FOTOS: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Ley Alina”, la cual tiene como propósito garantizar justicia para las mujeres que se defienden de la violencia, evitar su criminalización y reconocer la legítima defensa como una reacción humana ante un peligro real, y no como un delito.

La propuesta se inspira en el caso de Alina Narciso Tehuaxtle, una mujer policía que fue sentenciada a 45 años de prisión tras defenderse de su pareja agresor. Después de permanecer más de 3 años en prisión, fue liberada en 2023, al comprobarse que actuó en un contexto de violencia de género y en defensa de su vida.

La iniciativa plantea reformar el Código Penal del Estado con el objetivo de establecer que se presuma la legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando una mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o se encuentre en riesgo de sufrirla.

Asimismo, se propone que no se considere exceso en la defensa si la mujer actúa en un estado de miedo, terror o confusión que afecte su capacidad de racionalizar la respuesta o los medios empleados. También se establece que las autoridades deberán juzgar estos casos con perspectiva de género y enfoque inter seccional, y que el mismo criterio se aplique cuando una persona actúe en defensa de una mujer en peligro.

Esta iniciativa ya ha sido aprobada en estados como Baja California y Tamaulipas, y presentada en entidades como Chihuahua, Estado de México y la Cámara de Diputados federal.

Con esta iniciativa, se busca contribuir al cierre de brechas de desigualdad, erradicar la violencia contra las mujeres y brindar herramientas jurídicas que protejan a quienes han sido víctimas y han actuado en defensa propia.

FOTOS: Facebook | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Sergio Guluarte Ceseña anunció la instalación de un centro de acopio en el Congreso del Estado a partir de hoy miércoles 17 de septiembre, para reunir víveres, ropa, artículos de higiene personal y todo lo que permita aliviar la difícil situación que hoy enfrentan familias en San Ignacio, tras los efectos de la tormenta tropical «Mario».

El legislador convocó a la ciudadanía en general, a las instituciones públicas y privadas, así como a las organizaciones sociales, a sumarse a este esfuerzo colectivo.

Por otro lado, destacó los trabajos iniciados para la reconstrucción del municipio de La Paz, se pronunció para que siga prevaleciendo la coordinación de esfuerzos entre autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, en beneficio de las y los ciudadanos.

Y es que subrayó que a 15 días de que iniciaron dichos trabajos, se registran 44 mil 800 metros lineales de terracería y limpieza que representa un avance cercano al 60%, trabajos realizados bajo la coordinación con OOMSAPAS, Sustentabilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Paz, así como con apoyo del Gobierno del Estado, la aplicación de 317 metros cúbicos de asfalto en labores intensivas de bacheo.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Baja California Sur con el objetivo de reconocer y sancionar legalmente el acoso laboral y el acoso laboral por razón de género.

La propuesta busca que este tipo de conductas ya no queden impunes y tengan consecuencias legales claras, aun cuando no tengan connotación sexual.

La iniciativa se fundamenta en leyes nacionales e internacionales que promueven el derecho a un trabajo libre de violencia, especialmente para las mujeres. Además, se apoya en datos recientes que evidencian la magnitud del problema: casi el 44% de las personas profesionistas han sufrido acoso laboral, y muchas de ellas han tenido que renunciar por estas situaciones.

Actualmente, el Código Penal de BCS solo contempla sanciones para el acoso y hostigamiento de tipo sexual, pero deja fuera otras formas de violencia laboral como humillaciones, burlas, sobrecarga de trabajo, exclusión o discriminación por razón de género. Por ello, la diputada propone crear un nuevo capítulo que incluya dos artículos: el 196 Bis y el 196 Ter.

El artículo 196 Bis definiría el acoso laboral general y establecería sanciones de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 300 UMA. En tanto, el artículo 196 Ter abordaría el acoso laboral por razón de género, con penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de hasta 500 UMA.

La iniciativa también contempla agravantes. Si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o si el agresor es un servidor público o candidato a un cargo de elección popular, las sanciones podrían aumentar a 3 a 8 años de prisión, además de multas mayores y la inhabilitación o retiro de candidatura.

La reforma aplicaría tanto en el sector público como en el privado, y en trabajos formales e informales. Entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Lupita Saldaña Cisneros presentó una iniciativa con proyecto de decreto que propone la creación de un Sistema Estatal de Cuidados de Baja California Sur, informa el Congreso del Estado.

Esta instancia, tendrá por objeto asegurar el acceso universal, progresivo y equitativo a servicios de calidad, reconociendo y redistribuyendo el trabajo de cuidado no remunerado, y fomentando la corresponsabilidad social y de género, sentando las bases de una política pública articulada que beneficie a niñas y niños.

De aprobarse esta iniciativa, se contará con estancias y centros de cuidado de calidad para personas con discapacidad y adultos mayores que recibirán atención especializada y oportuna; para familias trabajadoras que podrán conciliar mejor su vida laboral con sus responsabilidades de cuidado;y particularmente a las mujeres, quienes pueden ver liberadas horas de su tiempo para desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones.

Durante su intervención, Saldaña Cisneros acotó que Baja California Sur enfrenta un panorama en el que decenas de miles de niños, personas mayores y personas con discapacidad necesitan cuidados, y esas atenciones recaen mayoritariamente en las familias, sin un apoyo articulado del Estado, situación que no sólo genera tensiones y sobreesfuerzo en los hogares, sino que reproduce la desigualdad de género.

FOTOS: SEP | Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos del Congreso del Estado, diputado Martín Escogido Flores, presidente y las diputadas Lourdes Cornejo Rendón y Lupita Saldaña Cisneros, secretarias, presentaron una iniciativa para la creación del Parlamento Infantil Sudcaliforniano denominado “Formando la Nueva Democracia Sudcaliforniana”.

Esta iniciativa tiene como finalidad promover la participación activa de niñas y niños en la vida democrática del Estado, así como fortalecer su formación cívica desde los primeros niveles educativos. El Parlamento Infantil estará dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y fomentará el compromiso social y académico a través del diseño y presentación de proyectos escolares.

Dichos proyectos deberán elaborarse con base en la metodología de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual prioriza un aprendizaje integral, inclusivo y comunitario.

El Parlamento Infantil estará integrado por 21 estudiantes, seleccionados de manera equitativa, quienes recibirán un estímulo económico, un diploma de reconocimiento y un broche distintivo del Poder Legislativo.

La convocatoria será publicada durante la primera semana de octubre de cada año escolar, y la selección se realizará en dos etapas: una interna, en cada escuela participante, y una distrital, donde se evaluarán los proyectos conforme a los principios de la NEM y el enfoque de aprendizaje basado en proyectos comunitarios.

La organización del Parlamento contará con el respaldo y colaboración de diversas instituciones del Estado, entre ellas: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Estatal Electoral, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los cinco ayuntamientos de la entidad.