FOTO: Gladys Navarro.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Estamos a unos días de comenzar una transición histórica en nuestro país, pues en los últimos 80 años sólo dos partidos políticos han ocupado lo que conocemos como El Poder. A partir de diciembre entrará un tercer partido político en la mayoría de los puestos de relevancia: congresos locales, gobiernos estatales, alcaldías en ciudades claves, una mayoría en el Senado y una mayoría de diputados federales, con su consecuente Presidencia de la República, todos de un solo color; lo que prácticamente constituirá la hegemonía de un solo partido sobre el país entero.

Esta transición me ha obligado a documentarme sobre procesos similares en Latinoamérica, y así es como he dado con Golpe en Brasil. En este libro los autores ayudan a entender cómo se ha gestado el proceso de desestabilización del orden democrático que vive actualmente Brasil, con la destitución de la primer Presidente en su historia, así como la victoria en las recientes elecciones brasileñas, de la ultraderecha abiertamente racista y conservadora.

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Una de las constantes de éste texto es mostrar como los gobiernos de izquierda y democráticos dejaron de disputar la lógica social, la consciencia común. ¿A qué me refiero? a regresar al barrio. Regresar no consiste únicamente en hacer encuestas de bienestar, organizar votaciones a modo, alrededor de temáticas polémicas, o censar las carencias, aspiraciones e ilusiones y con ello prometer programas, financiamiento y becas.

Cuando escribo regresar, tampoco me refiero al acto presencial de tocar las mismas puertas, y saludar de mano a la misma gente conocida y reconocida en las pasadas elecciones del 1 de julio. Regresar consiste en: estar, vincular, organizar y acompañar a las personas comunes en su propio fortalecimiento, en su autosuficiencia, en pocas palabras lo que se conoce como soberanía. Regresar, significa compartir un conocimiento y un pensamiento en comunión con lo que cada uno pueda aportar para un México de iguales, una construcción en comunidad de una idea/ideología, o sea: disputar la lógica individualista, consumista, extractivista y enajenante, y reivindicar la memoria histórica; hacer comunalidad, y fortalecer los derechos civiles aumentando la conciencia política.

En la pasada elección protagonicé la campaña independiente más joven en la historia de Baja California Sur, en ella logramos victorias simbólicas al terminar por encima de diez partidos quienes, con décadas de experiencia y millones de pesos, no fueron suficientes para comprar votos en masa o convencer voluntades. Realizamos una campaña que demostró que es posible pasar del dicho al hecho en materia de austeridad, y no decir mentiras ni hacer guerra sucia. Lo que no fue suficiente para obtener una victoria electoral.

Uno de las frases con las que más nos encontramos al interactuar con vecinos en campaña fue: ¡Es que nunca vuelven! Sí, efectivamente los partidos políticos, salvo los líderes seccionales de colonia, y los jefes de cuadra, ambos cooptados por el clientelismo electoral, sólo trabajan durante seis meses, cada 3 años. Este reclamo es común porque de manera consciente e inconsciente, la sociedad ha notado que difícilmente cualquiera de los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ha dedicado a fortalecer el tercer poder político: el poder social, las personas, la gente común.

Quienes quedamos de este maravilloso equipo de campaña hemos decidido honrar nuestra palabra y regresar al barrio, después de tanto escuchar que no volveríamos. Tras 80 días de deliberar sobre lo que somos, qué representamos, a dónde vamos y qué queremos, optamos por darle continuidad a nuestra línea discursiva de #LograrLoImposible, y consideramos que #EsPosible hacer innovación y pedagogía política —conocimiento colectivo y compartido— fuera de la dinámica electoral. Consideramos posible que la voluntad de un pequeño grupo de personas puede generar aproximación entre vecinos que no se conocen para hacer comunidad, y que Es posible la vinculación entre funcionarios y el barrio.

Hemos realizado ya un par de activaciones con vecinos para consolidar un comité de vecinos vigilantes, una comunidad de colonos con la finalidad de recuperar sus espacios públicos, talleres internos y abiertos en los que se analizará el modelo económico que pone en peligro nuestra comunidad, nuestras fuentes de vida (agua, aire, comida, salud), así como nuestro primer Festival Ciudadano, un concepto de evento de aproximación entre organizaciones de la sociedad civil y zonas barriales a donde difícilmente se conoce su trabajo.

Puedes encontrarnos en redes sociales como @esposible_mx, en Facebook como Es posible BCS, también por Instagram, y si de casualidad quién me lee y está por Villahermos,a Tabasco, también por allá nos puedes encontrar como es posiblemx. Si crees que #EsPosible un #MéxicodeIguales y construir desde el barrio #ElPaísQueQueremos te esperamos en nuestras asambleas quincenales, o en nuestros eventos al aire libre, pues este espacio es abierto ya que sabemos que, como dice MariChuy, la obligación de cuidar la vida, la madre tierra y la dignidad, sólo se puede hacer de forma colectiva.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el artero asesinato —que se mantiene impune— del entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, dicho organismo público autónomo se encuentra acéfalo, hundido en un caos interior por la rebatinga interna ocasionada por la lucha del poder entre los Consejeros y quien fuera la suplente del ausente.

