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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 24 de enero de 1989, en Bradford, Florida, fue ejecutado en la silla eléctrica Theodore “Ted” Robert Cowell Bundy, un joven psicólogo y estudiante de Derecho nacido en Burlington, Vermont. Conocido por ser un hombre inteligente, elocuente y carismático, Bundy hizo a un lado un futuro promisorio en la vida política norteamericana, para dedicarse a la actividad que lo llevó a la fama internacional: secuestrar y asesinar mujeres. Algunos analistas estiman en un centenar el número de sus víctimas, sin embargo, sólo fue condenado por un asesinato, aunque en diversas entrevistas, Theodore Bundy aceptó haber privado de la vida a 36 mujeres, en una época en la que el feminicidio no existía en el marco punitivo legal.

El haber confesado una treintena de asesinatos, fue una perversa estrategia para eludir o al menos, postergar su ejecución, ya que negociaba la información que permitía a las autoridades encontrar el cuerpo de cada una de sus víctimas a cambio de privilegios carcelarios, buscando así culminar su negociación con el cambio de la pena de muerte por una de reclusión prolongada. Incluso, Bundy llegó a solicitar una pena reducida, jugando con el dolor de los familiares de las víctimas, pero en última instancia, las familias desecharon la negociación para asegurarse de que el también llamado “asesino de estudiantes” fuera ejecutado en la silla eléctrica.

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Ted Bundy en su juicio.

El término “asesino serial”, alcanzó fama internacional gracias en gran parte a la difusión que se le dio a la investigación de los crímenes cometidos por Ted Bundy, pues su captura fue ampliamente publicitada, así como las entrevistas que se le realizaron durante su proceso judicial. En una de las entrevistas más difundidas, Bundy afirma que la mejor manera de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir.

¿Pena de muerte?

La criminología moderna define al asesino serial como el sujeto que mata a tres o más personas, en eventos separados, bajo patrones operativos y victimológicos similares; se distingue del asesino múltiple, ya que este sujeto en un sólo ataqué priva de la vida a tres o más personas.  Si bien muchos autores sostienen que los asesinos seriales han existido en todas las sociedades a lo largo de la historia, lo cierto es que su estudio se ha concretado de manera sistematizada a partir de la segunda mitad del siglo XX; gracias a los medios masivos de comunicación, actualmente se da mayor cobertura a esta modalidad criminal.

Existen muchas teorías y clasificaciones que se han elaborado en torno a la naturaleza y metodología asignable a los asesinos seriales, no obstante, todos los estudios coinciden en que después de ser capturados, no hay un sistema penitenciario o tratamiento terapéutico que garantice su reincorporación al entorno social. Hasta hoy en día no existe registro forense de un caso exitoso de reincorporación al estrato social en libertad, de un convicto asesino serial. Son candidatos ideales a la pena de muerte.

En cátedra, el doctor García Ramírez sostenía que el asesino serial desarrolla su potencial criminal en las grandes urbes, donde el anonimato y la sobrepoblación garantizan el espacio de impunidad necesario para su actuación; el México moderno es un campo de caza ideal para este tipo de criminales, pues el grueso de la población —en términos generales— al migrar del campo a las ciudades, facilitó el espacio para el desarrollo de sus psicopatologías. Desde 1975, la situación apuntaba ya a la incapacidad del estado mexicano para hacer frente a las problemáticas derivadas de la criminalidad y la falta de un sistema penitenciario, el cual diera a la sociedad la certeza de que el delincuente pudiera ser reinsertado funcionalmente al entorno social.

En 1975, Sergio García Ramírez publica La prisión, obra en la que señala que: El sistema penal mexicano se encuentra en crisis. Lejos de frenar la delincuencia, parece auspiciarla. En su interior se desencadenan angustiosos problemas de conducta. Es instrumento propicio a toda clase de inhumanos tráficos (alcohol, drogas, sexo, etcétera). Nada bueno consigue en el alma del penado y si la agrava y emponzoña con vicios y afiliaciones criminales. Mina el cuerpo del recluso, lo enferma y postra y devuelve a la vida libre un hombre atravesado por los males carcelarios. Se muestra incapaz de enseñar el camino de la libertad y más parece arrojar temporalmente presas que ya ha hecho indefectiblemente suyas para recuperarlas más tarde.

Pionero del sistema penal de “puertas abiertas”, en el cual el recluso puede salir los fines de semana para convivir con su familia, o bien, salir a laborar durante el día con reclusión nocturna, García Ramírez pugnó por un sistema penal en que el encierro o el confinamiento se reservara exclusivamente para sujetos de alta peligrosidad; asimismo, planteó que se aplicara a los internos los programas de externación progresiva, sujeta a evaluación y supervisión a cargo de un equipo profesional multidisciplinario, que a través de técnicas terapéuticas preparan al interno para una vida en libertad que les permita integrarse al tejido social.

