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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el firme propósito de lograr justicia, fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reducir las desigualdades estructurales, evitar normalizar la violencia y contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de Baja California Sur, el 4.° Parlamento de Mujeres del Estado emitió una serie de exhortos dirigidos a distintas autoridades estatales.

Desde tribuna, las parlamentarias alzaron la voz para pedir justicia para las mujeres y niñas, presentando tres puntos de acuerdo en la sesión solemne celebrada este viernes en la sala de sesiones, en materia económica, se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, a diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia para las mujeres.

En una sesión presidida por la mesa directiva integrada por las diputadas Mariana Liceaga Gómez, presidenta de la Mesa Directiva del 4to Parlamento de Mujeres, Bárbara Angélica Salgado Cota, vicepresidenta, y Ana Gabriela Salinas Altamirano, secretaria, Claudia Meza de la Toba, subsecretaria de Gobierno, en representación del gobernador Víctor Castro Cosío.

Entre las principales acciones propuestas destacan la reducción de la brecha salarial, el combate a la discriminación laboral —especialmente por razones de género, embarazo o responsabilidades de cuidado—, así como el impulso a la formalización del empleo femenino.

Asimismo, se planteó la creación de un Programa Estatal de Impulso Económico para Mujeres Empresarias y Emprendedoras, con el objetivo de generar un ecosistema integral que permita a las mujeres desarrollar, formalizar y escalar sus negocios de manera sostenible, mediante capacitación, financiamiento y acompañamiento.

En el ámbito de la salud y el bienestar, se exhortó al Gobierno del Estado a implementar políticas públicas con enfoque territorial y de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud sexual, reproductiva y psicológica, especialmente en comunidades rurales. También se propuso la creación de brigadas itinerantes de atención psicológica, programas de apoyo para personas cuidadoras y campañas de concientización para prevenir la violencia y fortalecer el bienestar emocional.

En materia de justicia, llamó a la Procuraduría General de Justicia del Estado para la elaboración de un protocolo de investigación con perspectiva de género e interseccional, así como la certificación del personal de primer contacto, con el fin de evitar la revictimización.

De igual forma, se exhortó a la Secretaría de Educación Pública a incorporar de manera transversal la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención de la violencia en los programas educativos, promoviendo el liderazgo de niñas y adolescentes, así como la capacitación docente y campañas permanentes de sensibilización.

En el ámbito legislativo, se solicitó a diversas comisiones del Congreso del Estado analizar y dictaminar la iniciativa de la Ley para la Protección Integral de Madres Buscadoras, garantizando la participación de colectivos y especialistas, así como la incorporación de principios de debida diligencia, perspectiva de género y no revictimización.

Además, se propuso la implementación de un Mecanismo Estatal de Protección para Madres Buscadoras, que contemple medidas como evaluación de riesgos, acompañamiento policial, atención psicológica especializada y apoyos económicos emergentes.

En materia de seguridad digital, se exhortó al Congreso del Estado a tipificar como delito la creación y difusión de contenido íntimo mediante inteligencia artificial (deepfakes), estableciendo sanciones de 3 a 6 años de prisión, en protección de la dignidad y privacidad de las personas.

Entre otros acuerdos relevantes, se planteó la creación del Instituto de Salud para las Mujeres, la incorporación de la igualdad sustantiva en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, así como el fortalecimiento de acciones para prevenir la violencia en jóvenes deportistas. Finalmente, se exhortó al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral a continuar vigilando el cumplimiento de la paridad de género en partidos políticos y procesos electorales.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de BCS aprobó el pasado jueves el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se reforma el Artículo 343 del Código Penal estatal, para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos quirúrgicos estéticos practicados de manera indebida.

La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas Parra, la cual plantea incorporar como conducta sancionable la realización de procedimientos quirúrgicos de orden estético en personas menores de edad cuando no se cuente con la autorización expresa de madres, padres o tutores, y cuando dichos procedimientos no tengan fines estrictamente reconstructivos para mejorar la calidad de vida.

El dictamen aprobado determina que, en los casos en que se pretenda autorizar una cirugía de esta naturaleza en una persona menor de edad, deberá acreditarse legalmente el ejercicio de la patria potestad o tutela, además de contar con un dictamen médico que justifique la necesidad del procedimiento y un dictamen psicológico que certifique que la persona menor de edad posee la madurez física y emocional suficiente para comprender sus implicaciones y riesgos.

Olivas Parra precisó que lo que se busca con la reforma aprobada es que el Poder Legislativo cierre cualquier espacio de riesgo, prevenir abusos y garantizar una mayor tutela del interés superior de la niñez, particularmente ante intervenciones que pueden comprometer la integridad física, emocional y el desarrollo de las y los menores.

El dictamen y análisis estuvo a cargo de dicha Comisión integrada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, presidente; Fernando Hoyos Aguilar, secretario; y Sergio Guluarte Ceseña, secretario.

