FOTO: YouTube / Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, desde el Congreso del Estado, la diputada Karina Olivas Parra exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizar las investigaciones necesarias en el caso del presunto delito de maltrato animal, derivado del asesinato masivo de perros en Puerto San Carlos, municipio de Comondú.

A través de un comunicado de prensa del Congreso de BCS, se informa que también solicitó al Ayuntamiento de Comondú que aplique las sanciones administrativas a los responsables de la muerte de masiva de perros en San Carlos, con independencia de las posibles sanciones penales que pudieran derivarse.

También exhortan al Ayuntamiento de La Paz para que verifique las condiciones e infraestructura con que opera el Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC), fortaleciendo su presupuesto y capacidades operativas para el cumplimiento de los derechos animales, garantizando buenos niveles de bienestar, disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés, así como la disposición final en fosas sanitarias o crematorios bajo estrictas medidas de salud pública; y a los cinco ayuntamientos a que modifiquen sus reglamentos y/o acuerden en sus cabildos el negar cualquier permiso de instalación a giros comerciales dedicados a la venta de pirotecnia y explosivos en los municipios de BCS, dadas las consecuencias negativas e impacto en la salud de los animales.

La legisladora Olivas Parra manifestó que, lo anterior, deriva de una serie de casos de maltrato animal como la del pasado mes de octubre respecto a un cementerio clandestino de caninos en La Paz, atribuyéndose la mortandad al CEMAC; en diciembre del mismo año, fueron encontrados en el municipio de Comondú los restos de alrededor de 18 perros; en los meses de diciembre y enero recientes fueron múltiples las denuncias en todos los municipios de la entidad por la incontrolable detonación de pirotecnia y explosivos, con motivo de las fiestas, lo que ha causado sufrimiento y hasta heridas físicas en animales domésticos.

Al término de la sesión, las diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como para sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento.

Propone Diputado prohibir pirotecnia

En otro comunicado oficial, se da a conocer que, a propósito del maltrato animal, el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, busca reformar el Artículo 18 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos de BCS, estableciendo a nivel estatal la prohibición del uso de artificios pirotécnicos de tipo petardo o trueno que produzca efectos sonoros superiores a los 80 decibeles.

“La pirotecnia encierra múltiples riesgos que no deben ignorarse, motivo por el cual es importante reflexionar sobre los riesgos que representan y buscar alternativas más seguras y amigables con la salud y el medio ambiente” señaló Agúndez Cervantes; éste reiteró que es necesario legislar para garantizar la salud de las personas  y los animales por medio de acciones y que sólo permitan los festejos religiosos, patrios o particulares a través del uso de efectos visuales como fuegos artificiales, sin efectos sonoros dañinos para las personas y animales, espectáculos láser, video mapping, de drones o equivalentes, en lugar de los dispositivos sonoros como los petardos.

FOTO: Archivo / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Pasadas las fiestas decembrinas, y tras diversos acontecimientos durante los mencionados festejos, el diputado Sergio Guluarte Ceseña, desde el Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades municipales de la entidad, para que prohíban y sancionen de manera severa de acuerdo a la ley, la elaboración, comercialización, transporte y uso de pirotecnia.

Ahí mismo, Guluarte Ceseña expuso ser necesario y de vital importancia la unión de esfuerzos y debida coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales de la mano con el Congreso de BCS, a efecto de realizar en los cinco municipios de la entidad, diversos foros y reuniones.

“Me pronuncio porque se dé la coordinación y unión de esfuerzos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y este Congreso del Estado, a fin de sancionar la venta indiscriminada de pirotecnia; así como, para que se prohíba la venta, compra, posesión y manipulación de pirotecnia en la vía pública y que sean tipificadas estas conductas como delitos, o bien, como faltas administrativas agravadas”, dijo.

El legislador concluyó que es de suma importancia y relevancia la prevención, al considerar que la misma es la base fundamental para crear conciencia, de igual manera, el reforzamiento de los operativos de aseguramiento y vigilancia al transporte, almacenaje y la venta ilegal en comercios ambulantes y establecidos de pirotecnia. “No puede ser un acto de diversión provocar estallidos que alteran la paz y la tranquilidad, y causan estrés en personas y mascotas”.

Al término de la sesión diputadas Karina Olivas, Guillermina Díaz  y diputados Sergio Guluarte, Erick Ivan Agundez y Fabrizio del Castillo, escucharon inquietudes ciudadanas de asociaciones pro animal y en contra de la pirotécnica, quienes les solicitaron la intervención de representantes del poder legislativo para frenar y castigar el maltrato animal así como sumarse a los trabajos legislativos que se presentaron durante la sesión y su seguimiento, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

FOTOS: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Arlene Moreno Maciel, presentó este martes una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal de BCS, a fin de que funcionarias públicas, candidatas o precandidatas, que puedan ser víctimas de violencia política en razón de género, en cualquiera de las condiciones del entorno público o privado, tengan la misma certeza jurídica; fue turnada por la Mesa Directiva, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género.

