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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, diputados y diputadas de Baja California Sur aprobaron la iniciativa presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, mediante la cual se crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para Baja California Sur, armonizándola con la Ley General recientemente emitida por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la nueva normativa, quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para un tercero, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, será sancionado con 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA. Además, las penas previstas podrán aumentar de 4 a 8 años adicionales.

Esta legislación tiene como propósito establecer el tipo penal básico aplicable en toda la República Mexicana, así como sus sanciones, agravantes y delitos vinculados. También define reglas y procedimientos para la investigación, persecución y ejecución penal; y establece acciones, programas y políticas transversales que las autoridades deberán implementar para la prevención efectiva de la extorsión. Todo ello bajo los principios de actuación inmediata, eficiente, imparcial, profesional y sin discriminación por razón de sexo u otra condición.

Con esta aprobación, Baja California Sur fortalece su marco jurídico para combatir la extorsión, precisando competencias, procedimientos y sanciones, y consolidando la coordinación interinstitucional necesaria para prevenir y perseguir un delito que afecta a familias, comercios y sectores productivos.

La nueva ley establece que el delito de extorsión deberá investigarse y perseguirse de oficio, además de crear mecanismos integrales para su atención, investigación y sanción.

Durante la discusión en lo particular, se aprobaron las reservas presentadas por el diputado Eduardo Van Wormer a los Artículos 3, 4 y 8, así como a los Artículos transitorios segundo, cuarto y séptimo. Las modificaciones armonizan la ley estatal con el marco jurídico nacional en materia de extorsión, precisan competencias entre los órdenes de gobierno, fortalecen la coordinación institucional y garantizan el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se actualizan diversas disposiciones transitorias para otorgar certeza jurídica y se fija un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, que será clave para atender a las víctimas y canalizar investigaciones con oportunidad y eficacia.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objeto de implementar acciones frente a la sequía, protección del patrimonio de los productores ganaderos, así como el que productores puedan enfrentar la sequía recurrente, el Congreso del Estado aprobó la adición de la Fracción XIV Bis y una Fracción XIV Ter al Artículo 7.º y una Fracción XV Bis y una Fracción XV Ter al Artículo 8.º de la Ley Ganadera del Estado.

“Dicha reforma tiene un impacto económico al preservar la producción, fortalecer la infraestructura ganadera y garantizar la capacidad de adaptación y recuperación de las comunidades rurales frente a la sequía recurrente”, afirmó el diputado Venustiano  Pérez Sánchez.

Tras la aprobación del Plan Estratégico para Mitigar los Efectos de la Sequía Recurrente en el Sector Ganadero y del Programa Estatal de Seguro de Vida e Invalidez para Productores Ganaderos, se otorgará un apoyo económico a las familias que quedan desamparadas posterior a la pérdida fatal del pequeño productor ganadero.

El beneficio se aplicará a través de un certificado de seguro de vida que se expedirá por un año de vigencia, el cual tiene como finalidad brindar protección al asegurado por accidente o muerte natural, con una póliza de seguro que ampare una suma asegurada de 50 mil pesos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia e Igualdad de Género, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado a fin de fortalecer la protección de la libertad sexual y sancionar con mayor rigor el abuso sexual y sus agravantes.

La reforma actualiza el Artículo 179 e incorpora nuevas agravantes al 181, armonizando la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Con ello, se reafirma la responsabilidad del Estado de prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual.

El dictamen reconoce la necesidad de atender una realidad social que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y enfatiza la obligación del Estado de adoptar medidas contundentes para erradicar estas conductas.

Previo a la votación, la diputada Dalia Collins Mendoza, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, subió a tribuna para expresar su respaldo a la iniciativa, afirmando que se trata de un paso indispensable para fortalecer la defensa de la libertad sexual y sancionar con mayor severidad conductas que dañan profundamente a la sociedad.

A su vez, la presidenta de la Comisión, diputada Arlene Moreno Maciel, destacó que el abuso sexual se ha normalizado al grado de convertirse en una práctica cotidiana. “Tan uso y costumbre que no puedes pasar por una calle sin estar volteando a los lados, si es de noche y a veces hasta de día”, señaló.

Recordó que, históricamente, la pena por estos delitos ha sido mínima o poco clara en diversas entidades del país y añadió que la discusión tomó fuerza nacional cuando la Presidenta de la República fue agredida al intentar cruzar solo cinco calles.

“Me gustaría que pensaran los hombres presentes cuántas veces han cruzado cinco calles sin que nadie los toque. Para ustedes eso es normalidad; para nosotras, cinco calles pueden significar un peligro, incluso para nuestra vida”, expresó.

Finalmente, subrayó la importancia de armonizar la legislación con laFfederación y elevar las penas a un rango de 3 a 9 años “a ver si así entienden la magnitud de la violencia que vivimos las mujeres”, concluyó.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión solemne, este día el Congreso del Estado clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de su ejercicio constitucional.

En informe de los trabajos, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cristina Contreras Rebollo, resaltó que del 1 de septiembre al 15 de diciembre se presentaron 117 iniciativas, que implicaron reformas, adiciones, derogaciones y nuevas propuestas legislativas orientadas a fortalecer rubros esenciales como educación, salud, seguridad, contra la violencia, para beneficiar a los sectores primarios, en ciencia y tecnología, entre otros.

Ante los asistentes, entre los que se encontraban representantes de los poderes ejecutivo y judicial, Contreras Rebollo destacó que se presentaron 63 pronunciamientos y 29 puntos de acuerdo que permitieron la expresión directa de la voz política de esta soberanía. “Cada diputada y diputado tuvo la oportunidad de expresar posicionamientos de relevancia pública, social, económica y cultural”, apuntó.

Contreras Rebollo afirmó que la conducción parlamentaria se definió por la búsqueda de equilibrio entre la pluralidad política y la unidad institucional.

Destacó con puntualidad que en el actual periodo de sesiones el debate parlamentario subió de nivel: “Este Congreso demostró, con hechos, que puede elevar el nivel del debate, que puede dialogar, que puede disentir sin fracturarse y que puede construir sin perder identidad”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.