IMAGEN: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Ramiro Ruiz Flores propuso que el monumento del conocido programa federal “Solidaridad” ubicado en la carretera Cabo San Lucas – San José del Cabo, sea destinado a la construcción de un nuevo monumento en honor a las víctimas del COVID-19 en Baja California Sur, informó el Congreso sudcaliforniano.

En la sesión de la Diputación Permanente del 09 de febrero, el representante del segundo distrito propuso un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte al Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para que a través de su director realice las gestiones para que el monumento ubicado en el kilómetro 16, sea desincorporado a favor del Ayuntamiento de Los Cabos, con la finalidad de ser destinado a la construcción del memorial.

Ruiz Flores propuso también que el Legislativo exhorte a la alcaldesa de Los Cabos, Jesús Armida Castro Guzmán y al Cabildo para que soliciten al director del Centro de la SCT, dicha desincorporación del monumento “Solidaridad”, a su favor con la finalidad de ser destinado a la construcción en comento.

Expuso que la propuesta la realiza la Asociación Sea Cortes, Asociación Civil, la cual ya tiene un proyecto a fin de utilizar el monumento y convertirlo en un Memorial que recuerde a las mujeres y los hombres que murieron a causa de la pandemia en el Estado de Baja California Sur.

IMAGEN: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de incorporar  el elemento “biopsicosocial” a  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y Adolescentes  del  Estado  de  Baja  California  Sur reconociendo la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los  derechos  de  las  personas  adolescentes  en  correlación  con  la  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para este sector de la población, la diputada Anita Beltrán Peralta presentó una iniciativa  con  proyecto  de  decreto por la que  se reforman y adicionan diversas disposiciones, informó el Congreso sudcaliforniano.

La visión de legisladora es reconocer el elemento biopsicosocial en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya que éste existe e impacta de manera directa, de forma endógena o exógena, la vida y el desarrollo de las y los adolescentes.

Apuntó que, al ser el adolescente una persona sujeta de derechos no puede estar aislada de los componentes biológicos como ejemplo la carga genética, el funcionamiento fisiológico, su estructura corporal, el estado de salud y sus afectaciones.

En lo correspondiente a las aportaciones psicológicas, existen diversas variables en las que destacan las creencias e ideas, los hábitos y las costumbres, las emociones y sus trastornos mentales; y por lo que corresponde a la consideración social, influyen las interacciones personales, grupales, escolares y familiares, el contexto comunitario y la cultura.

La conjunción de estos elementos construye un modelo de 3 dimensiones en las que su configuración condiciona el desarrollo biopsicosocial de las personas, sin excluir desde luego a los adolescentes, tanto a quienes despliegan conductas con apariencia de delito como de los que no lo hacen. La prevalencia de desintegración familiar, desinterés parental, abandono, adicciones, alcoholismo, pobreza, hambre, deserción escolar, exclusión comunitaria, desempleo, violencia, y en general, condiciones nocivas entorno a la vida de las y los adolescentes, condiciona el pensamiento humano y el movimiento corporal logrando como resultado el despliegue de conductas delictivas.

Con estas consideraciones la diputada pretende realizar los impulsos legislativos para que en cualquier materia prevalezca y se garanticen el interés superior de la niñez.

IMAGEN: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el proceso de reinscripción en el nivel de educación básica en el estado que dio inicio el presente mes de febrero, y por ende, ante el inicio del próximo ciclo escolar 2021-2022 dentro de seis mes, en virtud de la persistencia de las autoridades escolares de solicitar a los padres de familia actas de nacimiento con vigencia reciente, el diputado Ramiro Ruiz Flores, ante una demanda de padres y madres de familia, dio a conocer que el martes 9 del presente mes presentará iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios con la finalidad de elevar a rango de falta administrativa no grave el hecho que servidores públicos soliciten actas de nacimiento con validez menor a seis meses, informó el Congreso de Baja California Sur.

Señaló el legislador que, a pesar de que hace más de dos años, a solicitud de los padres de familia presentó y fue aprobada la iniciativa y en su momento publicado el decreto para la validez permanente de este documento, al momento de la inscripción, “es hora que la autoridad estatal no atiende esta reforma, y vemos con tristeza como año con año es recurrente la solicitud de actas de nacimiento nuevas, hecho que a las familias les cuesta y sobre todo, en los tiempos de las próximas inscripciones la situación será mucho más compleja a causa de la crisis, por lo que es necesario que este tipo de prácticas no se siga presentando en el sector público del estado y ayuntamientos de Baja California Sur…”.

Puntualizó el legislador que, al iniciar el proceso de reinscripción en educación básica, “prácticamente los mismos padres y madres de familia que desde la campaña electoral de hace tres años me solicitaron tomar esta medida, hoy en el recorrido que realizo por el segundo distrito electoral en el dialogo con los ciudadanos, ahora me piden que le ponga algún tipo de sanción para que los servidores públicos cumplan con la reforma al Código Civil que se aprobó hace poco más de dos años”, dijo  el legislador.

Ramiro Ruiz dio a conocer que su propuesta legislativa es tipificar como “falta administrativa no grave” el hecho de que un servidor público solicite actas de nacimiento recientes cuando no se justifique, precisando que la Ley de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 75 establece las sanciones a las que se hace acreedor un servidor público que cometa una falta administrativa no grave, mismas que van  desde la amonestación pública o privada hasta la inhabilitación temporal para desempeñar una responsabilidad de gobierno a nivel estatal o municipal en Sudcalifornia.

El diputado Ruiz Flores añadió que en los seis meses que restan para el proceso de inscripción a los diversos ciclos escolares, esta iniciativa deberá estar aprobada y con ello se busca inhibir una práctica que lesiona la economía de las familias de Baja California Sur.

Ramiro Ruiz fue claro al señalar que únicamente se pueden solicitar actas nuevas, cuando las que presenten los padres de familia no sean legibles o se encuentren notoriamente dañadas y no sirvan para el propósito que la institución requiere, “de otra manera se debe de utilizar el acta aun así tenga mil años…”.

IMAGEN: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Anita Beltrán Peralta, propuso reformas a la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad a fin de que quede plasmado en dicha ley, la adaptación de espacios físicos, arquitectónicos, así como aplicaciones y tecnologías dirigidas a la población con discapacidad en el uso de servicios bancarios, informó el Congreso de Baja California Sur.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el Congreso de Baja California Sur, sostuvo que la mayoría de los dispositivos distribuidos en Baja California Sur, carecen del catálogo de opciones de accesibilidad para que las personas en condiciones de discapacidad y/o limitación de alguna capacidad corporal o intelectual estén socialmente integradas, con espacios óptimos en ventanillas de atención, cajeros automáticos (ATM) de todas las firmas bancarias nacionales y extranjeras que ofrecen servicios en el territorio estatal.

Para la propuesta de dicha iniciativa, la diputada Beltrán Peralta consultó normas y acuerdos nacionales e internacionales, por lo que afirmó que la ausencia de estas medidas constituye actos de discriminación que impactan en las satisfacciones de sus necesidades básicas. “Nuestro argumento es muy sencillo, pero es importante, se trata de un asunto de igualdad sustantiva para las personas con discapacidad y otras consideradas como integrantes de grupos vulnerables”, recalcó.

En concreto, propone adicionar una fracción tercera al Artículo nueve sobre actos de discriminación: “actos discriminatorios por motivos de discapacidad los siguientes: no facilitar el acceso a los servicios bancarios, y no contar con la implementación aplicaciones digitales accesibles, ni de cajeros automáticos adaptados, correctamente señalados para múltiples discapacidades, tales como discapacidad visual (Braille), discapacidad motora (Altura correcta para silla de ruedas) y discapacidad auditiva o intelectual (Tableros de fácil entendimiento).

Añade a las facultades del Ejecutivo estatal el promover la implementación de servicios bancarios adaptados a múltiples discapacidades, así como cajeros en comercios que cuenten con total y seguro acceso para las personas con discapacidad, libres de toda barrera tecnológica y arquitectónica.

Reforma el Artículo 96 a fin de que en entidades bancarias, los cajeros automáticos inteligentes, cajeros para pago de servicios, casas de cambio, estén adaptados a múltiples discapacidades de la población.

IMAGEN: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de establecer una legislación que permita regular las obras de pavimentación que se realizan en Baja California Sur tanto por el Gobierno estatal como municipales, y garantizar a la ciudadanía que se realicen obras de calidad, la diputada Milena Paola Quiroga Romero propuso la creación de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Los sudcalifornianos podríamos tener la certeza que las obras futuras de pavimentación que se realicen por  parte del Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos, estarían sujetas a estrictos controles de calidad, lo que aumentaría considerablemente su periodo de vida útil en buenas condiciones, expuso la iniciadora durante la Diputación Permanente de este 26 de enero.

La representante del Grupo Parlamentario de MORENA, recalcó que el objetivo es garantizar que cada obra de pavimentación o de rehabilitación cumplan con las características adecuadas en materia de calidad y rodamiento seguro, así como que se trata de eliminar cualquier posibilidad de construir obras de pavimentación de baja calidad, que en muchos de los casos resulten costosas pero que sus componentes sean de ínfima categoría.

El proyecto de ley está integrado por 118 Artículos organizados en seis capítulos. El primer capítulo establece las disposiciones generales, el objeto de la ley, creación de un consejo técnico y su marco de atribuciones, laboratorios acreditados, perfil de los profesionales responsables, así como lo correspondiente al procedimiento para la elaboración y modificación de las normas técnicas estatales que habrán de ser de cumplimiento obligatorio.

El capítulo segundo se refiere a la estructuración que deberán tener los pavimentos considerando diversos aspectos como el nivel de tráfico y el aforo de vehículos en sus distintos niveles.

El capítulo tercero se refiere a la textura y acabados de los pavimentos; el capítulo cuarto regula la calidad de los materiales y el control de calidad de las capas de pavimentos nuevos en áreas rurales y urbanas. En el capítulo quinto se establecen las disposiciones normativas relacionadas con la rehabilitación de pavimentos y en el capítulo sexto contempla infracciones y sanciones.

En los Artículos transitorios señala que en caso de aprobarse la propuesta de ley, entraría en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con la intención de conceder un espacio de tiempo para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan una correcta implementación de la ley desde el primer día que inicie su vigencia. Por otra parte, se establece que las obras de pavimentación que a la fecha de entrada en vigor de la Ley se encuentren aprobadas o en ejecución, se concluirán en los términos que se hubieren autorizado.

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur contará con un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, para emitir las normas técnicas, en tanto que los Ayuntamientos ajustarán su reglamentación en la materia, en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley.