El ombligo de los ángeles
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Ius et ratio
Por Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). En la era temprana del cristianismo, surgieron diferentes interpretaciones de temas torales relacionados con la estructura eclesiástica y los principios teológicos, por lo cual a efecto de evitar una grave escisión, en el siglo IV se inició la celebración de concilios ecuménicos, cuyo objetivo primordial era unificar criterios y erradicar las herejías.
Con el paso del tiempo, mil años después, la temática de los concilios perdió trascendencia. El último evento de este tipo, celebrado en el imperio bizantino, mantuvo enfrascados a los eruditos eclesiásticos en un enconado debate a propósito del sexo de los ángeles. Mientras los jerarcas de la iglesia discutían al respecto, los otomanos sitiaban Constantinopla.
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Con este antecedente, cuando una persona se ocupa de temas triviales, banales o irrelevantes, teniendo asuntos realmente importantes que atender, se dice que: le anda buscando el ombligo a los ángeles. Se menciona el ombligo, para no hacer referencia específica del sexo, por añejo tabú aún persistente.
El tema sale a colación porque la semana pasada trascendió en redes sociales la propuesta de iniciativa de decreto mediante el cual se reforme la Constitución de Baja California Sur, para agregar y anteponer a cada numeral, la palabra “artículo”, para “subsanar una irregularidad que ha existido desde que esta media península se convirtió en entidad federativa”, al decir del bisoño diputado que formula dicha iniciativa.
El tema es ocioso, irrelevante, absurdo e intrascendente, pues basta que cada artículo esté numerado para identificarlo sin lugar a duda, de la misma manera que cada fracción se identifica con el numeral romano correspondiente, y cada inciso con letra minúscula sin que sea necesario anteponerle la palabra “fracción” o “inciso” en cada caso.
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De hecho, sería más práctico quitar de cada ley, la palabra artículo que se antepone a cada numeral. Cualquier ecologista de escritorio nos diría que con ello se ahorrarían toneles de tinta y toneladas de papel, y serviría para preservar el medio ambiente y evitar la tala de árboles.
El asunto sería gracioso, si no fuera tan preocupante. El Congreso local arrastra un enorme rezago en el quehacer legislativo. Tenemos un atraso de más de veinte años en temas tan importantes como la armonización y adecuación legislativa, y en lugar de atender a ello, tenemos que soportar actuaciones insulsas como el proyecto de iniciativa que comento.
No se puede dar certeza jurídica al gobernado, si la legislación es ambigua, imprecisa, omisa o contradictoria. Es urgente que los legisladores centren su esfuerzo en alcanzar la armonización normativa, y adecuar la legislación en vigor, al marco constitucional federal y a los tratados internacionales suscritos por México.
Un ejemplo es el de la legalización del enlace civil entre personas del mismo sexo. Se agregaron unos artículos al Código Civil, y listo, ya es legal ese tipo de uniones, pero no se ha realizado la adecuación del marco normativo aplicable. El Código Civil del Estado sigue otorgando atribuciones, obligaciones y derechos al marido y a su mujer. ¿Quién es el marido, quién es su mujer cuando ambos consortes son del mismo sexo? Hay que adecuar todo el marco normativo primario y secundario para darle certeza a los derechos y obligaciones que surgen de una relación contractual.
Los infantes, grupos vulnerables y etnias son objeto de protección que se consagra en tratados internacionales, y los lineamientos de los mismos, que se convierten en derechos y obligaciones, no han sido plasmados adecuadamente en la normatividad estatal. No es posible entonces, que nuestros diputados pierdan el tiempo en dislates, cuando tienen tantos pendientes de urgente atención.
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Ya sabemos que cada diputado tiene el derecho constitucional de ser tan ignorante como su situación personal se lo permita, pero para eso el Congreso local tiene un costoso presupuesto nominal destinado a los asesores parlamentarios. Respetemos el derecho a la ignorancia de que goza cada diputado, pero exijámosle que cuente con asesores profesionales, calificados y certificados.
Debe erradicarse la añeja y costosa práctica de permitir que cada diputado nombre como su asesor a su sobrino(a), cuñado(a), ahijado(a), entenado(a), amante, guachoma, comadre o compadre, y crearse la figura del asesor parlamentario profesional, certificado y calificado. De lo contrario, en el maratón legislativo sudcaliforniano, la ignorancia seguirá siendo la eterna ganadora.
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