Ultrajes a la autoridad

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ultrajar, significa ajar o injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Los ultrajes, pueden ser expresiones verbales, utilizando palabras ofensivas, injuriosas, o expresiones físicas, que consisten en gestos o ademanes que demuestren ofensa, desprecio o repugnancia. Si bien, todos los códigos penales del país contemplaban el siglo pasado como delito los ultrajes a los agentes de autoridad, la tendencia moderna es eliminar esta figura delictiva, en aras del derecho a la libertad de expresión.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por encontrar en dicha norma un efecto inhibitorio de la libertad de expresión y por violentar el principio de taxatividad, es decir, no describen con suficiente precisión las conductas prohibidas.

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La ponencia del ministro Pardo Rebolledo, establece que, la norma violentaba el criterio de la Corte Interamericana de Derechos humanos, -cuya jurisprudencia, resulta obligatoria para los tribunales mexicanos-, y resulta contraria a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas estas normas que, tutelan el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, que no puede estar sujeta a censura previa, ni a sanción o persecución.

La impresión en la descripción de la conducta deja a la apreciación de la autoridad el determinar, cuando estamos en presencia de una ofensa, una actitud ofensiva, amenazante o agresiva, lo que genera inseguridad jurídica, el hecho de que, la propia autoridad sea quien valore y determine si esa falta de respeto es una amenaza o una agresión, de acuerdo con la opinión de la ministra Ríos Farjat. Por otro lado, para el ministro Zaldívar, la norma cubre el requisito de legalidad, atendiendo al objetivo plasmado, de proteger la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y es legítimo el prohibir que los amenacen o agredan, pero, las hipótesis que plantea el tipo penal no cubren el criterio de necesidad, porque atenta contra ejercicios legítimos, como el derecho a la libertad de expresión, cuando considera agresiones las ofensas. De sostenerse el criterio que plantea el tipo penal en comento, tendrían que invalidarse prácticamente el 99 por ciento de los tweets que diariamente se redactan en este país; para la ministra Piña, la expresión agreda, es inconstitucional, por incidir en el ámbito tutelado de la libertad de expresión.

En contrapartida, el Gobernador de Veracruz, si bien acató la determinación de la Suprema Corte, promoviendo la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en dicha entidad, también manifestó su inconformidad, al considerar que dicha derogación generará impunidad, toda vez que, las personas que están en prisión por la comisión de esta conducta, quedarán en libertad, y además se propiciará un incremento en el número de agresiones contra los policías.

En el caso de Baja California Sur, el Código Penal en vigor en su artículo 303, impone una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta por cincuenta días, a quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas. Habrá que proponer al congreso local, una revisión del tipo penal en cita, para adecuarlo a los estándares actuales consagrados en la Constitución General de la República, los tratados internacionales suscritos por México, y la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de derechos humanos, específicamente, en lo relacionado al respeto a la libertad de expresión.

Así que, estamos en presencia, de otro tipo penal que, debe ser derogado o actualizado en nuestro Código Penal Estatal, asignación que se agrega a la ya larga lista de pendientes de actualización y armonización que refleja el rezago de 14 años que arrastra el marco legal sudcaliforniano.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Sentencia en el Caso Digna Ochoa

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el Caso Digna Ochoa y familiares contra México, concluyendo un procedimiento contra México, por irregularidades graves en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos: Digna Ochoa y Plácido, el 19 de octubre de 2001, inserta en un contexto de hostigamientos y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos en México.

El Estado Mexicano fue encontrado responsable por la violación de los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales, así como del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de Digna Ochoa y Plácido.

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En la sentencia, se condena al Estado Mexicano a:

Investigar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Digna Ochoa.
Realizar un acto publico de reconocimiento de responsabilidad internacional, y publicar la sentencia.
Crear un reconocimiento con el nombre “Digna Ochoa y Plácido”, y poner su nombre a una calle en su natal Misantla, Veracruz, y en CDMX.
Diseñar e implementar una campaña, reconociendo la labor de los defensores(as) de los derechos humanos.
Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Reformar la Constitución para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales.
Crear e implementar “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”.
Elaborar, presentar e impulsar iniciativa de reforma a la “Ley Federal Para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal” para que incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un Mecanismo de Protección a Testigos.
Crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra defensores(as) de derechos humanos, incluyendo un plan de capacitación del personal de investigación sobre el protocolo referido en el punto resolutivo anterior, así como la creación de un sistema de indicadores que permitan medir su efectividad
Pagar 385 mil USD, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, a los padres y hermanos de la víctima; reintegrar gastos y costas y cubrir al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del juicio.
En un año, informar sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia.

