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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la poca presencia del Gobierno federal y la recurrente amenaza del cierre del Golfo de Ulloa a la pesca, el Congreso del Estado de Baja California Sur, exhortó a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) para que a la brevedad, conjuntamente con autoridades estatales, municipales y sector productivo de la pesca del Municipio de Comondú, instalen una mesa de trabajo, con una Agenda definida para tratar los temas del Golfo de Ulloa y la grave crisis económica que viven los pescadores, sobre todo en la zona de Bahía Magdalena en Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

Fue un punto de acuerdo presentado por el diputado Ramiro Ruiz Flores tras recibir la solicitud de pescadores de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, quienes también solicitaron la intervención del Poder Legislativo a fin de impulsar un programa emergente de venta de pescado y mariscos en la actual temporada de Cuaresma.

Ruiz Flores expuso que una veintena de programas federales fueron cancelados a partir de 2019, por lo que los pescadores se quedaron sin recibir una serie de incentivos que los aleja de esquemas de competitividad en el mercado internacional.

Dijo que su situación se ha agravado ya que siguen compitiendo en el mercado internacional, con productores de otro países, cuyos gobiernos los subsidian en forma permanente, como es el camarón que produce Ecuador para exportación que tiene importantes aportes fiscales en su proceso de producción.

Manifestó que el sector pesquero de esa zona también está preocupado por la recurrente amenaza sobre el rumor de un posible cierre a la actividad pesquera en del Golfo de Ulloa, debido a la recurrente muerte de tortugas en los últimos años que diversos grupos ambientalistas responsabilizan a los pescadores, pero que según diversas fuentes no existe una prueba  palpable de su responsabilidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa ciudadana para reformar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares en el Estado, con la finalidad de darle un enfoque más humanitario al procedimiento que viven familiares de víctimas y por otro lado, establecer una participación más activa de autoridades estatales y municipales en la búsqueda de personas, informó el Congreso sudcaliforniano.

La iniciativa fue presentada por la ciudadana Petra Muñoz Pulido, integrante del Colectivo “Sin Ellos No”, quien propone en ese sentido humanitario que los cadáveres víctimas de desaparición forzada o desaparición por particulares, localizados, no sean incinerados o desintegrados, o en su caso que la Fiscalía pueda autorizar la inhumación en condiciones de dignidad, y que los familiares puedan disponer de las pertenencias del ultimado.

Proponen agregar el concepto de “daño emergente” por el cual se entiende los gastos económicos y costos que deben de pagar los familiares durante la búsqueda y posterior a esta; una vez que se logró la localización, este se deberá acreditar mediante recibos y facturas.

Agrega también las “medidas subsidiarias” a los apoyos que en condiciones de dignidad, prestarán los municipios a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

En el Artículo 75 adiciona que la ayuda y asistencia que los familiares reciban incluirá la restitución de los gastos que haya pagado y se consideren como daños emergentes y que acrediten debidamente.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Baja California Sur revocó el inicio anticipado de sesiones del 1 de marzo de 2021, en acato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para retomar la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2020, la cual deberá ser convocada para el 15 de marzo de 2021, informó el propio Congreso sudcaliforniano.

La sesión se llevó a cabo a las 7:00 de la mañana de este viernes 26 de febrero, en cuya orden del día se observaron únicamente dos puntos, el primero, el acuerdo de la Mesa Directiva propuesto por el diputado Presidente Homero González Medrano para dejar sin efecto el acuerdo del 16 de febrero y el segundo, acerca de la elección del representante ciudadano de Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California Sur, el cual se llevará a cabo una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones.

Ambos acuerdos fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Mesa Directiva.

Antes de clausurar la sesión, el diputado Presidente informó acerca de la resolución de la Corte, cuyo texto íntegro se encuentra publicado en la página del Congreso de Baja California Sur y al cual dio lectura la secretaria diputada Milena Quiroga Romero.

