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La Paz, Baja California Sur (BCS). «En la Delegación de Cabo San Lucas, todos los días percibimos que el ánimo en la sociedad es a favor de la creación del sexto municipio, porque es algo que no se puede posponer», afirmó el diputado Sergio Huerta Leggs, al presidir la comparecencia de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Bertha Montaño, donde se abordó el tema de la creación del nuevo municipio.

Al iniciar la primera de varias jornadas de trabajo, los legisladores Sergio Huerta Leggs, presidente de la Comisión Especial Plural Coadyuvante, y la diputada Alondra Torres García, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, refrendaron su compromiso de poner todo su empeño en hacer un trabajo responsable, en la tarea que les fue asignada.

Los y las legisladoras ahí reunidas, escucharon a la titular de Finanzas y su equipo de colaboradores, que presentaron datos presupuestales sobre el impacto y repercusiones en el resto de los municipios del Estado, ante la creación de un nuevo municipio.

Huerta Leggs destacó que profesionistas, líderes de opinión, representantes de la sociedad civil, mujeres y hombres de las colonias populares, han vertido su opinión a favor, “lo cual nos alienta a seguir trabajando intensamente con todos los sectores sociales, escuchándolos para legislar y  de esta forma tomar decisiones con el respaldo de la información que en esta etapa de consulta tendremos”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de agilizar los procedimientos de justicia burocrática y frenar los pagos elevados por concepto de laudos laborales que enfrentan los poderes públicos del Estado y sus órganos autónomos, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.

La propuesta busca establecer que los servidores públicos de confianza tengan nombramientos exclusivamente temporales, sin derecho a estabilidad laboral, aunque conservando las medidas de protección al salario y acceso a la seguridad social. De esta manera, se pretende evitar que, al concluir las administraciones estatales o municipales, estos funcionarios demanden pagos millonarios por salarios caídos o indemnizaciones, amparados en vacíos legales.

Morena argumenta que los recursos destinados al cumplimiento de estos laudos provienen del presupuesto público, afectando directamente a la prestación de servicios y al otorgamiento de estímulos a trabajadores de base.

Entre los puntos más relevantes de la reforma, se establece que en los juicios iniciados por trabajadores de confianza, en caso de despido injustificado, el pago de salarios caídos será por un periodo máximo de 12 meses. Además, los procedimientos deberán tramitarse y resolverse también en un plazo máximo de 12 meses, armonizando la duración del juicio con el límite para el pago de dichos salarios.

Asimismo, se otorgan nuevas facultades al Tribunal Burocrático del Estado, que podrá sancionar a abogados, representantes o litigantes que promuevan acciones notoriamente improcedentes o que tengan por objeto dilatar los juicios laborales. Las multas irán de 100 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La reforma aclara que los trabajadores de base no serán afectados por estas modificaciones, ya que las leyes laborales reconocen una protección diferenciada y superior para este grupo.

Los servidores públicos de elección popular directa, al cumplir con una función constitucional de representación, no guardan una relación de subordinación con los poderes o ayuntamientos de la que son parte integrante y no dependientes, por lo tanto al término de su función, no tendrán derecho a recibir  indemnización alguna.

Quedarán igualmente excluidos del régimen de esta ley miembros de instituciones policiales, peritos, agentes del Ministerio Público y personal de vigilancia en establecimientos penitenciarios, así como quienes presten servicios mediante contratos civiles u honorarios.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes 22 de julio, el diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó al pleno iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se busca que, por única ocasión, se cambie temporalmente la sede de los Poderes Públicos del Estado de Baja California Sur, a Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, con motivo del 70 Aniversario de su fundación, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Políticos para su análisis, informa el Congreso del Estado.

El Diputado manifestó que la solicitud se plantea en el marco de 75 aniversario del Municipio de Comondú; ahí mismo, destacó algunas de las actividades y procesos políticos por los cuales «La Toba», Ciudad Insurgentes, fue un referente para la economía y vida política de BCS, siendo un importante productor de algodón en los primeros 25 años de su existencia, gozando de un gran prestigio en diversas partes del mundo en donde era comercializado, en su evolución social y política en 1956 le fue otorgada la categoría de Villa, y tras la reinstalación de la vida municipal en Baja California Sur en 1972 fue elevada a la categoría de Delegación Municipal en el municipio de Comondú.

“Esta iniciativa tiene un gran valor para las mujeres y hombres de La Toba, porque como ciudadanía debemos reconocer nuestros orígenes, la difícil lucha de otras generaciones que llegaron a esta tierra, a trabajar a brazo partido para construir una mejor comunidad, la cual muchos hemos tenido la oportunidad de vida de ver evolucionar y sumarnos a la lucha por mejorar las condiciones de sus habitantes”, afirmó.

