El desafío de proteger al comercio. Robo a negocios en Baja California Sur (I)

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al amanecer, cuando los primeros comerciantes levantan las cortinas metálicas de sus establecimientos en La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución o Loreto, una preocupación permanece constante: encontrar el negocio tal como lo dejaron la noche anterior. Para cientos de pequeños y medianos empresarios sudcalifornianos, el robo a comercio representa uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto económico, no sólo por la pérdida de mercancías o dinero en efectivo, sino por la sensación de vulnerabilidad que genera y los costos adicionales en sistemas de seguridad, seguros y vigilancia privada. Aunque las estadísticas oficiales muestran que Baja California Sur continúa entre las entidades con menor incidencia delictiva del país en diversos indicadores, el robo a negocios sigue siendo un fenómeno persistente cuya evolución refleja tanto avances institucionales como limitaciones operativas derivadas del crecimiento urbano, la movilidad poblacional y la sofisticación de algunos grupos dedicados a delitos patrimoniales.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo a negocio mantiene un comportamiento variable. Durante 2025 se registraron incrementos mensuales que encendieron alertas entre autoridades y organismos empresariales; por ejemplo, entre mayo y junio de ese año las denuncias crecieron casi 37 %, acumulando 229 carpetas de investigación durante el primer semestre. En todo 2024 se habían iniciado 517 investigaciones por este delito, evidencia de que el fenómeno continúa siendo uno de los principales retos para las corporaciones policiales del estado. Las cifras más recientes indican que durante los primeros meses de 2026 el delito presentó una disminución respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el volumen de denuncias mantiene al robo como una de las conductas delictivas con mayor presencia en Baja California Sur. Los municipios de Los Cabos y La Paz concentran la mayoría de las carpetas de investigación debido a que reúnen la mayor población, actividad comercial y flujo turístico del estado.

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Para comprender este fenómeno es necesario observar el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado Baja California Sur durante la última década. Municipios como Los Cabos figuran entre los de mayor crecimiento poblacional del país impulsados por el turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario. Esa expansión ha multiplicado el número de comercios, plazas, restaurantes, supermercados y establecimientos de servicios, pero también ha incrementado las oportunidades para la delincuencia patrimonial. Las autoridades estatales sostienen que buena parte de los robos corresponden a delitos de oportunidad. Comercios con escasas medidas de seguridad, ausencia de sistemas de videovigilancia, manejo de efectivo y horarios nocturnos representan condiciones que facilitan la comisión de estos ilícitos. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las policías municipales han fortalecido operativos preventivos, patrullajes focalizados y coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Uno de los avances más importantes ha sido el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia urbana mediante el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), que permite atender reportes en tiempo real y facilitar investigaciones posteriores mediante el análisis de imágenes. Paralelamente, la PGJE ha reforzado sus capacidades de investigación criminal, utilizando evidencia tecnológica para integrar carpetas de investigación y obtener órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. La propia institución mantiene estadísticas públicas sobre incidencia delictiva y publica de manera permanente resultados de judicializaciones relacionadas con delitos patrimoniales.

Los resultados de estas acciones comienzan a observarse en algunos municipios. En La Paz, autoridades municipales informaron que entre 2021 y 2025 varios delitos patrimoniales registraron reducciones, entre ellos el robo a negocio, cuya incidencia disminuyó alrededor de 12.5 %, como parte de una estrategia basada en mayor presencia policial, recuperación de espacios públicos y coordinación entre corporaciones de seguridad. No obstante, la disminución estadística no significa que el problema esté resuelto. Comerciantes consultados por organismos empresariales señalan que muchos establecimientos continúan invirtiendo recursos propios para instalar cámaras, alarmas, cortinas reforzadas y sistemas electrónicos de monitoreo, debido a que consideran insuficiente la capacidad preventiva de las corporaciones para cubrir todas las zonas comerciales durante las noches y madrugadas.

A ello se suma un obstáculo que afecta la medición real del delito: la llamada «cifra negra». La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, elaborada por el INEGI, estima que en Baja California Sur el 90.5 % de los delitos no derivan en una denuncia con carpeta de investigación. Apenas el 12.6 % de los delitos son denunciados y solamente una parte concluye con el inicio formal de una investigación. Entre las principales razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza hacia las autoridades. Esta realidad implica que las estadísticas oficiales representan únicamente una parte del fenómeno. Muchos pequeños comerciantes prefieren absorber las pérdidas económicas antes que iniciar un procedimiento legal que consideran largo, complejo o con pocas probabilidades de recuperar sus bienes.

Además, la dinámica propia del estado plantea desafíos particulares. La enorme extensión territorial de Baja California Sur, la dispersión de comunidades y el acelerado crecimiento urbano dificultan mantener una cobertura policial homogénea. Mientras algunas zonas comerciales cuentan con vigilancia permanente, otras dependen de patrullajes preventivos cuya frecuencia resulta insuficiente para inhibir completamente la actividad delictiva.

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