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La Paz, Baja California Sur (BCS). Al rendir el informe de trabajo legislativo y de gestión correspondiente al segundo año como representante plurinominal por el PRD en el Congreso de Baja California Sur, la diputada Maricela Pineda García, comprometió que su desempeño seguirá siendo imparcial e institucional, dejando de lado diferencias ideológicas de partido y que abonará a la unidad del Congreso para fortalecer su gobernabilidad interna y estabilidad política que permita legislar a favor del Estado, informó el Congreso de Baja California Sur.

La tarde del jueves 19 de noviembre, la legisladora rindió dicho informe en forma virtual, a través de su página de Facebook, en donde destacó iniciativas que presentó como la de reforma el Artículo 12 de la Ley de Turismo, para crear los Consejos Consultivos de Turismo, la que reforma el Código Civil para estatal, respecto la temporalidad de que se registre a un recién nacido, la que modifica el manejo adecuado de los conceptos de salud mental para contraer matrimonio.

Enunció diversas proposiciones con punto de acuerdo para exhortar al gobierno Estatal y Federal para que den solución a la problemática de la telefonía fija en la Zona Pacifico Norte; exhorto a los Presidentes Municipales de los cinco municipios para que de manera urgente se implemente un programa de cultura vial; exhorto respetuosamente al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado, Lic. Elías Manuel Camargo Cárdenas, presentara informe de la comisión  respecto el año 2018exhortó al Presidente Municipal de Mulegé para dar solución a la problemática de recolección de basura y alumbrado público en las comunidades de Isla Natividad, Punta Eugenia, Bahía Tortugas, Bahía Asunción, San  Hipólito, Punta Prieta, La Bocana y Punta Abreojos, comunidades pertenecientes al municipio de Mulegé.

Destacó también su pronunciamiento para que el Congreso de la Unión revisara y actuara respecto a la Iniciativa Preferente emitida por el Presidente de la República que propone la creación de la Ley de Amnistía.

Entre las gestiones destacó gestiones de regularización de tierra a favor de familias vulnerables, obras de protección de bordos, espacio de ventas de productores agricultores locales, apoyos a instituciones como DIF La Paz, así como apoyos directos en el que destacó el programa alimentario en diversas colonias, distribución gratuita de paquetes de desinfección, traslados médicos, apoyos mensuales a estudiantes de escasos recursos, apoyos deportivos, funerarios, entre otros.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal referentes a delitos de hostigamiento y acoso sexual en los que se incrementan las sanciones actuales, y a la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, dotándolo de facultades para que pueda impulsar y coordinar con los sectores público y privado la creación y actualización permanente de protocolos de atención a los casos de violencia hacia las mujeres en el estado, informó el Congreso de Baja California Sur.

Durante la sesión del 19 de noviembre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos presidida por la diputada Petra Juárez presentó el dictamen el cual fue dispensado de segunda lectura y trámite parlamentario.

Las reformas fueron propuestas por el diputado Ramiro Ruiz Flores, con la finalidad de aportar soluciones al problema de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur.

En ese tenor, la reforma hecha al Artículo 183 del Código Penal estatal eleva las penas de prisión o multa; en el caso del acoso, aumentará de seis meses a un año, actualmente está en vigor a de uno año a dos años de prisión y se incorpora la multa de cien a cuatrocientos días.

En caso de que el acosador sea un servidor público y valiéndose de esta condición haya cometido ese hecho delictivo, “se le impondrá destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública”.

En el caso de hostigamiento previsto en el Artículo 182 del Código Penal se elevaría la pena, de dos a cuatro años y multa de dos cientos a quinientos días.

En tanto que en el caso de la reforma a la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, se le dota de facultades para que pueda trabajar con todos los sectores sociales de la entidad en la elaboración de protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Las reformas fueron aprobadas por unanimidad de 19 votos asistentes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, los diputados del Partido Encuentro Social, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Guadalupe Flores Leyva, presentaron proyecto de decreto para instituir en Baja California Sur el llamado “Pin Parental”; se trataría de una herramienta para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos reciban educación en temas controvertidos como la sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

La propuesta es que se reforme los Artículos 9º y 10º. de la Constitución Política del Estado para establecer que “los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a expresar su oposición o negativa a que su hijo o pupilo participe en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, se lee en el documento oficial.

Además, se pretende intervenir en la participación de los educados en charlas, talleres o actividades que afecte lo que en el documento señala como “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad”, lo que debería ser informado previamente a los padres o tutores y requerir su autorización formal y por escrito, para que los menores reciban educación sobre temas “que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”.

Aunque estos conceptos que no se desarrollan claramente en el documento, se podría inferir que la idea es que los padres de familias podrían impedir que sus hijos participen en temas con contenido relacionado con sexualidad o promoción de igualdad en cuestiones de género.

Así, finalmente la reforma busca que sean los padres o tutores quienes autoricen los planes educativos de las escuelas, al proponer un candado constitucional que obligaría a las autoridades a someter las actividades educativas a las opiniones que, con bases religiosas o morales, los padres tuvieran contra el programa de estudios.

El documento dice que “será obligación de las autoridades educativas tanto públicas como privadas, pedir por escrito de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, su consentimiento con el contenido de las actividades dentro del proceso educativo, y acatar la decisión de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en cuanto al proceso educativo de los alumnos y por lo tanto deberán respetar su oposición o negativa a que sus hijos o pupilos participen en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos».

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado José Luis Perpuli Drew presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incorporar la hipótesis de que la violación al derecho de intimidad, puede realizarse por medio de las tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital, informó el Congreso de Baja California Sur.

“Si bien es cierto que las tecnologías de la información y comunicación son un derecho constitucional, también es cierto que, en cuanto a las cuestiones del desarrollo psicoemocional y físico de las niñas, niños y adolescentes, debe de aplicarse el principio del interés superior de la niñez establecido en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La propuesta contenida en esta iniciativa, lleva el propósito de perfeccionar el marco jurídico para que los derechos de los que son sujetos la niñez y adolescencia sudcaliforniana puedan potenciarse, ejercerse y disfrutarse plenamente en la realidad tecnológica que vivimos.

El líder de la bancada de Acción Nacional en la Cámara Local, precisó que esta modificación no impacta en el rubro económico, ya que no generará la creación de nuevas plazas de trabajo ni estructuras organizacionales.

En ese contexto, la iniciativa que pasó a la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y discusión, implica reformar la fracción XII del párrafo segundo del Artículo 42,  el párrafo tercero del Artículo 66; y se adiciona un Artículo 39 Bis, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Al reunirse con integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales del Congreso de Baja California Sur, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Isidro Jordán Moyrón expuso los planes del Gobierno estatal para el cierre presupuestal de 2020 y las expectativas para el 2021, informó el Congreso sudcaliforniano.

Ante la convocatoria, el Secretario solventó a la Comisión y cuerpo de asesores las dudas referentes a la propuesta de reasignación de presupuesto del ejercicio 2020, el presupuesto de egresos 2021 así como la situación referente a la ministración de recursos federales, convenios, derechos, todo ello para avanzar en la elaboración de los dictámenes correspondientes.

Isidro Jordán Moyrón expuso que en materia de finanzas públicas para Baja California Sur, 2020 ha sido un ejercicio muy complejo, ya que a raíz de la pandemia la recaudación se desplomó y el gasto se incrementó, situación que cambió las prioridades de la administración y generó un déficit superior a los 1600 mdp.

El presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales, Ramiro Ruiz Flores expuso la importancia de sacar el tema adelante, sin distingos políticos y analizar la situación. Dijo que los integrantes del Congreso se comprometen a que el que se apruebe sea un presupuesto que garantice mayor educación, seguridad pública y que mantenga el crecimiento económico y estándar que requiera Baja California Sur, así como que permita desarrollar las obras que se requieren.

Informó que en una segunda mesa de trabajo que se realizará a principios de diciembre se podrán definir el presupuesto y la ampliación del presupuesto de 2020.

Recordó que la Comisión de Asuntos Fiscales está trabajando además en las propuestas de leyes de ingresos de los Ayuntamientos y otras leyes del paquete económico estatal de 2021.