Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso^, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales«.

Yo no «descalifiqué» al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

1ª.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

2ª.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

3ª.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

4ª.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reciente reforma —hecha al vapor— del Código penal, que despenaliza el exceso en la legítima defensa en BCS, es una infortunada medida populista pre electorera que pretende capitalizar el descontento social que genera la sanción punitiva a las acciones de reacción violenta de la ciudadanía ante actos delictivos que atentan contra el patrimonio o la integridad física de quienes tienen el infortunio de ser víctimas de delito.

El conflicto de aplicación de la norma, y el subsecuente descontento social, nace de la interpretación rigurosa del texto del Código Penal en vigor desde marzo de 2015, que en su parte general establecía un criterio muy estricto de aplicación de los conceptos de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza aplicada al repeler una agresión real, actual e inminente.

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Y es que ese texto estaba construido a partir de un supuesto en el cual, el Estado es el encargado de prevenir, inhibir, combatir, perseguir y sancionar el delito, de tal suerte que el gobernado pueda depositar en las corporaciones de seguridad pública, la contención de los actos delictivos que atenten contra sus bienes patrimoniales y su integridad física.

El problema surge cuando el Estado es incapaz de realizar con eficacia la labor de seguridad pública a su encargo, y el gobernado debe enfrentar directamente el embate delictivo, actividad para la cual no cuenta ni con la experiencia ni capacitación táctico-técnica adecuadas para ello.

En ese panorama, que corresponde a nuestra cotidiana realidad sudcaliforniana, lo procedente era ampliar racionalmente el margen de acción ciudadana en el ejercicio de la legítima defensa, pero en modo alguno, despenalizar su exceso, pues ello abre una peligrosísima compuerta que libera las expectativas de abuso en la reacción repelente al acto criminal. Un exceso que legaliza la venganza privada y deja sin castigo la desproporcionada reacción ante una acción real o aparente, criminalmente intentada.

La despenalización del exceso en la legítima defensa en BCS abre un campo de impunidad al abuso en la reacción ante una amenaza criminal, y al mismo tiempo, transfiere al gobernado una responsabilidad que originaria y esencialmente corresponde al Estado.

En otras palabras, como el gobierno es incapaz de contener la embestida de la criminalidad, con esta reforma traslada al gobernado la responsabilidad de hacer frente a la misma, y así será el mismo gobernado el responsable de velar por su seguridad y combatir e incluso castigar al delincuente, sin que haya proporcionalidad o contención a su esfuerzo punitivo, pues la reforma es muy clara al establecer que “en ningún caso se castigará el exceso en el ejercicio de la legítima defensa”.

La reforma en comento viene entonces a propiciar un incremento en los niveles de violencia urbana, autorizando al gobernado a tomar la justicia por su propia mano, haciendo de la legítima defensa una herramienta ilimitada adecuada a la satisfacción de su afán por responder y al mismo tiempo castigar –sin límite ni mesura— a quien atente contra sus bienes y valores.

Si un sujeto pretende arrebatarme la cartera, podré matarlo argumentando que lo hice en un exceso de la legítima defensa y que por ello, no puedo ni debo ser sancionado. La reforma es inconstitucional, populista, imprudente, irresponsable y técnicamente desastrosa.

Debió reformarse el texto, desde luego, por resultar excesivamente rigorista, y por ende, debió ajustarse a la problemática social que actualmente enfrenta Baja California Sur, pero lo adecuado era ampliar de manera racional y armónica los parámetros de la legítima defensa, pero nunca despenalizar su exceso, pues ello conlleva indefectiblemente una antijuridicidad ya identificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis histórica de sostenida actualidad.

Y todo el problema es generado por la tendencia malsana de nuestros diputados, de dar salida populista a problemas que requieren solución sistematizada no siempre capitalizable en el ánimo de la ciudadanía.

Y todo debido al entusiasmo electorero de los diputados, que a toda costa buscan capitalizar el ejercicio legislativo a su favor, sobre todo en épocas pre electoreras, y a ese pérfido afán hay que agregar el hecho de que en el Congreso de BCS no contamos con un solo asesor parlamentario especialista en derechos humanos, ni en derecho penal.

La reforma que despenaliza el exceso en la legítima defensa es un grave error que tendrá un alto costo social, y que solo obedece al particular y personalísimo interés electorero de legisladores que buscan darle al electorado la falsa sensación de que les están representando en el Congreso de BCS.

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local «elegirán» al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, «nuestros» diputados cumplirán con la farsa protocolaria y «elegirán» al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.

Manuel Ojeda. Foto: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, por mayoría de votos, en el Congreso del Estado se aprobó la entrega de la Medalla al Mérito Artístico y Cultural “Néstor Agúndez Martínez” al actor sudcaliforniano Manuel Ojeda, por su trayectoria distinguida en el ámbito artístico.

Además de Manuel Ojeda, para la convocatoria por la medalla «Néstor Agúndez Martínez» se presentaron seis propuestas más: Fermín Reygadas; Enoc Leaño Domínguez; Rodolfo Henkel Guerrero; Mónica Geraldine Quezada;Blanca Lizete Inzunza Solórzano; y Alfredo Franco López.

