Propone diputada Anita Beltrán reformas a la Ley del ITAI

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de ampliar derechos y eliminar obstáculos legales para el ejercicio de la docencia por parte de los comisionados y personal profesional del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, la diputada Anita Beltrán Peralta propuso modificar el Artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, informó el Congreso de Baja California Sur.

La representante del PRI dijo que la disposición vigente contraviene a la Constitución General, que determina que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, mientras que la legislación en materia de transparencia, si bien permite la docencia, no permite recibir remuneración alguna por esta profesión o actividad extracurricular.

En ese tenor, propone modificar el articulado a fin de que los comisionados y el personal profesional del Instituto puedan realizar actividades docentes y científicas en instituciones públicas y privadas, “las cuales podrán desempeñar fuera de su horario de trabajo siempre que no interfieran con sus funciones”.

También propone eliminar obstáculos legales para el ejercicio de la docencia, la profesión y la función pública estatal en Baja California Sur para sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.




Organizaciones LGBT+ de BCS aplauden iniciativa contra las “terapias” de conversión

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El colectivo “Sudcalifornia Diversa”, se manifestó al respecto de la iniciativa que el día 9 de febrero de 2020 se presentó ante el Congreso de Baja California Sur contra las mal llamadas “terapias” de conversión, por parte de la diputada del Partido del Trabajo, Mercedes Maciel Ortiz. Su objetivo, prohibir el sometimiento a persona alguna de cualquier forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género.

Al respecto, en su comunicado manifiestan que tras la presentación, algunos medios locales cubrieron la postura del Frente Nacional por la Familia (FNF), organización que es abiertamente contraria a los derechos de las personas LGBT+ en México.

La postura del FNF, en voz de su presidente, Alan Loubet, es de rechazo hacia la iniciativa contra las terapias de conversión, argumentando que “violenta los derechos de los padres de educar a sus hijos y además se les coarta la libertas a los jóvenes menores de edad para tomar terapias que cambien su ideología en caso de ya no querer ser homosexual.”

Asimismo, cubrieron la postura del presidente de la Alianza de Pastores en La Paz, Miguel Ángel Gastelum quien mencionó que: “la propuesta de Ley deja en la indecisión a los ciudadanos que tienen dudas sobre sus preferencias sexuales, puesto que, no pueden ser apoyados por sus familiares para acudir a especialistas o religiones que puedan ayudarlos, ya que, de ser así, los intermediarios podrían ir a la cárcel.”[1]

Ambas posturas dejan claro que tanto el FNF como la Alianza de pastores de La Paz, no son personas que conozcan sobre el tema y que basan sus argumentaciones en ideas que ya se han demostrado falsas y basadas en el prejuicio, como el que las personas “se quieren quitar o curar la homosexualidad”, que las personas LGBT+ estamos bajo “una dictadura ideológica” o que la homosexualidad es un comportamiento no correcto. Todas estas son argumentaciones del presidente del FNF.[2]

Ante esto, es importante mencionar que diversos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión interamericana de Derechos Humanos, y organismos del Estado mexicano como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación han reiterado que dichas “terapias” de conversión son violatorias de derechos humanos y que no hay argumento científico que las respalde, y que “son fáctica y potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia.”[3]

Según el informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, publicado en 2020, “en 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las «terapias de conversión» no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas, y en 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que » no existe, no hay evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata ”. En 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) declaró que ofrecer «terapia de conversión» es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude.”[4]

Por estas razones, las organizaciones LGBT+ de BCS que integramos Sudcalifornia Diversa reconocemos la relevancia de esta iniciativa. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad como organizaciones defensoras de derechos humanos señalar que, a pesar de haber sido acompañada por otras organizaciones LGBT del estado, la iniciativa presenta muchas áreas de oportunidad para mejorar en cuanto a su sustentación y la tipificación que pretende establecer. 

Las organizaciones que firmamos este comunicado estamos abiertas al diálogo y a la colaboración con el equipo redactor de la iniciativa. Hoy más que nunca es tiempo de unirnos en defensa de nuestros derechos. Sudcalifornia Diversa está abierta para trabajar con todas las personas interesadas en qué Baja California Sur sea un estado más igualitario. 

Por lo anterior:

  1. No debe haber confusión, las organizaciones y personas que sostienen que la orientación sexual y la identidad de género puede ser tratada, quitada o curada, no están en favor de los derechos de las personas LGBT+, por mucho que sus argumentaciones y discursos señalen lo contrario.
  2. La iniciativa que busca prohibir las terapias de conversión es necesaria y relevante, pues toda aquella persona que pretenda someter a otra a cualquier práctica que vulnere su libre desarrollo e identidad, está atentando contra los derechos humanos.
  3. Nuestras observaciones no buscan demeritar la importancia de dicha iniciativa y su presentación ante el Congreso. La iniciativa tiene muchas áreas de oportunidad. Hemos buscado a las diputadas Mercedes Maciel Ortiz y Maria Petra Juárez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, para proponerles que se realicen mesas de trabajo con el fin de fortalecer la iniciativa. Estamos a la espera de sus respuestas.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las instituciones del estado de Baja California Sur a implementar medidas para combatir la desinformación y los prejuicios que juegan el papel de perpetuar la violencia y la discriminación hacia las personas LGBT+. Les reiteramos nuestro interés en acompañar dichas acciones para hacer de nuestro estado un lugar más seguro e incluyente para todas las personas. 

[1]​ BCS noticias, ​Familia Natural y Pastores pegan el grito en el cielo, por prohibición para “curar” a gays en BCS,

https://www.bcsnoticias.mx/familia-natural-y-pastores-pegan-el-grito-en-el-cielo-por-prohibicion-para-curar-a-gay s-en-bcs/?feed_id=2639&_unique_id=60255bd05647d&fbclid=IwAR3xyP1YcjxjcIOSfISs-WRwV9qACxPN0nSype PlkUXNs7dSdXnv2mLV7jc

[2]​ El Independiente, ​Impedir terapias para curar la homosexualidad violaría los derechos humanos: frente por la familia natural, https://www.diarioelindependiente.mx/2021/02/impedir-terapias-para-curar-la-homosexualidad-violaria-los-derech os-humanos-frente-por-la-familia-natural

[3]​ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Pronunciamiento 01/2017,​http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=974&id_opcion=&op=213

[4]​ Informes temáticos anuales del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, “​Prácticas de «terapias de conversión».​ ​https://undocs.org/A/HRC/44/53




Piden a legisladores federales de BCS informen y consulten sobre la reforma eléctrica

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la inconformidad que ha generado en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana la eventual aprobación de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que se considera sería un retroceso en la prestación del servicio público de energía en el país, el diputado Ramiro Ruiz Flores hizo llegar una solicitud a los cuatro legisladores federales que representan a Baja California Sur en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que informen a sus representados el alcance real de la iniciativa presidencial, así como que realicen una consulta en los sectores sociales del estado para tener su opinión, o emitir su voto en contra, por los evidentes perjuicios que traerá los mexicanos y a los sudcalifornianos, informó el Congreso sudcaliforniano.

En oficio dirigido a la diputada Ana Ruth García Grande, y a los legisladores Alfredo Porras Domínguez, Rigoberto Mares Aguilar e Isaías González Cuevas, el diputado Ruiz Flores les manifiesta que diversos representantes de la sociedad sudcaliforniana le han expresado su preocupación por el contenido de la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el presidente de la Republica como iniciativa preferente presentada para su proceso parlamentario al inicio del presente mes.

Puntualizó que en el caso muy concreto de La Paz, de aprobarse la reforma “los paceños estamos condenados a seguir respirando el aire contaminado que expide la CFE en sus plantas generadoras en nuestra ciudad, puesto que con las eventuales modificaciones se le están cerrando las puertas a la llegada de las denominadas energías limpias, independientemente de que la prestación del servicio de energía se encarecería sensiblemente afectando con ello directamente a los consumidores, tanto domésticos como del sector productivo en general”, apuntó el legislador.

Explicó que según la legislación vigente, una iniciativa con carácter preferente tiene que ser dictaminada y votada en un plazo de 30 días a partir de su publicación, “por lo que el tiempo apremia, y por ello la solicitud muy respetuosa que hago a nuestros representantes federales para que informen a los sudcalifornianos sobre el alcance de estas reformas y consulten a los sectores, para que tomen una decisión acorde al sentir de nuestra sociedad; pero si no les da el tiempo para realizar estas acciones, como ciudadano y como representante popular les solicito que emitan su voto en contra, porque estoy totalmente cierto de que esta iniciativa presidencial no es bien vista en Baja California Sur por los perjuicios que nos traerá en el futuro a los sudcalifornianos, esta afirmación la hago porque he dialogado con mucha gente que así me lo ha hecho saber. Nosotros como legisladores, nos debemos a nuestros representados, y por ello, en este tipo de circunstancias debemos tener claridad en su sentir”, subrayó Ruiz Flores.

El legislador citó diversos  aspectos negativos que le han manifestado sectores de la sociedad sudcaliforniana si la propuesta de reforma es aprobada, entre ellos, empresarios y ambientalistas, “me han señalado que de concretarse la reforma frenaría la llegada al país y a Baja California Sur de las energías limpias; ante la imposibilidad de un cambio tecnológico, se seguirán utilizando combustibles fósiles para generar energía como sucede en estos momentos; encarecería la prestación del servicio; México se saldría de un proceso global de cambio energético que lo dejaría rezagado en materia de competitividad y por último se indicó que la preocupación que existe, y es totalmente real” es que, ante la conformación política de la Cámara de Diputados, en donde Morena y sus aliados son mayoría, “es un hecho que la iniciativa de reformas sea aprobada en unas tres semanas más, y con ello iniciará un proceso muy complejo en lo que al ramo de la energía se refiere, como lo han alertado reconocidos especialistas nacionales y extranjeros”, dijo Ramiro Ruiz.

 




Citan a periodo extraordinario de sesiones

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Mesa Directiva del primer periodo de receso del tercer año de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, diputado Homero González Medrano, citó al primer periodo extraordinario de sesiones del periodo de receso vigente, el próximo jueves 11 de febrero a partir de las 11:00 horas, informó el Congreso de Baja California Sur.

En sesión extraordinaria de la Diputación Permanente fue aprobado el acuerdo de la Mesa Directiva, el cual determina los asuntos a tratar en dicho periodo, y los cuales serán: la elección del o la representante ciudadano o ciudadana del Consejo de la Judicatura.

También se discutirán los dictámenes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos relativos al veto del decreto 2749 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio 2021; el decreto 2750 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2021 y el del veto del decreto 2739 de la reforma del Artículo cuarto y quinto de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para el ejercicio fiscal 2021.




Proponen reducir porcentaje de participación en plebiscito para creación de municipios en BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el crecimiento poblacional en la entidad, el diputado Humberto Arce Cordero (MORENA) propuso reformar el párrafo VIII del Artículo 122 de la Constitución del Estado de Baja California Sur, a fin de que el porcentaje del Plebiscito reglamentario para la creación de Municipios en el Estado, se reduzcan de las dos terceras partes a la mitad más uno, informó el Congreso de Baja California Sur.

En sesión de la Diputación Permanente del martes 09 de febrero, el diputado Arce Cordero expuso que la disposición vigente ha quedado rebasada de la realidad, ya que la participación ciudadana no ha rebasado el 60% en los últimos procesos electorales y mucho menos de manera unánime, mientras que la legislación mandata que el 66.6% de los ciudadanos participen en un plebiscito, por lo que proponen reformar la fracción octava del Artículo 122 de la Constitución Estatal, para que cuando menos la mitad más uno de los ciudadanos que participen en el plebiscito del territorio que se pretenda erigir en Municipio, manifiesten su conformidad.

Arce Cordero expuso que actualmente hay inquietudes en las ciudades de Cabo San Lucas y al norte en Mulegé, en donde la dispersión geográfica, acceso a servicios y pago de contribuciones mantiene una iniciativa ciudadana para buscar la creación de un nuevo municipio.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.