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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Ángel David Valdez Jiménez, impulsor de la Ley para Personas Autistas aprobada recientemente en el estado de Yucatán, impartió la conferencia magistral “Antecedentes, experiencias y resultados para la aprobación de la Ley para la Atención de Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Yucatán” en La Paz.

El legislador compartió el caso exitoso de la legislación aprobada el 15 de diciembre de 2025 por el Congreso de Yucatán, el cual creó un Centro Estatal de Autismo y, centros municipales e incorporó en la ley diagnósticos tempranos a bajo costo, atención médica y psicológica de pacientes, familiares y cuidadores, educativa y laboral, el cual partió de un censo para conocer las características y necesidades del sector.

El ponente generó una interesante disertación que involucró a docentes, asociaciones de padres de familia, autoridades y organizaciones civiles. Ante los representantes presentó las cuatro principales soluciones que el Congreso estableció en la Ley para Personas Autistas en Yucatán en materia de educación, de atención a familias, de empresas y del sistema de salud.

Puntualizó que se requiere de la participación de todos, pues el Poder Legislativo y las autoridades deben escuchar a todos los sectores para establecer en la ley la atención a sus necesidades. “Hay que escuchar a las familias que viven de cerca la situación, a los especialistas en salud, a los empresarios, a las autoridades, porque son estos quienes asignan los presupuestos. El reto es crear una ley que acompañe todas las etapas de la vida de las personas autistas”, determinó.

“La aprobación de la ley no es el final, es el principio, es una nueva lucha que va a tener varias etapas, que va a tener que renovarse”, apuntó.

Reconoció que, en el caso de Baja California Sur, su congreso y asociaciones están desarrollando ejercicios como las consultas públicas, que son muy importantes, ya que suman mucho, con ideas y soluciones.

La exitosa conferencia fue coordinada por la Asociación de Padres y Madres de Familia encabezada por Marcela Arrevillaga y apoyada por las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que presiden la diputada Dalia Collins y Martín Escogido; asistieron las diputadas Lourdes Cornejo y Guadalupe Vázquez.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Arlene Moreno Maciel presentó este martes una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se instituye formalmente el Parlamento de Mujeres de Baja California Sur, abrogando los decretos 2560, 2830 y 3045, con el propósito de consolidar un marco normativo actualizado, incluyente y con visión de largo plazo.

Durante la exposición de motivos, la Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado, subrayó que esta propuesta tiene como objetivo central promover acciones afirmativas que fortalezcan la agenda legislativa con perspectiva de género y contribuyan de manera efectiva al avance de la igualdad sustantiva en la entidad.

“El presente impulso legislativo tiene como uno de sus principales objetivos optimizar, mejorar, reforzar y actualizar la organización y realización del Parlamento de Mujeres en el Estado”, sostuvo la legisladora de la bancada del PT.

Destacó que una de las principales innovaciones de la iniciativa es la incorporación de foros con una visión universalizada, diseñados para alcanzar a mujeres de todo el territorio estatal, sin distinción geográfica, social o cultural. Estos espacios permitirán ampliar la participación social y generar conciencia en comunidades donde aún persisten prácticas patriarcales y conductas machistas que normalizan la violencia de género.

El Parlamento de Mujeres de Baja California Sur tendrá como sede la Sala de Sesiones “General José María Morelos y Pavón”, y la Comisión de Igualdad de Género podrá optar por realizar un Parlamento por cada legislatura y/o foros temáticos en los municipios, consolidando así un modelo flexible, participativo y representativo. Esta propuesta, fue asignada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.

El Parlamento de Mujeres estará integrado por 21 parlamentarias, quienes fungirán como legisladoras únicamente durante la Sesión Solemne en la que se celebre este ejercicio democrático. Las participantes desarrollarán una jornada de trabajo estructurada en mesas temáticas, cuya agenda será definida en la convocatoria correspondiente y coordinada por un cuerpo de asesoras y asesores adscritos a la Comisión Permanente de Igualdad de Género.

Los proyectos y propuestas que resulten de cada mesa serán analizados por la comisión, con la finalidad de valorar su incorporación a la agenda legislativa y, en su caso, presentarlos ante el pleno del Congreso del Estado.

Asimismo, la iniciativa establece que la Junta de Gobierno y Coordinación Política deberá prever anualmente una partida presupuestal suficiente y proporcional al número de actividades programadas para la realización del Parlamento o de los foros, garantizando su viabilidad operativa y continuidad.

Otra de las disposiciones relevantes es que el Parlamento de Mujeres se lleve a cabo preferentemente en el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha emblemática que recuerda la lucha histórica por la igualdad de género y el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en todas las esferas de la vida.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, emitirá la convocatoria con al menos 30 días de anticipación, dirigida a mujeres de instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general interesada en temas de género.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco del 51 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de Baja California Sur, el profesor Marco Antonio Ojeda García, a nombre de la sociedad civil, llamó a los integrantes de la XVII Legislatura a seguir fortaleciendo políticas públicas que reconozcan a la cultura como eje de desarrollo para BCS.

