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La Paz, Baja California Sur (BCS). Turnan a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa presentada por los diputados Fernando Hoyos Aguilar y Sergio Ricardo Huerta Leggs, mediante la cual se busca que el Estado promueva y difunda la cultura regional que caracteriza las raíces históricas, identidad y tradiciones, atendiendo la diversidad cultural existente en Baja California Sur.

Hoyos Aguilar expuso que lo que persigue la iniciativa es que se reconozca en la Constitución a las comunidades originarias del Estado, a los descendientes de la cultura ranchera, de costas y agrícola, por medio de la promoción de políticas públicas que logren abatir las desigualdades entre las ciudades y el campo y las costas, sin desnaturalizar sus elementos que los hacen reconocibles como tal.

En consecuencia, dijo, se aspira a que la ley provea las disposiciones que sean necesarias para elevar su bienestar social y preservar, promover y enriquecer la identidad, tradiciones, costumbres, conocimientos y modo de vida de sus comunidades originarias.

A su vez, el diputado Sergio Huerta Leggs manifestó que lo que se busca es obtener una protección a todos aquellos elementos que constituyan la identidad, tradiciones y costumbres, dentro del marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado, así como promover el desenvolvimiento social, cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico de la comunidad. “Por medio de este impulso, consideramos preservar la cultura ranchera, de costas y agrícola que proviene de sus comunidades originarias”, afirmó.

Huerta Leggs concluyó que dicho proceso parlamentario surgió del deseo legítimo de mineros, rancheros, pescadores, y familias de las costas del Golfo y del Pacífico, del Norte y del Sur sudcaliforniano quienes por generaciones con su presencia y trabajo han dado vida y sentido de pertenencia para México y los mexicanos a las más de 2 mil 500 comunidades en los más de 77 mil kilómetros cuadrados de nuestra geografía sudpeninsular.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad aplicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en planteles educativos, se llevaron a cabo mesas de trabajo y consulta sobre la reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de Educación estatal para unificar criterios en un Protocolo Estatal Único de Seguridad Escolar, con la coordinación entre la SEP BCS, instituciones de seguridad, de impartición de justicia, padres de familia e instituciones involucradas.

La diputada Teresita Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, puntualizó que la iniciativa busca una armonización legislativa para fortalecer el protocolo de seguridad escolar ya existente.

Explicó que la inclusión de este protocolo en la ley aportará mayor certidumbre, coordinación y claridad en las responsabilidades institucionales.

«La iniciativa no pretende sustituir ni contradecir el protocolo; por el contrario, busca que se unifiquen criterios bajo el principio de respeto y protección de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y las juventudes» dijo.

Añadió que las consultas y el análisis del proceso arrojarán luz sobre qué aspectos deben fortalecerse, qué vacíos normativos deben aclararse y cuáles son las necesidades reales en materia de organización y actuación.

Por su parte, el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó que el Poder Legislativo debe enfocarse en atender las causas originales de los fenómenos que se presentan en los planteles, como la portación de armas o estupefacientes, además de revisar y actualizar los protocolos ante la aparición de nuevos riesgos.

«El operativo mochila ya existe y es reactivo; debemos trabajar en sus causas, en las familias, en su integración, si tienen salud, vivienda… Si todas esas patologías no se subsanan de raíz, el problema no se resuelve.»

Destacó que para la elaboración del dictamen se escucharan y tomaran en cuentas las voces, como que éste se apegará a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que los protocolos no deben ser invasivos, sino que deben ser consensados, preventivos y diseñados para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

Mesa de Educación

La Mesa de Educación enfatizó que los profesores carecen de certeza y se sienten inseguros ante diversas situaciones. Ratificaron la existencia de problemas como la introducción de armas, aerosoles y la ocurrencia de peleas dentro de los planteles escolares. Hicieron un llamado a la mayor participación de los padres de familia e instaron a que, durante este proceso de análisis legislativo, se consideren como referencia las experiencias y normativas aplicadas en otros estados.

Mesa de Seguridad

La Mesa de Seguridad concluyó que las instituciones buscarán definir las competencias específicas de cada organismo, identificar las herramientas jurídicas disponibles y comenzar la capacitación y sensibilización de los padres de familia para fomentar una mayor corresponsabilidad. La mesa sentenció: «El operativo mochila debe iniciar desde casa».

Mesa de Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos

Esta Mesa reconoció que la legislación actual ya contempla estos procesos de seguridad, pero consideró que el tema requiere un análisis más profundo. Subrayaron su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos tanto de los menores como de los docentes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión de este jueves 27 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad modificaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el actual ejercicio 2025.

La Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos que integran las diputadas Guadalupe Vázquez, Karina Olivas y el diputado Eduardo Van Wormer, presentó el dictamen de la actualización del Presupuesto de Egresos estatal, enviada por el titular del Ejecutivo del Estado, el cual contempla una ampliación neta de $2,806 millones de pesos, para alcanzar un total de 27 mil 805 millones de pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, dichos recursos adicionales permiten reforzar áreas prioritarias como educación, salud, seguridad pública, infraestructura urbana y carretera, programas sociales y aportaciones para los municipios.

La XVII Legislatura de BCS aprobó también por unanimidad, la actualización de la Ley de Ingresos de La Paz de 2025, municipio que registró ingresos superiores a los estimados en los $3,098 millones de pesos. $448.9 millones más a los $2,649 millones de pesos aprobados originalmente. La variación a la alza derivó de mayores participaciones federales y estatales, el incremento en la recaudación y aprovechamientos municipales.

Al registrar aumentos en los ingresos proyectados y autorizados por el poder legislativo, la ley obliga a ambos gobiernos a ajustar sus proyecciones para mantener un balance presupuestario sostenible.

Se actualizan Tablas de Valores Catastrales en Los Cabos para 2026

En esta misma sesión, integrantes de la legislatura aprobaron con 15 votos a favor, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo, Construcciones y Vialidades Especiales, así como los 27 planos de zonificación catastral que utilizará el Municipio de Los Cabos en 2026.

La actualización representa un ajuste del 4.32% y mejoras en zonas homogéneas de valor, según la iniciativa enviada por el Ayuntamiento de Los Cabos.

Esta actualización es la primera integral desde 2019, refleja el crecimiento, infraestructura y uso real del suelo. Con ello se fortalece la modernización catastral, la transparencia y la certeza para contribuyentes y desarrolladores.

La diputada Lupita Saldaña (PAN) reconoció a la Comisión Técnica de Catastro de Los Cabos, porque se incorporaron propuestas para que la tarifa de impuesto predial para todas las colonias populares quedan como el año pasado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social, integrada por los diputados Sergio Guluarte Ceseña, presidente; Fernando Hoyos Aguilar y Venustiano Pérez Sánchez, secretarios, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el segundo y tercer párrafo del Artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, referente a la lactancia.

La propuesta legislativa da cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con esto se pretende establecer recesos extraordinarios para mujeres en etapa de lactancia, permitiéndoles elegir entre dos descansos de media hora o uno de una hora, en espacios adecuados e higiénicos para amamantar o extraer leche.

“Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso  extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia”, dirá la modificación.

Asimismo, la iniciativa ajusta las licencias de paternidad y adopción a los 3 meses, a fin de asegurar el ejercicio de una corresponsabilidad parental efectiva, en condiciones de igualdad de género, conforme a los lineamientos establecidos por la SCJN y a los principios de no regresividad, interés superior de la niñez y vida libre de violencia.

El proyecto de decreto contempla que las reformas entren en vigor el 1 de enero de 2026, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa mediante la cual busca poner fin a la impunidad concebida por el miedo de muchas personas, principalmente de mujeres, que no denuncian actos de violencia de los cuales son víctimas, o bien, cuando solicitan apoyo de las autoridades y una vez atendida la solicitud, optan por otorgan el perdón, en muchas de las ocasiones por amenazas, lo que imposibilita la acción del Estado.

La promovente añadió que, de igual modo se busca ampliar las penas en una mitad en su mínimo y máximo, cuando la víctima: sea menor de edad, incapaz de comprender el significado del hecho; sea una persona con discapacidad o adulto mayor o mujer en estado de embarazo; así mismo, dentro de las consecuencias para quien violente en el ámbito familiar se le castigue con la pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, como el derecho de pensión alimenticia.

Lo anterior en atención al informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 con corte al 30 de septiembre de 2025, en el que BCS ocupa el sexto lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, con una tasa de 388.36 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa nacional de 159.26; el tercer lugar en la tasa de lesiones dolosas contra mujeres; el quinto lugar en la tasa de violencia familiar; y el décimo tercer lugar en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Por último, la promovente subrayó que la violencia familiar tiene consecuencias graves en la salud física, psicológica y social de las víctimas; además, la violencia familiar puede tener un impacto generacional, ya que los niños que son testigos de la violencia en el hogar tienen un mayor riesgo de experimentar violencia en sus propias relaciones y de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Por tanto, consideró crucial abordar la violencia familiar y proporcionar apoyo a las víctimas para prevenir las graves consecuencias.