Al hacer uso de la voz, señala el comunicado de prensa del Congreso del Estado, la legisladora recordó que la violencia política de género, se encuentra tipificada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en marco electoral y penal a nivel federal, por lo que, la armonización del Código Penal de BCS es una tarea pendiente y necesaria en la legislación.

Atendiendo la responsabilidad que las y los diputados tienen de armonizar las disposiciones locales con el marco normativo federal, es que se busca visibilizar los actos peyorativos que atentan contra los derechos políticos -electorales de cada mujer, sin importar sea o no candidata para un cargo de elección popular, y a mujeres expuestas a situaciones vulnerables por la simple razón de ser mujer, servidora pública o candidata.

“Es por ello que, a tales conductas, se les debe dar la importancia que amerita y hacer valer todo el peso de la ley a quien cometiera, lo que se busca tipificar como violencia política de género en el Código Penal del Estado”, puntualizó. Finalmente, Moreno Maciel lamentó que la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

FOTO: Congreso de BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Teniendo como sede el Centro de Convenciones y Expresión Cultural, integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado: Martín Escogido Flores, María Cristina Contreras Rebollo y Dalia Verónica Collins Mendoza, presentaron la conferencia «Alcance de la Reforma y sus Implicaciones en la Legislación de Baja California Sur».

A través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado, se informa que fue impartida por Eginardo Hernández Andrés, de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de esclarecer dudas y fortalecer la armonización del marco jurídico local al Artículo 2do. de la Constitución, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, publicado el pasado 30 de septiembre de 2024, por el Congreso de la Unión, en el Diario Oficial de la Federación.

Escogido Flores, dijo que una de las principales complejidades a resolver de dicha armonización en BCS oscila en el alto número de etnias asentadas, toda vez que al reformarse el artículo 2do. Constitucional se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que el análisis permitirá que no se comentan faltas a los derechos.

En presencia de integrantes de la comunidad indígena y afromexicana, autoridades de los tres niveles de gobierno e instancias en materias de derecho, el legislador puntualizó que a efecto de realizar la debida armonización y con el fin de que todas las partes involucradas y responsables de la aplicación estén  informadas, fue que la comisión se dio a la tarea de realizar dicho diálogo, en donde fuesen puestas sobre las mesa diversas opiniones que permitan sustentar, conforme a derecho, la armonización del artículo 2do.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En dos sesiones extraordinarias, este miércoles 11 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó por mayoría de 19 votos a favor y 2 en contra, la minuta con proyecto de decreto de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, enviada por el Senado de la República, se informa a través de un comunicado oficial.

La asamblea legislativa agotó el trámite parlamentario y en una segunda sesión extraordinaria avaló el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En la discusión, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) reiteró que es una reforma tramposa que no oculta su intención de apoderarse del poder judicial; cuestionó tres puntos referentes a la elección popular de magistrados, el número cuantioso de boletas que imposibilitarían la oportunidad de elegir y de la creación de un tribunal de disciplina judicial.

A favor de la reforma la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) consignó que el pueblo sudcaliforniano, a través de su representación popular, se suma a un movimiento nacional a favor de una verdadera justicia social, austera, expedita y transparente: “queremos dejar en el pasado lo que significó abusos, opacidad corrupción en contra del pueblo y privilegios para unos cuantos”, dijo.

El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) fijó su postura en contra, “No estamos a favor de nada que dañe a las instituciones y que nos han costado una vida de luchas sociales», y pidió que se les dé voz  a los trabajadores del poder judicial asistentes a la sala de sesiones.

Por su parte  la diputada Alondra Torres García (PT) cuestionó a quiénes están en contra de la reforma, y reflexionó en 40 privilegios de ministros tales como vehículos blindados, pago de riesgos, escoltas, alimentos, viáticos y seguros, entre otros; afirmó que la reforma consiste en la refundación del poder judicial, rescata el derecho de las mexicanas y los mexicanos a una justicia pronta y expedita porque contienen la integración y un funcionamiento adecuado.

La reforma modifica, adiciona y deroga diversas fracciones de cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas, magistrados, juezas y jueces, por procesos de votación ciudadana.

Reducen el periodo de encargo de 11 a 9 años, así como el periodo de encargo de 15 a 12 años; elimina las salas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo funcione en pleno y que las sesiones sean públicas.

Desaparece también la pensión vitalicia (el haber de retiro) para actuales y futuros ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la que las remuneraciones de ministras, ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces del poder judicial se ajustarán al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción alguna.