Pérez Sánchez dijo que la propuesta del traslado de los poderes públicos tiene el objetivo de que en un acto republicano, los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reconozcan con su presencia por un día a la comunidad y al esfuerzo histórico de los tobeños.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por primera vez impulsado por el Poder Legislativo de BCS, se llevará a cabo el Torneo de Pesca “Copa Legisladores”, los días sábado 9 y domingo 10 de agosto de este 2025; con el apoyo del FONMAR, Ayuntamiento de La Paz y Gobierno del Estado se premiará a los ganadores con una bolsa de 600 mil pesos, informa el Congreso del Estado.

Este martes 22 de julio, los diputados Sergio Polanco, Fabrizio del Castillo, Eduardo Van Wormer y Sergio Guluarte Ceseña, impulsores de la iniciativa, presentaron la convocatoria que ya se encuentra publicada en el sitio web www.cbcs.gob.mx del Congreso del Estado.

El diputado Sergio Guluarte puntualizó las expectativas del primer torneo en alta mar que genera una derrama económica desde la planeación; además, será un torneo con causa cuya parte de los recursos será destinada a refugios para mujeres víctimas de violencia y para dotar con equipo de buceo a estudiantes del CETMAR 04.

Erick Enrique de la Vega Meza, coordinador estatal de torneos FONMARn informó que el torneo se llevará a cabo en la bahía de La Paz, con la especie principal a capturar de dorado. En cuanto a los premios, se entregarán al primer lugar 300 mil pesos, 200 mil al segundo lugar y 100 mil al tercer lugar.

Las Inscripciones serán la tarde del sábado 9 de agosto, en horario de 15:00 hasta las 21:00 horas en el muelle fiscal. Podrán inscribirse equipos de hasta 4 pescadores y tendrán un costo de 5 mil pesos.

El disparo de salida será el domingo 10 de agosto  a las 6:00 am, la báscula se llevará a cabo de las 12:00 a 16:00 horas, y la premiación se efectuará 18:00 horas. Para acompañar el evento, la CANIRAC ofrecerá un convivio gastronómico el domingo a partir de las 12:00 horas, con un costo de 150 pesos.

El presidente de la Comisión de Pesca, diputado secretario Sergio Polanco, dijo que el evento busca reunir a pescadores deportivos, aficionados y sociedad.

Por su parte, el diputado Eduardo Van Wormer Castro invitó a la ciudadanía y trabajadores a formar sus equipos y participar; destacó los esfuerzos de sus homólogos y homólogas para que este torneo se quede como parte de un serial.

Finalmente, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda celebró que este tipo de ideas se materialicen y que más allá de eso sean con causa, en este caso a favor del CETMAR, institución que recientemente planteó una problemática a través de un punto de acuerdo de la diputada Lupita Saldaña.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras diversas reuniones de trabajo, por fin se vislumbra solución al grave problema de contaminación por el constante derrame de aguas negras en Guerrero Negro, informó la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez a través de un comunicado del Congreso del Estado.

Señaló que en reuniones con la titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Tatiana Davis Monzón, y el Director General de Exportadora de Sal (ESSA), Moisés Poblanno Silva, y la propia legisladora de Morena, representante del Distrito XIV, se revisó la situación de la contaminación por derrames de aguas negras en Guerrero Negro, ya que  la laguna de oxidación existente está saturada; por lo anterior,   acordaron retomar e impulsar el proyecto para  la instalación de una planta de tratamiento, proyectada por el Gobierno Federal desde 2022.

La titular de la CEA, Tatiana Davis, señaló que en 2022 el Gobierno Federal había asignado recursos y se elaboró el proyecto para construir una planta de tratamiento, pero esta obra no se construyó porque se carecía del sustento o institución que se hiciera cargo del mantenimiento, mismo que tiene un costo aproximado de 16 millones de pesos anuales.

Fue así que, a instancias y gestión de la diputada Valentín Vázquez, se rescató el proyecto y se solicitará su construcción, porque directivos de  la compañía ESSA, empresa ahora totalmente mexicana, están dispuestos a financiar el mantenimiento y funcionamiento de la planta, y  ser receptores de las aguas grises que pueden utilizarse para lavar maquinaria entre otros usos.

“Con lo anterior, se resolvería la contaminación por los derrames que representan una amenaza de salud pública que la población ha señalado reiteradamente, y que ahora con la coordinación y disposición del Gobierno estatal a través de la CEA, y de Exportadora de Sal”, concluyó la legisladora Teresita de Jesús Valentín.