50 años después, nuestro sistema penitenciario es incapaz de cumplir con los objetivos trazados por el programa presentado por el doctor García Ramírez; actualmente estamos lejos de considerar el internamiento como una herramienta de reinserción social, pues resulta una verdad conocida que los centros de reclusión son cotos de capacitación y reclutamiento que utiliza la delincuencia organizada para alimentar sus tropas. Con un sistema penitenciario ineficaz, nos preguntamos si en algunos casos, como el de los asesinos seriales confesos, tal vez sería conveniente reimplantar en nuestro país la pena de muerte.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Víctima, pericia y criminología: tres protagonistas del sistema penal que han sido olvidadas en el devenir de su implementación. Dividiremos este artículo en tres partes, de tal suerte que nos resulte posible exponer a profundidad la importancia de cada uno de estos temas. Iniciaremos con la no tan conocida y muchas veces confundida: criminología.

Tal vez debido a su similitud fonética, derivada de la raíz etimológica que comparten, es frecuente que la criminología se confunda con la criminalística. No es raro escuchar que operadores del sistema e incluso magistrados judiciales homologuen el uso de ambos términos en su discurso. Tal vez sea esa imprecisión conceptual —que gravita en el profano— la culpable de que la criminología sea hoy por hoy la gran ausente en los programas de seguridad pública que se intentan implementar en Baja California Sur.

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Nos esforzaremos por aclarar las diferencias entre ambos conceptos. La criminalística se encarga de aplicar distintas técnicas y conocimientos obtenidos de las ciencias exactas en el esclarecimiento de un hecho que reviste las características de delito; con los objetivos específicos de elucidar: tanto forma, tiempo y lugar como la mecánica de un evento, y cuando el acervo evidencial así lo permite, determinar quién lo cometió. El criminalista, quien interviene con el fin de aplicar su experticia después de que se cometió el evento, trata de responder a las interrogantes planteadas.

La criminología es la ciencia que se encarga del estudio del fenómeno criminal con atención al autor y sus motivaciones a través del método deductivo de investigación; esta disciplina encontrará gran apoyo en la psicología, sociología, antropología y otras ramas de las ciencias humanas, conexas y complementarias

Frente a un hecho delictivo, la criminalística, con base en las ciencias exactas y mediante una metodología de corte predominantemente inductivo busca responder a las preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde se perpetró el delito? y, ¿qué mecánica operativa se desplegó? De manera complementaria y en ocasiones paralela busca responderá a la interrogante: ¿por qué?

El gran aporte que la criminología hace a la seguridad pública estriba en  que nos ayuda a comprender el fenómeno delictivo a partir del aspecto conductual. Si sabemos qué es lo que motiva la conducta delictiva, estaremos en condiciones de preverla. Si entendemos la importancia de aplicar esta disciplina específicamente al campo de la prevención, estaremos en condiciones de avanzar en el combate a la delincuencia al atacar sus causas con antelación funcional, y no tendremos que limitarnos —como lo hacemos actualmente— a combatir sus consecuencias.

En los 12 años que llevamos trabajando en la preparación, implementación y consolidación del sistema penal acusatorio, nos hemos centrado en los llamados juicios orales, cuando irónicamente lo que se busca es resolver la problemática de los conflictos sociales relacionados con los hechos delictivos, sin tener que llegar a la etapa de juicio. Tenemos edificios inteligentes, y una enorme y costosa reingeniería de la maquinaria burocrática involucrada en los procesos de investigación, persecución y sanción del delito, no obstante, hemos descuidado en todo el trayecto a la actividad que considero es la más importante: la prevención. Al enfocarnos en programas genéricos, importados y mal adaptados que tal vez pudieron haber sido exitosos en sus lugares de origen, como Querétaro, Sonora o Guanajuato, pero que en nuestra entidad no han sido eficaces, erramos la receta; Baja California Sur no se parece a ningún otro Estado de la República.

En materia de prevención del delito necesitamos un traje a la medida, ajustado específica y sistemáticamente a cada problemática que la geografía criminal del Estado nos presenta. No basta separar los programas en urbanos y rurales. Los programas genéricos no funcionan porque no se toman en consideración las peculiaridades socioculturales, económicas y poblacionales de las distintas demarcaciones. Tenemos que reconocer la importancia de prevenir; si queremos hacerlo de manera exitosa es necesario incorporar a los profesionales de la criminología en los procesos de investigación y dictaminación del fenómeno delictivo: sus causas, sus detonantes. De otra manera, los esfuerzos aplicados a la seguridad pública, específicamente en la materia, seguirán ociosos, costosos e ineficaces.

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