Entre los puntos más relevantes de la sentencia, destaca la concepción del daño material e inmaterial, cuyos parámetros obligan al Estado Mexicano a la adecuación y armonización de su legislación interna. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de redefinir la concepción de la llamada reparación integral del daño, ajustándola a los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Destaca también la obligación de dotar de independencia y autonomía a los servicios periciales en el ámbito forense, para romper la cadena de dependencia, subordinación y alineación que actualmente existe entre quien emite una pericia, y el órgano investigador y persecutor del Estado.

Finalmente, en la sentencia se destaca el señalamiento del Relator Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, que tras su visita a México en 2017 apuntó que pese a que se han logrado ciertos progresos, el nivel de violencia en México sigue siendo alarmantemente alto, lo cual afecta a la población en general, e indicó que la mayoría de los(as) defensores(as) de derechos humanos con los que se había reunido durante su visita confirmaron que habían sido víctimas de actos de intimidación, acoso y estigmatización a manos de agentes estatales y no estatales en represalia por su labor de defensa de los derechos humanos, aunado al alto nivel de impunidad que impera sobre estos crímenes.

Frente Nacional por la Familia, ¿a favor de la minería tóxica en BCS?

FOTOS: Internet.

Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace unos días, aunque pasó casi desapercibido —salvo por unos cuantos medios que publicaron lo sucedido—, en el Congreso local un grupo de legisladores conformados por corrientes políticas que quieren conservar los derechos para unos cuantos y privar de la libertad a muchos sudcalifornianos, pasaron entre sus comisiones ciertas iniciativas aún pendientes de dictaminar.

Todo esto sucede porque existe un grupo de personas en el poder que quieren anteponer su visión espiritual y uni-religiosa, que coinciden en criterios con el conocido Frente Nacional por la Familia (FNF). Todos sabemos las consignas del FNF: No a los Derechos Humanos.

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¿A cuáles Derechos Humanos se opone el FNF?

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Derecho a igual protección de la ley. Derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Derecho a la seguridad social.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Las citadas iniciativas en comento que este grupo de legisladores conformados por corrientes políticas conservadoras como el extinto PES, el Humanista y algunos diputados de MORENA, pasaron entre sus comisiones han sido:

Reforma constitucional para darle derechos al embrión y feto.

Propuesta del PES de creación de una Comisión permanente “sobre la familia”

Iniciativa del FNF contra consejeras/os CEDH

Iniciativa para consultas ciudadanas en temas de interés

Iniciativa reforma código penal, leer especialmente el propuesto Artículo 166 Bis.

Vuelve a leer. Aunque en un principio aparenta una clásica y simple postura contra el derecho a decidir, en los pasados cuatro párrafos, entre líneas, quedan expuestas cuatro situaciones críticas:

Atentar contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos —la se supone debe protegerte cuanto la autoridad no cumple su función de brindarte protección y seguridad, o cuando el mismo Estado es quien ha abusado de ti—, atentar contra la libertad de las mujeres, permitir el lucrativo negocio de la adopción mediante procesos privados y poner los derechos de las personas a votación.

Tomemos este último caso para ejemplificar el peligro de estas iniciativas. Poner los derechos de las personas a votación, derivado de la iniciativa de hacer consultas ciudadanas en temas de interés, puede poner en peligro el derecho humano de los sudcalifornianos al agua: todos sabemos que para las empresas mineras les es de mucho interés los permisos de usos de suelo, agua y explotación de minerales en la Sierra de la Laguna snuestra fuente principal de agua, en éste Estado desértico.

Es fácil imaginar que las empresas antes mencionadas utilicen carretadas de millones de dólares para comprar y engañar a ciudadanos haciéndolos manifestarse a favor de la minería tóxica, al punto de convertir en tema de interés —como propone el extinto PES, Humanista y diputados de MORENA— la minería a cielo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna.

Es todavía muchísimo más sencillo y factible la posibilidad de que, en caso que las autoridades apliquen ésta reforma, procedan las instituciones a llevar a cabo un kafkiano proceso de consulta pública, que correría con una alta probabilidad de que una gran masa votara a favor de la minería a cielo abierto, de manera manipulada y que además fuesen mayoría. De esta manera, ¡pum! A través de la consulta ciudadana de un tema de interés, se da argumentos para que se apruebe la minería toxica en Baja California Sur.

Este escenario hipotético está en proceso de hacerse realidad mientras lees ésta columna. Te convenza o no, en el Congreso se está discutiendo dicha posibilidad y nadie estamos haciendo algo al respecto para evitarlo.