En el régimen transitorio se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, se precisa que los procedimientos penales iniciados con anterioridad continuarán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

Durante su intervención, el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro expresó su respaldo a una reforma que fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes ante procedimientos médicos de riesgo y recordó que dicha reforma está fundamentada en el caso de “Melany”, la cual busca garantizar mayor seguridad y bienestar para la niñez sudcaliforniana.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En reconocimiento a los grandes aportes culturales al Estado, el Congreso del Estado develó la inscripción de las letras doradas del sudcaliforniano ilustre profesor Néstor Agúndez Martínez en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón.

En sesión solemne celebrada en apego al decreto 3236 que mandata la inscripción, representantes de los tres poderes rindieron homenaje al ícono cultural de Baja California Sur, académico, luchador social, artista, y promotor cultural; en suma, toda una historia de trabajo.

La mesa directiva y representantes de los poderes judicial y ejecutivo realizaron la develación de la leyenda. El presidente de la Mesa Directiva e iniciador de la propuesta del homenaje, diputado Martín Escogido Flores, dio lectura al decreto 3236. Externó que Agúndez Martínez construyó procesos culturales de gran importancia para todas y todos quienes vivimos en esta gran entidad, ganándose el aprecio el reconocimiento de propios y extraños.

El presidente de la Comisión de Cultura y Artes, diputado Fabrizio del Castillo Miranda, pronunció que “las personas trascienden por sus hechos y cuando estos estuvieron puestos a favor de la cultura y el arte de un pueblo, la trascendencia cobra mayor interés”. Por ello, dijo, el compromiso que como nueva generación de sudcalifornianos tenemos es seguir difundiendo el patrimonio que nos legó.

En representación de la sociedad civil, el maestro Rubén Manuel Rivera Calderón afirmó en la tribuna que Néstor Agúndez es parte cultural de nuestra historia: “Muy pocas personas lo igualaron. No solo promovió la cultura sudcaliforniana, sino que, en parte, fue creación suya”. Desde la tribuna compartió fragmentos de sonetos escritos por el admirado sudcaliforniano.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de sancionar de manera más eficaz las conductas que vulneran gravemente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en BCS, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez presentó este martes una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

La presidente de la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes explicó que esta propuesta busca garantizar una protección jurídica más amplia y efectiva para este sector; de aprobarse, el Estado avanzaría significativamente en el fortalecimiento de su marco normativo y se colocaría a la vanguardia en la adopción de medidas legislativas orientadas a proteger la integridad, el desarrollo pleno y los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Destacó que el Código Penal estatal presenta áreas de oportunidad importantes, particularmente en la tipificación de conductas que ya están contempladas en la legislación federal, lo que evidencia la necesidad de armonizar el marco jurídico local con los estándares nacionales vigentes para garantizar una protección integral y efectiva.

La legisladora subrayó que es indispensable fortalecer las herramientas jurídicas con las que cuentan las autoridades para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. Precisó que en el Código Penal local no están tipificados de manera expresa delitos como el turismo sexual ni la pederastia, figuras que sí están previstas en el Código Penal Federal. Asimismo, señaló que tampoco se contempla la imprescriptibilidad de estos delitos, lo cual resulta fundamental debido a la gravedad de las conductas y al impacto que generan en las víctimas.

Advirtió que esta omisión puede representar una desventaja para las instituciones encargadas de procurar justicia, al no contar con figuras jurídicas que permitan encuadrar estas conductas y establecer sanciones. Además, la ausencia de estas disposiciones puede generar vacíos legales que dificulten la persecución de los delitos y que, en algunos casos, dejen en estado de indefensión a víctimas que, por su edad o por otras circunstancias, tardan años en denunciar.

La iniciativa adiciona nuevos capítulos relacionados con turismo sexual, pederastia y agravantes de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, todos del Código Penal para el Estado de Baja California Sur. Fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Niñas, Niños y Adolescentes, para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó a la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la entidad, al Gobierno del Estado y municipios, para que se creen centros de acopio para el manejo integral de basura agrícola.

Tras señalar que, actualmente, no se cuenta con centros de acopio donde depositar los residuos agrícolas o agroplásticos, la asamblea legislativa aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) en la sesión de este martes.

El acuerdo llama a los tres órdenes de gobierno para que se establezcan convenios de colaboración para coadyuvar en la autorización y el control de los residuos peligrosos generados por microgeneradores.

La legisladora precisó que los productores agrícolas enfrentan la falta de infraestructura adecuada, por lo que solicitan tanto un plan de manejo como centros de acopio autorizados y supervisados. “Me externaron su preocupación y la necesidad de establecer un mecanismo que atienda esta problemática, que no solamente enfrentan productores de este municipio, sino que es una situación que se suscita en todo el estado”, dijo.

Refirió que la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado establece que es facultad del Ejecutivo estatal regular la gestión integral de residuos sólidos y los residuos de manejo especial, así como la prevención y control de la contaminación generada por estos agroplásticos, así mismo el establecer la creación de infraestructura para el manejo integral de los mismos.