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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Venustiano Pérez Sánchez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 72 y derogar el 75 del Código Civil del Estado y asegurar que todas las niñas y niños tengan una identidad reconocida desde su nacimiento.

El legislador plantea eliminar trabas legales que impiden a madres y padres registrar libremente a sus hijas e hijos, sin importar su estado civil. Actualmente, la ley impide que una mujer casada registre como padre biológico a alguien distinto de su esposo, lo que vulnera el derecho de la infancia a conocer su origen y su identidad real.

Con esta reforma, madres y padres podrán reconocer voluntariamente a sus hijas e hijos, y se eliminarán procedimientos innecesarios ante el Ministerio Público.

La iniciativa se basa en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucionales normas similares por ser discriminatorias.

La propuesta busca que Baja California Sur cuente con leyes más humanas, igualitarias y que protejan el interés superior de la niñez. De esta manera, se garantizará que todas las niñas y niños tengan derecho a una identidad clara y sin discriminación y plenamente reconocida por la ley, señala el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XVII Legislatura de Baja California Sur aprobaron dos importantes iniciativas en materia de combate y erradicación de diferentes tipos de violencia contra la mujer; se trata de la “Ley Melanie” que previene y castiga la violencia en el noviazgo y de la “Ley Monse” que penaliza casos de encubrimiento de familiares o amigos de responsables de los delitos de feminicidio y homicidio.

La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidió con la promotora de ambas iniciativas de reformas al Código Penal estatal, la diputada Karina Olivas Parra.

La iniciativa de la “Ley Melanie” busca prevenir y castigar la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra la mujer. Fue equiparada al delito de violencia familiar, en su Artículo 202, evocando el postulado de que no hay provocación que justifique la violencia y que el amor, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe de doler.

Este paso legislativo fortalece al marco jurídico estatal, ya que se suma a la armonización vigente de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Artículo quinto, donde se reconoce como un tipo de violencia familiar.

En el caso de la “Ley Monse”, la comisión dictaminadora observó viable la propuesta que armoniza el Código Penal de BCS con la reforma que hizo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Código Penal federal en octubre de 2022.

Se elimina de las excusas absolutorias en los casos de encubrimiento de un responsable de feminicidio u homicidio, es decir ni parejas, familiares, ni amigos u otra persona a fin, será eximido de responsabilidad penal como ocurría con la legislación anterior a la reforma penal.

“Estamos mandando un mensaje muy claro a la sociedad sudcaliforniana de que estamos ocupados en fortalecer el marco jurídico que permita a las mujeres su desarrollo pleno, y libre de violencia. Pero al mismo tiempo de que habrá un castigo”, estableció el dictamen.

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La Paz, Baja California Sur (BCS),. Para fortalecer los mecanismos democráticos y fomentar la corresponsabilidad entre poderes, donde el Congreso del Estado participe directamente en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, el diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, presentó iniciativa con proyecto de decreto.

Su propuesta busca consolidar un modelo de planeación participativo, democrático y corresponsable, donde el Congreso actúe no solo como observador, sino como garante, evaluador y coadyuvante en el desarrollo estatal.

El Plan Estatal de Desarrollo constituye el instrumento rector mediante el cual el Gobierno del Estado orienta sus políticas públicas, programas y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental; y por el que el nuestro estado se alinea al Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, a nivel local, su elaboración, aprobación y evaluación han recaído históricamente de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo, limitando con ello la participación activa del Poder Legislativo, máxima representación popular, en un tema de interés público y de trascendencia estatal.

Desde su perspectiva, para el legislador abanderado del PRI, es necesario que el Congreso del Estado participe de manera directa en la aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, asegurando que dicho instrumento responda de forma efectiva a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Y es que, otorgar al Congreso la facultad de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo permitirá fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y equilibrio institucional, generando una planeación más plural, incluyente y con visión de Estado.

La iniciativa propone también que el Poder Ejecutivo informe de manera periódica al Congreso sobre el grado de cumplimiento del plan, a fin de que éste, mediante las comisiones competentes, pueda emitir observaciones, realizar un seguimiento puntual y evaluar los resultados alcanzados, lo que robustece la evaluación del desempeño gubernamental, promueve un ejercicio más responsable de la función pública, y fomenta la obtención y cumplimiento de resultados.

Esto permitirá que los informes presentados por el Ejecutivo, mejoren como instrumentos efectivos de rendición de cuentas, orientados a la evolución positiva continua de las políticas públicas y al cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal, y nos encaminará a que la población sudcaliforniana aumente la confianza en sus gobernantes.

Aprobar la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, implica reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de Baja California Sur y la Ley de Planeación, relativas al Plan Estatal de Desarrollo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Asuntos Comerciales y Turísticos, la iniciativa presentada por la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza, mediante la cual se busca incluir en la Ley de Turismo para el Estado que cuando los turistas sean personas con discapacidad, se les garanticen el servicio y permita el acceso con los implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su movilidad, uso personal, incluyendo cualquier animal de asistencia o apoyo.

Al hacer uso de la tribuna, Collins Mendoza puntualizó que se busca fortalecer las normas existentes en la materia, en cuanto a las obligaciones que tienen los prestadores de servicios turísticos a fin de darle una mayor claridad y dimensión protectora a dichas disposiciones.

Lo anterior, precisó la legisladora, en atención a lo que establece la Ley de Turismo estatal, marco legislativo que tiene por objetivo, facilitar y garantizar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible, estipulado en el concepto de “Turismo Accesible”, como política pública

Por lo que, a fin de respaldar el principio de accesibilidad en las instalaciones turísticas de manera que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan acceder a las instalaciones en igualdad de condiciones, con la mayor autonomía posible, es que la diputada Dalia Collins Mendoza propuso iniciativa que propone fortalecer las normas de “Turismo Accesible”.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de proteger la integridad de las personas y fomentar una tenencia responsable de animales, el diputado Erick Ivan Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa denominada “Ley Santos”, que busca incorporar al Ley Santos del Estado los delitos de lesiones por ataque y homicidio por ataque animal.

Se propone adicionar los artículos 134 Bis y 139 Bis al Código Penal del Estado para tipificar los delitos de homicidio por ataque animal, con penas de 4 a 8 años de prisión para propietarios o responsables cuando un animal cause la muerte de una persona o lesiones, sancionando a quienes permitan o provoquen, por omisión o negligencia, que un animal cause lesiones a otra persona.

La iniciativa responsabiliza penalmente a las personas propietarias o responsables de animales que, por omisión o negligencia, permitan ataques que causen daño o la muerte a terceros.

Este proyecto toma su nombre en honor a Santos Medina González, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad fallecido en 2013 tras un ataque de un perro mientras realizaba sus labores en Ciudad Insurgentes. La propuesta responde al aumento de casos similares registrados tanto en el Estado como a nivel nacional.

Esta medida también busca generar conciencia en la sociedad sobre el deber que implica tener a un animal bajo resguardo, especialmente si este representa un riesgo para la comunidad.

Asimismo, se contempla un incremento en las penas cuando la víctima sea una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o mujer embarazada; cuando existan antecedentes del comportamiento agresivo del animal; o cuando el ataque sea colectivo, es decir, cometido por varios animales.