial que fueron abatidos mientras realizaban una investigación relacionada con la ola de ejecuciones acaecidas en la entidad, puso de manifiesto el descaro e impunidad con que actúan los elementos criminales. Y la ausencia de reacción eficaz y oportuna por parte de las fuerzas del orden en el Estado, puso en evidencia su incapacidad para enfrentar la acometida de la criminalidad.

La pasividad del procurador llevó casi a una revuelta intestina en el seno de la corporación ministerial. Le dieron un ultimátum: “o nos autoriza o nos vamos por nuestra cuenta a localizar y detener a quienes mataron a nuestros compañeros”, le dijeron. Y finalmente autorizó, con más de 24 horas de retraso, la conformación de un contingente numeroso que como fuerza de reacción, acudieron al sur del Estado a vengar sus compañeros caídos.

Y entonces empezó la cacería indiscriminada, la persecución violenta, los allanamientos sin mandato judicial, las detenciones sin control ni garantismo. La fuerza policial combatiendo el fuego con fuego, la ilegalidad con ilegalidad.

¿Era necesario? Creo que sí. Si le preguntas a los elementos policíacos te dirán que sí, con pleno convencimiento, y si le preguntas al ciudadano medio, probablemente te dirá lo mismo. ¿Por qué habremos de respetar los derechos humanos de quienes delinquen, matan, extorsionan, envenenan a nuestros jóvenes?

¿Era necesario? Creo que sí. En estos momentos y tomando en cuenta todas las aristas, sí era necesario una respuesta contundente de nuestras fuerzas del orden, y el costo que implica el que en el proceso se violenten algunas normatividades, queda soslayado por el hecho de que es necesario poner un rotundo y contundente alto a esos delincuentes que se pasean impunemente por nuestras calles, y toman vidas como si ello les fuera permitido por derecho propio.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse. Porque es muy grave que en lugar de inteligencia y prevención, se use la violencia represora y vengativa.

¿Era necesario? Sí, pero bien pudo evitarse, si se hubieran tomado a tiempo las acciones preventivas y operativas funcionales y adecuadas.

¿Por qué la policía no actuó con la misma fuerza y contundencia desde la primera ejecución? Otra sería nuestra expectativa. No fue hasta que mataron a sus compañeros, que se dio la reacción que debió ser gestada desde el primer atisbo del problema. Cero tolerancia, cero concesiones.

Reaccionó la fuerza pública hasta que le mataron a dos de sus integrantes. Le mataron a “los suyos”. Triste y lamentable. Pero más triste constatar que nosotros, los simples ciudadanos, los de a pie, los “daños colaterales”, no somos de “los suyos”. Esa división entre fuerza pública y ciudadanía es muy bien aprovechada por el crimen organizado. “Divide y vencerás”, bien aplicado.

Debemos recuperar el rumbo de la legalidad, pero sobre todo, debemos exigir que el gobierno deje los discursos, los pretextos, las excusas y nos presente un plan de acción que nos permita vislumbrar una expectativa que cierre a este círculo de sangre y violencia que cada día se extiende más. Y Esperamos la misma reacción de fuerza policial para los asesinatos de civiles. Que no se reserve esa fuerza nada más para los casos en que agentes de policía sean victimados.