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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad adicionar los Artículos 1529, 1531 y 2252 del Código Civil para el Estado con el objeto de proteger los derechos de la personas adultas mayores garantizando al cónyuge que sobreviva (mujer u hombre) que pueda disfrutar de manera vitalicia, la vivienda producto del matrimonio, y que no pueda ser vendido por quienes lo recibieron en donación.

En tribuna, José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, precisó que se dictaminó a favor de la iniciativa presentada el pasado 7 de marzo por la diputada Eda María Palacios Márquez, por representar un importante avance en la protección de los derechos de las personas adultas mayores de 60 años, al garantizarles que en aquellos casos de sucesión testamentaria y donaciones, se preservará el derecho del usufructo en favor del cónyuge que sobreviva y no sea heredero testamentario; así mismo, dictaminaron la obligatoriedad para el notario que expida el instrumento público de donación, de incluir una cláusula de usufructo vitalicio sobre bienes otorgados a los donatarios, a fin de salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores de 60 años.

Coincidieron con la iniciativa, al buscar prevenir que los adultos mayores puedan ser víctimas de engaños o de abusos cuando tiene a bien donar un bien inmueble como una vivienda y protegerlos de no ser desplazados del inmueble que constituía la sede del hogar matrimonial, por lo que, como una medida de protección a la mujer y a la familia, se aprobó incorporar la figura del usufructo vitalicio en la sucesión legitima cuando exista solo un bien producto de la herencia, que en la mayoría de los casos es la casa que habitaban ambos cónyuges. Esta figura permitirá usar y disfrutar del hogar producto del matrimonio, mientras viva la persona que ostente el derecho.

La diputada Eda Palacios dijo que con la inclusión en la legislación civil, se garantiza una protección a este sector vulnerable susceptible de ser sujeto de abusos patrimoniales y que se llegue al extremo de que se les quiten sus bienes y se queden en el abandono total por dichas circunstancias, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad adicionar el Código Penal estatal, a fin de que no prescriba la acción penal de los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, se da a conocer a través de un comunicado oficial.

La comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidió con la diputada María Luisa Ojeda González, en que los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual (violación, acoso sexual, corrupción de menores, entre otros) son delitos graves que afectan no sólo la vida sexual, sino la vida en general de las personas, ya que la afectación psicológica, física y emocional tienen impacto durante toda la vida y requieren de tratamientos y terapias psicológicas.

Fue adicionado un párrafo al Artículo 112 del Código Penal para BCS en el que quedó establecido que “No prescribirá la acción penal de los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual”, armonizando el Código Penal Federal al Código Penal para el Estado.

El dictamen consideró modificar la redacción de la propuesta inicial a fin de dar claridad a la reforma para que el delito no prescriba bajo ninguna circunstancia, ya que no sólo recae en agravio de menores de edad y de personas que no tienen capacidad para comprender el hecho o que no tienen la capacidad para resistirlo, es decir, el ejercicio de la acción penal no prescribirá, con independencia de la persona contra quien se cometa.

La diputada Ojeda González destacó que el Congreso del Estado puso a BCS a la vanguardia en cuanto a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, puesto que el 21 de junio de 2022, se presentó una primera iniciativa para que no extinguiera la acción penal para quienes son menores de edad, misma que fue aprobada de manera unánime, antes de que fuera propuesta y aprobada en el Congreso de la Unión, “acción que merece mi reconocimiento para mis compañeras y compañeros”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con 4 votos a favor y 15 en contra, el pleno del Congreso del Estado  rechazó la proposición con punto de acuerdo de la diputada Blanca Márquez Espinoza mediante el cual se buscaba dar continuidad al proceso de la iniciativa con proyecto de decreto presentada el 5 de diciembre de 2023, el cual reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana para BCS en Materia de Revocación de Mandato y se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur.

A través de un comunicado oficial, se da a conocer que Márquez Espinoza propuso que el pleno acuerde dar cumplimiento al Artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo respecto a llevarse a cabo la iniciativa referida, “qué razón tiene presentar iniciativas si sólo quedarán en eso, si no serán discutidas, dónde queda el trabajo y estudio realizado en su elaboración, como coloquialmente se dice, se quedan en la congeladora, violando todo lo mencionado”, y lamentó, el tener que acudir a tribuna para exigir que se cumpla con los procesos legislativos, así como el que las comisiones y quien preside la mesa directiva cumplan con sus obligaciones y se discuta.

La Diputada insistió en que el asunto presentado trata de un derecho constitucional y “tiene que ser tratado de manera urgente por este Poder Legislativo, ya que de no ser así, estaremos limitando y dificultando el uso de un derecho que nosotros mismos ya le hemos otorgado a los sudcalifornianos”.

No obstante, el pleno de la XVI Legislatura descartó el punto, toda vez que, en la discusión del tema, el diputado José María Avilés Castro expresó su voto en contra, al enfatizar que no podía ser sometido a consideración al no existir una partida presupuestal para la realización de dicha consulta en 2024: “Los tiempos no están rebasados, hay un dictamen y tenemos que, de manera responsable, emitir en el anteproyecto de presupuesto de 2025 una partida que consolide los gastos con una solicitud presentada”, afirmó.

Añadió que, lo anterior atiende a lo mandatado en el Artículo 16, Párrafo Segundo, de la Ley de Disciplina Financiera, el cual dice a la letra “Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto”, condición que no se consideró en el punto de acuerdo, dejando sin materia la propuesta presentada por la diputada Márquez Espinoza.

El punto de acuerdo solicitaba que otra comisión agilizará la elaboración del dictamen cuando éste ya está listo, sólo que de acuerdo al proceso legislativo y de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera en su Artículo 16, Párrafo Dos, ningún proyecto de dictamen se puede presentar mientras no se tenga la estimación del impacto financiero, de lo que va a costar un ejercicio. Esto en virtud de que la propia ley indica que en los tres meses después de concluirse los tres primeros años de ejercicio gubernamental, se iniciará con el procedimiento, en esto hay requisitos que no se substancian en poco tiempo, como el de recabar 60 mil firmas de solicitantes de la consulta para que pueda llevarse a cabo la consulta de revocación. Además. el proyecto de presupuesto que se presenta en agosto, debe de incluirse el recurso necesario para esta consulta.

Finalmente, manifestó su sorpresa ante el punto de acuerdo presentado por su homóloga, al mencionar que en la actual legislatura se ha trabajado para ser cuidadosos en la diplomacia y entendimiento antes de hacer planteamientos como el antes presentado, debiendo haber sido consensuado con las y los diputados de las comisiones dictaminadoras; Avilés Castro añadió estar en acuerdo con la consulta, “ya que la revocación de mandato es una herramienta fundamental para la ciudadanía, tan es así que ya se han realizado dos con anterioridad”, indicó.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En BCS es urgente un plan de rescate de la medicina social a mediano plazo, construir mayor infraestructura, abrir más plazas y oportunamente se dote de medicamentos, así lo expresó en tribuna la diputada Karelly Sariñana González.

A través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado, la legisladora destacó que la medicina social en México requiere de un replanteamiento de fondo porque la demanda ha rebasado la capacidad de atención de quienes solicitan los servicios médicos de IMSS e ISSSTE.

Consideró urgente que el gobierno e iniciativa privada signen un acuerdo que permita superar el rezago en el que actualmente se encuentra la medicina social en BCS, ya que posponerlo, es arriesgar la integridad de las familias sudcalifornianas, señaló Sariñana González.

Y es que, tan sólo en el municipio de Los Cabos, se requiere de una mayor infraestructura en todos los sentidos para ofrecer el servicio de calidad y calidez, acotó Sariñana González, quien desde hace dos años se desempeña como enfermera en la Clínica Número 38 del IMSS en San José del Cabo.

Explicó que, en su experiencia, es inaplazable emprender acciones para mejorar la salud de quienes llegan a las instalaciones de los hospitales buscando una atención con calidad y calidez. “Como sociedad sudcaliforniana, como trabajadores de la salud y los diversos sectores que reciben atención en las instancias de la medicina social en BCS, debemos establecer una propuesta general y con particularidades para que el próximo gobierno federal atienda lo relacionado con el tema de la salud como una prioridad igual de importante que el agua”, concluye el comunicado dle Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Congreso del Estado exhortará al Ejecutivo Estatal para que insista en los trámites para llevar cabo el proyecto de edificación y abastecimiento de un Hospital con Especialidades de Tercer Nivel de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas, que preste servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización, y que deba realizar a favor de los usuarios actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados paliativos, así como de formación y desarrollo de personal para la salud, y de investigación científica, para el municipio de Los Cabos.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que también se le hará un llamado al Presidente Municipal de Los Cabos para continuar con los trámites de regularización que sean necesarios, para protocolizar el predio para poder llevar a cabo el sanatorio en San José del Cabo.

Se  trató de una proposición con punto de acuerdo del diputado Ismael Rodríguez Piña, en el cual precisó que el 30 de marzo de 2023 fueron presentados datos que respaldaban la proposición llevada al pleno el 21 de septiembre de 2021, que de acuerdo con el censo de población 2020 del INEGI, en el municipio de Los Cabos, la afiliación a servicios de salud de sus habitantes, corresponde el 73.7% al IMSS, 17.9 % al INSABI, 6.6% al ISSSTE, 0.6% al IMSS Bienestar, 0.2% a Pemex, Sedena y Marina, 2.2% a instituciones privadas y 0.3 % a otras instituciones.

Lo anterior, sin dejar de lado, como se destacó en septiembre de 2021, que existen lesiones y enfermedades que pueden ser mortales si éstas no se atienden con urgencia en cuidados intensivos, como quemaduras severas, ataque cardiaco, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, por mencionar algunos. “Es así que aunado a todo lo anterior, y estando en total acuerdo con lo llevado a cabo por los legisladores a que he aludido, hago patente mi preocupación firme y necesaria para apoyar sobre manera la creación de una obra en materia de salud como la comentada”, afirmó Rodríguez Piña.

Por su parte, la diputada Eda María Palacios Márquez, promovente de la proposición, manifestó su apoyo y solicitó adicionar una petición, para que se exhorte al Ejecutivo estatal para que se gestione un programa de becas para quienes deseen estudiar la carrera de medicina y no cuenten con los recursos necesarios. “Si queremos avanzar en temas de salud debemos apostar por más profesionistas de la salud y que trabajen en las clínicas de la entidad, mientras no contemos con la carrera, se debe implementar un esquema de becas”, concluyó.