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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegaron al poder enarbolando la bandera de la lucha frontal a la corrupción, y ofertaron la “ciudadanización” de la contraloría municipal, pero tan pronto asumieron el encargo público, olvidaron su promesa, nombraron como Contralora municipal a su jefa de campaña, y continuaron con la añeja y tolerada práctica de vender el patrimonio territorial municipal, en beneficio de sus bolsillos y de fraccionadores y “desarrolladores” inescrupulosos, en grave detrimento del erario municipal y de la sociedad paceña, que pierde en cada venta de predios donados, espacios de convivencia, recreación y saneamiento ambiental.

Pese a que la lucha contra la corrupción es la cantaleta que más se repite en el eje discursivo de nuestros políticos, y que incluso hemos suscrito tratados internacionales sobre el tema, en los hechos, los ciudadanos vemos como todo ese afán propagandístico y de simulación legal es letra muerta, pues en la práctica, no hay un esfuerzo real por combatir de raíz la corrupción, y en ese proceso de falsa retórica, es el mismo político que promete combatir la corrupción, el que la pone en práctica.

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La lucha contra la corrupción solo será realidad, el día en que los ciudadanos, los de a pie, los que pagamos impuestos, los que no tenemos aspiraciones políticas, dejemos la pasiva actitud atávica de ser simples espectadores, y asumamos el compromiso histórico de ser actores en el proceso de combate y erradicación de la corrupción e impunidad con que operan aquellos que alcanzaron con falsas promesas el poder público, sólo para servirse del mismo, en perjuicio de la función pública, el interés social y el erario.

Solo será realidad el combate a la corrupción, el día en que desde la sociedad civil nos organicemos para combatirla, y si bien no existe en el texto constitucional un concepto jurídico que la defina, fundamentalmente por tratarse de un concepto sociológico, en el discurso político y en la propuesta que genera la normatividad que rige la vida del Estado, se ha ubicado la interpretación y el combate a la corrupción, en el campo de la aplicación del derecho penal, a través de diversas figuras delictivas, cuyo común denominador es la protección del erario y del buen funcionamiento del servicio público. Es así como surgen los diversos tipos penales que sancionan con cárcel, inhabilitación y multas las conductas que a criterio del legislador, transgreden el servicio público y lesionan o ponen en peligro el erario.

Contando entonces con el marco legal mínimo indispensable para ello, los ciudadanos deberemos constituirnos en órganos de control, asociándonos para formar una o varias contralorías ciudadanas, ajenas a las instituciones públicas, políticas o religiosas, desde las cuales, atendiendo estrictamente a intereses gremiales legítimos, vigilemos el quehacer gubernamental.

La estructura de la contraloría ciudadana debe partir desde las asociaciones vecinales hasta las organizaciones profesionales y gremiales, con un solo objetivo, supervisar el actuar gubernamental, denunciar y perseguir cualquier acto de corrupción.

Los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción están al alcance de la sociedad, únicamente es necesario organizarnos y emprender con determinación la empresa.

Proponemos en estas líneas un sencillo ejercicio de contraloría ciudadana: sabemos por información publicada en las redes sociales, que el Ayuntamiento de La Paz ha vendido ilegalmente un terreno de donación, en la zona urbana de alto valor comercial turístico denominado “El Manglito”, recibiendo de manos de los voraces desarrolladores, trece millones de pesos (en abonos) a cambio de un predio de donación, cuya explotación comercial brindará a los particulares ilegalmente beneficiados, una ganancia superior a los doscientos millones de pesos.

Nuestra legislación proscribe ese tipo de operaciones, y su concreción actualiza un tipo penal de peculado, en el que unos pocos se benefician ilegalmente del erario municipal en perjuicio de la comunidad paceña, que pierde no sólo el elevado valor del activo inmobiliario, sino que pierde un espacio de recreación, esparcimiento, convivencia y saneamiento ambiental.

Reunida la documentación que acredite el hecho ilícito, presentaremos la denuncia ante el Agente del Ministerio Público. A partir de ese momento, invitamos a toda la ciudadanía que guste sumarse al esfuerzo, a que participe en la lucha por perseguir y sancionar a los malos funcionarios municipales que participaron en la ilícita venta, y los voraces empresarios desarrolladores que se benefician ilegalmente con la misma. Convocaremos a través de las redes sociales a diversas movilizaciones y acciones colectivas tendientes a buscar la sanción de quienes hoy ilegalmente se enriquecen y al tiempo buscan allegarse de recursos económicos para escalar en el cargo público, y desde la gubernatura, seguir saqueando al Estado.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Foro Latinoamericano de Profesionales en Seguridad, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que todos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social.

Las fuerzas de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso o se han producido, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de sancionarlos.

