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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Pleno del Congreso del Estado aprobó que los fideicomisos, aun en los que haya mezcla de recursos públicos y privados, sean sujetos de fiscalización, con lo se armoniza la legislación de Deuda Pública estatal con el marco normativo estatal y federal en materia de transparencia, como con la Constitución, informó el Congreso de Baja California Sur.

Durante la sesión extraordinaria la tarde del miércoles 09 de diciembre, fue aprobado el dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos a la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena y del diputado sin partido, Homero González Medrano.

El dictamen a favor de la iniciativa expuso que la propuesta coadyuva al mejor manejo, eficiencia, transparencia y vigilancia del gasto de los recursos públicos, y que además, dicha propuesta no tendrá un impacto presupuestal negativo ya que no requiere de erogaciones en recursos humanos ni materiales, y por el contrario, transparentará y dará certidumbre al ejercicio de los recursos públicos.

La propuesta fue reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur y fue aprobada en todos sus términos por la unanimidad de las diputadas y los diputados asistentes.

En ese sentido se reformaron los Artículos 25 y 52 y se derogó el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, para evitar que los fideicomisos sean sujetos de malos manejos de los presupuestos públicos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que los fideicomisos sean sujetos de fiscalización, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena así como el diputado sin partido Homero González, propusieron reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

El Grupo iniciador en voz de la diputada Milena Quiroga Romero, expusieron que lamentablemente los fideicomisos públicos han sido utilizados para cometer malos manejos de los presupuestos públicos, dado que los fondos ahí concentrados son considerados fuera de regulación y fiscalización, generando así, un daño a las arcas públicas.

Sustentan la iniciativa en la legislación de transparencia y acceso a la información pública la cual considera a los fideicomisos, integrados total o parcialmente por recursos públicos, como un sujeto obligado.

Argumentan que hay una contradicción entre la Constitución General y la Ley de Deuda Pública estatal, ya que la Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos transferidos a fideicomisos, así como que el Artículo 110, que considera a los fideicomisos integrados con recursos públicos como sujetos a las leyes que regulan la administración pública y, por tanto, como sujetos a juicio político, en tanto la Ley de Deuda Pública para el estado exige como requisito para integrar los fideicomisos, la aprobación del Congreso del Estado para sustraerlos de la esfera pública y, por lo tanto, de las leyes en materia de acceso a la información, control de gasto público, fiscalización y demás normatividad que rige el ejercicio de los recursos públicos.

En Baja California Sur existen 12 fideicomisos constituidos total o parcialmente por recursos públicos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados Esteban Ojeda Ramírez, María Mercedes Maciel Ortiz, y María Petra Juárez Maceda, integrantes de la Comisión de Educación, presentaron una iniciativa que expide nueva Ley de Educación para Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Dicha iniciativa destaca la inclusión de la educación inicial como parte fundamental de los derechos de niñas y niños, así como la obligación del Estado Mexicano de impartirla y garantizarla; el establecimiento de la obligatoriedad de la Educación Superior; la sustitución del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, por el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación; la institucionalización del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas que radiquen en la entidad.

Su propósito es regular la educación impartida por autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Esteban Ojeda Ramírez, adujo en tribuna que la nueva reforma es una profunda transformación en el Sistema Educativo Nacional, entre las que se destaca crear protocolos para atender y prevenir el abuso sexual Infantil y contar con distintos instrumentos locales que establecen la obligación fundamental de la comunidad educativa de salvaguardar la integridad física, psicológica y social del alumnado dentro de los planteles y garantizar un entorno libre de violencia que les permita gozar plenamente del derecho a la educación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para establecer como medida de prevención y cuidado a la salud pública en Baja California Sur, la diputada Daniela Rubio Avilés presentó hoy iniciativa para la crear la Ley que regula el uso obligatorio de cubre bocas, así como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgos de contagio de la enfermedad COVID-19, hasta que la autoridad sanitaria estatal declare oficialmente la conclusión de la pandemia, informó el Congreso de Baja California Sur.

La citada iniciativa, implica el uso de cubre bocas como obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Baja California Sur, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo e cualquier ramo, centros comerciales, considerados como esenciales o no esenciales; así como para usuarios, operadores y conductores del servicio de transporte de pasajeros.

La legisladora del Partido Humanista, propuso también ante el pleno, medidas sanitarias adicionales como el resguardo domiciliario; la sana distancia de 1.5 metros entre personas; el lavado frecuente de manos, entre otras que ya son de dominio público y que se han promovido por autoridades sanitarias de todos los niveles, en el país y el resto del orbe, enfatizando la obligatoriedad del uso de cubre bocas, así como las medidas a implementar y contempla sanciones a la persona física o moral que incumpla con las medidas sanitarias que va desde amonestación con apercibimiento; entrega de material médico; trabajo comunitario; multa; clausura temporal, que podrá ser parcial total, incluso arresto hasta por doce horas.

Así mismo, incluye al titular del Poder Ejecutivo Estatal y municipios, instancias que deberán instituir y administrar un fondo para la adquisición y entrega de cubre bocas, así como para otras medidas para hacer frente a la contingencia; mismo que se integrará por los recursos que se recauden por las autoridades estatales y municipales, por concepto de la multa prevista en el Artículo 19 de la presente Ley.

La iniciativa (que fue turnada a la Comisión de Salud, la Familia y Asistencia Pública para su discusión y análisis), establece vigencia del Decreto, hasta que cese el estado de emergencia sanitaria ocasionado por la enfermedad COVID-19, mediante declaratoria expresa por parte de la autoridad sanitaria estatal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de garantizar los medios para que familias y estudiantes que no cuentan con equipos ni acceso a internet, la diputada Maricela Pineda García propuso reformar la Ley de Educación estatal para que el Estado y Municipios, proporcionen  espacios públicos con acceso a internet gratuito en Bibliotecas Públicas y Escolares, informó el Congreso sudcaliforniano.

Durante la sesión del jueves 03 de diciembre, la legisladora presentó la propuesta de reforma a la fracción IV del Artículo 12 de la Ley de Educación para el Estado, en el que establece que, para que esto sea posible, las bibliotecas se coordinarán con sus dependencias, instituciones tecnológicas y educativas de todo el Estado.

Y es que la legisladora se refirió al cambio de modalidad de trabajo y clases en línea que los Estados han tenido que impartir, sin embargo, existe desigualdad, en el que no todos tienen acceso a una computadora y mucho menos al internet para poder adaptarse a la nueva modalidad de impartir educación.

“Como legisladores debemos ocuparnos de manera urgente en este tema, debemos estar preparados y listos para afrontar cualquier otra situación fortuita que se nos presente en un futuro”, afirmó.

Recordó que en la Constitución local, en el Artículo 10, párrafo tercero, establece el derecho de todos los habitantes del estado tienen del acceso a la información y conocimiento, así como la obligación del Estado y Municipios de proporcionar espacios públicos con acceso internet gratuito en bibliotecas públicas y escolares.

En ese sentido, afirmó que “como Legisladores debemos garantizar dicho servicio gratuito con fines educativos a las y los habitantes del Estado, dando así cumplimiento a lo establecido en el máximo ordenamiento local; aprovechemos de los espacios físicos de todas las bibliotecas existentes a lo largo y ancho del Estado a fin de contribuir con las familias y sus estudiantes que no gozan del privilegio de una computadora y acceso al mundo del internet”, finalizó.