Fue el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), el organismo que llevó a cabo la nominación de Manuel Salvador Ojeda Armenta, originario de La Paz, quien ha participado en alrededor de 300 películas y varias telenovelas, entre ellas, El vuelo de águila y Senda de gloria.

El Congreso del Estado informa que La entrega de la Medalla al Mérito Artístico y Cultural se realizará mañana jueves 18 de mayo, en las propias instalaciones de los diputados de BCS.

Comparecencia del Procurador Erasmo Paleón Alamilla Villeda. Fotografías: J. R. Fernández.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un hombre ya mayor, moreno, alto, delgado, de vestimenta humilde, interrumpió ayer la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, ante los diputados, por la muerte de su hijo y la amenaza sobre otro; les dijo de frente, que aunque «no lo quería hacer público», buscaba una audiencia debido a que habían asesinado a su hijo hacía cuatro años y el asesino estaba libre; al ser ignorado, se dirigió a nadie en particular, al público sentado en el ala izquierda de la sala, y soltó el llanto diciendo que apenas antier habían intentado matar a su otro hijo, quien estaba amenazado.

No parecía falsa su tragedia, ni su llanto, como el de otra mujer sobre el barandal, increpando a cada momento a los diputados y al Procurador de Justicia de BCS sobre un familiar desaparecido. Ellos fueron dos de los escasos ciudadanos que se manifestaron ayer en la tarde en la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS en el Congreso del Estado; el resto de los asistentes, un centenar sentados desde hacía rato —varias mujeres con niños, y algunos ancianos—, parecían justo eso: un público, uno ideal para aquel talk show de «Laura en América».

La mayor parte del público lucía indiferente, incluso, enfadado, es más, algunos se fueron sin entender de qué se trataba; algunos picando su celular, otros comiendo; por el ala derecha unas mujeres con matracas, donde una a otra le decía «tú me dices cuando» hacer el ruido: la indicación era cuando hubiera algún grito en contra de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero no hubo demasiados; alguno por allá, perdido, cuando el diputado Joel Vargas Aguiar cuestionó la ausencia del Gobernador y del Secretario de Gobierno, «¡por que le sacan!», se escuchó, mientras el diputado Edson Gallo Zavala, presidiendo la mesa, dijo que en el caso del segundo era por una justificación médica.

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Este martes, sólo un par de minutos antes de las 5:00 de la tarde —hora prevista para la comparecencia—, Alamilla Villeda había ingresado al recinto, pero lo retuvieron a esperarse —quizá había que esperar a alguien impuntual, quizá había que darse más importancia— porque el evento dio inicio media hora después. Era innegable que había un poder de convocatoria: rendir cuentas sobre una estremecedora situación de inseguridad en Baja California Sur es importante; el tema no hubiera dado lugar a sonrisas, pero las hubo, justo en las caras de los diputados, como Alfredo Zamora García, y otros más al presentar a las autoridades, para quienes hubo ¡aplausos! ¿Aplaudir qué? No podemos precisarlo, pero sí se notaba la consigna de sonar las palmas al mencionar al diputado panista.

La misma tardenoche de ayer se comentó en redes sociales sobre esos «acarreados» que, supuestamente, por 100 ó 200 pesos —o por una cena con tacos—, llenaron la sala para ‘acolchonar’ los reclamos de ciudadanos dolientes e inconformes, quienes realmente fueron pocos, y además invisibles. La barandilla en el Congreso del Estado parecía separar a «los de allá», a los que reclamaban, simples mortales, y «los de acá», los funcionarios que ejercían la pantomima de una comparecencia tibia, con la claridad de los números de la inseguridad puesta sobre la mesa y las respuestas que parecían dejarlos conformes. Ejecuciones sin control, desaparecidos, aumento de robos y los primeros reportes de secuestros: todo se dijo, pero tras el espectáculo de ayer, no parece cambiar absolutamente nada.

La pregunta más lógica, la más evidente, la hizo la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, sobre por qué decir que se avanza en el tema de seguridad, cuando en lo que va del año han habido más ejecuciones que en doce meses de los años precedentes. Sin perder la compostura, ni su correcto pronunciamiento, pues parecía sentirse bien cobijado, el Procurador de Justicia de BCS repitió lo que había dicho anteriormente, sobre la «complejidad» de trabajar en ese tipo de delitos, y que hacía falta más coordinación entre todas las corporaciones.

«Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para querellarse y menos aún para formular imputaciones, en los pocos de los que hay testigos del evento criminoso no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos», había dicho en su comparecencia. Al responder a la diputada, tácitamente dijo lo mismo, subrayando la complejidad que resulta resolver la ola de violencia y ejecuciones ligadas al narco.

Alrededor de una hora que duró la comparecencia, no parece haber provecho o cambio alguno. La cosa queda exactamente igual. Lo que habría de llamar más la atención de quien esto escribe, es el desdén a los pocos manifestantes, familiares de muertos o desaparecidos, quienes pidieron hacer preguntas pero cuyas peticiones eran aplastadas por las voces al micrófono de los legisladores, quienes, simplemente, no los veían ni escuchaban, sin embargo, entre tantos cuestionamientos e indignación que fueron a perderse en el aire, transcribo lo que una mujer arrojó a los diputados: «¿necesita que sea su familiar para que se le desaparezca y puedan hacer algo?», a lo que siguió el silencio, y de nuevo, se retomó la función.