Todo esto sucede porque existe un grupo de personas en el poder que quieren anteponer su visión espiritual y uni-religiosa sobre una gran cantidad de ateos, budistas, judíos, musulmanes, y agnósticos que en ningún momento se han atrevido a violar la ley, tanto como se les ha permitido sin consecuencia alguna ante el grupo de manifestantes anti-libertad y anti-progreso que se presentaron el pasado fin de semana en la paloma de La Paz, en el malecón.

Esto que describo ya ha pasado anteriormente en la historia, siempre cometiendo abominables atrocidades: el holocausto, la diáspora en la Unión Soviética, la guerra de Los Balcanes, el conflicto de los 1000 años en Pakistán e India, la guerra Cristera.

Todos estos procesos históricos mencionados fueron acompañados de movimientos en el tablero político que utilizaron la ley, o en algunos casos la democracia, para concretar los más viles actos contra la humanidad.

Nuestra agua, nuestra libertad, nuestra democracia, nuestros valores sudcalifornianos, están en riesgo. Pero todavía podemos prevenir la tragedia. Si coincides, ¿compartirías ésta columna?

Silencio y puños en alto. En defensa de los derechos humanos

FOTOS: Archivo.

Colaboración Especial

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este año, Baja California Sur ha sido escenario de diversos movimientos y manifestaciones de corte progresista que buscan determinadas reformas a la legislación, en beneficio de un espectro más amplio de colectivos sociales, que históricamente se han visto ignorados- e incluso agredidos- por grupos de corte conservador, ante quienes las minorías afectadas han plantado frente, en defensa de sus derechos.

Uno de estos colectivos es la agrupación La Paz es Diversa, que representa y apoya a la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales) en La Paz, B.C.S., y a quienes se les ha podido observar muy activos en la defensa de los derechos humanos ante el Congreso de Baja California Sur, principalmente enfocados a los derechos de las personas con diversidad sexual.

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Fue un tema muy comentado por la comunidad sudcaliforniana, que el pasado mes de junio se dio la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California Sur, sin embargo, esa victoria es apenas el principio; platicamos con Santiago Rovira Plancarte, de La Paz es Diversa “mucha gente creyó que con el matrimonio igualitario ya damos por zanjada la diversidad sexual, pero no es así, nos falta muchísimo trabajo de legislación, nos falta, por ejemplo, alguna figura legal que ampare o permita el libre acceso a las personas trans a tener puestos de trabajo sin discriminación, nos falta darle al asunto de la adopción por matrimonios diversos, incluso por familias monoparentales” nos comenta.

La Paz es Diversa representa a minorías que no han visto que la justicia se preocupe por garantizarles condiciones de seguridad, uno de ellos es la comunidad trans “todavía nos falta un tema muy importante que es el asunto de las identidades trans, no puede ser que una persona tenga que pasar tantísimos trámites y burocracia de toda clase, e incluso tenga que recurrir a amparos, para poder tener reconocida su identidad” continua Santiago Rovira “además de eso, nos falta una legislación sobre los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, mejor conocidas como psicosex, mal conocidas como terapias de conversión, no son terapias, no están reconocidos por el colegio psicólogos y vulneran la el derecho a la personalidad”, dice Rovira Plancarte.

Esta lucha se ha dado en un marco social complejo, en el que, si bien gran parte de los sudcalifornianos apoya y reconoce los derechos de la comunidad LGBTTTI, existe una fracción de conservadores a ultranza que no ha sido receptivo a la búsqueda de reconocimiento legal por parte del colectivo “creo que el trabajo que estamos logrando desde La Paz es Diversa ha tenido respuestas bastante positivas de parte de la población, y negativas de parte del colectivo conservador; cada vez que venimos al Congreso nos gritan, incluso tuvimos una situación en la que estuvieron siguiendo a una compañera; nos han empujado, nos han gritado, son bastante agresivos. Nosotros siempre hemos tenido una postura pacífica y diplomática, aceptamos todas las formas de lucha, sin embargo, la postura oficial de La Paz es Diversa, siempre ha sido pacífica y siempre ha sido diplomática”, explica Santiago.

manifestantes matrimonio igualitario

“Silencio y puños en alto. Logramos instaurar eso como medida de protesta dentro del Congreso, me parece algo que ya es un símbolo aquí en el Estado, en el marco de las luchas sociales. La postura de La Paz es Diversa siempre ha sido apoyar a lucha política pero desde lado cultural, lo que tenemos siempre son distintos foros, distintos eventos culturales, más que para la concientización de la población, para que se unan a la lucha. Además, pretende ser un generador de comunidad y ofrecer un espacio seguro para todas las personas, esas personas que necesiten un lugar donde sentirse bien con su propia entidad, con su propia personalidad”.