Para completar el estatus de anarquía, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados del Congreso local, en lugar de ocuparse de solventar la situación, contribuyen con su arrogancia, ignorancia jurídica, falta de tacto e insensatez, a empeorar la situación.

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Resulta que para cubrir la vacante, el Congreso lanzó la convocatoria dirigida a interesados en ocupar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS; y uno de los abogados que se apuntó, fue desestimado por razones que el postulante consideró discriminatorias e ilegales, y por ello, acudió ante la justicia federal en demanda de amparo, y de manera provisional, el juzgado federal que admitió la demanda, le otorgó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se lleve a cabo por el Congreso, la designación del nuevo Presidente de la CEDH, hasta en tanto y cuanto no se resuelva el juicio de amparo promovido por el abogado excluido.

La notificación del amparo al Congreso, y la inanición que ello provocó, puso de manifiesto el desconocimiento que del procedimiento de amparo, adolecen nuestros diputados y su séquito de “asesores”.

Una semana después, en lugar de aplicarse a solventar el asunto y darnos a los gobernados la certeza jurídica de que la CEDH cuenta ya con un titular —como niños berrinchudos e insensatos—, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados, se ponen a pelear con el Juez de Distrito, y elevan sus lastimosos lloriqueos jurídicos –infundados– ante el Tribunal Colegiado.

El trámite del ocioso recurso interpuesto por los Diputados, prolongará el procedimiento, en agravio del servicio público, lesionando los legítimos intereses de los cientos de gobernados que se encuentran en espera de que la CEDH reanude labores de manera plena y funcional.

Mal asesorados, mal aconsejados, nuestros diputados están haciendo más grande un problema que pudiera resolverse de una manera muy simple y sencilla.

La costosa maquinaria burocrática que integra la estructura de la CEDH permanecerá acéfala hasta que nuestros Diputados enmienden el procedimiento, lo que bien puede tardar meses en ocurrir, si se empeñan en pelearse con el juzgador federal que conoce del amparo.

El errático proceder de nuestros empleados del Congreso local, deja de manifiesto la carencia de asesoría jurídica profesional.

Esa falta de verdaderos profesionales encargados de asesorar a nuestros empleados del Congreso, es un problema que nos cuesta cientos de millones de pesos al año, y que no se solventará mientras se permita que cobren como “asesores” del Congreso familiares, amigos, compadres, recomendados, queridas, queridos y guachomas, en lugar de auténticos profesionales del Derecho, asesores parlamentarios capacitados, calificados y certificados.

¿Qué tienen qué hacer nuestros Diputados?

En lugar de empantanar el proceso de amparo, a la brevedad posible deben convocar al abogado quejoso, darle la garantía de audiencia, dejarlo hacer la pasarela como cualquier otro solicitante, y luego, elegir entre éste los demás comparecientes, el más apto para desempeñar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS. El amparo no es para que elijan al quejoso, es únicamente para que lo dejen participar en la pasarela. ¿Por qué no llamarlo, dejarlo hacer la pasarela, y fin del problema? El amparo será sobreseído por falta de materia, nuestros Diputados eligen al nuevo Presidente, conforme al dedazo ya apuntado, y fin de la historia.

Sentido común, y debida asesoría jurídica. Eso es todo lo que necesitan nuestros representantes en el congreso.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). México nace a la vida republicana, tras el apaciguamiento nacional, una vez concluida la revolución más sangrienta de que se tiene registro en el continente americano. Tras decretarse la Constitución de 1917, los inicios del ejercicio de la democracia representativa enfrentaban la amenaza de una reacción armada que a través de un golpe de Estado, regresaran el mando de la nación a un dictador. Es por eso que en esa etapa de nuestra historia moderna, se justificaba la secrecía y el sigilo al momento de tomar determinadas decisiones, como la de nombrar un Presidente o Gobernador sustituto.

Con el paso del tiempo, el régimen se afianzó y las amenazas que justificaban el secreto en el ejercicio decisorio gubernamental, quedaron superadas.

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En el siglo XXI, el llamado siglo de la comunicación y la transparencia, lo único secreto en lo relacionado al ejercicio público, es el voto ciudadano. La única reserva de privacidad que hemos de preservar, es la que se otorga al gobernado cuando acude a emitir su voto.

