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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Fernando Hoyos Aguilar presentó una iniciativa para reformar los artículos 78, 146 y 254 del Código Penal del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones relacionadas con accidentes de tránsito que provoquen muertes o lesiones graves.

El legislador señaló que la propuesta busca generar mayor conciencia sobre la forma en que se conduce y el impacto social, familiar e individual que ocasionan estos hechos, especialmente cuando son resultado de conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, a exceso de velocidad o manipulando el celular.

Hoyos Aguilar advirtió que la indignación social crece cuando las personas responsables recuperan su libertad en pocos días, lo que genera desconfianza y una fuerte sensación de impunidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, en el año 2023 los accidentes pasaron de ser la sexta a la cuarta causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos.

Son, además, la primera causa de muerte en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 5 a 24 años, y la segunda en personas de 25 a 44 años; el 42.9% de esas defunciones fueron causadas por accidentes de transporte. En 2023 fallecieron 16,772 personas por siniestros viales, es decir, 45 por día, lo que representa una tasa de 12.8 muertes por cada 100 mil habitantes y un incremento del 5% en comparación con 2022, cuando se registraron 15,986 defunciones.

“Los sudcalifornianos tenemos derecho a una movilidad segura. ¡Solo vida, no más muertes por accidentes!”, expresó desde tribuna.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La Mesa Directiva de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur turnó para su análisis las propuestas de Ley de Ingresos 2026 de los cinco municipios que conforman la entidad.

La diputada presidenta, Cristina Contreras Rebollo, indicó el turno de cada una de las iniciativas a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, cuyos integrantes y asesores presentarán los dictámenes antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

Durante la sesión ordinaria del martes 18 de noviembre, la Mesa Directiva también turnó para su análisis y dictaminación la iniciativa de reforma a la Ley Hacendaria del municipio de Comondú, en la que se proponen actualizaciones de contribuciones en materia de autorizaciones de taxis, estacionamientos, instalación de comercios, licencias y refrendos comerciales, entre otros conceptos.

Asimismo, se envió a comisión la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de La Paz, que proyecta concluir el presente periodo en 3,098 millones 543 mil pesos, es decir, 448 mil pesos más que la cantidad aprobada inicialmente por el Poder Legislativo.

Por municipio, para el año 2026, los ayuntamientos proyectan percibir y recaudar:

• Mulegé: 610 millones 109 mil 954 pesos

• Los Cabos: 7,365 millones 579 mil 106 pesos

• Loreto: 418 millones 20 mil 53 pesos

• La Paz: 2,905 millones 974 mil 532 pesos

• Comondú: 817 millones 244 mil 119 pesos

Las iniciativas serán revisadas en comisiones en el marco del proceso legislativo de análisis, dictamen y eventual aprobación de las leyes de ingresos municipales.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura informó por medio de un comunicado de prensa que, aprobó el dictamen presentados por la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social relativo a la iniciativa mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur presentada por la Diputada Eda María Palacios Márquez, la cual tiene por objeto atender síntomas tempranos de enfermedades y padecimientos de estrés, ansiedad, depresión y demás patologías provocadas a quienes laboran al servicios de los poderes del Estado, municipios, e instituciones descentralizadas, y que reciban atención en la salud preventiva, y en la salud mental y/o psicológica.

Lo anterior, expuso la iniciador, en sintonía con la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018 factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención, que tiene como propósito principal el de promover entornos organizacionales favorables para los trabajadores que redunden en su calidad de vida y mejorar el desempeño de las instituciones donde laboran.