La Paz Es Diversa, como parte de la Coalición Sudcaliforniana por la Defensa del Estado Laico, signó un documento que se giró hace unas semanas al Congreso, denunciando la inconstitucionalidad de las Reformas propuestas al artículo 9° de la Constitución Estatal, promovida por los diputados del PES, y que pretende que se proteja la vida desde la concepción, como claro avance en contra de la interrupción legal del embarazo en la entidad “creo que el problema es que se están lanzando iniciativas que juegan con los derechos como moneda de cambio y entonces no llegan a hacer cambios comprehensivos. Los derechos no deben ser moneda de cambio nunca; esta iniciativa, atenta contra los derechos humanos, en específico de la mujer, este asunto de querer penalizar a las mujeres no solo es un atentado a su autonomía sobre su propio cuerpo, sino que, además, está mal escrito, está mal escrito porque al momento de poner la vida desde la concepción, penaliza, por ejemplo, la utilización del dispositivo intrauterino (DIU) porque la acción de este justamente va después de la concepción, evita que se pegue el ovulo fecundado a la pared uterina”, explica Rovira.

“Yo creo, siempre he creído, que si le vas a jugar a la democracia, juégale bien, haz tu tarea. Lo vimos también en su momento en la manera de la de manifestarse de los de los grupos en contra del matrimonio igualitario, vimos toda esta sarta de mentiras que traían en pancartas enormes, hablando de prácticas que no vienen al caso en la discusión, de Satanás; no sólo eso, tenemos ahora mismo una publicidad en Colosio y Garzas que dice que el arcoíris no es un símbolo de perdición, como si el movimiento LGBTTTI fuera un símbolo de perdición”

FOTO: Facebook.

“Hemos visto que tienen muchísima fuerza (el colectivo conservador)- continúa explicando Santiago-, y no sólo eso, se nota que hay poderes económicos, intereses económicos, detrás de estos movimientos en contra de los derechos humanos; se nota que hay dinero, porque tienen dinero para pagar acarreados, tienen dinero para pagar camiones, tienen este dinero para comprar esas publicidades enormes, y en ese sentido, creo que la nueva propuesta de parte del bloque conservador que pretende las consultas ciudadanas, es su manera de defenderse a través de lo que ellos sí pueden hacer, finalmente con poder económico. El poder económico que ellos ostentan, les permitiría trascender más allá del recinto legislativo, a través de estas consultas ciudadanas hechas a modo”

“El Estado se tiene que mantener laico, y los legisladores son quienes tienen que encargarse de la legislación; el trabajo legislativo tiene que ser un trabajo comprehensivo y tiene que responder a las necesidades de la sociedad y no a la moral de la sociedad. Creo que la institución del Congreso, como poder legislativo, puede lograr bastantes cambios sustanciales, tal y como se encuentra instituido en este momento; que no lo logre es un asunto político, no de organización”, sentencia Santiago.

Asimismo, La Paz es Diversa apoya y forma alianza con otras organizaciones que defienden los derechos humanos de sectores vulnerables de la sociedad “nos mostramos solidarios con las compañeras feministas respecto la interrupción legal del embarazo y derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y estamos ahí apoyando como compañeros, en una alianza estratégica que se da por la confluencia de ideales”.

Para concluir, Santiago Rovira invita a los lectores a que sigan a La Paz Es Diversa en redes sociales “ahí ponemos todos los eventos de octubre, esperen muchos más eventos; octubre es el mes drag, noviembre el mes trans y diciembre el mes de la Concientización de la Lucha vs el VIH”.

El aborto no es un derecho

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La semana pasada, una desafortunada declaración ante un medio informativo local, atribuida al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llamó poderosamente mi atención. De acuerdo a la publicación, el funcionario estatal hablaba sobre el derecho humano al aborto.

Seguramente se trata de una mala interpretación del periodista. Tengo el gusto de conocer al Ombudsman estatal, y entiendo que es un profesionista estudioso, conocedor de la materia, y experimentado luchador en el campo de los derechos humanos. Por eso estoy seguro que no pudo haber dicho eso, y sin lugar a dudas, el periodista lo malinterpretó. Y de ahí la publicación del equívoco conceptual, que, por otra parte, no podemos reprochar al reportero, quien no tiene la obligación de dominar los fundamentos jurídicos que describen un derecho humano.

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Hecha la precisión anterior, es importante dejar en claro que no existe el derecho al aborto, y mucho menos, puede clasificarse como derecho humano.

Lo que en realidad existe —en contrapartida—, es el derecho a la vida, y todas las legislaciones modernas ubican a la vida en el catálogo de los derechos fundamentales, inherentes al ser humano.

Sobre el particular, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de observancia obligatoria para México, establece claramente el derecho a la vida, y su protección desde el momento mismo de la concepción (Art. 4º Párrafo Primero), y si bien el 9 de abril de 2002 el gobierno mexicano emitió una reserva al presupuesto en general a este Artículo, mediante declarativa que entró en vigor el 11 de julio de 2014, dicha protección la reconoció como reservada para el dominio de los Estados que integran el pacto federal mexicano. Esto significa, que los gobiernos estatales, en el ámbito de sus atribuciones legislativas internas, pueden establecer la protección de la vida desde la concepción, en su propia legislación, como lo han hecho ya 20 Estados de la República^*, y en otros –como Baja California Sur—, se encuentra en trámite la iniciativa respectiva.

Queda entonces claro, que el derecho humano es el derecho a la vida, y la posibilidad de que una persona prive de la vida al producto de la gestación, no es un derecho, es un caso de excepción a la regla fundamental, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen, única y exclusivamente para los casos en que el producto de la gestación es fruto de una violación.

Esa excepción a la protección de la vida desde la concepción como un valor fundamental, ha sido ampliada por algunas legislaciones locales, a partir del criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto de reforma al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de Salud de esa misma entidad, que entró en vigor el 26 de abril de 2007 y que redefinió el aborto con el eufemismo interrupción del embarazo (Art. 144 del Código Penal para el entonces Distrito Federal), y lo despenalizó en los casos en que se practique como límite, al término de la décima segunda semana de gestación.

Al resolver dicha controversia, la Corte abrazó el criterio mediante el cual, cada Estado de la República, puede ampliar o restringir el estado de excepción al cumplimiento del deber de protección a la vida desde el momento de la concepción.

Actualmente, sólo la Ciudad de México permite el aborto incausado, siempre y cuando se practique antes de las doce semanas. Rebasado ese plazo, el aborto es delito. Otros Estados de la República han adoptado posturas más rígidas.

En particular, Baja California Sur, desde 2005, adoptó una de las posturas más progresistas al abordar el tema del aborto, pues contempla como excepción, no solo la violación. Amplió el espectro de excluyentes de responsabilidad a los casos de inseminación artificial no autorizada por la gestante, cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el producto sea inviable, cuando el aborto sea espontáneo o accidental, o que se practique contra la voluntad de la madre, en cuyo caso, ella y el producto en gestación son víctimas, y solo quienes practiquen el aborto serían sancionados.

En conclusión, el aborto no es un derecho, es un estado de excepción incluso en la Ciudad de México, donde es más liberal la legislación, que si bien se permite incausado, sólo puede practicarse antes de las 12 semanas de gestación. Es entonces el aborto una excepción, incausada, pero restringida a una temporalidad limitada.

Por cuanto a la legislación sudcaliforniana, el único caso en que una mujer podría colocarse en una situación de imputación, es el del aborto incausado, esto es, cuando se practique como método de control natal, es decir, cuando se lleva a cabo sin que opere en el caso ninguna de las eximentes de responsabilidad ya anotadas.

En esta entidad, desde que existen registros judiciales estatales, nunca mujer alguna ha sido internada a un centro penitenciario por haber abortado. Ninguna mujer ha sido condenada por abortar. Nadie puede decir que en nuestro Estado se criminaliza por tal causa a la mujer, ni enarbolar este hecho como bandera para promover la práctica del aborto incausado, es decir, usarlo como método de control natal, ni pretender promoverlo como derecho, cuando ha quedado claro que eso es jurídicamente imposible.

En síntesis: El aborto es delito. Incluso en la Ciudad de México, donde opera una excepción incausada, restringida a temporalidad limitada, sigue siendo delito, cuando se practica después de las doce semanas de gestación; y es delito en toda la República, con las excluyentes de responsabilidad ya asentadas, en la mayoría de ellos.

Es imposible entonces, que un delito, sea al mismo tiempo un derecho. Y mucho menos que sea un derecho fundamental. Es un caso de excepción en el espectro protector a la vida, derecho humano fundamental, consagrado convencionalmente desde el momento mismo de la concepción.

En Baja California Sur están previstas todas las excluyentes de responsabilidad ya enunciadas, y el Código Penal solo previene como posible sanción a la gestante, el aborto cuando se use como método de control natal. No hay motivo legítimo para modificar nuestra legislación penal vigente en la materia.

El aborto no es un derecho, es una excepción. No es la única, y no es la mejor.

(*)Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo.