Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde el artero asesinato —que se mantiene impune— del entonces Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, dicho organismo público autónomo se encuentra acéfalo, hundido en un caos interior por la rebatinga interna ocasionada por la lucha del poder entre los Consejeros y quien fuera la suplente del ausente.

Para completar el estatus de anarquía, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados del Congreso local, en lugar de ocuparse de solventar la situación, contribuyen con su arrogancia, ignorancia jurídica, falta de tacto e insensatez, a empeorar la situación.

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Resulta que para cubrir la vacante, el Congreso lanzó la convocatoria dirigida a interesados en ocupar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS; y uno de los abogados que se apuntó, fue desestimado por razones que el postulante consideró discriminatorias e ilegales, y por ello, acudió ante la justicia federal en demanda de amparo, y de manera provisional, el juzgado federal que admitió la demanda, le otorgó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no se lleve a cabo por el Congreso, la designación del nuevo Presidente de la CEDH, hasta en tanto y cuanto no se resuelva el juicio de amparo promovido por el abogado excluido.

La notificación del amparo al Congreso, y la inanición que ello provocó, puso de manifiesto el desconocimiento que del procedimiento de amparo, adolecen nuestros diputados y su séquito de “asesores”.

Una semana después, en lugar de aplicarse a solventar el asunto y darnos a los gobernados la certeza jurídica de que la CEDH cuenta ya con un titular —como niños berrinchudos e insensatos—, nuestros Diputados, nuestros representantes, nuestros empleados, se ponen a pelear con el Juez de Distrito, y elevan sus lastimosos lloriqueos jurídicos –infundados– ante el Tribunal Colegiado.

El trámite del ocioso recurso interpuesto por los Diputados, prolongará el procedimiento, en agravio del servicio público, lesionando los legítimos intereses de los cientos de gobernados que se encuentran en espera de que la CEDH reanude labores de manera plena y funcional.

Mal asesorados, mal aconsejados, nuestros diputados están haciendo más grande un problema que pudiera resolverse de una manera muy simple y sencilla.

La costosa maquinaria burocrática que integra la estructura de la CEDH permanecerá acéfala hasta que nuestros Diputados enmienden el procedimiento, lo que bien puede tardar meses en ocurrir, si se empeñan en pelearse con el juzgador federal que conoce del amparo.

El errático proceder de nuestros empleados del Congreso local, deja de manifiesto la carencia de asesoría jurídica profesional.

Esa falta de verdaderos profesionales encargados de asesorar a nuestros empleados del Congreso, es un problema que nos cuesta cientos de millones de pesos al año, y que no se solventará mientras se permita que cobren como “asesores” del Congreso familiares, amigos, compadres, recomendados, queridas, queridos y guachomas, en lugar de auténticos profesionales del Derecho, asesores parlamentarios capacitados, calificados y certificados.

¿Qué tienen qué hacer nuestros Diputados?

En lugar de empantanar el proceso de amparo, a la brevedad posible deben convocar al abogado quejoso, darle la garantía de audiencia, dejarlo hacer la pasarela como cualquier otro solicitante, y luego, elegir entre éste los demás comparecientes, el más apto para desempeñar el cargo de Presidente de la CEDH de BCS. El amparo no es para que elijan al quejoso, es únicamente para que lo dejen participar en la pasarela. ¿Por qué no llamarlo, dejarlo hacer la pasarela, y fin del problema? El amparo será sobreseído por falta de materia, nuestros Diputados eligen al nuevo Presidente, conforme al dedazo ya apuntado, y fin de la historia.

Sentido común, y debida asesoría jurídica. Eso es todo lo que necesitan nuestros representantes en el congreso.

FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Anuncia la vocería del Gobernador de BCS que ha presentado una iniciativa de reforma constitucional estatal para que el Congreso local designe al Fiscal Especializado en materia de Combate a la Corrupción, a partir de una terna presentada por un grupo de expertos, a diferencia del marco actual en el que el Ejecutivo se encarga de presentar a un candidato y el Congreso de ratificarlo.

Irónico que el Gobernador hable de transparencia, cuando el IMCO ubica a Baja California Sur como la peor entidad en la materia. En el ejercicio 2016 ni siquiera presentó los informes trimestrales de gastos. La opacidad como cobijo de la corrupción, es el sino de la presente administración, donde el vocablo “transparencia” es únicamente un demagógico adorno discursivo.

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Presume el Gobernador que su propuesta generará mayor transparencia en el proceso de selección del referido fiscal. Evidentemente el redactor del boletín, y quien lo firma, desconocen lo que significa la transparencia, porque lo que se hace con el procedimiento que propone el ejecutivo, es diversificar las fuentes de propuestas, no transparentar el procedimiento.

La transparencia en el ejercicio de gobierno estriba en el cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de proporcionar a toda persona interesada en los actos del gobierno —de manera clara y expedita—, la información que se deriva de las funciones que desempeñan; y por ende, la transparencia se vincula a la gestión pública en el manejo del recurso y el ejercicio de autoridad, no tanto al mecanismo de elección de un servidor público, que al estar plasmado en la norma, es constatable.

Con independencia del deficiente manejo del marco conceptual a que nos tiene ya acostumbrados la administración estatal, el hecho de que la propuesta salga de un grupo de personas afines al gobernador en turno, constituye únicamente una simulación que pretende dar sesgos de autonomía al legislativo, al momento de elegir al fiscal en comento.

En otras palabras, la propuesta de designación será presentada por el Gobernador, a través de sus incondicionales, pues de los cinco integrantes de la comisión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Poder Judicial tienen dependencia presupuestal del Ejecutivo; la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene subordinación jerárquica; y el llamado Colegio de Abogados es en realidad una asociación civil integrada mayoritariamente por servidores públicos con estudios de Licenciatura en Derecho, cuyo presidente –desde que se fundó el colegio— recibe como premio a su lealtad institucional, un cargo público. Basta ver la foto oficial de esa agrupación, para constatarlo. Todo es pues, una simulación.

Aun suponiendo sin conceder, que los integrantes de la comisión de marras contaran con la independencia de opinión y determinación necesarias para formar la terna sin injerencia del gobernador en turno, el hecho de que finalmente sean los diputados los que elijan “en conciencia” al nuevo Fiscal, no garantiza que el mejor candidato, el más calificado, resulte electo, pues la mayoría de nuestros diputados locales han evidenciado ser desconocedores de la función pública, en específico, de la tarea encomendable al Fiscal Anticorrupción. Aunado a lo anterior, la gran mayoría se ha caracterizado por ser incondicionales aprobadores de todos los designios emitidos por el actual Gobernador de BCS.

Cómo garantizar la autonomía

El mecanismo idóneo es que el Congreso lance la convocatoria  abierta a todos los sectores de la sociedad, sin el filtro de una comisión “a modo”, integrada por incondicionales y dependientes del Ejecutivo estatal. Que además de los requisitos “de cajón”, como el contar con título de Licenciado en Derecho, cédula profesional federal para su ejercicio, no haber sido condenado por delito doloso, ser mexicano, contar con residencia en el Estado y buena reputación, que se requisite preponderantemente un mínimo de conocimientos acreditables en materia de normatividad sustantiva y procedimental, antecedentes y criterios jurisprudenciales aplicables en las labores propias de la prevención y combate a la corrupción, tanto a nivel local como federal, constitucional y convencional, y que se someta a todos los propuestos que estén interesados en ocupar el cargo, a un examen riguroso en tales materias, ante un panel integrado por académicos e investigadores provenientes de instituciones ajenas al ámbito de injerencia del gobernador en turno.

Una vez electo el Fiscal Anticorrupción, habrá que dotarlo de autonomía presupuestal —rango porcentual presupuestal fijo— y administrativa —personal propio—, pues de lo contrario, se regresaría a la simulación y contubernio, como sucede actualmente con el inútil importado que en procuración de justicia solo ha maquillado estadísticas; o como ocurre con todos los titulares de las contralorías internas, tanto del Estado como de los municipios, que están a cargo de personajes que tienen lazos de compromiso, amistad, compadrazgo, filiación política, parentesco sanguíneo o amasiato, complicidades o afinidades deshonestas con el Ejecutivo, o sus cercanos.

Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso^, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales«.

Yo no «descalifiqué» al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

1ª.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

2ª.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

3ª.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

4ª.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La reciente reforma —hecha al vapor— del Código penal, que despenaliza el exceso en la legítima defensa en BCS, es una infortunada medida populista pre electorera que pretende capitalizar el descontento social que genera la sanción punitiva a las acciones de reacción violenta de la ciudadanía ante actos delictivos que atentan contra el patrimonio o la integridad física de quienes tienen el infortunio de ser víctimas de delito.

El conflicto de aplicación de la norma, y el subsecuente descontento social, nace de la interpretación rigurosa del texto del Código Penal en vigor desde marzo de 2015, que en su parte general establecía un criterio muy estricto de aplicación de los conceptos de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza aplicada al repeler una agresión real, actual e inminente.

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Y es que ese texto estaba construido a partir de un supuesto en el cual, el Estado es el encargado de prevenir, inhibir, combatir, perseguir y sancionar el delito, de tal suerte que el gobernado pueda depositar en las corporaciones de seguridad pública, la contención de los actos delictivos que atenten contra sus bienes patrimoniales y su integridad física.

El problema surge cuando el Estado es incapaz de realizar con eficacia la labor de seguridad pública a su encargo, y el gobernado debe enfrentar directamente el embate delictivo, actividad para la cual no cuenta ni con la experiencia ni capacitación táctico-técnica adecuadas para ello.

En ese panorama, que corresponde a nuestra cotidiana realidad sudcaliforniana, lo procedente era ampliar racionalmente el margen de acción ciudadana en el ejercicio de la legítima defensa, pero en modo alguno, despenalizar su exceso, pues ello abre una peligrosísima compuerta que libera las expectativas de abuso en la reacción repelente al acto criminal. Un exceso que legaliza la venganza privada y deja sin castigo la desproporcionada reacción ante una acción real o aparente, criminalmente intentada.

La despenalización del exceso en la legítima defensa en BCS abre un campo de impunidad al abuso en la reacción ante una amenaza criminal, y al mismo tiempo, transfiere al gobernado una responsabilidad que originaria y esencialmente corresponde al Estado.

En otras palabras, como el gobierno es incapaz de contener la embestida de la criminalidad, con esta reforma traslada al gobernado la responsabilidad de hacer frente a la misma, y así será el mismo gobernado el responsable de velar por su seguridad y combatir e incluso castigar al delincuente, sin que haya proporcionalidad o contención a su esfuerzo punitivo, pues la reforma es muy clara al establecer que “en ningún caso se castigará el exceso en el ejercicio de la legítima defensa”.

La reforma en comento viene entonces a propiciar un incremento en los niveles de violencia urbana, autorizando al gobernado a tomar la justicia por su propia mano, haciendo de la legítima defensa una herramienta ilimitada adecuada a la satisfacción de su afán por responder y al mismo tiempo castigar –sin límite ni mesura— a quien atente contra sus bienes y valores.

Si un sujeto pretende arrebatarme la cartera, podré matarlo argumentando que lo hice en un exceso de la legítima defensa y que por ello, no puedo ni debo ser sancionado. La reforma es inconstitucional, populista, imprudente, irresponsable y técnicamente desastrosa.

Debió reformarse el texto, desde luego, por resultar excesivamente rigorista, y por ende, debió ajustarse a la problemática social que actualmente enfrenta Baja California Sur, pero lo adecuado era ampliar de manera racional y armónica los parámetros de la legítima defensa, pero nunca despenalizar su exceso, pues ello conlleva indefectiblemente una antijuridicidad ya identificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis histórica de sostenida actualidad.

Y todo el problema es generado por la tendencia malsana de nuestros diputados, de dar salida populista a problemas que requieren solución sistematizada no siempre capitalizable en el ánimo de la ciudadanía.

Y todo debido al entusiasmo electorero de los diputados, que a toda costa buscan capitalizar el ejercicio legislativo a su favor, sobre todo en épocas pre electoreras, y a ese pérfido afán hay que agregar el hecho de que en el Congreso de BCS no contamos con un solo asesor parlamentario especialista en derechos humanos, ni en derecho penal.

La reforma que despenaliza el exceso en la legítima defensa es un grave error que tendrá un alto costo social, y que solo obedece al particular y personalísimo interés electorero de legisladores que buscan darle al electorado la falsa sensación de que les están representando en el Congreso de BCS.

Congreso del Estado de BCS. Fotos: Modesto Peralta Delgado.

