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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado analiza, desde hoy, una iniciativa ciudadana que propone imponer de dos a seis años de prisión y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice e imparta, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona contra su voluntad, y se perseguirá de oficio.

Así es la iniciativa recibida por el Poder Legislativo por los ciudadanos Cintya Dinorah Omart López y Rafael Loera Vázquez, a la cual se le dio lectura en la sesión ordinaria de este jueves 18 de abril, con base en los protocolos que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Dicha propuesta que se turnó a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y de Justicia, implica modificar el Artículo 205 Bis del Código Penal de Baja California Sur.

Excluye de sanción penal a profesionistas que, en ejercicio de la práctica en psicología o psiquiatría, les sea solicitado algún tratamiento por una persona que estime padecer “distrofia de género”, así como el padre, madre o tutor que solicite este servicio profesional con la anuencia de su hijo.

En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima, los que incurran en esas conductas sancionadas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

Las sanciones se duplicarán, cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquiera que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de la función pública para cometer el delito y cuando se emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.

En adición, para la función pública, se castigará con destitución e inhabilitación a desempeñar el cargo u omisión, de cualquiera otro de carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó modificar la denominación del Capítulo II del Título Séptimo del Código Penal estatal, de discriminación a “Delitos cometidos entre integrantes de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas”, y adiciona el Artículo 205 Ter, al mismo código, con el que se tipifica el discurso de odio.

Con nueve votos a favor, seis abstenciones y cero votos en contra, la presidencia declaró aprobado el dictamen que presentó la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia a la propuesta presentada en el mes de enero de 2023 por la diputada María Guadalupe Moreno Higuera.

En el Artículo 205 Ter quedó establecido referente al discurso de odio que “Se impondrá de dos a cuatro años de prisión o multa de 250 a 400 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 300 días de multa al que por medio de la palabra, escrito, gestos, simbología o cualquier otro medio de comunicación o comportamiento realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, generando expresiones de hostilidad e intolerancia, ya sea en razón de su religión, su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad señalado en el Artículo 205 de este Código”.

La actual legislación no contemplaba el término, por lo que la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, tras el análisis y derecho comparado determinó procedente y fundamentado el tipificar el discurso de odio en el Código Penal para Baja California Sur.

Con la adición se entiende como discurso de odio “El fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas”.

Además de cambiar su denominación, en lo sucesivo el título séptimo comprenderá dos capítulos, el uno denominado “Violencia Familiar” y el segundo “Discriminación y Discursos de Odio”.

La iniciativa surgió como parte de la lucha contra la discriminación y ante las consecuencias a las que se enfrentan las víctimas de alguna manifestación de violencia desplegada a través de conductas de discriminación, mensajes de odio y cualquier otra expresión relacionada.

En la discusión en lo general, la diputada María Luisa Ojeda dijo que en Baja California Sur avanza la legislación, pero que ésta debe de ser más objetiva, clara y cuidadosa, para no dejar lugar a un uso de interpretaciones que puedan ser utilizadas, de manera facciosa o para perturbar la quietud pública, ya que el discurso de odio implica a cualquier expresión verbal, escrito o comportamiento que tiene como objetivo incitar al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación hacia personas por raza, religión, orientación sexual, género, identidad de género, nacionalidad, discapacidad u otras características.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La instalación de una mesa de trabajo interinstitucional donde participe la Subsecretaría de Bienestar y Desarrollo Social, que atienda y resuelva el problema de falta de regularización de predios, especialmente en la población de Vizcaíno, pidió hoy la representante del Distrito XIV diputada Hilcia Dayani González Márquez.

En sesión ordinaria de este jueves, informa el Congreso del Estado, subió a tribuna para pedir la intervención urgente de los tres niveles de gobierno, denunciando que esta situación impide el acceso a diversos servicios para quienes habitan ahí, afectando sus derechos.

Ante la imposibilidad de realizar trámites, mantiene marginadas a las colonias de Vizcaíno que no cuentan con energía eléctrica, agua y alcantarillado entre otros servicios. “La marginación de nueva cuenta se acentúa en el municipio de Mulegé que tiene una tasa de crecimiento alta por la población migrante que llega en la temporada de trabajo agrícola, aportando su trabajo en esa zona altamente productiva contribuyendo a incrementar con su trabajo el Producto Interno Bruto en Baja California Sur”, expresó González Márquez.

Durante su intervención, señaló que el incremento de la migración, para incorporarse a las actividades productivas, genera demanda de viviendas y adquisición de predios, sin embargo, prácticas como las que señala la legisladora, ofrecen, la oportunidad de adquirir una propiedad y patrimonio, resultan atractivas para la población desprotegida que se encuentra con la situación de que esos predios no están regulados y no tienen servicios básicos, condiciones injustas y difíciles para las familias que viven con serias dificultades.

Una parte importante de la población, no puede realizar trámites para acceder a programas sociales de gobierno ni a electrificación, y otro tipo de contratos para infraestructura.

En reciente visita a la comunidad del distrito XIV, se reunió con pobladores de Vizcaíno, quienes expresaron el problema que a la fecha no ha sido atendido, por lo que la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno debe ser inmediata, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso del Estado participa en la Primera Reunión Interinstitucional de las Comisiones de Justicia de los Congresos Locales y Federal (Cocifam) convocada por el Senado de la República, en la que legisladores y legisladoras analizan la armonización del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se informa a través de un comunicado oficial.

En esta reunión parlamentaria dirigida por la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, se prepara a las legislaturas estatales para el reto de armonización que tendrán los estados para reformar el código, el cual se considera una aportación histórica del Congreso de la Unión y congresos locales a la vida cotidiana de los mexicanos, indicó el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado.

Comunicó que en las próximas semanas los congresos locales deberán iniciar el proceso de armonización legislativa, luego de la instalación de una comisión nacional y las comisiones regionales.

Precisó que el nuevo código plantea como asunto esencial la  oralidad, lo que exige nueva infraestructura con salas físicas, así como la digitalización de los procesos, por lo que debe analizarse el impacto presupuestal que representará para el Estado.

Entre otras modificaciones de la armonización legislativa destacan la supletoriedad, la sustitución de expedientes físicos, el priorizar la conciliación y lo que implican reformas constitucionales.

De acuerdo al Artículo segundo, la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor gradualmente, en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027.

En el caso de las entidades federativas, el código entrará en vigor en cada una de éstas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para actualizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, el Congreso del Estado analiza desde hoy una iniciativa con proyecto de decreto que establece el correcto desempeño de los servidores públicos, propuesta presentada por la diputada Rosalva Vergara Martínez.

Lo anterior, para que se cumplan los principios y obligaciones que rigen su actuación, como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficiencia, se informa a través de un comunicado oficial.

En ese sentido, la iniciativa presentada este martes en tribuna, propone reformar las Fracciones VI, IX y X del Artículo 7; y se adicionan las Fracciones XI, XII, XIII y un último párrafo al Artículo 7, un segundo párrafo al Artículo 52, un segundo párrafo al Artículo 53, un segundo párrafo al Artículo 54, un segundo párrafo al Artículo 59 y los Artículos 60 BIS, 63 BIS y 80 BIS, todos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Esta reforma, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, implica incluir dentro de las directrices que observen los servidores públicos la efectiva aplicación de los principios antes descritos en las funciones de administrar los recursos bajo el principio de austeridad; la abstención de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares; así como de intervenir o promover en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco.