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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur anunciaron la integración de una mesa de diálogos y acuerdos para resolver los asuntos de controversia legislativa y política entre el Grupo Parlamentario de Morena, la representante del PT y 8  diputados representantes del PES, PAN, PRI, PRD y PH.

Tras una reunión con el subsecretario de Gobernación del Gobierno de la República, Ricardo Peralta, la diputada Soledad Saldaña Bañalez acompañada de las diputadas Daniela Rubio Avilés (PH), Mercedes Maciel Ortiz (PT), Anita Beltrán Peralta (PRI) y el diputado Humberto Arce Cordero (MORENA) anunciaron que son quienes integran la mesa con el objetivo de llegar a acuerdos acerca de dichas controversias que motivaron solicitudes ante la SCJN.

La diputada Soledad Saldaña dijo que se elaboró un documento origen -el cual atestiguaron el subsecretario Peralta y el subsecretario del Gobierno del Estado de BCS, Esteban Beltrán Cota-, del que derivarán los acuerdos por temas y áreas, y que personalmente en calidad de presidenta de la mesa directiva del periodo de receso, será testigo de los trabajos de dichas mesas.

Anticipó también que durante el periodo de receso se convocará a un periodo extraordinario de sesiones para atender el rezago legislativo, de manera imperiosa las reformas a la Ley Electoral estatal.

Las legisladoras y el legislador admitieron que la falta de dialogo alcanzó la situación actual del Poder Legislativo, pero que con la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal han iniciado un periodo de acuerdos que vislumbran culminen en buenos términos. Ante los medios de comunicación ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por el lamentable episodio de confrontación política y que retomarán el trabajo conjunto para atender las necesidades de trabajo legislativo para la entidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Daniela Rubio Avilés se reunió con el magistrado Paul Razo Brooks y Jehú Vázquez Savín, secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, para revisar propuestas en materia de capacitación para fuerzas públicas en el tratamiento de adolescentes, informó el Congreso de Baja California Sur.

En ese contexto, el magistrado y el comisionado manifestaron la necesidad de la capacitación de las fuerzas policiales, para lo que cual integraron el diplomado de justicia para adolescentes, el cual será dirigido a elementos y personal  de las corporaciones policías municipales, estatales, ministerios públicos y agentes de investigación criminal.

La diputada local admitió que hay un rezago en la legislación del tratamiento de adolescentes cuando han cometido un delito, la ley les otorga un tratamiento especial y en el caso de Baja California Sur se tendrá que armonizar la Ley General de Justicia para Adolescentes con la estatal.

Por su parte dijo que exhortará a la policía municipal para que asistan al diplomado de justicia para adolescentes el 20 de marzo, convocado por el Poder de la Judicatura y Universidad Autónoma del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputados, tanto federales como de diversas legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, expresaron mediante un comunicado a la opinión pública su preocupación por el avance de la violencia por razones de género en el país, para tomar postura y emprender acciones para enfrentar los hechos reprobables derivados de ella, informó el Congreso de Baja California Sur.

Destacan en la misiva que han puesto especial atención al terrible ataque sufrido desde septiembre pasado, a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz en el estado de Oaxaca, que después de haber padecido múltiples amenazas y agresiones fue rociada con ácido con la clara intención de atentar contra su vida y su integridad física.

Los firmantes dijeron compartir la preocupación con la sociedad oaxaqueña y todo el país, debido a que, aún a pesar de la detención de los autores materiales de la agresión contra María Elena, aún falta mucho por hacer justicia; ya que quien ha sido identificado por ella, sus familiares y amigos como autor intelectual de la agresión, está lejos de ser investigado y juzgado por la justicia de la entidad.

En ese sentido reiteran el respeto al principio constitucional de presunción de inocencia y que éste debe ser efectivo para todos. Sin embargo, no pueden coincidir en la implementación de argucias legales que faciliten que cualquier persona imputable por un delito, sea debidamente investigada y en su caso, sancionada por la justicia.

El documento que fue firmado por 32 legisladores federales y locales incluida la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en Baja California Sur, Daniela Rubio Avilés, quienes expresaron su preocupación por el tipo de agresiones como la antes señalada, que son especialmente aberrantes y alevosas, por lo que bien pueden ser parte de la “violencia feminicida” reconocida en el marco legal.

Con base en lo anterior, manifiestan sumarse a las inquietudes expresadas por el colectivo de Mujeres 50+1 en el caso de la aberrante agresión contra María Elena, reiterando a las autoridades correspondientes que las medidas mínimas necesarias para la debida procuración e impartición de justicia sean las siguientes:

1.- La Investigación eficiente e imparcial de la Fiscalía de Oaxaca para llegar hasta las últimas consecuencias del crimen en contra de María Elena. 2.- Que las autoridades de Oaxaca aporten elementos que permitan la condena ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este delito. 3.- Que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de María Elena y de sus familiares y amigos que se encuentran en calidad de víctimas indirectas, así como del otorgamiento de las medidas cautelares para su debida protección. 4.- Que la atención integral y especializada a María Elena Ríos no tenga ningún impedimento. 5.- Que la defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exija protección integral a las autoridades, tanto hacia la víctima como a sus familiares y amistades.

Por su parte, la diputada Daniela Rubio Avilés dijo que en Baja California Sur recientemente se tipificó el delito de lesiones por razones de género, que sanciona de manera ejemplar a quienes cometan lesiones contra una mujer con sustancias corrosivas, aunque afirmó que lo importante es que las mujeres o familiares de mujeres que detecten actitudes de violencia hacia ellas, lo denuncien de inmediato a las autoridades ministeriales, antes de que las agresiones puedan escalar y consumar un delito por razones de género como el feminicidio o  lesiones  que dejen una marca permanente de ese acto violento

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Las reformas en materia de delitos de robo recién aprobadas en el Código Penal estatal, están en plena concordancia con las demandas de la sociedad sudcaliforniana, que pide acciones contundentes contra la delincuencia, sobre todo las que vulneran de manera más grave los bienes jurídicos de las personas, afirmó la diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Comisión de Seguridad, informó el Congreso de Baja California Sur.

La representante del partido humanista refirió que el robo es el delito que más lastima a los ciudadanos, al lesionarles el patrimonio, por ello se actualizaron los criterios para la determinación de las penas con base en la cuantía de lo robado, y se tipificó el delito de robo de partes de instalaciones de servicios básicos e industrias, es decir, el robo de cableado de energía eléctrica o hidráulicas, partes de medidores de energía eléctrica y gas, así como equipamiento industrial y de la construcción de obras, en el que las penas serán de 1 a 5 años de prisión y de 50 hasta 200 días multa.

Expuso que antes de las reformas el delito de robo simple tenía una penalidad única de 6 meses a 6 años de prisión y multa hasta por cien días, ahora las penalidades serán de 6 meses y hasta 14 años de prisión.

Así explicó que: en el caso de robo simple, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 100 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Cuando el valor de lo robado exceda de 80 veces hasta 250 veces  de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 200 días multa, el valor de la UMA.

De 6  a 14 años de prisión y de 200 hasta 500 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 250 veces el valor diario de la UMA.

Explicó también que en el robo con violencia, a la pena de cada hipótesis  del robo simple, se agregarán de 3 a 6 años de prisión, si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación, estableciéndose también cuatro hipótesis para la equiparación al robo con violencia, que tendrá las mismas penas que el robo con violencia.

En cuanto al robo calificado, dependiendo de las 23 hipótesis contempladas,  se pondrán alcanzar  penas de prisión de 5 a 15 años  y de 5 a 10 años, a las cuales se le podrán agregar de 3 a 5 años de prisión cuando en las hipótesis contempladas se comentan con violencia.

Rubio Avilés expuso que en el caso del robo en terreno rústico, además de las penas previstas para el robo simple, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 hasta 200 días multa.

Se introdujo un artículo que determina cuales son los delitos de robo que se perseguirán por querella. Así mismo, se aumentó la penalidad para el delito de robo de uso que estaba en el código vigente con una pena económica, proponiéndose que  tenga pena de prisión de uno a seis meses.

Así mismo, se establecieron las hipótesis por las que el robo deberá ser perseguido por querella de parte ofendida.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado reformó la Ley Ganadera para añadir un capítulo relativo a la conformación de un Consejo Estatal y consejos municipales encaminados a la prevención y eliminación de la presencia de ganado en vías de comunicación terrestre, lo anterior con la finalidad de dar solución a las problemáticas que genera el ganado suelto en carreteras como accidentes con saldos de vidas perdidas, daños en la infraestructura pública y privada, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Comisión de Seguridad, diputada Daniela Rubio Avilés y el dictamen fue enriquecido con aportaciones de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario con la que las comisiones dictaminadoras de comunicaciones y transportes y de seguridad pública, llevaron a cabo mesas de trabajo.

El Consejo Estatal para la Prevención y Eliminación de la Presencia de Ganado en Vías de Comunicación Terrestre, será el órgano interinstitucional que diseñará y coordinará las acciones para la prevención y atención de la presencia de ganado en las vías de comunicación terrestre del Estado; se integrará por un presidente, que será el Procurador General de Justicia, un secretario técnico, que será el Secretario de Seguridad Pública Estatal, un secretario, que será el Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario así como los Secretarios de Salud, de Turismo, de Planeación Urbana, representantes de SADER, SCT, Policía Federal, las comisiones de seguridad pública, asuntos agropecuarios, comunicaciones y transporte del Congreso del Estado así como de la Unión Ganadera Regional, Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y los presidentes de los Consejos Municipales para la prevención de la presencia de ganado en vías de comunicación.

También se hicieron reformas a la Ley Ganadera en materia de sanidad pecuaria de movilización de ganado y de las atribuciones que tienen diversas autoridades estatales y municipales en materia ganadera.