Pese a ello, el marco normativo federal constitucional sigue previendo la secrecía en el ejercicio de gobierno (Artículo 84), en el supuesto de la elección del Presidente sustituto; e incluso cuenta con un añadido retrógrada e incompatible, pues el 7 de febrero de 2014 se agregó la fracción VIII al apartado A del Artículo 6º Constitucional, en el que establece que el Presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, será electo por los comisionados mediante votación ‘secreta’. Irónico que el encargado de acabar con la opacidad, sea elegido ‘en secreto’.

En el ámbito local, la Constitución Política de Baja California Sur mantiene la secrecía para la toma de determinaciones que en la actualidad deben ser absolutamente transparentes, como es el caso de la elección del Gobernador sustituto (Art. 72), el nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia (Art. 95), así como la designación del magistrado y juez que integrarán lo que llaman “Consejo de la Judicatura” (Art 97).

Las normas secundarias del Estado permiten a los diputados tomar en secreto, decisiones que deberían ser tomadas de cara a la ciudadanía, como ocurre en los casos de juicio político.

En el ámbito municipal, se permite legalmente que los Cabildos sesionen en secreto, dando con ello pie a grandes corruptelas, como las que han permitido innumerables actos de endeudamiento o saqueo, en detrimento del erario municipal; o han puesto en peligro nuestro entorno ecológico, como es el caso de la fallida intentona de la anterior administración municipal paceña cuando trataron de abrir la puerta en nuestra comunidad a la mega-minería tóxica.

Otra práctica contraria a la transparencia y eficacia en el ejercicio gubernamental, que constituye un resabio de los esquemas dictatoriales en la designación de encargos, lo constituye el proceso discrecional, que permite al Secretario de Educación, otorgar a su vástago, una plaza y al mismo tiempo, una comisión a cubrir simultáneamente en dos espacios distantes 354 kilómetros entre sí, como si el angelito tuviera el don de la ubicuidad.

Una práctica más que cubre la secrecía dictatorial del dedo decisorio ejercido por el Gobernador en turno, es la que corresponde al nombramiento del Procurador de Justicia y de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde los aspirantes que integran la terna –previamente palomeada— desfilan ante los diputados en una pasarela, como si fuera un concurso de belleza o una exposición ganadera. Resulta ofensivo ese procedimiento.

Es imposible que los diputados puedan elegir a la mejor opción para un encargo de tan elevada responsabilidad, con solo escucharlos en tribuna. Como si nuestros representantes populares fueran aptos para evaluar la capacidad e idoneidad del aspirante con un par de preguntas.

Nuestros diputados tienen el derecho constitucional de ser ignorantes, porque el planteamiento normativo presume que se rodearán de asesores adecuados, pero cuando en la práctica se rodean de allegados ineptos e incapaces, entonces vemos que la opacidad y discrecionalidad son otra vez herramientas de corrupción y componendas.

Nuestras propuestas

Modificar la Constitución y el marco normativo secundario, para erradicar por completo toda toma de decisión que se realice de espaldas al gobernante.

Eliminar la secrecía del ejercicio público, para eliminar la opacidad en la toma de decisiones que afectan indefectiblemente a todos los contribuyentes.

Que los cargos relacionados con la procuración y administración de justicia se asignen por concurso y selección, no por designación.

Que se profesionalice y regule el encargo de asesor parlamentario, para garantizar el profesionalismo en el quehacer legislativo.

FOTOS: Insude.

 La Paz, Baja California Sur (BCS). «El 2017 ha sido un gran año para el deporte de Baja California Sur, así lo respaldan los resultados obtenidos tanto a nivel nacional como internacional», dijo el deportista Antonio Hidalgo Ibarra, al hablar en la sesión solemne de entrega de la medalla Reconocimiento Estatal al Deporte por parte del Congreso del Estado, informa el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), a través de un comunicado de prensa.

Antonio Hidalgo Ibarra dijo que «Baja California Sur es grande por su gente y por los talentos que tiene en el deporte, que día a día se esfuerzan por ser mejores y cumplir con una digna representación alcanzando los máximos logros en las competencias que se llevan a cabo en México y también a nivel mundial. Este reconocimiento nos llena de orgullo y satisfacción en lo personal y de nuestras familias, es bonito soñar pero más bonito es luchar por hacerlos realidad, plantearse metas y librar todo tipo de obstáculos para llegar a ellas, porque es así como realmente se disfruta la victoria”.

Ante el director general del Insude, José Avila Geraldo, y el presidente de la Comisión del Deporte en el Congreso del Estado, diputado Edson Gallo Zavala,convocó a realizar una gran cruzada por el deporte, «con la finalidad de que los niños y jóvenes tengan opciones para aprovechar de manera positiva el tiempo libre y se alejen del ocio, que luego los lleva a caminos equivocados como las drogas».

