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La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Baja California Sur, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés (PH), pidió al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que instruya a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que se autoricen subsidios federales para fortalecer el Centro de Justicia para Mujeres de La Paz, en el actual ejercicio fiscal del año 2020, informó el propio Congreso del Estado.

Mediante un punto de acuerdo presentado en la última sesión de la Diputación Permanente, Rubio Avilés solicitó también al Ejecutivo Federal que en la propuesta de presupuesto de egresos del año 2021, considere un incremento de recursos al anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y se destine una partida para apoyar a las entidades federativas en los gastos de operación de dichos centros.

Tras las manifestaciones del domingo 8 y lunes 9 de marzo por miles mujeres en el centro del país y en esta ciudad de La Paz, en protesta por la inseguridad, violencia contra la mujer y demandas de seguridad a las autoridades, la representante dijo que en México el órgano desconcentrado de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) es la encargada de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia.

Sin embargo, precisó que durante dos años seguidos se certifica y se reconoce la operación del Centro de Justicia de Mujeres, pero en lo referente al acceso de los subsidios federales, durante dos años consecutivos la federación les ha negado recursos para fortalecer dicho centro, “Lo que a nuestro juicio no es congruente, toda vez que el personal que labora en el Centro realiza labores titánicas para cada año se certifique su óptima operación, pero en retribución no recibe recursos de la federación para fortalecer su operación”, sostuvo.

Apuntó que los Centros de Justicia para las Mujeres son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno de la República,  entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, para la creación de espacios que concentran servicios como: atención psicológica, jurídica y médica, albergues temporales, ludoteca y talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Equidad de Género para su dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Salgado González, a fin de construir una agenda de trabajo que permita fortalecer los lazos de colaboración y entablar acciones en favor tanto de la comunidad universitaria como sudcaliforniana, informó la propia universidad.

Entre los temas que expuso la legisladora durante la reunión, estuvo la de un foro que actualmente se está coordinando en materia de prevención del delito con perspectiva de género, a celebrarse en fechas próximas.

La diputada planteó al rector la posibilidad de que la máxima casa de estudios en el estado colabore en la organización del evento, que pretende ser un espacio de reflexión donde se abone al conocimiento y desarrollo de políticas públicas tendientes a la prevención de  conductas violentas hacia la mujer.

Al respecto, Dante Salgado ofreció su respaldo institucional tanto para el foro como otros proyectos futuros que puedan desarrollarse conjuntamente y que tengan un impacto positivo en la sociedad.

Asimismo, estableció el compromiso de mantener los canales de comunicación abiertos con el Congreso local, pues es muy importante que las legisladoras y legisladores estén al tanto del trabajo que se hace en la universidad, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas hacia la propia sociedad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El dictamen de la iniciativa de reformas al marco normativo para el fortalecimiento de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial de Baja California Sur, y la armonización del Artículo 123 Constitucional para la implementación de los tribunales laborales, está avanzado en un 80% y podría someterse a discusión y aprobación en un próximo periodo extraordinario de sesiones, informó el Congreso de Baja California Sur.

Las diputadas Perla Flores Leyva y Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Seguridad respectivamente,  recibieron al Pleno del Tribunal Superior de Justicia encabezado por el Magistrado Presidente, Daniel Gallo Rodríguez, acompañado de los 5 magistrados y magistrada y consejeros de la Judicatura para dar seguimiento al paquete de reformas que son de toral importancia para el Poder Judicial.

La reforma fortalecería la operación del Poder Judicial y daría cumplimiento a la armonización de la reforma constitucional que incluye los tribunales labores y jueces laborales, que en el caso de Baja California Sur contará con seis de estos.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Perla Flores Leyva, refrendó el respaldo del legislativo para emitir el dictamen en breve.