En consecuencia, quienes integran la comisión dictaminadora consideraron en sentido positivo la propuesta en comento, bajo los siguientes fundamentos: para que se prevengan y atiendan síntomas tempranos de enfermedades y padecimientos de estrés, ansiedad, depresión y demás patologías provocadas por el trabajo, toda vez que la presentación de dichos problema en el entorno laboral son un problema actual que debe visualizarse, por lo que, al estar en favor de las y los trabajadores y, para ampliar y modificar la propuesta contenida en el proyecto, propusieron que la reforma establezca la obligación normativa de los Titulares de los Poderes del Estado y Municipios para que implementen acciones que fomenten la salud mental, para tales efectos, las dependencias podrán realizar convenios con las instituciones de salud pública para alcanzar los objetivos mencionados.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur informó mediante un comunicado de prensa que, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto presentó ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propone se adicione un párrafo segundo al artículo 287 y se derogue el artículo 288 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se sancione a quien cometa el delito de Enriquecimiento Ilícito, asignándosele de tres a nueve años de prisión y decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Vázquez Jacinto indicó que, derogar la declaración previa de existencia de Enriquecimiento Ilícito emitido por la Contraloría General del Estado, evitará que queden excluidos de ser investigados servidores públicos de los poderes Judicial y Legislativo, así como de los ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos; añadió, se advierte que la responsabilidad en la que pueden incurrir las personas servidoras públicas, pueden constituir tanto en delitos como faltas administrativas, por lo que, no deben confundirse, al ser sus modalidades autónomas en cuanto a los objetivos, éstos se tramitan en diferentes vías, por diversos órganos y con distintas sanciones, sin que ello implique una violación al principio NON BIS IN IDEM (Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene).

La iniciadora aseveró que, la reforma al Código Penal que se plantea tiene como fin evitar actos de corrupción por parte de las y los servidores públicos no queden impunes, es preciso el reformar y mejorar nuestras leyes para su correcta aplicación; es necesario implementar esta iniciativa de ley para establecer que no se soliciten requisitos que impidan la correcta investigación de los servidores públicos en la comisión del delito del Enriquecimiento Ilicito.

Por último, la diputada Vázquez Jacinto indicó que al eliminar las malas prácticas en las formas de hacer gobierno abonarán a la transparencia y correcta rendición de cuentas, cuidando del erario público para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los servidores públicos en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas, concluyó el boletín de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la sesión de la Diputación Permanente, el Diputado Carlos Van Wormer Ruiz presentó un exhorto a la mesa directiva para llamar al Centro SCT en el Estado y a la Guardia Nacional para que sean instalados reductores de velocidad a la entrada y salida de El Pescadero, así como en el interior, a fin de evitar accidentes y muertes en la comunidad.

A través de un boletín de prensa del Congreso del Estado se informó que, el Diputado expuso que los reductores de velocidad permitirán y obligarán a los conductores que circulan por la carretera Transpeninsular en el tramo de Cabo San Lucas – Todos Santos y viceversa a disminuir la velocidad para que de esta manera se reduzcan los índices de accidentes tipo atropellamiento y con ello evitar que haya personas lesionadas o fallecidas.

La petición del Legislativo también exhorta al Coordinador Estatal y al Comisario de Seguridad en Carreteras en Baja California Sur, ambos de la Guardia Nacional, para que haya una coordinación con ciclistas que entrenan en la carretera, a fin de que se establezcan horarios para que los ciclistas que entrenan para competencias, sean escoltados durante su recorrido por patrullas que permita su protección y evitar accidentes con fatales consecuencias.

«No es nada más dar boletas de infracción o levantar a los muertos, también es trabajar con la comunidad, cuidar a la ciudadanía que es su trabajo, lo que queremos es que la Guardia Nacional provea la protección a ciclistas y conductores, y que se nos avisen cuando van a entrenar», expresó Van Wormer.

Y es que pobladores manifestaron al Diputado que en últimas fechas se han presentado diversos atropellamientos, debido a las altas velocidades con la que los vehículos y camiones circulan por el tramo, con saldo de personas lesionadas e inclusive pérdidas humanas, lo cual sin duda alguna ha llenado de luto y de tristeza a muchas familias residentes de El Pescadero o vecinas de Todos Santos, al igual, en ocasiones ciclistas han sufrido diversos accidentes con consecuencias fatales, concluye el boletín de prensa del Congreso de BCS.