En sesión solemne celebrada este jueves 15 de enero, encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el presidente del actual período ordinario de sesiones, Erick Ivan Agundez Cervantes y la Magistrada Presidenta Claudia Janeth Cota Peña, Presidenta del Tribunal Superior de  Justicia, el reconocido promotor de cultura y arte, pidió al jefe del Ejecutivo Estatal, que siga trabajando a favor del desarrollo cultural y la comunidad artística e Baja California Sur.

Cumpliendo con el protocolo establecido, el presidente de la Mesa Directiva, Erick Ivan Agundez Cervantes, dio lectura al decreto 2169 que instituye la conmemoración de la promulgación del Aniversario de la Constitución de BCS.

Por su parte, la magistrada Claudia Jeanette Cota Peña, durante su intervención destacó que el gran significado cívico e histórico para todas y todos,  es un espacio propicio para  asegurar categóricamente a las y los habitantes de Baja California Sur que los deseos de cambio y transformación social, política y económica que buscaron otras generaciones de mujeres y hombres de nuestra tierra sudcaliforniana se han ido cumpliendo en el transcurrir de los  51 años de vida autónoma de nuestra Patria Chica, teniendo como guía fundamental nuestro texto constitucional.

En ese sentido, reconoció a los Constituyentes de Baja California Sur:  Armando Aguilar Paniagua, Armando Santiesteban Cota, Armando Trasviña Taylor, Fernando I. Cota Sández, Eligio Soto López, Manuel Davis Ramírez y María Luisa Salcedo Morales, por su labor realizada hace más de medio

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la primera sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Baja California Sur, el diputado Venustiano Pérez Sánchez (Morena) propuso adicionar los Artículos 45  Bis y 46 Bis a la Ley de  los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, a fin de establecer la suspensión preventiva obligatoria de trabajadores del sector educativo y la obligación de los mismos para interponer denuncia en casos de violencia y delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La propuesta legislativa fue elaborada por la licenciada Valessia Estrada Taylor, en representación y como coordinadora del grupo de orientación jurídica y psicólogos afines al legislador, quienes buscan fortalecer la erradicación de la violencia sexual en instituciones educativas del Estado.

La propuesta se armoniza con los Artículos 79 al 81 y 137 y 138 de la Ley de Educación del Estado de BCS, presentada también por el legislador Pérez Sánchez, quien enfatizó que la propuesta no criminaliza a quienes laboran en el sector educativo.

La propuesta establece respecto a la suspensión preventiva obligatoria en casos de violencia o delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que «cuando exista una denuncia penal, carpeta de investigación iniciada, reporte policial homologado o noticia criminal que involucre a un trabajador del sector educativo por hechos que puedan constituir delitos sexuales, violencia, maltrato físico, psicológico o cualquier conducta que vulnere la integridad de niñas, niños o adolescentes, la autoridad empleadora deberá ordenar de manera inmediata la suspensión temporal del trabajador, sin perjuicio de sus derechos laborales y sin menoscabo de su salario”.

Establece que dicha suspensión no afecta derechos laborales ni implica una sanción, sino que se dirige exclusivamente a proteger la integridad de los menores y preservar la investigación penal.

Mediante la adición del Artículo 45 Bis, de la obligación de denuncia y responsabilidad por omisión, establece que “las personas servidoras públicas del sector educativo tienen la obligación de denunciar de manera inmediata y directa ante el Ministerio Público o fiscalías cualquier hecho que pudiera constituir delito en perjuicio de niñas, niños o adolescentes».

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, diputados y diputadas de Baja California Sur aprobaron la iniciativa presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, mediante la cual se crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para Baja California Sur, armonizándola con la Ley General recientemente emitida por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la nueva normativa, quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para un tercero, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, será sancionado con 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA. Además, las penas previstas podrán aumentar de 4 a 8 años adicionales.

Esta legislación tiene como propósito establecer el tipo penal básico aplicable en toda la República Mexicana, así como sus sanciones, agravantes y delitos vinculados. También define reglas y procedimientos para la investigación, persecución y ejecución penal; y establece acciones, programas y políticas transversales que las autoridades deberán implementar para la prevención efectiva de la extorsión. Todo ello bajo los principios de actuación inmediata, eficiente, imparcial, profesional y sin discriminación por razón de sexo u otra condición.

Con esta aprobación, Baja California Sur fortalece su marco jurídico para combatir la extorsión, precisando competencias, procedimientos y sanciones, y consolidando la coordinación interinstitucional necesaria para prevenir y perseguir un delito que afecta a familias, comercios y sectores productivos.

La nueva ley establece que el delito de extorsión deberá investigarse y perseguirse de oficio, además de crear mecanismos integrales para su atención, investigación y sanción.

Durante la discusión en lo particular, se aprobaron las reservas presentadas por el diputado Eduardo Van Wormer a los Artículos 3, 4 y 8, así como a los Artículos transitorios segundo, cuarto y séptimo. Las modificaciones armonizan la ley estatal con el marco jurídico nacional en materia de extorsión, precisan competencias entre los órdenes de gobierno, fortalecen la coordinación institucional y garantizan el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se actualizan diversas disposiciones transitorias para otorgar certeza jurídica y se fija un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, que será clave para atender a las víctimas y canalizar investigaciones con oportunidad y eficacia.