En la sesión de este día también recibieron el reconocimiento el entrenador Enrique Gustavo Caraballo Valdez y Christiam Valenzuela Zamudio, como presidente de la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja California Sur, por el impulso, promoción y desarrollo al deporte durante este año.

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El viernes pasado se publicó la reforma constitucional que pretende modernizar el procedimiento judicial mexicano en materia civil y familiar, facultando al legislativo federal para crear una legislación procesal única para todo el país, en ambas materias; la reforma busca estandarizar y adecuar la norma procesal, a la tendencia internacional en la materia, privilegiando la solución de conflictos, simplificando los procedimientos, eliminando formulismos y prácticas dilatorias que hoy en día tienen saturados los tribunales en todo el país.

Una vez concluida la irreversible implementación del sistema penal acusatorio, se inicia la unificación de la normatividad procedimental civil y familiar. Estas tres materias abarcan prácticamente el 90% de la carga laboral que atienden los tribunales judiciales estatales.

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La reforma impone un plazo de 180 días al legislativo federal, para publicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la misma temporalidad a los Congresos locales, para adecuar su legislación interna al nuevo esquema procedimental.

Esta disposición en los transitorios pone a Baja California Sur en una complicada situación, pues todos nuestros “legisladores”, tanto federales como estatales, se encuentran inmersos en la búsqueda de personales acomodos con vista al próximo periodo electoral, y por tanto, es improbable que nos representen con precisión y eficacia durante la elaboración de la nueva legislación nacional procesal civil y familiar.

Esto es particularmente importante, porque la realidad cotidiana sudcaliforniana no se parece a la de ningún otro Estado de la República, y si nuestros “legisladores” federales no llevan a la mesa de elaboración de la nueva legislación aquellas peculiaridades que nos distinguen del resto de la nación, deberemos sujetarnos a una normatividad que probablemente no corresponda del todo a nuestras necesidades particulares en materia de reglamentación procesal.

Viene al caso como ejemplo, la anécdota de aquel famoso penalista del Inacipe al que el Gobierno Estatal le encargó que nos elaborara un nuevo Código Penal. Cuando el afamado académico foráneo entregó su trabajo, obviamente sin conocernos ni conocer nuestra geografía, presentó un proyecto en el que resultaba delito grave quemar los plantíos de henequén y las selvas, así como bloquear las vías del ferrocarril.

Resulta imperativo pues, que quien legisle nos conozca y conozca nuestra realidad social, económica y geográfica, y por ende es importante que exijamos a nuestros “legisladores” federales que hagan a un lado sus pretensiones futuristas electoreras, y se aboquen a representarnos digna y atinadamente durante la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar.

Y de la importante labor de adecuación de la legislación local, ni hablamos; de por sí enfrentamos un grave retraso, y esta nueva carga de trabajo legislativo hace más compleja la labor de nuestros “legisladores” locales, quienes difícilmente suspenderán sus personales campañas, para ponerse a trabajar para abatir el enorme rezago legislativo que hoy enfrenta nuestro congreso local. Y es que no es lo mismo repartir elotes, revender costales de cemento o retratarse entregando despensas, que legislar.

Artículos que se reformaron

Artículo 16: Ya no será necesario documentar por escrito todas las constancias procesales en los juicios orales. Esta reforma busca agilizar y desformalizar los procedimientos.

Artículo 17: Se privilegia la solución de los conflictos por encima de las formalidades. En congruencia con la reforma al Artículo 16, se busca que el juzgador atienda al fondo del asunto, en lugar de perderse en banalidades. Atender al fondo sin condicionar la solución a formalidades procesales. Los jueces deberán centrarse en la solución del conflicto, respetando siempre el debido proceso, la igualdad entre las partes y sin vulnerar derechos de las partes.

De aplicarse adecuadamente esta reforma, juicios que hoy mantienen entrampados a los litigantes en laberintos procesales, deberán resolverse sin dilación. En otras palabras, juicios de alimentos, custodia, arrendamiento, etcétera, que actualmente duran años, deberán ahora solucionarse sin mayores dilaciones.

Artículo 73, Fracción XXX: Se faculta al Congreso de la Unión para crear un código único en materia civil y en materia familiar. Todas las legislaciones actualmente vigentes en los 32 Estados de la República en materia civil y familiar, serán suprimidas por un Código Nacional, con vigencia en todo el territorio nacional. Con esta medida se unifican las reglas procesales, se facilita la interpretación jurisprudencial de las normas procesales, y se evitan contradicciones normativas que actualmente existen entre una entidad federativa y otra.

La mala noticia es que los juicios que actualmente se ventilan y los que inicien su trámite en tanto no entra en vigor la nueva legislación procesal civil y familiar, se seguirán tramitando conforme a la legislación actual, por lo cual, la pesada carga de trabajo que hoy satura los tribunales judiciales, seguirá acumulándose al menos durante un par de años más.