FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con 17 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó hoy, la solicitud del Gobernador de BCS para donar ocho inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado «Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar», señala el propio Congreso a través de un comunicado oficial.

El diputado Eduardo Van Wormer Castro, secretario de la comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, dio lectura al dictamen refiriendo los siguientes bienes inmuebles: Unidad Médica de Hemodiálisis; Unidad Médica de Salud Mental y Enfermedades Crónicas; Centro de Salud El Calandrio; Hospital Psiquiátrico de Baja California Sur; Hospital Comunitario de Loreto; Clínica de Salud San José Viejo: Centro de Salud San Bernabé y Centro de Salud El Zacatal.

Durante su intervención, precisó que la comisión hizo unas observaciones, que ya fueron subsanados por la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, apuntando que para que el titular del Poder Ejecutivo Estatal pueda donar estos inmuebles, el valor de cada inmueble necesariamente debe exceder la cantidad de 1 millón 530 mil 826 pesos, y bajo esta perspectiva, se advierte que conforme a su avalúo catastral el valor de dos inmuebles, de los diez sometidos a autorización ante el Congreso, es menor a la cantidad que se debe aplicar para el año 2025.

Se trató de los inmuebles Centro de Salud El Centenario ubicado en el municipio de La Paz, según su avalúo catastral tiene un valor de 1,164,965.54 y el inmueble conocido como Centro de Salud Santa Anita, ubicado en el municipio de Los Cabos, según su avalúo catastral tiene un valor de 1,461,116.50, quedando en ambos casos por debajo del valor que, en el año 2025, avalúos que ya se realizaron y fueron presentados acorde al valor actual.

Así mismo, puntualizó que los inmuebles deberán ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicios de salud conforme a los compromisos pactados en los instrumentos jurídicos suscritos entre el Gobierno Federal, el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-BIENESTAR) y el Gobierno del Estado. En adición, esta solicitud, no causa un impacto económico o presupuesta al gasto ya que la enajenación a título de donación gratuita de los inmuebles mencionados, son para fines de beneficio social.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Fue mediante una proposición con punto de acuerdo, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, solicitó se exhorte al pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores para que: valoren la modificación de UMAS a salarios mínimos para el pago de las jubilaciones; se retome la edad mínima de 28 años de servicio para jubilación de mujeres y 30 años de servicio para el caso de los hombres; y que se sustituya el régimen de pensiones de cuentas individuales por un modelo solidario con viabilidad financiera, cuyo objetivo principal sea el garantizar el ejercicio de los derechos de la seguridad social para las y los trabajadores de nuestra nación.

“Que se exhorte de manera respetuosa al pleno de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que se legisle a favor de una reforma integral a la Ley del ISSSTE en favor del reconocimiento y ejercicio de los derechos de los trabajadores en torno a la salud, la vivienda, las jubilaciones y las pensiones”, sentenció en tribuna el legislador.

Van Wormer Castro puntualizó que, tras la irrupción neoliberal y con ello la llegada de la reforma a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 31 de marzo de 2007, misma que abrogaba la anterior Ley del  ISSSTE de 1983, fue que se desmanteló el tradicional esquema solidario, en el cual todos los trabajadores aportaban a un fondo común, a través del cual se financiaban las pensiones, régimen que de 1988 a 2018 desató una espiral de corrupción y saqueo de las finanzas públicas incontrolable.

En ese tenor, conminó al pleno a realizar el llamado a senadores y diputados, y con ello, garantizar que la reforma planteada por la presidente Claudia Sheinbaum permita fortalecer al ISSSTE e incrementar los recursos con las aportaciones del personal de confianza, entre otros. La proposición fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Jóvenes pertenecientes a las organizaciones Programa de Vigilancia Ciudadana, Cómo vamos La Paz Observatorio Ciudadano, Voices Jackson Hole y Onezz Centro de Recursos, tuvieron un encuentro con el Congreso del Estado a fin de acordar una agenda de trabajo que permita el intercambio de estrategias y experiencias en temas como migrantes, medio ambiente, turismo y salud, entre otros, se informa a través de un comunicado oficial.

