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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión de Derechos Humanos e Indígenas del Congreso del Estado, recibió una iniciativa con proyecto de decreto que propone la creación del  organismo público autónomo denominado Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, responsable de garantizar y establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida, económica, política, cultural y social del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

En ese contexto, quien ocupe la titularidad de dicho instituto será nombrada por el Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes y durará en el cargo un periodo de tres años contados a partir de su designación, pudiendo ser ratificada por el propio Congreso solamente por un periodo igual para ser titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.

Esto implica la reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.

En su argumentación, el documento sostiene que, para que el acceso sea real e igualitario del goce de los derechos humanos y este deje de darse basado en paradigmas de poder masculino, las acciones deben modificar el día a día de las mujeres, es decir su aplicación debe dejar de ser etérea para convertirse en acciones contundentes y de impacto en la vida de las mujeres.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Mercedes Maciel Ortiz, declaró suspendida la sesión ordinaria de este jueves 25 de marzo, al no estar completo el quórum, mientras transcurría el tercer punto del orden del día. , informó el Congreso sudcaliforniano.

“Después de la lamentable ausencia de cinco diputadas y diputados que estuvieron al inicio de la sesión, pero que no se encuentran en la sala, tres de ellas si están en la parte de atrás del muro de esta sala, por lo tanto no podemos continuar con esta sesión para no caer en ninguna ilegalidad”, manifestó luego de regresar de un receso de tres minutos para someter a votación el tercer punto del orden del día aprobado.

Desde la presidencia, Maciel Ortiz lamentó el retiro de diputadas y diputados, además de informar que solicitó a los legisladores que se reincorporaran al Pleno.

Conforme al Artículo 41 de la Ley que rige el Congreso, (“Declarar que no hay la asistencia requerida para celebrar Sesión en los términos legales, ordenando a la Secretaría expedir excitativa a los faltantes para que concurran”), declaró suspendida la sesión y citó para el martes 06 de abril a las 11:00 horas.

Los asuntos se reagendarán, ya la sesión no se repondrá y la del 06 de abril será otra sesión ordinaria.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la afectación económica para millones de jubilados y pensionados mexicanos, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó exhortar a las Cámaras de Diputados y de Senadores para que consideren como asunto prioritario de justicia social, el análisis y dictaminación de todas las iniciativas de reformas que plantean que las pensiones y prestaciones de seguridad social se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medidas y Actualización (UMAS) , informó el Congreso sudcaliforniano.

El diputado Marcelo Armenta (MORENA) presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría en la sesión de este 23 de marzo, en el que expuso el llamado a las cámaras para que retomen las discusiones de las reformas constitucionales y a diversos ordenamientos en materia de seguridad social.

De manera explícita el llamado del Congreso de Baja California Sur que es para que se legisle expresa y enfáticamente en la prohibición de la utilización de las UMAS, como unidad de medida para el cálculo de pensiones y demás prestaciones de seguridad social.

El diputado Armenta recordó que la UMA tiene un valor de 89.62 pesos mientras que el salario mínimo actualmente es de 141.70 pesos, es decir una diferencia de 52 pesos menos, que representa un impacto económico real en los ingresos de jubiladas y jubilados.

“Esta afectación económica es lastimosa, ya que por ejemplo, si alguien al jubilarse lo hace con un pago de diez salarios mínimos por día, que es la tasa promedio del tope máximo de pensión, recibiría al mes 42 millones 510 mil pesos, pero si el pago se calcula en UMAS, recibirá $26 mil 886 pesos, esto significa una reducción mensual de 15 mil 6624 pesos para el Jubilado”, evidenció.

En esta propuesta se plantea que se agregue al Artículo 123 de la Constitución que el salario mínimo “se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos cuya naturaleza sea análoga a la del salario, incluidas todas las prestaciones de seguridad social”.

Contempla también llamar a los congresos locales de las legislaturas de las demás entidades federativas, para que se adhieran y sumen al presente exhorto ante el congreso de la unión y en el seno de sus legislaturas en apoyo a las trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados del país.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la poca presencia del Gobierno federal y la recurrente amenaza del cierre del Golfo de Ulloa a la pesca, el Congreso del Estado de Baja California Sur, exhortó a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) para que a la brevedad, conjuntamente con autoridades estatales, municipales y sector productivo de la pesca del Municipio de Comondú, instalen una mesa de trabajo, con una Agenda definida para tratar los temas del Golfo de Ulloa y la grave crisis económica que viven los pescadores, sobre todo en la zona de Bahía Magdalena en Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

Fue un punto de acuerdo presentado por el diputado Ramiro Ruiz Flores tras recibir la solicitud de pescadores de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, quienes también solicitaron la intervención del Poder Legislativo a fin de impulsar un programa emergente de venta de pescado y mariscos en la actual temporada de Cuaresma.

Ruiz Flores expuso que una veintena de programas federales fueron cancelados a partir de 2019, por lo que los pescadores se quedaron sin recibir una serie de incentivos que los aleja de esquemas de competitividad en el mercado internacional.

Dijo que su situación se ha agravado ya que siguen compitiendo en el mercado internacional, con productores de otro países, cuyos gobiernos los subsidian en forma permanente, como es el camarón que produce Ecuador para exportación que tiene importantes aportes fiscales en su proceso de producción.

Manifestó que el sector pesquero de esa zona también está preocupado por la recurrente amenaza sobre el rumor de un posible cierre a la actividad pesquera en del Golfo de Ulloa, debido a la recurrente muerte de tortugas en los últimos años que diversos grupos ambientalistas responsabilizan a los pescadores, pero que según diversas fuentes no existe una prueba  palpable de su responsabilidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa ciudadana para reformar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares en el Estado, con la finalidad de darle un enfoque más humanitario al procedimiento que viven familiares de víctimas y por otro lado, establecer una participación más activa de autoridades estatales y municipales en la búsqueda de personas, informó el Congreso sudcaliforniano.

La iniciativa fue presentada por la ciudadana Petra Muñoz Pulido, integrante del Colectivo “Sin Ellos No”, quien propone en ese sentido humanitario que los cadáveres víctimas de desaparición forzada o desaparición por particulares, localizados, no sean incinerados o desintegrados, o en su caso que la Fiscalía pueda autorizar la inhumación en condiciones de dignidad, y que los familiares puedan disponer de las pertenencias del ultimado.

Proponen agregar el concepto de “daño emergente” por el cual se entiende los gastos económicos y costos que deben de pagar los familiares durante la búsqueda y posterior a esta; una vez que se logró la localización, este se deberá acreditar mediante recibos y facturas.

Agrega también las “medidas subsidiarias” a los apoyos que en condiciones de dignidad, prestarán los municipios a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

En el Artículo 75 adiciona que la ayuda y asistencia que los familiares reciban incluirá la restitución de los gastos que haya pagado y se consideren como daños emergentes y que acrediten debidamente.