Por su parte la diputada Daniela Rubio Avilés, quien también preside la Comisión de Seguridad, precisó que el dictamen está muy avanzado y que actualmente se está en el estira y afloja del presupuesto, ya que es bastante amplio. Comentó que actualmente el Poder Legislativo está esperando el estudio de impacto presupuestal de la referida iniciativa de reforma que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y anticipó que el dictamen se podrá presentar en un siguiente periodo extraordinario que convoque la mesa directiva.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado lunes 20 de enero fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigencia, la  nueva Ley de Videovigilancia y reformas complementarias de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Código Penal, reformas que tienen  la finalidad de establecer un marco jurídico actualizado, que permita mejorar la seguridad de la ciudadanía mediante el monitoreo de ambientes abiertos y cerrados, como calles y avenidas, bancos, casinos, escuelas, supermercados, áreas de estacionamiento, edificios, colonias  entre otros, informó la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés.

La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Baja California Sur puntualizó que la operación del sistema será también para la prevención y persecución de hechos delictivos, la utilización segura de las vías y espacios públicos, documentar faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública y hechos de tránsito y para una reacción oportuna ante emergencias o desastres de origen natural o humano.

Lo anterior, con estricta observación de la normatividad estatal y federal en materia de transparencia y protección de datos personales, para lo cual la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado estará girando oficios a las dependencias  que se encargaran de la operación de la Ley, así como de quienes serán impactados con este nuevo marco legal.

Explicó que debido a que en los Artículos  transitorios se mandató a que el ejecutivo emita el reglamento de la Ley de Videovigilancia en un plazo de 90 días y que se actualicen los reglamentos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Sobre el Régimen de Propiedad de Condominio, para armonizarlo con las disposiciones establecidas en la  presente ley.

También se mandató a que las autoridades, los prestadores de servicios de seguridad privada y los establecimientos mercantiles que actualmente realicen actividades de videovigilancia, deberán notificar  a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un plazo no mayor de treinta días naturales el número, lugar, uso y utilización de videocámaras, para integrarlo a un registro estatal.

A los ayuntamientos se les concedió un plazo de 120 días para que armonicen sus reglamentos, bandos y disposiciones en materia de seguridad pública, de desarrollo urbano, de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos y disposiciones en materia de licencias para  establecimientos mercantiles y demás relativos y aplicables.

Así mismo se mandató a que en 60 días se instale una Comisión Técnica de Videovigilancia que coadyuvará con la Secretaría de Seguridad Pública  en ponderar y analizar dónde es más urgente la instalación de sistemas de videovigilancia, comisión que se conformará por representantes del gobierno y sociedad civil organizada que represente el interés de la mayoría de las Cámaras, Colegios y Asociaciones empresariales de cada municipio, que tenga probada dedicación y conocimiento sobre temas de tecnología e historial en la participación en temas de seguridad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado que preside la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés y el diputado Homero González Medrano como secretario, sostuvo una reunión con el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, a quien la legisladora expuso temas que requieren de atención legislativa en materia de robos, sistema vehicular y contaminación ambiental, informó el Congreso de Baja California Sur.

Tras el encuentro, la legisladora informó que la comisión legislativa recibió la invitación para formalizar una mesa de trabajo para atender estos rubros que tienen que ver con los robos de cuantías menores, como el robo de vehículos, autopartes, cableado, vehículos irregulares, el uso de vehículos para delinquir, entre otros.

La representante del Partido Humanista en el Congreso local puntualizó la necesidad de implementar mecanismos legales que permitan ayudar en el combate a estos delitos, en las facultades y los operativos que implementan las autoridades del ramo de seguridad, algunas de ellas ya se han planteado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, expuso; incluyó su interés de reforzar los mecanismos para impactar en el uso de los vehículos en los que se desplazan las personas que delinquen.

Por otro lado mencionó también la iniciativa para reglamentar a los vehículos que circular de manera irregular, la emisión de contaminantes de los vehículos que circulan en la ciudad, y en este último, trabajar en una propuesta que establezca normas ambientales que regule la emisión de contaminantes.

A invitación del alcalde, la presidenta de la Comisión de Seguridad asistirán a las mesas de seguridad que lleva a cabo todos los días de lunes a viernes con la participación de las Secretarías de Marina, SEDENA, Tribunal de Justicia y otras áreas, paralelamente a que establecerán una mesa de trabajo para las propuestas legislativas.