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Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen las crónicas no oficiales, que la corrupción gubernamental llegó al Nuevo Mundo con los conquistadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlan, Cortés estableció el sistema de encomiendas, a efecto de mantener un control efectivo sobre la población conquistada. Nombró a medio millar de españoles como encomenderos de los pueblos conquistados. El cargo de encomendero recayó en muchos casos, entre compañeros de armas del conquistador, soldados de aventura, gente ignorante y sin escrúpulos, algunos de los cuales incluso acudieron a la empresa de conquista, huyendo del patíbulo.

Cada encomendero gozaba de plenas facultades decisorias sobre vida y bienes de sus encomendados, y para facilitar sus labores de sometimiento, se apoyaban en caciques locales a quienes asignaban como sus auxiliares en las labores de control sobre la población, principalmente en lo relacionado con el cobro de tributos. A nombre del monarca y con el pretexto de cobrar los impuestos de la Corona, los encomenderos amasaron enormes fortunas, construyendo alcabalas en las que cobraban dádivas para permitir el paso de las mercaderías.

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La práctica se extendió en toda la tierra conquistada; la dádiva y el soborno tomaron carta de arraigo y alcanzaron la naturalización con el paso de los años. Lejos de combatir la corrupción, la Corona se benefició con ella, pues en la última centuria de la etapa colonial, para sufragar la guerra contra Francia, puso a la venta notarías y magistraturas cuyos titulares, para poder recuperar el costo de su inversión, contaban con carta blanca para realizar corruptelas y otras modalidades de abuso del poder.

De esa escuela hereda la República la potestad asignada al ejecutivo, de nombrar magistrados judiciales, en una franca violación al sistema de pesas y contrapesas en el equilibrio del poder, que presupone un sistema democrático.

Actualmente el Gobernador conserva dicha potestad designadora, y si bien lo hace proponiendo una terna al Congreso, dicha terna en muchos casos es una mascarada, pues el favorecido por el designio del ejecutivo, simplemente acude al congreso acompañado de dos nominados “de relleno”.

Vamos a cumplir quinientos años de la caída de Tenochtitlan, y la práctica que acunó en México la corrupción sigue vigente, maquillada con visos de legalidad y plasmada en la Constitución, pero en esencia sigue siendo el mismo ejercicio potestativo: el Virrey de la mano del cacique nombra entre sus subordinados a quienes –sólo en el papel— habrán de ejercer la labor de contrapeso a su poder.

Si de verdad queremos acabar con la corrupción, en lugar de simulaciones emblemáticas, como el sistema anticorrupción —que para variar se copia del actual e inoperante sistema español—, deberíamos empezar por darle plena autonomía al poder judicial, modificando la Constitución del Estado, para el efecto de eliminar por completo toda injerencia del ejecutivo en la elección de magistrados judiciales, los cuales deberían ser designados mediante concurso de oposición y tener como requisito para ello contar con carrera judicial. Si nuestros diputados realmente nos representaran, estarían trabajando en ese tema.

Hoy jueves en el congreso local «elegirán» al nuevo magistrado judicial estatal, que entrará en funciones una vez que el saliente pierda el último juicio de amparo intentado para perpetuarse en el encargo —no se quiere ir, ya se acostumbró a mamar en abundancia de la ubre presupuestal.

Si tuviéramos diputados comprometidos con los principios que constitucionalmente rigen su actuación, sin lugar a dudas y por mayoría absoluta designarían a la candidata que integra la terna. Tiene carrera judicial, impecable trayectoria, posgrado directa y específicamente relacionado con la labor jurisdiccional; es joven y propositiva. El problema es que es mujer, principal objeción en una administración estatal misógina y excluyente. Y para colmo, hay un impedimento insalvable: no forma parte del círculo cercano de sometimiento, dependencia y sumisión al Gobernador en turno.

Así las cosas, «nuestros» diputados cumplirán con la farsa protocolaria y «elegirán» al palomeado, que si bien es cierto que cuenta con un reconocido palmarés en la docencia, y goza de buena estima en los círculos académicos, también lo es que nunca ha litigado; no tiene carrera judicial y aunque ostenta un doctorado, carece de un posgrado o certificación vinculada ex profeso a la labor jurisdiccional.

Eso sí, será el nuevo magistrado, y antes de que acabe el año estará ocupando la presidencia del Tribunal, que es donde lo necesita el migober para que le cubra las espaldas en la temporalidad que resta de su mandato.

Dios bendiga el Virreinato de la Baja California del Sur.