FOTO: Congreso del Estado.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Por mayoría de votos, aprueba el Congreso del Estado de BCS el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a la armonización legislativa a la Reforma del Poder Judicial de la Federación, presentada por los diputados Eduardo Valentín Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar.
Con la aprobación del mismo, además dar cumplimiento al ordenamiento que mandata la Carta Magna, puntualizaron quienes dictaminan, dichas reformas permitirán que la justicia sea más expedita y haya equilibrios entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, señala el Congreso del Estado a través de un comunicado oficial.
La aprobación del dictamen da paso a la reducción del periodo de encargo; la desaparición de las Salas Unitarias, para que el Tribunal Superior de Justicia sólo funcione mediante el Pleno y Salas Colegiadas y, que las sesiones sean públicas; la desaparición de la pensión vitalicia para actuales y futuros Magistrados y Magistradas, y el que las remuneraciones de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial se ajusten al tope máximo establecido para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado sin excepción alguna, permitiendo una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que en la impartición de justicia haya mayor eficiencia, austeridad y transparencia.
En cuanto a la elección de Magistradas y Magistrados tanto del Poder Judicial como del Tribunal de Disciplina Judicial, juezas y jueces, fue aprobado que sea mediante el voto directo de la ciudadanía en procesos electorales estatales, con excepción de quienes integraran el Órgano de Administración Judicial quienes serán designados por los tres poderes del Estado, así mismo, se establece la duración de nueve años para el cargo de personas Magistradas sin derecho a reelección y personas Juezas del Poder Judicial del Estado con derecho a reelección por un periodo igual de nueve años.
Por lo anterior, legisladores a cargo del dictamen coincidieron con los iniciadores, que al modificar la estructura y organización de las instancias en discusión se bifurque en dos órganos con funciones especializadas que permitan el mejor cumplimiento de sus tareas, el Órgano de Administración Judicial, que administrará y operará la carrera judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, con jurisdicción especializada en el conocimiento, investigación, juzgamiento y sanción por infracciones de las personas servidoras públicas judiciales, por la otra.
No obstante, precisaron respecto a la elección de las personas Magistradas Electorales, no se incluirán en la reforma local, en razón de que su elección sigue siendo una facultad del Senado de la República en términos de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Constitución; así mismo, el que no se incluya en la iniciativa en comento, lo relativo a las reformas al Artículo 99, toda vez que están relacionadas con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; se deroga el Artículo 95 referente al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia.
En lo concerniente al tema presupuestal, se dictaminó, con base a lo informado por Bertha Montaño Cota, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que el Estado cuenta con los recursos financieros necesarios para la implementación de la Reforma Judicial.
Cabe señalar que, durante la discusión del tema, la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros, manifestó su voto en contra, al considerar que la aprobación del mismo abona a la creación de acciones autoritarias para México, “se contará con una mayoría de ministros que representen la voluntad de los gobernantes y no de la defensa del Estado de derecho”, al tiempo que añadió se trata de una reforma de ley deficiente y amañada para construir un Poder Judicial “a modo”, toda vez que, el procedimiento legislativo no fue el correcto dada la importancia del tema, “no podemos aprobar un proceso de esta naturaleza que acabará con la especialización, mérito y autonomía de las y los juzgadores”, concluyó.
Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez quien mostró su voto aprobatorio, expuso en su intervención que la reforma en comento se trata de una oportunidad histórica, al ser las y los ciudadanos quienes tendrán en sus manos la decisión de elegir a quienes impartirán la justicia en el Estado, dijo además, abonará a combatir la impunidad, corrupción y rezagos para hacerle justicia al pueblo.
Finalmente la diputada Arlene Moreno Maciel y el diputado Fabrizio del Castillo Miranda solicitaron la modificación del Articulado 78° y 91° respectivamente a fin de incluir en la redacción de ambos artículos y en todos aquellos en los que sea necesario, las vertientes y enfoque con perspectiva de género.