La Mesa Directiva precisó que reanudando sesión “el Pleno adoptará las decisiones que estime conducentes para realizar el trabajo legislativo”, pues la sesión a reanudar, corresponde a un periodo que ya se agotó constitucionalmente, precisando que una de esas decisiones es la adopción de la Mesa Directiva para el periodo constitucional que corresponde, y celebrar con ello la sesión solemne.

Una vez celebrando la sesión en esos términos, se levanta la suspensión para que el Gobernador pueda observar los decretos que le hubiesen remitido a partir de la conformación de la Mesa Directiva integrada el 17 de marzo de 2020.

Se precisó también que la entonces Presidenta diputada Daniela Rubio Avilés deberá convocar a la sesión por los medios electrónicos, el orden del día y publicarla en la página web del Congreso a más tardar a las siete de la tarde del día anterior a que se celebre la sesión ordinaria.

Bajo este tenor, la Mesa Directiva precisó que la Corte no retrotrajo ningún acto, que no existe ninguna responsabilidad de los diputados.

Que la Corte no invalidó ningún acto del congreso y finalmente que a validez o invalidez de los actos, sólo será objeto de la sentencia definitiva que se dicte en las controversias 63, 64 y 84.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el incremento del trabajo infantil que data en estadísticas internacionales inclusive el registrado en el municipio de Los Cabos por el impacto de la pandemia la diputada Mercedes Maciel Ortiz (PT) propuso que el Congreso del Estado de Baja California Sur, solicite al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, diseñe e implemente políticas públicas con enfoque de derechos y de género que protejan a las niñas, niños y adolescentes contra la explotación y trabajo infantil, así como al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sistemas municipales DIF así como a la STyDS que informen que mecanismos han implementado para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la explotación y trabajo infantil, colocándolos en situación de riesgo y violación de sus derechos humanos, informó el Congreso sudcaliforniano.

La legisladora hizo énfasis en la información emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en donde, en productos de exportación la mano infantil es incluida, así como en nuestro país en algunos campos agrícolas, por lo que es necesario conocer el informe de las instituciones.

Citó también el caso de Los Cabos en donde se ha registrado mayor presencia de menores trabajando en la calle, como efecto de la pandemia, por un lado por la situación económica de las familias, y por otro lado, por la ausencia de clases presenciales.

El punto de acuerdo busca que las instituciones competentes del velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes informen la situación actual en el ámbito de sus competencias así como las acciones que han emprendido.

“En el caso de Mulegé, Comondú y La Paz es sabido que hay gran número de campos agrícolas donde se contrata mano de obra infantil para pizca, por eso es importante que las autoridades nos comenten esta situación”, expuso.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por acuerdo de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado de Baja California Sur anticipará el primer periodo de sesiones del tercer año constitucional de la XV Legislatura, a partir del 1 de marzo de 2021 a las 11:00 horas en el recinto legislativo, informó el Congreso de Baja California Sur.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente, por lo que el diputado presidente Homero González Medrano citó a las integrantes y a los integrantes de la Legislatura a la sesión pública de apertura el lunes 1 de marzo en la Sala de Sesiones “José María Morelos y Pavón”.

En la misma sesión, el Congreso del Estado de Baja California Sur emitió la convocatoria para la elección de la representación ciudadana en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado.

La diputada secretaria, Milena Quiroga Romero dio lectura a dicha convocatoria dirigida a ciudadanas y ciudadanos interesados, para que registren su postulación conforme a las bases publicadas.

Algunos requisitos son: presentar curriculum vitae, ser ciudadano sudcaliforniano, tener al menos 35 años cumplidos, ser licenciado en derecho y presentar documentos oficiales.

Una vez que fue aprobada dicha convocatoria, se publicó en la página oficial del Poder Legislativo www.cbcs.gob.mx, y la fecha límite de entrega de documentos será hasta el viernes 26 de febrero en el Edificio Legislativo.

Con la elección y protesta del Consejero Ciudadano o Consejera Ciudadana se completará el  proceso de renovación de consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.