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La seguridad pública depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la Policía, de la correcta procuración y administración de justicia, de las políticas estatales y de las condiciones sociales que se generen a partir de la participación o apatía ciudadana en las labores de prevención del delito, teniendo como objetivo la tranquilidad y armonía social que se obtiene a través de la labor de prevenir, contener, combatir y sancionar las conductas socialmente lesivas.

En su proceso de ejercicio, la seguridad pública tiene distintas fases tendientes a evitar, combatir y sancionar los delitos:

Prevención: Programas de detección y erradicación de los focos generadores de conductas delictivas.

Disuación: Aquello que no se pudo prevenir, habrá que disuadir a los potenciales delincuentes, para que no lo hagan, trabajando en el ánimo del delincuente, para inhibir su intención criminal. Si pese al esquema de disuasión que se plantea por los cuerpos de seguridad, el delincuente decide llevar a cabo su delito, pasamos a la

Contención: Esquema de protección que pretende evitar la comisión del delito, utilizando para ello, la inteligencia policial, aplicando todas las herramientas tecnológicas que la modernidad y el presupuesto ponen al alcance de las corporaciones de seguridad pública, y —de ser el caso— haciendo uso de la fuerza, de manera racional y proporcional, en los casos que sea estrictamente necesario. Si la contención no es suficiente, entonces viene el

Combate: Aquí se da la flagrancia o cuasiflagrancia en la persecución del delito. Si recabamos en la investigación suficientes datos de prueba, pasamos a la

Persecución: Donde se integran las carpetas de investigación para reunir los medios de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial, buscando que el delincuente sea castigado, el daño reparado y la víctima protegida, a través de la salida alterna o la sentencia que imponga

Sanción: Al delincuente y en los casos en que se le castigue con penas de prisión, teniendo como objetivo que el reo, al cumplir su estancia carcelaria, alcance la

Reinserción Social: A efecto de que se incorpore a la sociedad de manera armónica, evitando que vuelva a delinquir.

Participación Ciudadana

¿En qué fase del proceso se incorpora la participación ciudadana en el tema de seguridad pública? Resulta determinante en la etapa de prevención, en tres actividades muy concretas, exigible a los particulares, con el apoyo y la directriz del Estado, a través de sus órganos de educación, salud y seguridad pública:

1. Formativa: En el hogar, hacia el seno del hogar. Vamos a educar a nuestros pequeños con valores, inculcándoles los principios cuyo seguimiento garantizan un desenvolvimiento social saludable, complementando los programas oficiales de educación, salud, esparcimiento, recreación, tanto en los espacios privados como públicos destinados a la convivencia, haciendo énfasis en la cultura, el arte, el deporte y la conciencia ecológica, generando todas las oportunidades necesarias para el desarrollo integral y armónico de nuestra niñez y juventud.
2. Correctiva: Toca a los padres corregir a los pequeños. Formar y corregir con el ejemplo. Ser congruentes con los valores que inculcamos, vigilar que los espacios de desenvolvimiento escolar social y familiar, se encuentren libres de factores de riesgo que propicien la violencia o las adicciones.
3. Alertiva: Detectar y evitar los riesgos corremos frente al embate de la delincuencia, a través de organización vecinal, contando con el apoyo de los operadores de proximidad social y prevención del delito, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, que deben implementar programas permanentes de orientación y apoyo a la ciudadanía. Esta fase es determinante en la prevención del delito, pues la participación activa de la ciudadanía en las organizaciones vecinales es el mejor inhibidor de las conductas delictivas.

Conclusión

Somos parte de la responsabilidad colectiva, específicamente en el campo de la prevención del delito, de la mano de las autoridades. El que el Estado no cumpla con su parte, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas de prevención del delito, específicamente en ámbito familiar y social, atendiendo nuestra función formativa, correctiva y alertiva.

Sin soslayar nuestra responsabilidad, tenemos el derecho irrestricto de exigir al Estado, el diseño, implementación y seguimiento de programas y acciones eficaces de  prevención, disuasión, contención, combate, persecución y sanción del delito, con el más alto nivel de eficiencia, hasta recuperar la paz, armonía, tranquilidad social que nos han sido arrebatadas.

Es importante que los ciudadanos asumamos un rol proactivo en el tema de seguridad pública, participando en las organizaciones vecinales e incorporándonos a la Contraloría Ciudadana*  de reciente integración en el Estado, o cualquier otro espacio de participación desde la sociedad civil organizada, que nos permita ser severos escrutadores del quehacer público. Necesitamos pasar de simples espectadores vulnerables a celosos escrutadores del quehacer oficial en materia de seguridad pública.

Ya no queremos falsas promesas, ni pretextos, ni reparto de culpas. Queremos resultados, y debemos exigirlos.

*  Contraloría Ciudadana, La Paz, BCS.

Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz, anuncia la destitución del Secretario General del Municipio. Foto: Ayuntamiento de La Paz.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La soberbia y la ignorancia, de la mano, construyen grandes fracasos en la toma de decisiones. Ello aplicado a la administración pública resulta costoso y desastroso, pues es el gobernado el gran perdedor en el proceso que se desencadena.

Sin importar los colores que distingan a la franquicia política que accede al poder, la regla general en el sistema mexicano es que el grupo empoderado asigna los cargos por amiguismo, compadrazgo, parentesco, amasiato o compromiso pactado en la complicidad del proceso electoral.

El ejercicio público, entonces, en manos de gente que no reúne el perfil para el encargo, resulta ineficiente y altamente corruptible. De ahí que el ciudadano enfrente la necesidad apremiante de organizarse y constituir esquemas de control y contrapeso al abuso de poder, a través de una Contraloría Ciudadana, autónoma y representativa, sin sesgos partidistas.

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A la par del control ciudadano, el acceso al cargo público debe ser preservado prioritariamente para quien demuestre contar con la capacidad y aptitud necesarias y adecuadas. Profesionalizar el servicio público, para evitar la improvisación y el amiguismo en la designación de cada encargo. Concurso, oposición, selección y asignación, en lugar del oficioso “dedazo”.

Si no tomamos cartas desde la trinchera ciudadana, seguiremos siendo los pasivos y eternos perdedores en este proceso viciado de acceso al poder y abuso sistemático del mismo.

Las luminarias de La Paz

La anterior administración municipal paceña concesionó el servicio de alumbrado público a una empresa particular. La actual administración, sin llevar a cabo el procedimiento legal adecuado y en un ejercicio abusivo de facultades, determinó cancelar dicha concesión.

La empresa afectada interpuso demanda de amparo, y solicitó la suspensión del acto reclamado. El Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva, y si bien no se ha resuelto el asunto de fondo, al obsequiar dicha suspensión deja entrever en su resolutivo que la cancelación de la concesión es ilegal. El pronóstico es que el Ayuntamiento de La Paz perderá el juicio y el quebranto económico será elevado.

Durante el proceso de cancelación de la concesión, la actual administración municipal evidenció su desconocimiento de los procesos administrativos, dando pie a la querella de la empresa concesionaria, y generando un quebranto patrimonial a las arcas municipales, en grave perjuicio para la sociedad paceña.

Durante la tramitación del incidente de suspensión dentro del juicio de amparo, quedó claro que el área jurídica del municipio carece de los conocimientos y experticia necesarios para realizar adecuadamente la labor encomendada, y ello devino en una deficiente exposición argumentativa y nula fundamentación en su intento por sostener la legalidad de la cancelación de la concesión.

Dos errores en la administración pública que habremos de pagar los gobernados: el indebido proceso de cancelación de la concesión y la deficiente defensa del Ayuntamiento ante los tribunales de amparo.

Tratando de solventar “políticamente” la catástrofe, el Ayuntamiento de La Paz busca un chivo expiatorio propicio, y no encuentra mejor candidato que el Secretario General, a quien “sacrifican” en aras de salvar la imagen edilicia ante la opinión pública. Tercer error, pues el procedimiento de destitución del Secretario General resultó ilegal, y en consecuencia, si el afectado demanda adecuadamente, podrá ser legalmente indemnizado.

Irónicamente, al “sacrificar” al referido, realmente lo que hacen es premiarlo con un prolongado periodo vacacional a cargo del erario municipal, y paradójicamente, siendo el “responsable” de haber perdido el juicio de amparo, lo salvan de las acciones que en vía de apremio ejerza la Justicia Federal, pues habiendo quedado fuera de la administración municipal, se verá exento de las sanciones que la Ley de Amparo previene para el desacato de una sentencia de amparo, que van desde la multa y destitución del encargo, hasta la pena de prisión.

Imágenes: Cortesía.

En conclusión, si no profesionalizamos el servicio público, los gobernados seguiremos siendo víctimas de la improvisación, y seguiremos pagando de nuestro bolsillo, las desastrosas determinaciones en el ejercicio público, generadas a través de la ignorancia y la soberbia de malos servidores públicos que ocupan el encargo más por complicidades que por capacidad e idoneidad.

Desde luego, procede la denuncia contra los miembros del cabildo que participaron en la toma de las decisiones erróneas que hoy generan un grave detrimento al erario municipal; habrá que proceder penalmente en su contra, y exigir que sean severamente sancionados, pero también debemos empezar a trabajar en la constitución de la Contraloría Ciudadana, y en el marco legal regulatorio del acceso al servicio público para evitar que tanto improvisado arribe al cargo público, o de lo contrario, nunca vamos a detener el derroche y desfalco de la cuenta pública.