Fue la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez y el diputado Eduardo Van Wormer Castro quienes escucharon las tareas que desarrollan en sus campos de trabajo de las cuáles destacaron: la atención a migrantes, solicitudes de becas para jóvenes, desarrollo profesional y social de personas migrantes, entre otros.

Ambos legisladores se comprometieron a trabajar de la mano con las y los jóvenes líderes de las organizaciones antes mencionadas por medio del pacto «Ciudades Hermanas», el cual les permitirá realizar un intercambio de programas y estrategias que beneficie de manera recíproca a migrantes y sociedad sudcaliforniana, toda vez que los pactos de hermanamientos son entendidos como un proceso formalizado de cooperación entre dos ciudades que buscan un objetivo en común y, sobre todo, que ello impacte en el beneficio de sus poblaciones.

Finalmente, ambos legisladores aplaudieron y reconocieron el arduo trabajo realizado por las juventudes. Por su parte, Valentín Vázquez celebró el que existan muchas coincidencias de visión e interés por ayudar a la personas migrantes en temas como, salud, educación y la  profesionalización, así como el cuidado y concientización del medio ambiente.

“Nos parece importante poder aprender de las experiencias de las y los jóvenes quienes ofrecen un apoyo a personas migrantes, pero también el manejo del tema ambiental, como lo son los programas de reciclaje, sería de gran beneficio poder intercambiar este tipo de proyectos, para beneficio de todas y todos”, concluyó la legisladora a través del boletín de prensa del Congreso del Estado.

FOTO: Archivo / Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Para evitar malas prácticas y fraudes en la compra-venta de predios y viviendas, el diputado Eduardo Van Wormer Castro propuso tipificar en el Código Penal, delitos contra el desarrollo urbano, informa el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.

La propuesta del legislador incorpora un capitulo IV con la finalidad de fortalecer la acción punitiva del Estado cuando se cometan conductas ilícitas  por parte de diversos actores, quienes por intereses personales operan al margen de la ley ofreciendo falsas soluciones de suelo y vivienda, trayendo consigo todo tipo de conflictos legales, contando en muchos de los casos con la complicidad de funcionarios y servidores públicos.

También busca dar visibilidad de forma específica a este tipo de conductas, agrupando en un solo apartado diversas hipótesis normativas que atenten contra el desarrollo urbano.

Propone derogar el articulado relativo al fraude específico, para trasladarlo al nuevo capítulo, mejorando y ampliando incluso los alcances de la fracción XI a que se refiere al caso de cuando una persona fraccione o transfiera por sí o por un intermediario, la propiedad o la posesión sobre un terreno urbano o rústico, sin previo permiso de las autoridades competentes o sin haber cumplido los requisitos establecidos en las leyes de la materia para su autorización.

Por otra parte, en el Artículo 243 Bis se establece que cuando el objeto de la operación sean inmuebles ejidales o comunales se aplicará a los responsables la pena de 5 a 13 años de prisión. También se dispone que se impondrán de 1 a 3 años de prisión a quien a sabiendas ordene cualquier tipo de publicidad ofreciendo lotes sobre predios de un fraccionamiento no autorizado.

En el Artículo 243 Ter propone de 2 a 4 años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por 3 años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano, aprueben modificación de zonificación primaria, entre otras. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su dictaminación, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, el pasado viernes el Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la minuta en materia de protección a la salud enviada por el Senado de la República, la cual sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como la producción, distribución y venta de precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y drogas sintéticas no autorizadas.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Eduardo Van Wormer Castro puntualizó que luego de realizar un análisis al proyecto, coincidieron con los objetos de dicha reforma, al privilegiar la protección real de la salud, así como por las repercusiones al hacer uso de sustancias tóxicas, generando efectos perjudiciales en lo individual y en lo colectivo, ya que las sustancias a que se refieren la Reforma Constitucional también incrementa los costos asociados con la atención médica y generan pérdidas económicas por la disminución de la productividad laboral.

En la Constitución se verá escrito así: Artículo 4°: “para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”;

Artículo 5°: «queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4° anterior», concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.